La catástrofe ocurrida por las tormentas climáticas en gran parte del país, que en los primeros resultados arroja decenas de muertes y más de 100 mil damnificados, abre a la discusión una vez más el tema de la pobreza extrema y la crisis de corrupción en las políticas asistenciales como factores principales de esta desgracia lacerante que lastima y ofende a todos los mexicanos.

A los gobiernos federal, estatales y municipales les molesta e incomoda que los señalen como responsables de negligencia y por su pésima administración y distribución del dinero público a través de programas sociales, los cuales nunca llegan a los municipios más pobres del país y que ahora son los más afectados por los huracanes.

Las imágenes en la prensa muestran como huracanes y tormentas golpean y destruyen todo a su paso, desbordan ríos, inundan y arrasan ciudades y pueblos enteros, desgajan cerros y sepultan casas con sus habitantes dentro. Sin embargo, como siempre ocurre, los más afectados son los más humildes que habitan en montañas, selvas, laderas y pantanos, tal como denuncian los habitantes de la Montaña de Guerrero, uno de los estados más miserables de la República.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que las y los damnificados de la Montaña han sido invisibilizados, pues hasta la fecha no se han adoptado acciones gubernamentales para atender los daños que dejaron las recientes tormentas en esa región.

Cientos de comunidades na’savi y me’phaa permanecen incomunicadas. En la región guerrerense decenas de casas han sido arrasadas, se ha perdido la totalidad de las cosechas y los daños materiales son incuantificables. En la región más pobre del país, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan documenta que a la tragedia ambiental y social se suman la indiferencia y el racismo. Ninguna autoridad federal se ha presentado en la región y las autoridades comunitarias que demandan ayuda son ignoradas.

Es difícil entonces creer en las declaraciones de funcionarios que aseguran que en este difícil momento la ayuda llegará a todos los que la necesiten, cuando sabemos que históricamente los programas sociales y sus promotores nunca han pisado las poblaciones más pobres, y sus habitantes, principalmente indígenas, tampoco han recibido apoyo gubernamental alguno.

Si esa ayuda que el Congreso autoriza y que asciende a miles de millones de pesos nunca ha llegado en momentos en los que el clima si lo permite, cómo imaginar que podrán hacerlo ahora cuando el mal tiempo ha destruido y bloqueado todos los accesos. Es más, en las nuevas listas oficiales de la pobreza extrema no aparecen muchas poblaciones, pues las autoridades ni siquiera saben que existen, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) las tiene bien identificadas y clasificadas como de necesidades y medidas urgentes.

Ese organismo multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atribuye el fracaso y el desastre de México a un modelo económico que coloca a este país al borde del precipicio.

La Cepal ha establecido que las crisis alimentaria, financiera-económica y política ha develado que México no aplica políticas de fondo y estructurales para combatir la pobreza, y que la información oficial no reconoce este fenómeno. Por ello el desastre climático que ha acusado la pérdida de vidas y decenas de miles de damnificados es más atribuible a las pésimas políticas públicas de los gobiernos del PAN, del PRI y del PRD que lejos de combatir la pobreza extrema la han fomentado y han convertido a la nación en un país de pobres.

A lo anterior hay que agregar la corrupción gubernamental que permite asentamientos humanos en zonas de alta peligrosidad, la construcción de zonas habitacionales sin condiciones adecuadas y vulnerables ante contingencias ambientales, el robo descarado de gobiernos federal, estatales y municipales de los presupuestos destinados para los más pobres y lo más doloroso, como dice el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que es el desprecio, la indiferencia y el racismo de todas las autoridades y los medios de comunicación hacia las comunidades indígenas.

La Cepal siempre ha sido contundente en su informe sobre la pobreza en América Latina y ha sentenciado que México es de los países que presentan una clara tendencia al deterioro distributivo. Y a pesar de que la pobreza en México está perfectamente ubicada, el gobierno se niega a verla.

Oficialmente el número de pobres en el país se incrementó en los 2 sexenios panistas a más de 50 millones de mexicanos, es decir de cada dos habitantes uno es pobre, lo que por sí mismo explica porqué las tormentas que azotan al país cobrarán aún más víctimas.

Un trabajo periodístico de la reportera Érika Ramírez, publicado en esta revista el año pasado, da cuenta de cómo el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa dejó un saldo negativo en materia de combate a la pobreza: si se habla de atención a zonas prioritarias, los números llegan a más de 800 municipios; pobres extremos, 11.7 millones de personas; pobres moderados, 52 millones; sin acceso a la alimentación, 28 millones de mexicanos, y 81 millones de personas con al menos una carencia social.

Explica que al margen de los discursos oficiales que hablan de “vivir mejor”, los índices de desarrollo humano indican que hay 11 municipios en el país en condiciones de vida similares a los de África, y que a finales del mandato calderonista se reportaron 125 ayuntamientos en esa situación de vulnerabilidad.

La desgracia y la miseria en México se extendió y se profundizó: el Informe de evaluación de la política de desarrollo social, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indica que son 51 millones 993 mil personas en situación de pobreza, 3 millones 155 más que al inicio del sexenio calderonista.

El incremento se ha registrado a pesar del gasto multimillonario que realizó la administración federal en la materia. Tan sólo el Programa Oportunidades (principal política gubernamental en materia de combate a la pobreza) dispuso de 162 mil 893 millones 320 mil pesos en ese sexenio.

Además de este presupuesto público, el gobierno del panista Calderón Hinojosa contrató deuda por 45 mil 486 millones con el Banco Mundial, bajo el concepto del impulso a proyectos de combate a la miseria.

Para el Coneval, “el nivel de acceso y la calidad de los programas de protección social es desigual: se le otorgan beneficios diferentes a personas similares”.

Chiapas, uno de los estados con mayor población indígena del país, ocupa el primer lugar de marginación nacional, al registrar 1 millón 581 mil personas en extrema pobreza. En esa lista también se incluyen Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, consideradas las entidades con mayor número de pueblos originarios y son los estados que más sufren por los huracanes y tormentas, porque su infraestructura es altamente vulnerable.

Según el informe Grado de rezago social y lugar que ocupan las entidades federativas según su índice de rezago, del Coneval, le siguen Veracruz, con 1 millón 386 mil; Estado de México, 1 millón 240 mil; Oaxaca, 1 millón 14 mil; Guerrero, 977 mil; Puebla, 864 mil; Michoacán 551 mil; Guanajuato, 445 mil; San Luis Potosí, 380 mil, y Jalisco, 362 mil.

Desde 2010 se identificó que en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) viven pueblos indios. Se trata de 1 millón 553 mil 433 personas, de las cuales el 77.7 por ciento habla alguna lengua indígena, indica el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados.

En su informe Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, advierte que “la población indígena es doblemente vulnerable: por un lado, dada la condición de pobreza en la que viven y, por otro, por su condición de indígenas”.

Durante 2009 y 2010 el gobierno mexicano redujo hasta en un 50.7 por ciento las inversiones para beneficiar el desarrollo humano de las comunidades indígenas, comparado con la inversión de 5 mil 497 millones de pesos que realizó en este mismo sector durante 2008. El decremento presupuestal afectó necesidades de salud, educación, previsión social en comunidades indígenas de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

El Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2012, del Coneval indica que “la desnutrición de niños indígenas es el doble que la del promedio nacional”.

En este país “vive un gran número de pueblos y comunidades indígenas que han logrado preservar su identidad y su lengua. Sin embargo, se han caracterizado por ser el grupo poblacional con mayor rezago y marginación. Su situación no sólo se debe al acceso diferenciado que han tenido a los bienes públicos, sino también a la discriminación y exclusión de las que han sido objeto”, indica, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su más reciente Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México.

En la Iniciativa de Apoyo Integral para la Superación de la Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno federal acepta que no obstante los “esfuerzos” realizados a través de programas gubernamentales, de la sociedad civil, empresas y fundaciones, no se ha logrado superar la pobreza en el país.

Por ello la emergencia nacional decretada por el gobierno en estos últimos días por las tormentas y huracanes que golpean a todo el país, en realidad lleva décadas debido a la pobreza extrema que hasta ahora nadie quiere atender.

Puntos suspensivos… La semana pasada comentamos que el órgano de control y vigilancia que se encarga en la Secretaría de la Defensa Nacional de investigar y combatir casos de corrupción en la asignación de contratos para la adquisición de bienes y servicios para las fuerzas armadas, está atento de la empresa Aid Logistics S.A de C.V. y sus representantes en México, Yazmín Alejandra Velázquez Aranda y Alejandra Peñaloza Zaragoza, debido a que la primera es hija del coronel Marco Antonio Velázquez Montesinos, quien se desempeñó como jefe de la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos de la Subdirección de Adquisiciones de la Defensa y fue retirado del cargo y enviado a Tuxtla Gutiérrez bajo señalamientos de diversas irregularidades en colusión con el coronel intendente José Luis Lua Tahuado, quien sigue sujeto a investigación militar por supuestos actos de corrupción con empresas proveedoras de bienes y servicios para la Defensa y por ellofue separado de su responsabilidad y enviado a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

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