Para la operación de la Comisión Federal de Competecia Económica (CFCE), en su nueva etapa, cada responsabilidad y encargo asignado se vigiló hasta el último momento, y en ello intervinieron funcionarios federales, órganos de inteligencia, políticos, legisladores y hubo opiniones hasta de ministros. Al menos esa fue la información que se difundió, aunque directamente se supo que fue la Presidencia de la República y el Senado en donde se tomó la última decisión sobre los funcionarios que ahora ocupan las posiciones clave en este órganismo antimonopolios.

Los legisladores tuvieron que observar si los funcionarios que solicitaron o bien que fueron propuestos para ocupar posiciones en esa Comisión cumplían plenamente con el perfil de independencia y sí se encontraban libres de conflictos de interés. Se observó, por ejemplo, si no habían tomado decisiones que, en materia de competencia, hubieran beneficiado a las grandes empresas mexicanas y extranjeras que controlan mercados en perjuicio de los consumidores.

No se exigió, sin embargo, que los funcionarios interesados en permanecer o ser electos en la estructura organizacional de la CFCE no tuvieran que rendir cuentas sobre expedientes abiertos sobre probables actos de corrupción, estuvieran involucrados o no. Tampoco se exigió – porque simplemente no sucede en todo el aparato gubernamental – que los funcionarios que suspiraban por un puesto en la CFCE hubieran cumplido adecuadamente sus gestiones en puestos anteriores. En otras palabras, que en un ejercicio de rendición de cuentas ofrecieran buenos resultados.

Eso no sucede en México y los servidores públicos, los burócratas que están acostumbrados a vivir del presupuesto público, saltan de un puesto a otro gracias a la recomendación de un buen amigo y, en el caso de la CFCE, a que los nuevos funcionarios – ratificados por el Senado – también se les permitió llegar a esas posiciones gracias a amarres partidistas o bien sin omportar los antecedentes.

Un caso en donde los órganos de inteligencia del gobierno federal están interesados es sobre el recién nombrado secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia Económica, Pedro Adalberto González Hernández, quien académicamente cumple con los méritos para esa responsabilidad, pues se graduó como licenciado en economía por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLA) y recibió mención honorífica, 1983-1989; cursó una maestría también en economía, por el Colegio de México, 1987-1989; y terminó otra maestría y un doctorado en economía por la Universidad de Chicago, 1992-1994, un chicago boys pues, educado bajo la influencia de los estadunidenses Milton Friedman y Arnold Harberger.

Su trayectoria política y administrativa también es amplia: asesor del subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial entre 1989-1991; miembro del grupo de negociadores mexicanos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde intervino en la mesa de reglas de origen y procedimientos aduaneros, 1991-1992; asesor del subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de Secofi en 1994; director de la negociación y grupos de trabajo de reglas de origen y procedimientos aduaneros en 1995; director general de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal entre 2001-2006.

También fue director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Relativas de la Comisión Federal de Competencia (CFC), 2006-2008; director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía, 2008-2009; subsecretario de Fomento a los Agronegocios en la Secretaía de Agricultura, 2009-2011; secretario de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, 2011-2012, y de junio del 2012 al 30 de septiembre de 2013 se desempeñó como Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Relativas. En octubre de este año fue designado como secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia Económica, cargo que ocupa hasta la fecha.

También tiene un poco actividad en la iniciativa privada: en 1996 ingresó como socio y consultor en el Grupo de Economistas y Asociados (GEA), consultoría dedicada a la información y análisis, del cual son socios principales Jesús Reyes Heroles, exdirector general de Petróleos Mexicanos, y Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con quienes Pedro Adalberto González Hernández mantiene una cercana relación personal, aunque ya no forma parte de GEA.

En su trabajo académico ha sido profesor de tiempo parcial del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en la Universidad Iberoamericana (UI) y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Ha publicado diversos ensayos y libros entre los cuales se encuentran: “Elementos claves de la negociación comercial internacional”, capítulo que forma parte del libro “Centro América y los Acuerdos Comerciales Internacionales”, 1997; “Las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea”, capítulo que forma parte del libro “El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación Unión Europea-México”, editado por el ITAM en el 2000; “Regulación saludable del sector farmacéutico”, escrito en conjunto con Eduardo González Pier, capítulo que forma parte del libro “Competencia Económica en México”, editado en el 2004 por la Comisión Federal de Competencia. Y es consejero editorial del periódico Reforma.

Este parece ser el caso de un exfuncionario poblano bien preparado a quien el pleno de la CFCE, cuya Junta de Gobierno encabeza Alejandra Palacios, designó en octubre pasado como secretario ejecutivo, apenas un año después de haber regresado a esa comisión tras una accidentada y muy cuestionado gestión en el gobierno de Puebla que dirige el panista Rafael Moreno Valle.

Para empezar, Pedro Adalberto González Hernández renunció al cargo de titular en la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Puebla, en medio de severas críticas de los productores agrícolas y pequeños propietarios rurales. Entre 2009 y 2012, al ahora secretario ejecutivo de la CFCE, estuvo a cargo de esa dependencia de la administración de Rafael Moreno Valle con resultados poco alentadores. Así lo documentan decenas de notas en la prensa poblana, en donde representantes de uniones de campesinos reprochan la lentitud con la que se generaron las políticas para el sector agrícola en la región. Entre esas organizaciones están la de Magdaleno Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y la de Miguel Ángel Acundo González, del Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas e Indígenas Emiliano Zapata.

Por ello, cuando en julio de 2012 se anunció que González Hernández renunciaría al cargo para regresar a la CFCE, todavía en la gestión de Eduardo Pérez Motta, organizaciones de campesinos y productores agrícolas en Puebla consideraron la salida del economista como una puerta de emergencia ante la crisis que enfrentaba el extitular de la Secretaría de Desarrollo Rural en ese estado.

Lo más grave, sin embargo, es que González Hernández habría dejado sin concluir la investigación que prometió respecto a una presunta red de corrupción al interior de la Secretaría de Desarrollo Rural en Puebla y que habría beneficiado a funcionarios subalternos.

Cuando en la prensa local se dio a conocer la red de complicidades para beneficar a la empresa Acuacultura Global, propiedad del jaliscience Saúl Martín Ruíz Martínez, el extitular de la Secretaría de Desarrollo Rural aseguró que no estaba al tanto de los beneficios económicos que recibió Acuacultura Global, la cual habría obtenido contratos por más de 5 millones de pesos al vender a la dependencia a su cargo servicios de consultoría, lo cual de principio significaba un grave conflicto de interés.

Fueron sus subalternos, dijo el ahora secretario ejecutivo de la CFCE, quienes decidieron los contratos a la compañía de Saúl Martín Ruíz Martínez, quien después se convirtió en funcionario de la misma dependencia a la cual le daba servicio, a cargo del departamente de Acuacultura de la propia Secretaría de Desarrollo Rural.

Con demasiadas casualidades, González Hernández prometió en Puebla que el caso llegaría a la Secretaría de la Función Pública y que los órganos de auditoría interna del gobierno de Rafael Moreno Valle tomarían cartas en el asunto. Nada más faldo que eso. En 2013 y para proyectos de Acuacultura, el gobierno de Puebla, en gran parte con recursos federales, tuvo contemplado un presupuesto de al menos 10 millones de pesos. Puebla se ubica como el segundo lugar a nivel nacional en producción de trucha y, por ello, el énfasis en este sector.

El problema fue que a González Hernández se le atribuye en el sector agrícola de Puebla la designación directa de Saúl Martín Ruíz Martínez como director de Acuacultrua de la dependencia a su cargo. González, sin embargo, negó que él directamente hubiera decidido la contratación que habría sido referida por Hugo Barragán Salín, exsubsecretario de Ganadería y Acuacultura de la Sagarpa durante el gobierno de Felipe Calderón.

González Hernández, no obstante, negó esa relación ante los medios locales y aseguró que habría sido Marco Antonio Cerón Chávez, quien estuvo cargo del Departamente de Acuacultura y Pesca, el responsable de la contratación de Saúl Martín Ruíz Martínez, quien paradójicamente se convirtió en su jefe directo. Sin sentido.

Fue en mayo de 2012 cuando el gobernador Moreno Valle habría citado a González Hernández para pedirle una explicación sobre los contratos adjudicados a la compañía de Ruíz Martínez. En julio, finalmente, se aceptó la renuncia del economista de la Universidad de las Américas en medio de otra ola de acusaciones sobre supuestos conflictos de interés al ejercer su cargo.

González Hernández logró, entonces, refugiarse nuevamente a la CFCE, en donde Pérez Motta ejercía sus últimos meses al frente de esa comisión, pero en donde todavía logró apuntalar al economista poblano como responsable de la Dirección de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Relativas, cargo que ya había ocupado hasta 2008. Para lograr que, en la nueva etapa de la Comisión pudiera permanecer en el organismo, González Hernández buscó a legisladores panistas como Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón para solicitar su apoyo.

Su interés, sin embargo, no era la Secretaría Ejecutiva sino un puesto como comisionado, el cual no logró. Al final, debió conformarse con la Secretaría Ejecutiva. En Puebla, mientras tanto, se siguen preguntando qué sucedió con la investigación en torno a la empresa Acuacultura Global que obtuvo jugosos contratos por sus buenas relaciones políticas. Y mientras las dudas crecen sobre el manejo turbio en el gobierno de Puebla, en los órganos de inteligencia y en lo que queda de la Función Pública se abrieron expedientes de los cuales iremos informando.

oficiodepapel@yahoo.com.mx