Antes de pretender reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir una mayor participación privada –principalmente de empresas extranjeras– en la exploración y producción de petróleo y gas, hubiera sido necesario escuchar de los funcionarios del gobierno federal la propuesta de un plan estratégico, con los órganos de seguridad nacional incluidos, para combatir la corrupción, la impunidad y el abuso de poder que corroe las estructuras de gobierno y vulnera las finanzas públicas.

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad, empresas líderes del Estado mexicano, han sido por décadas las más afectadas por el cáncer de la corrupción que, sin control alguno, permite el saqueo indiscriminado del dinero público, la asignación de contratos amañados a cambio de comisiones, el robo de combustibles, las extorsiones y los sobornos. A pesar de ello, Pemex aún aporta casi el 40 por ciento de las finanzas públicas.

A lo anterior hay que agregar la ominosa carga que representan los líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para la principal empresa paraestatal, en donde su máximo dirigente, el senador priísta Carlos Romero Deschamps, se ha enriquecido brutal y abiertamente ante los ojos de todos los mexicanos sin que alguien en el gobierno ponga algún freno o siquiera proteste por la corrupción de toda la pandilla de este corrupto líder.

Cómo hablar entonces de una urgente modernización del sector energético cuando es el mismo gobierno federal el que solapa y protege las mañas, los abusos y los excesos de Romero Deschamps y familia. Este líder petrolero mantiene además una abierta confrontación con el actual director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien no ha podido lograr su destitución porque lo protegen desde Los Pinos, del Senado y de la dirigencia nacional del PRI.

Éstos son los dirigentes gremiales y los políticos que por décadas le han hecho tanto daño al país. Si el presidente Enrique Peña Nieto tuvo la entereza y la decisión de destituir y procesar a la corrupta y abusiva dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, por qué no hace lo mismo con Romero Deschamps, quien –aseguran sus allegados– ya tiene la maleta lista para dejar la dirigencia del Sindicato en cuanto se lo pidan. ¿Qué detiene o quién frena esta decisión que hasta ahora ha dado impunidad total a una de las figuras más controversiales de la política mexicana?

Para el filósofo español José Ortega y Gasset, quien tuvo una importante influencia en Europa y América durante la primera mitad del siglo pasado, existen dos tipos de políticos: los pusilánimes (pequeños hombres) y los magnánimos (almas grandes). ¿En cuál de estas dos categorías encajan nuestros políticos y líderes mexicanos?

Veamos: el político ideal, explica este escritor español, sería un hombre que, además de ser un gran estadista, fuese una buena persona. En este último punto también falla Romero Deschamps, quien se perfila así como un político pusilánime.

El problema es que los ideales son cosas recreadas sólo por nuestros deseos, por lo cual estaríamos hablando de una lógica del deseo cuando consideramos que el político puede ser un buen hombre y un mejor estadista, ya que por lo menos en el caso mexicano, la realidad nos estrella contra la pared cuando conocemos la vida y obra de presidentes, secretarios de Estado, diputados, senadores, líderes gremiales y, en general, de los políticos mexicanos. Sin duda alguna, ninguno pasa la prueba para convertirse en un gran estadista, por lo menos los que han ejercido el poder a partir de la segunda mitad del siglo pasado.

En su libro Vieja y nueva política, Ortega y Gasset explica en el capítulo dedicado a “Mirabeau o el político”, que el magnánimo y el pusilánime pertenecen a especies diversas: “vivir es para uno y otro una operación de sentido divergente y, en consecuencia, llevan dentro de sí dos perspectivas morales contradictorias”.

Este filósofo español describe así a ambos políticos: el magnánimo es un hombre que tiene misión creadora; vivir y ser es para él hacer grandes cosas, producir obras de gran calibre; mientras que el pusilánime, en cambio, carece de misión, y vivir es para él simplemente existir él, conservarse, andar entre las cosas que están ya ahí, hechas por otros, sean sistemas intelectuales, estilos artísticos, instituciones, normas tradicionales o situaciones de poder público.

Los actos del político pusilánime, como Romero Deschamps, no emanan de una necesidad creadora, originaria, inspirada e ineludible. Este pusilánime, por sí, no tiene nada qué hacer; carece de proyectos y de afán riguroso de ejecución. De suerte que no habiendo en su interior destino, fuerza congénita de crear, de derramarse en obras, sólo actúa movido por intereses subjetivos. En el caso de este líder petrolero lo único que busca es enriquecerse corruptamente con el dinero público y a costa de las cuotas de los trabajadores, para lo cual utiliza la fuerza y presión del sindicato petrolero.

Ortega y Gasset sostiene que lo que nunca comprenderá el pusilánime es que para ciertos hombres la delicia suprema es el esfuerzo frenético de crear cosas, como lo hace el pintor, el escritor o el político que organiza el Estado. Contrario a los pusilánimes están los virtuosos, que no estafan, no mienten, no estupran, y sus virtudes son la honradez, la veracidad, la templanza.

Romero Deschamps sólo es uno de estos líderes pusilánimes que han gobernado México desde hace muchas décadas, pues la lista de políticos en esta categoría abarcaría páginas y páginas de libros completos.

Los privilegios de la cúpula

Un amplio trabajo periodístico de la reportera Erika Ramírez, publicado en la revista Contralínea, da cuenta de cómo la asignación de recursos millonarios a la cúpula sindical de Petróleos Mexicanos, encabezada por Carlos Romero Deschamps desde hace 17 años, continúa en la opacidad.

El recién firmado Contrato Colectivo de Trabajo concede a los trabajadores la facultad de crear empresas que pueden ser contratadas por la paraestatal, lo que contraviene la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, establece que el Comité Ejecutivo del sindicato petrolero recibirá cada mes más de 2 millones de pesos para “viajes”; también, le otorga la facultad de operar recursos para becas, equipos deportivos e intervenciones quirúrgicas de carácter estético y cosmético. Lo cual tampoco nada asegura que se lleven a cabo ni que el dinero termine en las cuentas bancarias personales de los dirigentes petroleros.

Especialistas en derecho laboral opinan que el sindicato de Pemex es un instrumento de poder para obtener beneficios económicos y control sobre los trabajadores.

Viajes, servicios médicos, equipos deportivos y becas son entregados a la cúpula del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Éstos fueron previamente negociados por el líder Romero Deschamps con la Dirección General de Pemex, que encabeza Emilio Lozoya Austin, sin que haya transparencia en el uso de los recursos públicos para cubrir las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, que se pacta cada 2 años.

Entre algunos de los acuerdos a los que llegaron el pasado 29 de julio se encuentra la contratación de empresas organizadas por los trabajadores petroleros. Este acuerdo contradice la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que expresamente prohíbe a los funcionarios obtener contratos en forma privada .

No obstante, en el Contrato se especifica que “las empresas organizadas por los trabajadores que cuenten con la conformidad del Comité Ejecutivo General del Sindicato podrán participar en los concursos, licitaciones públicas o asignación de obras, transportes o servicios con apego a las disposiciones legales vigentes que requieran Pemex o los organismos subsidiarios, y en igualdad de condiciones se les dará preferencia frente a terceros” (sic).

Sin embargo, la Ley de Responsabilidades especifica, en el artículo 8, que los servidores públicos deben desempeñarse “sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado les otorga por el desempeño de su función”. También es claro que ningún contrato colectivo puede estar por encima de las leyes; es decir que en Pemex se viola la ley a permitir que los líderes abusen de estos acuerdos gremiales.

Este mandato involucra, según la fracción XI, a quienes tengan un interés personal, familiar o de negocios, incluye a su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, también a aquellos con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios.

La fracción XIV del mismo artículo ordena a los servidores públicos “abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI”.

Rodrigo Olvera Briseño, experto en derecho laboral e integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), dice que “es bastante conocido que los mismos administradores de refinerías o de centros de trabajo crean compañías outsourcing que son de ellos mismos y se adjudican los contratos de trabajo que tienen que hacer los trabajadores de Pemex.

“Ahí el círculo de corrupción es terrible, porque estas compañías privadas están sacando beneficios de Pemex, hacen mal el trabajo y luego el trabajador de Pemex tiene que hacer un doble trabajo para subsanar lo que hizo mal la compañía privada. Esa corrupción es mucho más relevante en términos financieros que el Contrato Colectivo de Trabajo”, expone.

Viajes por 2.8 millones al mes

Encabezado por Romero Deschamps desde 1996, el STPRM también administra cuentas millonarias que el patrón –como reconoce a Pemex– pone a su disposición, esto como resultado de los “logros sindicales” a los que llegan previa amenaza de huelga.

Tal es el caso de los más de 34 millones 107 mil 218 de pesos anuales para gastos de viajes, extraídos del presupuesto de Pemex, de pesos que quedan en manos del Comité Ejecutivo General, conformado por Romero Deschamps y 67 “dirigentes” más.

Y es que el Contrato indica que: “el patrón [Pemex] cubrirá al Comité Ejecutivo General la cantidad de 2 millones 842 mil 268 pesos mensuales para gastos de viaje de sus integrantes”.

Así lo incluye la cláusula 251, del capítulo XXVI Cuotas Sindicales y Delegados Departamentales, que precisa: “el patrón pagará los salarios y prestaciones, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos foráneos a 68 funcionarios del Comité Ejecutivo General que incluye asesores sindicales y al Consejo General de Vigilancia, cinco consejeros sindicales, 90 integrantes de las comisiones nacionales mixtas señaladas en este contrato, 158 comisionados nacionales y 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del secretario general del STPRM”.

El pasado 7 de agosto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa estableció que “debe ser pública toda la información sobre recursos que Pemex transfiere a su sindicato, pues con ello no se viola la autonomía del gremio ni su derecho de administrar libremente su patrimonio”, según una nota publicada por Víctor Fuentes en el periódico Reforma.

La nota indica que el tribunal federal notificó una sentencia en la que confirmó la negativa de amparo al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que en septiembre de 2012 impugnó una resolución de Pemex para entregar a un particular información sobre fondos entregados al gremio.

oficiodepapel@yahoo.com.mx