En abril pasado dimos cuenta en esta columna de una serie de renuncias en la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por instrucciones del general Salvador Cienfuegos, quien pretendió así desintegrar una red de corrupción para la asignación de contratos de bienes y servicios que se había creado en esa área apenas iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En esa ocasión comentamos que uno de los militares separados del área administrativa a cargo del general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga es el coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado, quien fue comisionado a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y contra quien se abrió una investigación para determinar su presunta responsabilidad en esa red de chantajes y sobornos en que se ha convertido la asignación de contratos en la Sedena.

Pues algunos de los involucrados en las licitaciones se han vuelto a quejar por los métodos nada transparentes e irregulares que siguen utilizándose para asignar contratos de bienes y servicios en todas las áreas.

Por ejemplo, en materia de salud, específicamente en la contratación del servicio integral para los laboratorios clínicos de segundo y tercer niveles, bancos de sangre y bancos de cédulas progenitoras hematopoyéticas indispensables del área usuaria para los años 2013 y 2014, desde que removieron a principios de año a los encargados de las licitaciones se ha buscado aplicar una serie de candados como requisitos indispensables del área usuaria para beneficiar a una empresa en particular.

Los quejosos señalan que en la nueva licitación pública nacional mixta número LA-007009-N157-2013 “sólo se pretende beneficiar a la empresa Gianbar S.A de C.V., misma que opera desde la administración anterior y que se ha visto favorecida por la Sedena al solicitar ésta única y exclusivamente los reactivos médicos que dicha empresa puede surtir, ya que tiene la exclusividad de dicha marca y los cuales se utilizan en maquinaria de marca Siemens”.

La transnacional Siemens es la empresa vinculada con los escándalos de irregularidades con las dos principales paraestatales del país: Petróleos mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, en donde se afirma que el principal operador de Siemens con el gobierno federal es el empresario Jaime Camil, quien asegura ser amigo del actual secretario de la Defensa.

En la primera licitación No. 002-1-2013, la empresa Giambar quedó en último lugar de un total de 6 participantes, al orecer un monto de 685 millones 888 mil 116.35 pesos y la más baja fue Selecciones Médicas del Centro al cotizar 462 millones 468 mil 430.91 pesos, y a pesar de tener la oferta más económica la Defensa no le adjudicó el contrato.

Hace una semana, martes 2 de julio, se llevó a cabo la junta de aclaraciones, en donde insólitamente las 20 compañías concursantes (entre otras Impromed, Dicipa, Biodist y Selecciones Médicas del Centro) hicieron 300 preguntas enfocadas principalmente al área usuaria, para saber si era posible ofrecer otras marcas de reactivos y otras máquinas en comodato y sin costo adicional para la Secretaría de la Defensa.

La respuesta de los militares licitantes fue de rechazó para abrir la licitación y con ello beneficiar directamente a Giambar, pues es la única distribuidora de productos Siemens y en consecuencia al solicitar reactivos de esta marca elimina prácticamente cualquier competencia.

A los responsables de la licitación de la Sedena no les importó que otros concursantes ofrecieran reactivos y máquinas con tecnología de punta y más reciente modelo, que le garantizan a la Secretaría importantes ahorros económicos. Prueba de lo anterior es el acta de 57 páginas emitida al final de la junta de la semana pasada en las instalaciones de la Defensa.

Entre concursantes a esta millonaria licitación hay irritación y sorpresa porque, según dicen, “en los últimos 15 años no habíamos visto una licitación tan a modo para una empresa en especial o hecha a la medida para alguien. Tal parece que sacar una licitación a nivel nacional fue con la excusa de justificar que en verdad esa licitación ya tiene un ganador desde antes de que se hiciera la convocatoria”.

Integrantes del equipo de ayudantes de la Sedena y que están a cargo del general Ávila Lizárraga, director general de Administración de la Defensa, comentaron de manera confidencial a algunos concursantes que era muy positivo para su jefe que hubiera muchos interesados en la licitación, porque eso le daba un marco de legalidad al proceso y hay instrucciones de “arriba” de que los contratos “salgan lo más rápido y limpios posibles”.

Después de la junta de aclaraciones del martes pasado, algunos empresarios que participaron se quejaron de la actitud del teniente coronel Sergio Piñeiro, jefe de la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos, dependiente de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración, y el mayor Ulises Guizar, representante del área usuaria, quienes presidían la junta, por responder irrespetuosa y de mala manera las preguntas de los concursantes, muchos de los cuales abandonar el primer día de trabajo y ya no regresaron.

Según algunos de los participantes atrás de los negocios sucios en la Defensa está el yerno de un importante general que se ha convertido en el cabildero de todo aquel que quiera ganar un contrato para la Defensa. “Uno de los participantes presumió que a ese familiar de un importante militar lo había invitado con todo y familia a viajar en días pasados a Río de Janeiro, Brasil, para ver los partidos de la Selección Nacional de fútbol, por lo que ya lo tenía en la bolsa”. Aunque los participantes dan el nombre del yerno y del suegro general, antes de hacerlos públicos debemos confirmar que la esa información sea verdadera.

Lo que sí está confirmado es que 10 empresas que prestan servicios a la Defensa y cumplen con todos los requisitos que aquella exige, se han reunido y acordaron enviar una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con copia para los titulares de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República, en donde denunciarán las anomalías e irregularidades cometidos por la Defensa en las licitaciones públicas y la asignación de contratos, así como señalar a personas “influyentes” que intervienen en la toma de decisiones.

“Como empresarios padecimos al final del sexenio anterior múltiples chantajes a cambio de comisiones para que nuestros pagos salieran en tiempo y forma o simplemente para lograr una invitación a tal o cual concurso. Creímos que dicha práctica se iba a erradicar en esta administración, pero vemos que apenas empieza la nueva administración y ya comenzaron con prácticas de corrupción muy preocupantes”, señala una misiva enviada a esta columna.

Deuda impagable de los municipios

A principios de la década de 1990, la banca comercial fraguó el gran negocio con el presupuesto público de los gobiernos estatales y municipales, al convertirlos mediante el crédito en clientes cautivos. Las altas tasas de interés bancarias han llevado prácticamente a la quiebra a muchas administraciones municipales y estatales, sin que alguien proteste y sin importar la persona o partido político que esté en el poder, pues al final de cuentas las impagables deudas de gobiernos y municipios se heredan a las administraciones siguientes y éstas se garantizan con el presupuesto público.

El negocio resulta tan oneroso para la banca –debido a las estratosféricas tasas de interés que están aseguradas con dinero público– que para algunos bancos los ayuntamientos y los gobiernos de los estados representan el 95 por ciento de sus clientes, los cuales concluyen sus gestiones con endeudamientos superiores a los que recibieron al entrar.

La mecánica de endeudamiento es muy simple: un empleado bancario llega hasta las oficinas gubernamentales y le ofrece a los responsables de la administración dinero fácil, rápido y sin aval. Dicha propuesta permite en apariencia hacer solvente a la nueva administración de gobierno, a fin de que las autoridades entrantes cuenten con recursos frescos para pagar salarios, obras y servicios.

El banco le asegura a los empleados municipales y estatales que al principio tendrán una tasa de interés baja, pero para ello tienen que cumplir puntualmente con el pago en los plazos establecidos; pero si fallan, como siempre ocurre por la demora en la entrega de los presupuestos federales, esa tasa supuestamente baja se incrementa brutalmente y la deuda simplemente se vuelve impagable y acumulativa con relación a la contratada originalmente. Ese es el motivo que actualmente dicha deuda ascienda a los 435 mil millones de pesos.

Al recibir un municipio o un gobierno quebrado, los nuevos e ingenuos gobernantes caen en la trampa bancaria aceptan los créditos, pues al final de cuenta la deuda no la asumen en lo personal y la puede heredar a la siguiente administración sin incurrir en responsabilidad alguna. Los que sufren con estas onerosas deudas crediticias es la población, pues cada día se reduce el dinero destinado a obras y servicios públicos.

Por lo anterior el Congreso de la Unión, que había sido omiso durante las dos últimas décadas ante tan grave problema financiero enmarcado por la usura bancaria, ha rectificado y por fin la Cámara de Diputados ha puesto los primeros candados mediante reformas constitucionales y un “sistema de alertas” para impedir que gobernadores y presidentes municipales contraten deuda indiscriminadamente. La pregunta es ¿quién pagará la deuda de casi 435 mil millones de pesos? Una vez más serán todos los mexicanos quienes asuman con dinero público este compromiso.

Además, las autoridades estatales y municipales deberán hacer públicos todos los financiamientos y obligaciones crediticias de manera oportuna y transparente, a través de un registro público único.

Así, de acuerdo con los informes de la deuda pública de las entidades federativas y municipios que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el saldo de las obligaciones financieras muestra desde la década de 1990 una alarmante tendencia al alza, pero a partir de 2007 ese crecimiento se volvió mucho más acelerado.

Entre 1993 y 2012, el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas pasaron de 18 mil 278 millones de pesos a 434 mil 900 millones; es decir, en 20 años la deuda de estados y municipios creció cerca de 2 mil 400 por ciento.

Para llegar a esta información, las autoridades hacendarias tomaron como base el monto de las obligaciones financieras observadas en las entidades federativas del país, en donde los estados menos endeudados son Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Querétaro, Colima y Tabasco, mientras que los más endeudados son el Distrito Federal, Nuevo León y el Estado de México; aunque hay que señalar que estos últimos tienen una deuda controlada, debido a que sus ingresos son los más elevados del país.

En el análisis del comportamiento de la deuda pública durante 2010, se observa que su incremento se asoció en buena medida a una política agresiva de contratación de créditos en ciertos estados de la República, de los cuales destaca Coahuila, cuyo gobernador era Humberto Moreira Valdez, quien incrementó su deuda al pasar de 1 mil 561.6 millones de pesos en 2009 a 36 mil 500 millones de pesos en 2012.

Algunos otros estados, como Morelos, Quintana Roo y Veracruz, también llaman la atención por el acelerado crecimiento de su deuda. Debe señalarse que, en términos de monto, el caso más alarmante es Coahuila y en éste los medios de comunicación han puesto toda la atención, pero se han olvidado de otros estados en donde el problema es casi igual: Veracruz, Quintana Roo y Sonora.

En el supuesto contrario se encuentra Campeche, que es la entidad con menor saldo registrado. Le sigue Tlaxcala, el cual de acuerdo con su legislación local, al cierre de cada ejercicio debe mantener en cero el saldo de sus obligaciones financieras, lo que obliga a las autoridades municipales y estatales a no endeudarse indiscriminadamente porque incurren en diversos delitos.

El importe de las obligaciones contraídas por una entidad no se constituye en un indicador relevante o único, ni debe considerarse exclusivamente para determinar la viabilidad o el riesgo que representa la deuda para una entidad de la República, sino que el análisis debe contemplar diversas variables que permitan ampliar el panorama y otorgar una visión clara y objetiva de la situación financiera de las entidades federativas.

A pesar de que algunas entidades como el Estado de México y Jalisco tienen elevados niveles de deuda, su situación es equilibrada al tomar en cuenta que ambas entidades han mostrado una tendencia moderada de crecimiento y que en relación con variables, como participaciones federales o su producto interno bruto, se ubican en niveles intermedios.

Por el contrario, hay entidades que incluso con pasivos inferiores tienen mayores presiones financieras. En este supuesto se encuentran Coahuila, con una deuda equivalente a prácticamente tres veces sus participaciones federales; Quintana Roo, 216 por ciento; Nuevo León, 168 por ciento, Chihuahua, 125 por ciento, y Michoacán, 105 por ciento.

Las autoridades señalan que sobre el particular se debería evaluar por parte de los órganos de fiscalización de las legislaturas locales el destino de los recursos captados por endeudamiento y verificar que su ejercicio se haya constreñido a lo señalado por la ley.

Ahora que el Congreso de la Unión legisló para establecer obligaciones en materia de transparencia de los financiamientos de corto y largo plazo que se contraten, también deberían hacerlo los congresos estatales. Éstos deben determinar topes en la autorización de garantías y fuentes de pago de los créditos contratados, y para que la Secretaría de Hacienda realice un mejor ejercicio de registro, control y transparencia de la información sobre la deuda de estados y municipios, que se había convertido en una información reservada y confidencial.

De acuerdo con otro informe trimestral sobre la deuda pública de entidades federativas y municipios que publica la SHCP, el saldo de las obligaciones financieras de los municipios en el segundo trimestre de 2012 ascendió a 44 mil 859.1 millones de pesos.

Dicho monto está compuesto de la siguiente forma: a la banca comercial le corresponde el 49.4 por ciento; a la banca de desarrollo, 42 por ciento; a las emisiones bursátiles, 2.9 por ciento, y a las Sofomes, Sofoles y acreedores diversos, el 5.7 por ciento.

Las entidades federativas con mayor monto de deuda municipal son Jalisco, con 8 mil 130.2 millones de pesos; Estado de México, con 5 mil 626.8 millones; Nuevo León, con 5 mil 237.1 millones; Baja California, con 4 mil 3.9 millones, y Veracruz, con 2 mil 840.8 millones. En conjunto estas cinco entidades abarcan el 57.6 por ciento del total de la deuda municipal de todo el país.

Lo deseable aquí es que la Auditoría Superior de la Federación revise si la deuda contraída por los municipios y los estados más endeudados fue invertida en beneficio de la población, pues mucho de ese dinero fue a parar a campañas políticas o simplemente sirvió para enriquecer a gobernadores, alcaldes y empresarios.

Las entidades con menor deuda municipal son Tlaxcala, con 62.5 millones de pesos; Hidalgo, con 112.5 millones; Zacatecas, con 130.8 millones; Campeche, con 133.4 millones, y Yucatán, con 147.4 millones.

Los municipios con mayor deuda al 30 de junio de 2012 fueron Guadalajara, con 2 mil 680.7 millones de pesos; Tijuana, con 2 mil 539.9 millones; Monterrey, con 2 mil 146.1 millones; Zapopan, con 1 mil 447 millones; Benito Juárez (Cancún), con 1 mil 365.9 millones; Nuevo Laredo, con 1 mil 114.7 millones; León, con 1 mil 14.7 millones; Mexicali, con 950.2 millones; San Nicolás de los Garza, con 901.8 millones, y Tlaquepaque, con 845 millones.

En conjunto, la deuda de estos 10 municipios representa el 33.5 por ciento de la deuda municipal de todo el país, y tres de estos municipios se ubican en Jalisco, dos en Baja California, dos en Nuevo León, uno en Quintana Roo y otro en Guanajuato.

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