En el sexenio anterior, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), todos los responsables de la seguridad nacional conocían perfectamente la constante intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos del país, pues eran ellos quienes firmaban acuerdos y contratos que lo permitían, y nadie en la administración de Felipe Calderón hizo algo para evitarlo.Esos órganos de seguridad nacional también sabían del espionaje de ese país a México, porque la Secretaría de la Defensa (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) utilizaron los equipos de seguridad para la intervención de comunicaciones que empresas estadunidenses les vendieron por instrucciones precisas de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Ahora sorprende la intromisión de Estagos Unidos en México, cuando han sido las mismas autoridades encargadas de proteger a la nación las que abrieron las puertas a los órganos de inteligencia extranjeros por instrucciones de quien ocupó la residencia oficial de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa. No es gratuito que el expresidente haya decidido salir del país una vez concluido su mandato para residir en Estados Unidos.

Esa intervención estadunidense ha sido documentada por la prensa mexicana desde el inicio del gobierno de Calderón y uno de los mecanismos para hacerlo es la supuesta colaboración binacional en contra del crimen organizado y a través de contratos millonarios que los distintos órganos encargados de la seguridad nacional del país otorgaron de manera directa (sin licitar) para beneficiar a empresas estadunidenses, las cuales sólo venden sus productos de seguridad y espionaje a los clientes que les autoriza el gobierno en Washington.

Es decir, México no sólo gastó parte del presupuesto público en adquirir en Estados Unidos costosos equipos de espionaje, sino que estos mismos sistemas de espía e intervención sirvieron al gobierno de Barak Obama para obtener información confidencial de México sobre cuestiones comerciales, de energía, de crimen organizado y hasta de la política mexicana.

Un ejemplo de lo anterior fue el sistema de espionaje que el Cisen adquirió de Verint Systems Inc, la empresa estadunidense de espionaje encargada de desarrollar un “Sistema de Intervención de Comunicaciones” para México y cuya información recabada era “compartida” con el gobierno de Estados Unidos, según se reveló en el número 100 de la revista Contralínea de la segunda quincena de abril de 2008, bajo el título Paga Cisen sistema de espionaje, firmado por el reportero Zósimo Camacho.

En aquella bien documentada investigación periodística se da cuenta de cómo desde la llegada del PAN a la Presidencia de la República, el Cisen firmó al menos 14 contratos con la empresa Sogams (Sistemas Gerenciales Administrativos, SA de CV), representante exclusivo en México de Verint Systems Inc.

En aquel año el Cisen reconoció la existencia de 12 contratos y el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, conocido también como Compranet, reportó dos más. Fueron 11 de esos contratos para adquisición de bienes (desde herramientas para la encriptación de teléfonos hasta “equipo educacional y recreativo”) y tres por servicio de mantenimiento.

Verint Systems –cuyos servicios y equipos se distribuyen en México mediante su filial Sogams– ha sido calificada por la prensa estadunidense como “muy bien conectada políticamente” desde el gobierno de George Bush.

La información periodística revela que uno de los contratos de esa empresa con las dependencias mexicanas habría sido financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a cambio de que la información recabada pudiera ser “compartida” con las autoridades de ese país. El monto del financiamiento de dicha operación habría ascendido a 3 millones de dólares, según informó el 2 de mayo de 2007 el diario Los Angeles Times.

Entonces ninguna intervención estadunidense se hizo en la clandestinidad o por cuenta propia, todo era autorizado por el gobierno panista de ultraderecha de Felipe Calderón, quien ante su temor que decía le causaba el crimen organizado, permitió a los órganos de seguridad de Estados Unidos utilizar el territorio nacional como un laboratorio para contener aquí a las bandas delincuenciales e impedir que se trasladaran a territorio estadunidense, sin importar al entonces presidente mexicano que decenas de miles de mexicanos murieran en ese sexenio.

El rotativo estadunidense Los Ángeles Times señaló desde aquel año (2007) que el “Sistema de Intervención de Comunicaciones”, desarrollado por Verint Systems, tendría la capacidad de espiar a las personas a través de las conversaciones telefónicas, los correos electrónicos y las salas de chat. El sistema constaría de 30 “estaciones de monitoreo”, una base de datos telefónicos con capacidad de albergar 8 millones de sesiones y grabar 60 conversaciones al mismo tiempo, las cuales podrían ser almacenadas hasta por tres años.

A pesar de la contundencia de dicha información, combinada con las denuncias públicas que se hacían en la prensa mexicana, el gobierno de Calderón siguió autorizando la perversa intervención de los policías extranjeros en territorio nacional, sin importarle que esto violara la soberanía nacional y por tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Carta Magna que el calderonismo siempre ignoró.

La semana el gobierno de México finalmente reclamó de su homólogo estadunidense una “explicación” sobre las revelaciones de que el país fue objeto de espionaje, “porque si así ocurrió, sería totalmente inaceptable”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Ahora se trata no sólo de una disculpa del gobierno de aquel país por algo que el gobierno mexicano aceptó y en algunos casos hasta firmó los convenios y contratos para esa intervención y espionaje extranjero, sino que por primera vez el gobierno de México frene todas esas intervenciones, deshaga los acuerdos establecidos con anterioridad con Estados Unidos y haga cumplir y defienda la Constitución Mexicana, pues de lo contrario el gobierno peñista también será cómplice de la violación de los derechos humanos de los mexicanos, como es el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión y de comunicación.

En julio de 2007, el Cisen –“el servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de México”, como se define en su página electrónica– había reconocido a la revista Contralínea la existencia de “dos contratos celebrados con la empresa Sogams, SA de CV, que se ostenta públicamente como representante exclusivo en México de Verint Systems Inc. y Verint Systems Inc Ltd.” .

Información reservada del Cisen

De los 12 contratos reconocidos por el Cisen, considera que siete “son de carácter reservado” en todas sus partes –cuatro por un periodo de 12 años y tres, por tres años– y los cinco restantes “admiten versión pública”.

Los contratos reservados por 12 años por el Cisen se identifican con los expedientes I-2002-004, A-2003-0025, 2005-0221 y 2006-0199. Los conceptos de los contratos son: “Adquisición de equipos analizadores de alta frecuencia”, “servicio de mantenimiento y actualización de software y hardware de comunicaciones”, “servicio de mantenimiento y actualización de equipos de comunicación” y “adquisición de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones”, respectivamente.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación reservó por tres años los contratos identificados con los expedientes 2005-0204, 2007-0130 y 2007-0286. Supuestamente fueron celebrados bajo los conceptos de “servicios de mantenimiento a equipos analizadores de alta frecuencia”, adquisición de “unidad duplicadora de discos” y la compra de “equipo de comunicaciones”, respectivamente.

Clasificados con la leyenda “parcialmente reservado susceptible de versión pública” se encuentran cinco contratos con los expedientes 2000-0583, A-2004-388, A-2004-691, 2005-0178 y 2007-0364. Los conceptos de cada uno de ellos, de manera respectiva, son: compra de “accesorios para encriptación de teléfono”; adquisición de “estación digitalizada, duplicación de disco duro, ploter (plotter o trazador gráfico: impresora especializada en planos)”; “adquisición de monitor de video LCD color, consola profesional de audio”; “adquisición de equipo educacional y recreativo y bienes informáticos”, y “bloqueador de RF de alta potencia”.

PFP, SAT y Pemex, clientes de Verint Systems

El Cisen no es el único cliente de Verint Systems –a través de Sogams– en México. En el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, conocido también como Compranet, aparecen dos registros de Sogams, SA de CV, y 11 contratos.

Tres de ellos fueron celebrados con la Policía Federal Preventiva (PFP). Bajo la licitación 22100003-005-04 y por 1 millón 940 mil 400 pesos (antes del impuesto al valor agregado, IVA), la PFP compró en 2004 un sistema de entrenamiento de armas de fuego y dos simuladores de manejo. Además, el contrato SSP/PFP/127/2002 ampara la compra de 10 equipos de “encriptación para línea telefónica, voz, fax y datos, modelo USS-900 de banda-angosta (por hardware)”.

Y el contrato SSP/PFP/127/2002, según Compranet, otorgado luego de un proceso de invitación cuando menos a tres personas, respalda la adquisición de “equipo de encriptación para línea telefónica, voz, fax y datos, modelo USS-900 de banda-angosta (por hardware)”.

La Oficialía Mayor del gobierno de Querétaro compró a Sogams (bajo la licitación 51061001-016-06) 50 “consolas con GPS integrados”, 50 monitores, 50 “cámaras frontales”, 50 transmisores y receptores de audio, un software para manipulación de video, cinco “unidades de transferencia de información”, dos “unidades de respaldo”, 50 “cintas de respaldo”, dos “equipos de almacenamiento externo”, y cuatro “computadoras modelo GX620 0 DC7600”. Según Compranet, el gobierno de Querétaro pagó 463 mil 565 pesos antes del IVA.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) celebró con Sogams tres contratos. Con el AA-085/2002, luego de un proceso de invitación a cuando menos tres personas, compró 10 micrófonos, 20 cámaras digitales para fotos fijas, 10 grabadoras, 10 micrograbadoras, 20 reloj para pared con cámara de video y otras 10 micrograbadoras con un costo de 20 mil 995 pesos (antes de IVA) cada una. En total, el SAT pagó 453 mil 350 pesos sin sumar el IVA. Otro contrato (AA-097/02), éste por adjudicación directa, ampara la compra de 10 cámaras digitales de foto “fijas de color con montaje en reloj pulsera”. El SAT pagó por ellas 59 mil pesos más IVA.

Petróleos Mexicanos (Pemex) pagó a Sogams 20 mil 490 pesos más IVA por un “centro de interconexión y despacho de sistemas de radiocomunicación”. Adicionalmente, firmó el contrato 4200069739 por la adquisición de una “consola” identificada como de “juego”, por 45 mil 928 pesos antes de IVA. Pemex Exploración y Producción también compró equipo, según Compranet, a Sogams. Pagó 22 mil 200 pesos más IVA por una “lectora portátil”.

Compranet registra, asimismo, dos contratos celebrados entre Sogams y el Cisen, aunque ninguno de ellos corresponde a los solicitados por Contralínea. Se trata de los identificados con los números de licitación 04100001-034-07 y 04100001-035-05.

El primero ampara la adquisición de 20 equipos de audio de fibra óptica; cinco binoculares; 34 minitransmisores-receptores de audio; tres bloqueadores “de RF” de alta potencia; tres equipos de “energía ininterrumpible”; dos equipos “asistente personal”; un “switch hub”; un teléfono celular; dos detectores de transmisores ópticos; 50 transmisores-receptores de audio y video; cuatro equipos portátiles GPS; un generador eléctrico “de mediana capacidad”; cuatro “kit probador de tonos”; un “muro de fuego”; cinco terminales portátiles de transmisión; ocho video codecs; 55 grabadores de DVD con disco duro; tres “cámaras de video largo alcance”, y un sistema de grabación para video digital. El Cisen, en total, erogó 717 mil 20 pesos más IVA.

El segundo, da cuenta de la compra de seis cámaras fotográficas digitales estándar; 30 diademas telefónicas inalámbricas; cinco bloqueadores “de RF”; 12 computadoras portátiles de escritorio; dos computadoras portátiles de escritorio con tecnología inalámbrica, y dos computadoras portátiles personales. Por estos artículos, el Cisen pagó supuestamente, antes de IVA, 114 mil 500 pesos.

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