Una y otra vez, analistas y estudiosos de los temas del tráfico de drogas y el crimen organizado han insistido en la imposibilidad de que algún gobierno pueda reducir, y mucho menos acabar, con la industria del narcotráfico si no se combaten de origen las finanzas de los cárteles de la droga, pues es el dinero sucio lo que les permite subsistir, abastecerse de armamento y corromper a políticos, burócratas, jueces, policías, militares y hasta productores agrícolas.

Eso que ya todos sabíamos fue ignorado premeditadamente por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes lejos de combatir el lavado de dinero durante sus gestiones fueron los principales promotores del crimen organizado al negarse a intervenir los principales centros de blanqueo de capitales. El resultado, al final de su mandato, fue el florecimiento de la industria de la droga, el incremento considerable de la violencia y la proliferación de miles de millones de dólares procedentes del crimen organizado.

En el sexenio pasado, donde ocurrió el mayor número de crímenes, secuestros y desplazados, Calderón prefirió desatar la violencia en plazas y calles en una confrontación abierta del Ejército Mexicano contra los cárteles de la droga, sin tocar mínimamente las finanzas producto del narcotráfico, por lo que las bandas criminales siempre contaron con cuantiosos recursos que lavaron en bancos y casas de bolsa y de cambio, principalmente.

Con el nuevo de gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado un giro al documentar que suman 270 instituciones financieras del país las que están involucradas con el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Ahora sólo falta que apliquen sanciones ejemplares que inhiban esa vieja práctica en México.

Una investigación de la reportera Nancy Flores revela cómo en el gobierno panista de Felipe Calderón, entre 2007 y 2012, la UIF documentó el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito, lo que le permitió presentar 232 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República. Sin embargo, ese monto apenas representa el 14 por ciento de lo que las autoridades hacendarias reconocen oficialmente que se lava en los circuitos financieros mexicanos.

De acuerdo con reportes del Congreso de Estados Unidos, en México, durante el sexenio pasado, fueron blanqueados 3 billones 42 mil millones de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los cárteles de la droga introdujeron 130 mil millones de pesos en los circuitos financieros del país.

Tardía e incompleta Ley Antilavado

Otra investigación de la reportera Erika Ramírez establece que 13 años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, apenas entrará en vigor en México la ley antilavado. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sigue el dinero (follow the money) sentencia el dicho de quienes combaten el lavado de dinero. Pero, ¿todo el dinero? Ésa es la duda que cabe entre los especialistas que analizan la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, pero que será vigente a partir de junio próximo, fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa.

Sin embargo, ésta llega 13 años después de que México asumiera un compromiso con la comunidad internacional para combatir este ilícito, al firmar la Convención de Palermo, en 2000. También, seis años más tarde del inicio de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado, actividades sumamente rentables.

El lavado de dinero es la punta del iceberg en las operaciones realizadas por el crimen organizado, explica José Morera, mánager de la empresa española Aplicaciones en Informática Avanzada. Esta práctica permite que las organizaciones lo constituyan en una actividad rentable porque pone en circulación los beneficios de las actividades criminales.

Entre otros aspectos, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece límites al uso de dinero en efectivo para operaciones relacionadas con la adquisición de bienes y establece un catálogo de “actividades vulnerables” (juegos, apuestas, concursos y sorteos, comercialización de tarjetas de crédito o de prepago, otorgamiento de préstamos o créditos, transacciones en casas de empeño, construcción, desarrollo y compra-venta de bienes inmuebles, adquisición de vehículos, aviones y yates).

En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo.

De acuerdo con los especialistas consultados, es común que los delincuentes realicen importantes depósitos en efectivo incompatibles con el tipo de negocio que supuestamente efectúan, grandes pagos a empresas extranjeras incompatibles con el valor del producto recibido y cambios inexplicables en la actividad de la cuenta, así como el uso de cantidades pequeñas por debajo del límite de reporte (smurfing).

Para lavar dinero, los criminales también recurren a transacciones comerciales y a organizaciones que son o parecen ser legítimas (aseguradoras; casinos en línea; casas de cambio que implican el uso intensivo de efectivo con origen desconocido; el “mundo del fútbol”, donde se pagan altos precios de forma opaca a través de transferencias internacionales, y organizaciones no gubernamentales).

IFE vulnera la seguridad nacional

Alguien debe avisarles a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) que el manejo de datos personales de 75 millones de mexicanos en edad de votar es un asunto de seguridad nacional. La razón es que abrió la convocatoria internacional LPIFE-009/2013 para licitar 75 millones de credenciales para los próximos 5 años y los datos biométricos (fotografía y huellas de cada persona) quedan sin protección alguna.

Según expertos en el tema el IFE debió exigir puntualmente en su convocatoria la urgente necesidad de que la credencial para votar tenga una protección de los datos personales, sobre todo porque se trata de un concurso internacional en donde participan empresas de Europa y Estados Unidos, lo que puede utilizarse por las agencias de investigación extranjeras como un instrumento para vigilar a los mexicanos y esto está prohibido por la Constitución.

El mes pasado, el contralor IFE, Gregorio Guerrero Pozas, hizo duros señalamientos en contra de los consejeros del Instituto, incluido su presidente Leonardo Valdés Zurita y su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, a quienes acusó de ocultar la corrupción y permitir el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una vieja práctica ilícita en ese órgano electoral autónomo.

Ahora el contralor ha sido nuevamente requerido por varias empresas mexicanas y extranjeras que están interesadas en la millonaria licitación, para que investigue diversas irregularidades que el IFE ha cometido en el proceso.

El Consejo General del IFE –integrado por su presidente Valdés Zurita, su secretario ejecutivo Molina y los siete consejeros electorales: Marco Antonio Baños Martínez, Lorenzo Córdova Vianello, María Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo Figueroa Fernández, Francisco Javier Guerrero Aguirre, María Marván Laborde y Benito Nacif Hernández– es el reponsables de decidir cuál empresa privada será contratada para la elaboración de los 75 millones de credenciales de elector que se utilizarán en los próximos 5 años.

Sin duda Guerrero Pozas indagará los distintos intereses de algunos consejeros que se alejan de la ética y responsabilidad profesional que exige su encargo porque han entablado pláticas secretas con algunas empresas concursantes. Por lo pronto tres empresas presentaron sendas inconformidades ante el IFE: la británica De la Rue México, la francesa Oberthur Technologies de México y la mexicana T.C. Vilsa.

Este contrato millonario bajo licitación pública internacional LPIFE-009/2013 llamó el interés de más de 20 empresas privadas nacionales y extranjeras (Francia, Estados Unidos, España, México), algunas de ellas propiedad de los mismos accionistas; sin embargo, no todas presentaron propuestas por la falta de transparencia, según denunciaron.

Entre las empresas interesadas están Safran Morpho, Inc; L-1 Secure Credentialing, Inc; Informática El Corte Inglés, SA; 3M México; Técnica Comercial Vilsa, SA de CV; Giesecke y Devrient de México, SA de CV; Oberthur Technologies de México, S de RL de CV; Litho Formas, SA de CV; Graphic Security Systems; Grupo Mexgraphic, SA de CV; NEC de México, SA de CV; Smartmatic México; Expansión Mj; Código Empresarial, SA de CV; Grupo Santoro, SA de CV; De la Rue México, SA de CV; Formas Inteligentes, SA de CV; Indra Sistemas México, SA de CV; y Secure Mobile Solution, Inc.

Sin embargo, algunos involucrados en el proceso de licitación aseguran que cualquier empresa que gane el contrato millonario está en el entendido de que deberá cubrir un 10 por ciento adicional del costo de producción para otorgarlo como una comisión a los responsables de la licitación, lo que de ser cierto significaría un soborno multimillonario para algunos servidores públicos corruptos.

En las quejas que presentaron las tres empresas ante el contralor del IFE señalan cuatro aspectos fundamentales:

“1. Violación al artículo 35 segundo párrafo del reglamento del IFE en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. La licitación de referencia violó este artículo, toda vez que se hicieron modificaciones y cambios, lo que constituye sustituciones de los bienes y servicios convocados posteriores a la publicación de dicha licitación.

“2. Los equipos requeridos por las áreas técnicas de ese Instituto no reúnen los requisitos indispensables para la protección de los datos personales que serán entregados a una empresa privada. Dados los avances indebidos en la licitación de referencia, existe la posibilidad que estos datos personales de ciudadanos mexicanos deban ser entregados para su procesamiento a empresas trasnacionales de origen extranjero, sin que los equipos solicitados reúnan los requisitos técnicos para reservar la información de datos personales, biométricos y de domicilio. Existe una grave referencia en el 2003 con las empresas Vanguardia en Informática y Choice Point.

“3. Las modificaciones hechas a las bases de licitación publicadas representan un decremento en las medidas de seguridad, lo cual hace vulnerable a la que es, de facto, nuestra cédula de identidad. Si lo que se pretende es minimizar la seguridad de este documento para dar paso a la cédula de identidad ciudadana, consideramos que esto es un grave error, ya que la credencial para votar es una de las bases importantes en las que se sustenta nuestra democracia y ese Instituto tiene la obligación de corresponder a la confianza que le hemos otorgado 51 millones de mexicanos que votamos en las pasadas elecciones para Presidente de la República, Senadores y Diputados.

“4. Existes tecnologías modernas probadas que pueden esconder al ojo humano el domicilio particular de los ciudadanos, pudiendo ser éste visto por las personas autorizadas a través de simples teléfonos celulares de uso común disponibles de forma generalizada.

“Solicitamos su importante intervención a fin de que se evite continuar con un procedimiento que ha demostrado estar viciado, que no cumple con el reglamento del Instituto y que podría estar violando la Ley de Protección de Datos Personales”.

Es decir, hay riesgo nuevamente de que los datos de millones de mexicanos queden en manos extranjeras y puedan ser vendidos al mejor postor, como ya ocurrió en el pasado. Un asunto de seguridad nacional, sin duda.

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