Desde hace varios sexenios, destacadamente en los dos últimos gobernados por el Partido Acción Nacional, la sumisa justicia mexicana dispuso que los principales narcotraficantes capturados en territorio nacional fueran extraditados a Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados en aquel país, práctica similar a lo ocurrido en Colombia hace 30 años, cuando los principales líderes de los cárteles fueron reclamados por las autoridades estadunidenses y el gobierno colombiano accedió a entregarlos sin objetar, lo que ocasionó una guerra interna desatada por los llamados “extraditables” y con ello miles de muertes.

Para frenar esa ola de violencia que parecía no tener fin, el gobierno del país sudamericano negoció con los jefes de las mafias para que no fueran extraditados y a cambio éstos se comprometían a renunciar a los asesinatos de políticos, periodistas, burócratas y líderes sociales.

En el caso mexicano, el gobierno ha aceptado sin protestar las condiciones impuestas por su homólogo de Estados Unidos para extraditar de manera inmediata a presuntos narcotraficantes. Esta actitud sumisa y entreguista de las autoridades mexicanas que permite encerrar en cárceles estadunidenses a delincuentes connacionales considerados como de alta peligrosidad contrasta ahora con las protestas del gobierno mexicano por la intervención de los órganos de inteligencia gringos en las comunicaciones privadas en México.

Es verdad que los narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos desde hace 3 décadas han puesto poca resistencia a su traslado, pues han encontrado en el sistema de justicia de aquel país una vía más eficaz y expedita para disminuir sus condenas y alcanzar su libertad.

El trámite para los delincuentes mexicanos juzgados en tribunales estadunidenses ha permitido que aquéllos negocien una situación penal más favorable a cambio de proporcionar información relevante de la operación del crimen organizado en México y los vínculos de éste con políticos, funcionarios, legisladores y empresarios mexicanos, además de pagar multas millonarias en dólares que van a parar al erario público de Estados Unidos.

Este es el caso de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe de la banda de Los Zetas en Tamaulipas, quien fue extraditado a Estados Unidos y que en 2010 llegó a un acuerdo con el gobierno de Barack Obama para lograr una sentencia de sólo 25 años de prisión y el pago de 50 millones de dólares por declararse culpable de cinco cargos federales, además de proporcionar información de la estructura de los cárteles de la droga en México.

Éste es sólo un ejemplo de los muchos narcotraficantes y lavadores de dinero mexicanos que durante los mandatos de Vicente Fox y Felipe Calderón fueron enviados a Estados Unidos para ser juzgados en aquel país, con lo cual México asumió una vez más su incapacidad de aplicar la justicia y eludió su responsabilidad constitucional para juzgar y sancionar a aquellos que delinquieron en el país.

Ahora habrá que conceder el beneficio de la duda al gobierno priísta de Enrique Peña Nieto hasta conocer con precisión cuál será su estrategia para la aplicación de la justicia hacia los integrantes de los cárteles de la droga capturados o si continuará la misma política entreguista y sumisa que mostraron los gobiernos panistas.

Por lo pronto, no es un buen augurio cuando el responsable de la política interna de México, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, declara después de la detención la semana pasada del jefe de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40, que Estados Unidos aún no ha solicitado su extradición, pero adelantó que en caso de que lo haga primero sería juzgado en México. La duda que hay es si después de ser sentenciado este delincuente permanecerá en cárceles mexicanas o, como lo hicieron los panistas, de inmediato lo extraditarán a Estados Unidos.

De ser así, cómo puede el gobierno mexicano exigir respeto de su homólogo estadunidense y reprochar su intervención en asuntos internos del país –como la violación a la privacidad a través del espionaje– si las autoridades mexicanas son sumisas a las órdenes de Washington. Ésa es la razón por la cual las corporaciones policiales de ese país han hecho lo que quieren en México y violan constantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora ese importante jefe de la mafia de las drogas está sujeto a intensos interrogatorios en las oficinas de la Procuraduría General de la República, en donde su titular Jesús Murillo Karam ha declarado que la captura del Z-40 “dará una pausa a la violencia”, lo cual es poco probable porque vendrán las venganzas por la traición, y por eso las poblaciones de los estados en donde opera principalmente el grupo de Los Zetas se preparan ante posibles actos violentos.

La industria de Los Zetas

El mes pasado escribimos en esta columna sobre la impunidad y complicidad del gobierno de Felipe Calderón con los cárteles de la droga y cómo su negligencia permitió el florecimiento de la industria del crimen organizado y el fortalecimiento de 88 cárteles en el país, de acuerdo con un informe confidencial elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las “Células delictivas con presencia en el país”, fechado el 25 de marzo de 2013 y dado a conocer en Contralínea por la reportera Nancy Flores.

Ahí da cuenta de cómo México vivió un sexenio sangriento: más de 100 mil civiles fueron ejecutados, otros 30 mil desaparecieron; miles de familias (se calcula 250 mil) fueron desplazadas por la violencia y otros cientos de miles más perdieron su patrimonio. Centenas de niños y niñas quedaron huérfanos, sin protección alguna, y otros cientos de personas viajan por todo el país en busca de sus familiares.

Oficialmente, Calderón dijo que la guerra acabaría con el crimen organizado, pero lejos de esa “promesa”, los grupos delincuenciales florecieron y se han convertido en verdaderas empresas trasnacionales, al grado que su antecesor, el expresidente Vicente Fox, también panista, planea ya producir a gran escala la mariguana, para lo cual promueve la legalización y espera convertirse en el principal productor de esa droga.

En el sexenio anterior prácticamente nadie fue a parar a la cárcel. La impunidad no sólo cubrió a los delincuentes, también a quienes los protegieron y los fortalecieron, un grupo de políticos y policías corruptos encabezados por el exmandatario.

El reporte de la PGR precisa que la consolidación de la delincuencia es tal, que ni la autoridad puede desmentirla. Y es que no es fácil ocultar la prosperidad: los negocios de los cárteles del narcotráfico llegan a más de 50 países en los cinco continentes.

El mapa de la delincuencia abarca prácticamente todo el país, y de las 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos, ocho son consideradas como “grandes organizaciones del narcotráfico”, entre las que destacan Los Zetas. Esta información de la PGR cobra mayor relevancia porque permite conocer a los grupos vinculados y a los rivales de Miguel Ángel Treviño, de tal manera que podría se previsible las zonas del país en donde podrían desatarse duros enfrentamientos y así preveer la protección de las poblaciones aumentando la vigilancia.

Se calcula que tan sólo por venta de drogas en Estados Unidos, esos ocho grupos criminales –Los Zetas, el Pacífico, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los Beltrán Leyva– obtienen ganancias anuales superiores a los 39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos).

El amplio documento oficial destaca la información del grupo de Los Zetas, considerados como los narcotraficantes más violentos del país y cuyos negocios abarcan el Continente Americano y llegan hasta el europeo, quienes tendrían bajo su control, según la PGR, a tres organizaciones de menor nivel pero igual dimensión de brutalidad: Los Talibanes, Los Legionarios y Los Hijos del Diablo.

No obstante, al parecer dos se han deslindado del que originalmente era el brazo armado del Cártel del Golfo, conformado en un principio por militares de elite que desertaron de los grupos Aeromóvil y Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.

El grupo de Los Talibanes se ubica en Tamaulipas y Quintana Roo. Esta facción, sin embargo, declaró la “guerra” a Los Zetas el 1 de junio de 2012. Ese día se colocaron en Zacatecas unas mantas presuntamente de su autoría, con las fotografías impresas del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y de otros delincuentes que habían sido abatidos o capturados, bajas que entonces le achacaban a El Lazca.

El 20 de agosto de 2012, el líder de esta célula, Iván Velázquez Caballero, el Z-50 o el Talibán, rompió abiertamente su vínculo con Los Zetas tras señalar en unas mantas colocadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, y Heriberto Lazcano se aliaron con “los federales” y traicionaron a sus jefes para poder controlar el cártel. El Z-50 fue capturado el 28 de septiembre y el Lazca fue “abatido” el 7 de octubre de ese mismo año por elementos de la Secretaría de Marina. Desde entonces el Z-40 asumió el liderazgo.

El segundo grupo que la PGR vincula a Los Zetas opera en San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Su objetivo, según refirieron el 20 de octubre de 2012 a través de unas mantas, es acabar con el Z-40 o Talibán. “Los Legionarios somos un grupo de Zetas renegados que fuimos traicionados por ‘Z-40’. Los Legionarios tenemos claramente la orden de exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias… Ojo por ojo”.

Los mensajes, reportados por algunos medios de información, concluían así: “Nuestro negocio es el narcotráfico, sólo y exclusivamente. Respetamos a las fuerzas federales y la lucha que hacen para terminar con el narco”.

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, Los Hijos del Diablo se localizan en San Luis Potosí y Zacatecas. A esta célula se le vincula con el narcotraficante capturado Miguel Ángel Treviño e incluso con miembros del supuestamente extinto Cártel del Golfo.

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