Si el uso indebido de recursos públicos y el abuso del poder por parte de la burocracia son de por sí actos reprobables entre la sociedad, causa mayor indignación cuando el despilfarro corresponde a dinero destinado al sector salud, cuyo presupuesto siempre ha sido limitado e insuficiente para atender las necesidades primarias de atención médica de millones de mexicanos en pobreza extrema.

Han transcurrido cuatro meses de que Felipe Calderón dejó la Presidencia de la República y apenas empezamos a conocer cifras y datos duros que revelan parte de esos abusos de la burocracia en la Secretaría de Salud durante el gobierno anterior, cuando esta importante oficina de gobierno tuvo como titulares primero a José Ángel Córdova Villalobos y después a Salomón Chertorivski Woldenberg.

El despilfarro del que hablamos fue en la Dirección General de Comunicación Social, a cargo de Carlos Olmos, quien gastó, sólo durante 2012, año de elección presidencial, unos 2 mil 500 millones de pesos en publicidad, todo autorizado verbalmente desde Los Pinos por su jefa de prensa Alejandra Sota, para resarcir a los medios de comunicación que apoyaban abiertamente a la candidata oficial a la presidencial y criticaban a los aspirantes de oposición.

Esa vieja práctica corrupta de usar de manera facciosa la publicidad oficial para mantenerse en el poder y complacer a los medios afines, se ejecutó en varias secretarías de Estado como Salud, Desarrollo Social y Turismo, principalmente, así como en algunas empresas paraestatales al mismo momento de arrancar las campañas políticas electorales, con lo que se buscaba complacer a medios electrónicos y escritos que exaltaban las políticas públicas de Calderón, aún aquellas que causaron decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

Por ello el actual gobierno ha ordenado una investigación a fondo del uso del presupuesto en Salud durante los últimos tres años del gobierno calderonista, para deslindar responsabilidades y actuar en contra de quienes hayan abusado con dinero público y hasta lo hayan desviado.

Algunos datos que probablemente les sirvan a los auditores del órgano de control interno de la Secretaría de Salud, es que sólo en 2012 esa dependencia registró un gasto de unos 2 mil 500 millones de pesos en publicidad, de los cuales más de 320 millones aún se adeudan, por “insuficiencia presupuestal”, a varios periódicos, revistas y medios electrónicos, debido a que el área de comunicación social de Salud se salió del presupuesto ante las presiones y exigencias de la Presidencia de la República para llenar los bolsillos de algunos dueños de medios de comunicación complacientes con el gobierno.

El caso ha subido de nivel y ha llegado a la secretarías de Hacienda y de Gobernación, responsables de las autorizaciones del presupuesto público para la publicidad, y hasta allí han llegado las peticiones de empresarios de medios de comunicación para que les liquiden dicho adeudo millonario que dejó impunemente el gobierno de Calderón.

Mientras esta bola de corrupción creada en las secretarías de Salud, Sedesol y Turismo durante el gobierno de Calderón está a punto de estallar, la actual administración ha abierto expedientes en la Secretaría de la Función Pública. Uno de ellos está en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, específicamente para determinar si los respectivos secretarios, José Ángel Córdova Villalobos y Salomón Chertorivski Woldenberg (actual secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino) en el sexenio pasado estuvieron involucrados en el mal manejo de recursos en publicidad y si también autorizaron los sobregiros por cientos de millones de pesos.

Otro expediente se abrió en Hacienda para revisar el gasto en todas las áreas de comunicación social de las secretarías de Estados, organismos descentralizados y paraestatales, que pudieron verse involucrados en gastos desorbitantes por instrucciones giradas desde la oficina de prensa de Felipe Calderón durante los últimos tres años, ocupada primero por Maximiliano Cortazar (2006-2010) y después por Alejandra Sota (2010-2012).

Inician auditoría en Salud

Por lo pronto un ejército de auditores inició la semana pasada su trabajo de revisión en la Secretaría de Salud, correspondiente a los tres últimos ejercicios fiscales del sexenio pasado, con atención especial en el área de Comunicación Social que dirigió Carlos Olmos.

Para los investigadores del caso, tanto de Hacienda como de la Función Pública, hay la certeza de que hubo un mal uso de recursos públicos que podría derivar en sanciones administrativas y hasta penales, que concluirían en inhabilitaciones y acusaciones por delitos de peculado y fraude con el presupuesto público, además de que se presume hubo pago de jugosas comisiones a funcionarios de Salud a cambio de que autorizaran importantes partidas presupuestales de publicidad. Por ello también se revisará la situación patrimonial de varios servidores públicos que se sospecha se han enriquecido ilícitamente con comisiones.

Molestos porque no les han pagado 260 contratos correspondientes a los 360 millones de pesos, los empresarios de varios medios de comunicación han iniciado el cobro de publicidad que les autorizaron en el sexenio pasado, mediante amenazas de denuncias penales por fraude, además de hacer público el adeudo contraído por el gobierno anterior.

En la Secretaría de Hacienda también fijaron posición y su Dirección General de Programación y Presupuesto precisó que esa unidad administrativa no cuenta con recursos en el actual ejercicio fiscal para liquidar dicho concepto, como lo ha demandado Salud, mientras que el titular de Hacienda, Luis Videgaray, ha comentado en reuniones privadas que ese dinero no se pagará con el actual presupuesto público, pues corresponde a un sobregiro del gobierno anterior, además de que dichos recursos mal utilizados fueron destinados para apoyos a la campaña de la candidata oficial a la Presidencia de la República y a la imagen del propio Calderón.

Acusa Olmos a exvoceros de Calderón

Mientras esto ocurre en las secretarías de Hacienda y de Salud, y la madeja de corrupción empieza a deshilarse, el vocero Olmos encontró refugio en la Cámara de Senadores como coordinador de Comunicación Social, con el respaldo de los líderes de las bancadas del PRI, Emilio Gamboa, y del PAN (al cual sirvió), Ernesto Cordero.

Entrevistado por la reportera Nancy Flores, Carlos Olmos se defiende y asegura que él no es el único responsable, y culpa a los exvoceros de Felipe Calderón, pues las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia de la República “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”. Sin embargo, acepta que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”.

Agrega: “Nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga, o donde venga: ‘Presidencia [ordena] esto’. Te hablan, ‘haz esto’”.

En 2012 –el año de las elecciones presidenciales en el que se estableció una veda electoral de abril a julio– el gobierno de Calderón Hinojosa destinó 6 mil 860 millones de pesos al gasto publicitario en medios electrónicos e impresos.

De ese total, Olmos Tomasini reconoce que la Secretaría de Salud ejerció 2 mil 500 millones, es decir el 36.44 por ciento.

—¿Por qué gastaron 2 mil 500 millones de pesos en un año electoral?

—Se gastaron en enero, febrero y marzo. No se gastó después.

—¿2 mil 500 millones en 3 meses?

—Perdón, pero fue la orden que tuvimos.

—¿Quién lo ordenó?

—Presidencia y Gobernación.

A lo largo del sexenio calderonista, el desembolso en el rubro publicitario superó los 32 mil millones de pesos, y la razón de aplicar la mayor publicidad en el primer trimestre de 2012, es porque la ley le impedía al gobierno hacerlo durante las campañas políticas.

Investigaciones en marcha

La orden que recibió de Presidencia el área que encabezaba Olmos Tomasini en los primeros 3 meses de 2012 se volvió en su contra: 260 contratos con medios de comunicación no se han pagado, por “insuficiencia presupuestal”. Así, la administración de Salomón Chertorivski Woldenberg heredó una deuda de 317 millones 78 mil 991 pesos a la gestión de la secretaria Mercedes Juan López.

No obstante, Olmos Tomasini se defiende: “Las campañas de salud siempre son emergentes. No tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña; entonces Gobernación te dice: ‘necesitamos una campaña, busca el tema. Ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones; súbelo, arma la campaña’. Gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero. Pero ya la campaña está caminando”.

En la Secretaría de Hacienda, la gestión de José Antonio Meade –actual secretario de Relaciones Exteriores– entregó 1 mil 838 millones 409 mil 399 pesos para cubrir la mayor parte de los contratos, a través de los acuerdos 801.1.099, 801.1.102, 801.1.118, 801.1.149 y 801.1.161. Los oficios –de los cuales se posee copia– fueron firmados por los exsubsecretarios de Egresos, Carlos Alberto Treviño y Bogart Montiel Reyna.

—¿Por qué no mandaron dinero para estos 260 contratos?

—Ahí sí no te sé decir eso; no te lo sé decir porque era una cuestión administrativa, y ya no regresó el dinero Hacienda. Ahora, es correcto lo de los 2 mil 500 millones de pesos, que fue en números redondos que bajaron; pero en esos 2 mil 500 millones debes incluir, por eso tiene un diferencial, que el Seguro Popular se manejaba independiente. Entonces parte de este dinero fue para el Seguro Popular [Comisión Nacional de Protección Social en Salud]. No nos mandaron todo el dinero a nosotros. Se pagaron las campañas del Seguro Popular y eso yo no lo manejaba.

—¿Pero tú sí manejabas estos 260 contratos que no se pagaron?

—Sí. Todo esto sí. De todo esto yo soy responsable. De la bajada del dinero sí era directamente [responsable] Gobernación, Hacienda y el área de pagos de la Secretaría [de Salud]. Entonces nosotros debemos hacer uso al soltar la lana en base a la autorización de Gobernación. Si tú querías hacer una campaña, tenías que solicitar la autorización de Gobernación, para que luego solicitara a Hacienda el dinero. Así ha trabajado siempre la Secretaría de Salud. Esto no es nuevo.

—¿Quién te autorizó en Gobernación?

—Alejandro Echegaray [exdirector General de Normatividad].

El oficio SNM/DGNC/0010/12, emitido por la Secretaría de Gobernación el 3 de enero de 2012 y firmado por el propio Alejandro Echegaray, autoriza una de las tres campañas publicitarias de la Secretaría de Salud que costaron al erario 2 mil 100 millones de pesos.

“Esta Dirección General [de Normatividad], en el ámbito de su competencia, autoriza la difusión de la campaña ‘Igualdad de oportunidades’, versión ‘Infraestructura hospitalaria y equipamiento médico”, de conformidad con su solicitud, sometida mediante oficio DGCS/DCyE-0008/12, del 3 de enero de 2012.”

Posteriormente, cita las especificaciones: medios de difusión seleccionados (algunos de ellos: Televisa, Tv Azteca, Canal 44, SIPSE, Productora y Comercializadora de Televisión), con una vigencia del 4 de enero al 7 de marzo de 2012.

Las otras dos campañas fueron autorizadas con los oficios SNM/DGNC/0075/12 (“Adicciones”) y SNM/DGNC/0371/12 (“Control de enfermedades y alerta sanitaria”). En los tres casos, la Dirección General de Normatividad detallaba los medios de comunicación que serían contratados.

Aunque Olmos Tomasini dice no recordar a todos los medios que se les debe, señala que ni Televisa ni TV Azteca se encuentran en esa situación (a éstas sí les pagaron). Están Milenio, Telmex, CIE, TVC y varias cableras, indica a botepronto.

Sobre la investigación que se sigue respecto de su gestión, indica, “estoy tranquilo”. Manifiesta que todos los contratos que asignó fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezaba Alejandro Poiré Romero, con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

También se dice confiado en que la Secretaría de Salud pague los 317 millones 78 mil 991, correspondientes al sobregiro presupuestario de 260 contratos con empresarios de los medios de comunicación.

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