Todo parece indicar que un caso más de corrupción y abuso de poder en el gobierno federal quedará impune, con un consecuente daño a las finanzas públicas de hasta 44.3 millones de dólares (unos 558.5 millones de pesos, a un tipo de cambio de 12.9 pesos por dólar).
Igual como sucedió en los 12 años de las administraciones federales panistas, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su director general, el priísta Francisco Rojas Gutiérrez, ha hecho poco o casi nada para impedir que en la segunda empresa más importante del Estado un grupo de servidores públicos, coludidos con empresas privadas, defrauden a esa paraestatal sin pagar las consecuencias.
Uno de esos casos es el contrato FAGP-001/2009 firmado en enero de 2010 entre la CFE y la empresa intermediaria FGG Enterprises LCC, para la compra de tres turbinas que servirían para mejorar la operación de la Central (termosolar) de Agua Prieta II, ubicada en Sonora.
De acuerdo con el informe del Área de Auditoría Interna del Órgano de Control de la CFE, elaborado en 2012 y bajo reserva por 3 años, la CFE pagó 32 millones de dólares como “adelanto” para dicha adquisición y hasta la fecha no ha recibido los turbogeneradores de gas y de vapor, los cuales aún se encuentran en los talleres de la compañía Mitsubishi Power Systems América, ubicados en las ciudades de Takasago, Japón, y Dunkerque, Francia, respectivamente.
En el amplio expediente, clasificado con el número de auditoría 2/2012, se explica que “debido a los incumplimientos del proveedor (la intermediaria FGG Enterprises), la CFE realizó el finiquito del contrato donde se determinaron las penas convencionales por la falta de entrega del total de las ingenierías al 25 de abril de 2012, por 271 mil 200 dólares, así como 12 millones 81 mil 840 dólares por la falta de entrega de las turbinas, por lo que se le requiere al proveedor un monto total de 12 millones 353 mil 40 dólares, así como reintegro de pagos realizados por 32 millones de dólares, lo que da un importe total de finiquito de 44 millones 353 mil 40 dólares”, a favor de la CFE.
A pesar de este dictamen, dicha empresa del Estado no ha sido resarcida en su daño patrimonial y tampoco cuenta con las turbinas requeridas. Además, ningún funcionario de la CFE ha sido procesado por los delitos de fraude, abuso de poder, colusión y soborno. Apenas se ha fincado alguna inhabilitación a un funcionario menor, mientras que los responsables del desfalco a las arcas de la Comisión siguen impunes: Eugenio Laris Alanís, director de Proyectos de Inversión Financiada; Alberto Ramos Elorduy, subdirector de Desarrollo de Proyectos; Eduardo Buendía Domínguez, subgerente técnico de Productores Externos de Energía, y Armando Reynoso Navarro, gerente de Proyectos de Productos Externos de Energía.
Fuentes de la paraestatal revelaron que el principal responsable Laris Alanís prepara ya sus maletas para abandonar la Dirección de Proyectos de Inversión de la CFE, pero no por el fraude cometido contra la paraestatal, sino porque al cumplir 80 años de edad merece su jubilación, con sueldo completo de por medio, por lo cual sólo laborará hasta el próximo martes 25 de junio.
Según el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal, la percepción bruta de Laris Alanís asciende a 193 mil 755 pesos mensuales.
Las fuentes explicaron que para eludir la fiscalización de la fallida compra de las tres turbinas, los funcionarios involucrados de la CFE pagaron los “adelantos” por 32 millones de dólares con dinero del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP). Los fondos de este contrato fiduciario se estima que ascienden a unos 3 mil millones de pesos y se operan como si se tratara de una cuenta privada aperturada en el Banco Nacional de Comercio Exterior.
Dicha operación irregular la hicieron a pesar de que, de acuerdo con las normas y reglas de operación del Fideicomiso, hay un candado que sólo permite ejercer hasta 10 millones de pesos por cada obra o servicio, sin embargo al pagar 32 millones de dólares en dos exhibiciones, el monto sustraído del Fideicomiso superó los 400 millones de pesos.
Del expediente elaborado por el Órgano Interno de Control se desprende que todo el proceso de contratación a favor de FGG Enterprises LCC fue irregular. Los auditores señalan incumplimientos a las bases de licitación pública internacional 18164067-012-09 del contrato FAGP-001/2009; incumplimiento durante el proceso de contratación relacionado con esa misma licitación y contrato; incumplimientos al contrato y a las reglas del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos; incumplimiento a las cláusulas del contrato de prenda sin transmisión de la posesión del contrato; incumplimientos al contrato y pendiente el cobro de dos pagos realizados por 32 millones de dólares a FGG Enterprises LCC; irregularidades en la autorización de la excepción de la carta de crédito por un contrato de prenda sin transmisión de la posesión y en las razones para la celebración del primer convenio modificatorio del contrato.
Así, FGG Enterprises LCC fue declarado ganador de la licitación internacional para la adquisición de dos turbogeneradores de gas y un turbogenerador de vapor a pesar de ser una mueblería con sede en Alamogordo, Nuevo México. Ésta se describe a sí misma como “proveedora de gabinetes, mostradores, iluminación, suelos, herrajes para puertas y grifos de baño. […] Y nos especializamos en frotado y cepillado de accesorios de bronce y níquel”.
Los auditores encontraron que la empresa intermediaria había incumplido las bases de la licitación porque su propuesta técnica no presentó la traducción al español de la descripción de los bienes y servicios de mantenimiento ofertados, lo que era causa de descalificación según el punto 1.29. No obstante, el dictamen técnico de la CFE estableció: “cumple técnicamente”.
Otra observación consiste en que, una vez que se dio el fallo el 19 de noviembre de 2009, se indicó que dentro de los 20 días naturales siguientes se formalizaría el contrato; sin embargo, relatan los contralores, se celebraron dos convenios para prorrogar la firma del contrato (el 6 y 18 de diciembre de 2009, respectivamente), por lo que se formalizó el contrato hasta el 6 de enero de 2010. En este punto, los funcionarios de la CFE violaron el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones y el numeral 1.41 de las bases de licitación.
Ya con el contrato firmado, las anomalías no sólo continuaron sino que causaron serios daños a las finanzas de la “empresa de clase mundial”. De acuerdo con el reporte de la auditoría, el coordinador técnico II del Fideicomiso (actual coordinador de Proyectos Termoeléctricos de la CFE, Ramón A Fernández Velázquez) no informó a los miembros del Comité FAGP con la debida oportunidad de los compromisos contractuales que, en febrero de 2010, la empresa FGG debió entregar a la CFE. Concretamente, los programas de ingeniería para asegurar que la unidad y equipos auxiliares estaban siendo fabricados y suministrados de acuerdo con el alcance de la propuesta y las especificaciones técnicas de la Comisión.
Los auditores indican que FGG Enterprises incumplió con esa entrega, conforme a lo manifiesto en el anexo 6 del contrato. Con esta omisión se desatendieron las Reglas de Operación del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos que señalan que el coordinador técnico II dará aviso al Comité en forma inmediata de cualquier irregularidad que detecten y que permita presumir que cualquier acuerdo del Comité no esté siendo observado en la ejecución de los gastos.
Esto, indican los contralores, ocasionó el pago de los dos primeros entregables por 20 y 12 millones de dólares, pese a la falta de cumplimiento del proveedor (es decir, la mueblería FGG Enterprises).
Al respecto, el 23 de julio de 2012 –mediante el oficio 7B/RAFV/2012, dirigido al titular del Área de Auditoría Interna– Ramón Fernández Velázquez “aclaró”: “Sobre este particular, y de manera específica por lo que hace a la supuesta omisión que me imputa esa área a su digno cargo, le comunico que si bien es cierto que en febrero de 2010 existía un ‘retraso’ en la entrega de la ingeniería por el proveedor, lo cual no constituía una irregularidad que permita presumir que cualquier acuerdo del Comité no esté siendo observado en la ejecución de los gastos ni que en ningún momento pusiera en peligro al proyecto, también lo es que dicho retraso desapareció en el mes de junio de 2010, cuando el proveedor había entregado el ciento por ciento de los programas que esa autoridad indica”.
La conclusión del informe de auditoría del Órgano Interno de Control de la CFE apunta: “En nuestra opinión y de acuerdo con la naturaleza, características y periodo de los aspectos examinados, se concluye que en las áreas auditadas presentan deficiencias en la supervisión, en los sistemas de control e información, así como incumplimientos de la normatividad en la materia; en consecuencia, por sus efectos se ha considerado clasificar las observaciones determinadas como de alto riesgo, además de los impactos que ha tenido en medios de comunicación el asunto, y el posible daño que podría ocasionar a la CFE, por lo que se está analizando la gravedad de las irregularidades que pudiesen resultar sancionables al tenor de los dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; en lo sucesivo se deberán reforzar las funciones de planeación, contratación, ejecución, administración de contrato, entrega, cumplimientos respecto a las adquisiciones de bienes, con estricto apego a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, buscando las mejores condiciones para la CFE”.
Uno de los medios de información que ha dado cuenta de este caso es el diario Reforma. En la nota “Facilitan fraude a la CFE y… nada”, del 5 diciembre 2012, la reportera Alejandra López refiere que Alberto Ramos Elorduy, subdirector de Desarrollo de Proyectos, fue suspendido de su puesto mientras se realizan las investigaciones. También indica que la empresa FGG se constituyó en Nevada, Estados Unidos, el 3 de abril de 2009, días después de que se lanzara la licitación de las turbinas.
La información de la reportera puntualiza otra de las irregularidades de este caso: para recibir las turbinas, FGG ofreció en garantía a la paraestatal una carta de crédito por 20 millones de dólares. Sin embargo, Ramos Elorduy aceptó que en lugar de la carta de crédito se diera en garantía una carta prendaria de las turbinas a pesar de que aún no eran propiedad de FGG.
“Adicionalmente, el 3 de marzo de 2010, Laris Alanís, superior jerárquico de Ramos, aceptó que el pago del anticipo a FGG se hiciera en una cuenta del First Caribbean International Bank, ubicado en Islas Turcas y Caicos, un paraíso fiscal del Caribe”.
Ante los evidentes actos de fraude, colusión, soborno y abuso de poder, la CFE debe proceder penalmente y presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República, en donde el Ministerio Público Federal debe integrar la averiguación previa correspondiente y consignarla ante un juez para castigar a los responsables de este escandaloso fraude perpetrado en los últimos años del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.
Sin embargo, es evidente que este caso de corrupción quedará impune, pues el “Pacto por México” todo lo soporta, tolera y permite antes que se dé su disolución y se alcancen las reformas energética y fiscal que pretende el gobierno de Enrique Peña Nieto. La injusticia e impunidad como forma de gobierno.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
