En las últimas semanas, el exjefe de prensa en la Secretaría de Salud y exvocero del Senado de la República, Carlos Olmos Tmasini, se reunió con funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto con el propósito de aligerar su proceso por faltas administrativas que podrían convertirse hasta en delitos penales.El exfuncionario ha tratado por todos los medios que la Secretaría de la Función Pública no ejerza sus facultades para sancionarlo económicamente, inhabilitarlo y acusarlo penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por supuestas irregularidades en las que incurrió cuando se desempeñaba como titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

El cabildeo para pactar su impunidad se intensificó después de que, a inicios de noviembre pasado, el senador priísta Raúl Cervantes Andrade ordenó su relevo del cargo como titular de Comunicación Social de la Cámara de Senadores para evitar mantener en esa importante labor a un funcionario acusado de tráfico de influencias, abuso de confianza y mal manejo de recursos públicos. Y es que su salida se debió justo a los problemas que Olmos Tomasini podría enfrentar por el supuesto fraude cometido y que supera los 700 millones de pesos.

Según los expedientes que obran en la oficina de Julián Olivas Ugalde, encargado del despacho anticorrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, Olmos contrató de forma irregular y sin licitación a más de 300 medios de comunicación entre 2010 y 2012. Como lo ha informado esta columna desde abril pasado, las auditorías oficiales revelan que el perjuicio para las finanzas públicas ya acreditado asciende a 797 millones 150 mil 408 pesos, correspondientes a sobreejercicios en esos tres años.

De acuerdo con el amplio expediente acumulado en la Función Pública, se han documentado otras anomalías atribuidas a Olmos Tomasini: la auditoría 005/13 descubrió que “no se acreditó ni se sustentó la justificación y el dictamen para la adjudicación directa de los contratos para la prestación de servicios de difusión en medios complementarios de las campañas Adicciones Versión Alcohol y Fomento a una Nueva Cultura de Salud Versión Mortalidad Materna 2010”.

Aunado a ello, determinó el “incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos de medios complementarios” relacionados con ambas campañas. A decir de la Función Pública, Olmos Tomasini no acreditó la urgencia por la cual asignó decenas de contratos sin licitaciones de por medio.

Sin embargo, todo parece indicar que las reuniones entre Olmos Tomasini y distintos representantes del gobierno federal le han dado resultado al exservidor público, pues no obstante que en su reporte final de auditoría la Función Pública determinó su responsabilidad en las adjudicaciones directas de los contratos, Olmos Tomasini no ha sido llamado a cuentas y sus expedientes, concluidos desde julio pasado, empiezan a empolvarse y “olvidarse”.

En esos archivos consta que los auditores documentaron plenamente la responsabilidad del exvocero del Senado, pues fue éste quien autorizó por puño y letra las contrataciones de más de 300 medios de comunicación fuera del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.

Así, en los documentos se incluyen oficios firmados por Olmos Tomasini que posibilitaron la contratación directa y masiva –que constituyó el sobreejercicio presupuestario– de los medios al cierre de 2010.

“Con fechas 1 de septiembre y 4 de noviembre de 2010, Carlos Olmos Tomasini, director general de Comunicación Social, emitió los documentos denominados ‘Justificación y dictamen para la excepción de licitación pública, conforme a la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para contratar mediante adjudicación directa los servicios de producción, difusión en televisión, radio, medios complementarios y evaluación cuantitativa de medios de campaña, solicitados por la Dirección General de Comunicación Social’”, señala la auditoría.

La firma de esos documentos y los sobreejercicios ya documentados por los auditores no son los únicos motivos de preocupación para Olmos. Durante su gestión en la Secretaría de Salud se ejercieron de forma discrecional más de 5 mil millones de pesos en campañas de publicidad. Varios de esos millones fueron a parar a empresas fantasma y a personas físicas supuestamente ligadas a él. Aquí también investiga la Función Pública los señalamientos del cobro de comisiones que en algunos casos podría haber alcanzado hasta el 50 por ciento del monto pagado.

Sobre este tema, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya investiga –por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT)– la creación y operación de ocho empresas y prestadores de servicios contratados por la Coordinación General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, de los cuales hasta ahora no se han encontrado indicios de existencia real, lo que sognificaría que esas empresas de papel fueron constituidas por funcionarios para apoderarse del presupuesto público destinado al pago de publicidad gubernamental.

Las ocho contrataciones para “difundir” campañas publicitarias datan del ejercicio de 2010, cuando el panista José Ángel Córdova Villalobos se desempeñaba como titular de la dependencia y Olmos Tomasini, de la Coordinación de Comunicación Social; sin embargo, las autoridades no descartan que se extiendan a otros años, por lo cual mantienen abiertas las líneas de investigación.

La indagatoria ha acreditado que los contratos involucran al menos 4 millones 149.9 mil pesos del erario de Salud, dependencia que destinó 5 mil 285 millones en 6 años a campañas publicitarias por órdenes de Alejandra Sota, entonces vocera de la Presidencia de la República, según la versión que Carlos Olmos dio al semanario Contralínea. En la Función Pública consideran llamar a cuentas a la exvocera de Calderón y el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investigan las cuentas y propiedades de Sota y Olmos, con el fin de determinar si durante los seis años de gobierno de Calderón se enriquecieron ilícitamente.

En abril pasado y cuando aún era vocero del Senado de la República, Olmos Tomasini aseguró que las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a [la Secretaría de] Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”, dijo Olmos para que el gobierno de Peña Nieto también investigue a sus exjefes Sota y Cortázar y no como siempre sucede que el hilo se rompe por lo más delgado.

Los contratos

En la lista de las ocho empresas y prestadores de servicios investigados por el SAT se encuentra El Despertador, SA de CV; Crealo Producciones, SA de CV; Especialistas en Imagen Pública, SA de CV; XYZ Ediciones Publicitarias, SA de CV; Análisis y Comunicación Integral, Asesores en Prensa, Relaciones Públicas y Publicidad, SA de CV; Celia García González; Claudia Patricia Ching Pérez y Humberto Cervantes Bravo.

La documentación –a la que se tuvo acceso– da cuenta de que fueron los auditores de la Función Pública adscritos a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública quienes los denunciaron. Y es que, tras visitar 22 empresas y particulares que obtuvieron contratos directos supuestamente irregulares de la Secretaría de Salud, descubrieron que esos ocho no tenían relación con sus domicilios fiscales y, en la mayoría de casos, nadie los conocía.

Más aún, dos de esas empresas cuentan con el mismo representante legal: José Félix Sánchez Navarro. Según las investigaciones oficiales, se trata de Especialistas en Imagen Pública y de XYZ Ediciones Publicitarias, que en conjunto cobraron 1 millón 300 mil pesos del presupuesto público. La primera, con domicilio fiscal en Luz Saviñón 13, despacho 701, colonia Del Valle; la segunda, en calle Albert 27, casa 3, colonia Albert, delegación Benito Juárez.

Según los auditores, la sede de Especialistas en Imagen Pública se encuentra deshabitada. La información fue corroborada por Gabriel Carrasco, encargado de la vigilancia del edificio, quien les informó que éste fue desocupado desde hacía poco más de 1 año. La empresa en cuestión celebró el contrato 367-DGCS-2010 con la Secretaría de Salud, por 400 mil pesos.

La segunda compañía, XYZ Ediciones Publicitarias, se adjudicó dos contratos (363-DGCS-2010 y 438-DGCS-2010) por 900 mil pesos, a pesar de que en su domicilio fiscal tampoco reside nadie, de acuerdo con los reportes de los contralores de la Función Pública.

Otro caso similar es el de la empresa El Despertador, supuestamente ubicada en Avenida México número 49, colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc. Con ésta, Salud firmó los contratos 380-DGCS-2010 y 444-DGCS-2010, por un total de 800 mil pesos. Sin embargo, cuando los auditores visitaron el lugar sólo localizaron la empresa Pet Central. Según los archivos de la Función Pública, la licenciada Blanca Viridiana Covarrubias Morelos, directora general de dicha firma, manifestó que El Despertador, SA de CV, no se encuentra ubicado en ese domicilio y que el ciudadano Óscar Vicente González González, representante del mismo, nunca ha trabajado en Pet Central.

La visita al domicilio de Crealo Producciones –calle Juan Sánchez Azcona 1603, interior 303, colonia del Valle, delegación Benito Juárez– tampoco fue exitosa, pues nadie respondió a los llamados de los contralores. La empresa, representada por María de Jesús Estela Livera Corona, signó con la Secretaría de Salud los contratos 325-DGCS-2010 y 446-DGCS-2010, por 400 mil pesos.

Análisis y Comunicación Integral, Asesores en Prensa, Relaciones Públicas y Publicidad, representada por Víctor Daniel Sánchez Baños, obtuvo el contrato 336-DGCS-2010, por 200 mil pesos. Sin embargo, su domicilio –avenida Baja California 333, colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc– fue reportado como inexistente. Asimismo, en la dirección manifestada en la cédula de identificación fiscal –Circuito Economistas 105, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México– “se encuentra una tienda de disfraces”. El encargado de ésta manifestó a los auditores no conocer a Sánchez Baños ni haber oído de la empresa.

Respecto de los prestadores de servicios, Humberto Cervantes Bravo fue quien celebró los contratos más redituables: 316-DGCS-2010 y 437-DGCS-2010, por 1 millón de pesos. Sin embargo, los auditores no lo localizaron en su domicilio: Manuel Ávila Camacho 48, lote 20, colonia Lázaro Cárdenas, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Por este motivo, “nos comunicamos con él vía telefónica y nos informó que se encontraba fuera de la ciudad hasta el lunes 17 de junio de 2013, por lo que se dejó citatorio en su buzón. El viernes 14 de junio de 2013 se comunicó con nosotros Flor Quesada, mencionando que sería el enlace de Humberto Cervantes Bravo, ya que posiblemente él estaría fuera de la ciudad más tiempo del programado, y toda vez que fueron posponiendo la cita hasta el 25 de junio, y que Cervantes Bravo, quien firmó los contratos referidos, no podría presentarse a desahogar la diligencia, no fue posible realizarla”.

Los representantes de la Secretaría de la Función Pública también descubrieron que el domicilio fiscal –Georgia 52, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez– de Celia García González (contrato 326-DGCS-2010, por 300 mil pesos) corresponde al despacho contable Eljure Consultores, SC. El licenciado Eljure López Raxid, dueño de éste, informó que “dicha persona nunca ha trabajado en esa empresa y que la conoce de vista por ser suegra de Adriana Elizabeth Arellano Embriz, quien fue su empleada en ese despacho, de 2007 a mediados de 2011”.

En el caso de Claudia Patricia Ching Pérez, desde hace años el domicilio fiscal –Revillagigedo 95, edificio G, departamento 1, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc– se utiliza como bodega. No obstante, dicha prestadora de servicios celebró con Salud el contrato 326-DGCS-2010, por 149 mil 999 pesos.

Las ocho personas morales y físicas referidas formaron parte de una muestra de 22. El universo total de la auditoría 005/13 a la Secretaría de Salud fue de 329 contratos, en los cuales se incurrió en sobregiro presupuestal durante el ejercicio 2010 por 480 millones 171 mil pesos.

Como lo informó esta columna desde abril pasado, la Función Pública también documentó otro sobregiro presupuestal en el ejercicio de 2012, relacionado con el gasto en la publicidad de la Secretaría de Salud: 316 millones 979 mil 408 pesos vinculados a 260 contrataciones fuera del presupuesto, que aún no se liquidan a los medios de comunicación.

Las irregularidades que indagan tanto la Secretaría de la Función Pública como la de Hacienda y Crédito Público se centran en el gasto de las campañas publicitarias para los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Tan sólo en ese trienio, Salud –encabezada entonces por José Ángel Córdova y Salomón Chertorivski– gastó 4 mil 605 millones 802 mil pesos en publicidad oficial, revela la Secretaría de Gobernación en la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0000400091513.

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