La semana pasada publicamos en esta columna una carta enviada por proveedores de bienes y servicios para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde se quejaban de supuestas irregularidades en el área administrativa de esa dependencia a cargo del general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga.Según la misiva, varios militares habían integrado una red de corrupción para obtener comisiones a cambio de la asignación de contratos millonarios para adquirir bienes y servicios. Los empresarios inconformes dicen que, para pedirles comisiones económicas, los funcionarios militares aseguraban que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tenía conocimiento del cobro del diezmo.

En la carta decían: “Somos un grupo de proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional, preocupados porque venimos prestando nuestros servicios y la nueva administración del área de compras, donde se encuentran el teniente coronel DEM [diplomado de Estado Mayor] José Alfredo Carrillo Ríos, y el coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado. Desde que llegaron a sus posiciones han pedido cantidades importantes de dinero por anticipado, al comentar que ellos tienen el poder de decidir qué proveedores se quedan, quiénes entran y cuáles se van.

“Nos han dicho que tenemos que alinearnos. Como si fuera poco, nos han dicho que los diferentes procedimientos licitatorios serán transparentes, al invitar a un sinnúmero de empresas por evento; y en las diferentes invitaciones hay irregularidades e inconsistencias, además de pedir requisitos como cartas de exclusividad, cuando conforme a ley si es carta de exclusividad tendría que ser compra directa, pues nadie más participaría.

“Estos dos militares, responsables ahora de la contratación de bienes y servicios para la Defensa, ofrecieron a las diversas empresas participantes información para ganar los contratos por 1 millón de pesos. Esta situación es más grave porque nos dicen que son órdenes del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.”

El mismo lunes que publicamos esta denuncia sobre esa presunta corrupción en el área administrativa de la Secretaría de la Defensa, uno de los militares señalados en la misiva, el coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado, fue separado de su cargo y comisionado a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, además de que se abrió una investigación para determinar su presunta responsabilidad en esa red de chantajes y sobornos en que se ha convertido la asignación de contratos en la Sedena.

El último caso que aseguran los proveedores está lleno de irregularidades y ocurrió apenas hace unos días, se dio cuando las direcciones generales de Sanidad y de Administración de la Defensa declararon desierta la licitación 006/1/2013 para la compra de equipo médico, que tendría un costo aproximado de 108 millones de pesos, sólo para los estados de la República y por año y medio de servicio.

De acuerdo con documentos de la Sedena, de los que esta columna tiene copias, la licitación incluía la contratación plurianual (2013 y 2014) de abastecimiento e insumos de ortopedia para las especialidades de cirugía de ortopedia de rodilla, cadera, maxilofacial, columna de ortopedia y cirugía maxilofacial para hospitales militares, regionales y enfermerías que cuentan con la especialidad.

En dicho proceso licitatorio participaron 15 empresas, algunas de las cuales son investigadas para determinar si durante el sexenio pasado, cuando ganaron varios contratos, otorgaron sobornos a militares de alto rango: Servicios Empresariales Begam, Zaken Internacional, Comerlat, Medical Smart Projects, Comédica, Aplicaciones Médicas Integrales, Pentamed, Farmacéutica Cruz Real, Grupo Autrey, Grupo Farmacéutico Santo Tomás, Grupo Madero, Suministros e Instrumental Médico, Nadro, Savi Distribuciones y Grupo Ruvel.

Entre los militares involucrados en esta licitación declarada desierta está el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos, jefe de la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos, designado por la Subdirección de Adquisición de la Dirección General de Administración como responsable del concurso.

El 20 de marzo se llevó a cabo, en las oficinas de la Sedena, la recepción y apertura de las propuestas técnica y económica, con la participación de representantes de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Administración, del Órgano Interno de Control y de cinco empresas licitantes. Dos días después se presentó el dictamen técnico en donde se indica que ninguna empresa cotizó el ciento por ciento de los requerimientos establecidos en la convocatoria, por lo que se declaraba desierta. Sin embargo, entre los proveedores inconformes se afirma que los funcionarios encargados de la licitación ya tenían seleccionada a la empresa ganadora, pero por errores de ésta no pudieron asignarle el contrato porque hubiera sido demasiado obvio que se trata de un caso de corrupción más.

En los documentos se explica que la empresa Servicios Empresariales Begam cumplió con el 78.4 por ciento de las partidas, mientras que Aplicaciones Médicas Integrales apenas cubrió el 34.1 por ciento y el resto fue mucho menor, por lo que se determinó que las cinco empresas concursantes incumplieron con los requerimientos establecidos en la licitación. Por tal motivo, “esta área contratante procede a declarar desierto por primera ocasión el presente procedimiento de contratación, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones”.

El acuerdo fue firmado por los representantes de las cinco empresas participantes, así como por la Dirección General de Sanidad –representada por el subdirector administrativo, general brigadier Fernando Rafael Martínez Pérez, y el teniente coronel Isaac Enrique Hernández Téllez– y el asesor jurídico de la Dirección General de Administración, mayor Alberto Cortés Ríos.

El teniente coronel Jesús Rogelio Gámez Tamayo, jefe de la Sección Administradora de Contratos, habría sido el responsable directo de armar esta licitación que, según algunas empresas participantes, está repleta de irregularidades. El antecedente de este coronel, según fuentes de la Defensa, es que durante la administración anterior había sido relegado por diversas acusaciones que motivaron el inicio de investigaciones en su contra, pero ahora fue reinstalado en sus responsabilidades para seguir armando las licitaciones.

Focos rojos en Sedena

Preocupado por la corrupción en la asignación de contratos en la Secretaría de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos ha ordenado a los órganos de inteligencia y de control revisar las prácticas de licitación e investigar a las empresas privadas que desde hace varios años se mantienen como las principales ganadoras de los concursos, pues hay preocupación de que diversas compañías sobornan a militares para ganar los contratos y utilizan prestanombres porque varias empresas en realidad pertenecen a servidores públicos, militares y exfuncionarios que han encontrado en los contratos de gobierno una forma de enriquecerse mediante la entrega de comisiones para los responsables de asignarlos.

Un caso grave que aún se investiga en Sedena ocurrió en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón, entre 2010 y 2012, cuando la Defensa entregó 18 contratos a proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

El propósito de esas compras era que el Ejército contara con equipo tecnológico y de comunicación necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), por lo cual, dichas adquisiciones se clasificaron como de seguridad nacional y por ello los contratos se asignaron directamente, es decir, sin licitación de por medio, y bajo autorización de un Comité de Compras del Ejército, en donde participó el entonces secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván.

Sin embargo, mediante una denuncia que salió de la misma Secretaría de la Defensa y fue presentada por militares de alto rango ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, se inició la revisión de ocho contratos por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos, para la compra de equipo de intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de la Sección Segunda del Ejército.

Ahora se ha retomado esa indagatoria porque en las revisiones que hace la actual administración de la Sedena en coordinación con su Órgano de Control, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, destacan posibles contratos irregulares en donde equipos y servicios no se hayan entregado y realizado; en otros, habría fallas en su operación, y en unos más se habría pagado el diezmo, es decir, un porcentaje de entre el 10 y 20 por ciento del monto total del contrato para los militares que lo asignaron a empresas privadas nacionales y extranjeras. También se investiga si las compañías beneficiadas tienen alguna relación con generales o coroneles, pues es una costumbre en la Defensa que los militares recomienden empresas o, a través de prestanombres, sean los dueños de las mismas.

En ese sentido, la actual administración de la Defensa, por instrucciones del general Cienfuegos, ha iniciado una revisión exhaustiva de las empresas que durante todo el sexenio fueron proveedores de bienes y servicios, con el propósito de que nunca más, o por lo menos durante este sexenio, vuelvan a recibir contratos directos ordenados desde los más altos cargos de esa institución militar.

Por lo pronto hay varias empresas en la mira: Disur, Begam, Zaken y Yanbar, entre otras relacionadas con los servicios de Salud y equipo médico, de laboratorio y ortopedia.

Disur, por ejemplo, es una empresa que proporciona el servicio integral de administración de farmacias para la Defensa, que incluye compra, almacenamiento, distribución, administración y control de red fría, así como el control de los procesos administrativos, como son recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y el acceso a la información.

Pues Disur ha sido sancionada en varias ocasiones por la Sedena debido al incumplimiento del contrato y el desabasto de medicinas que esto ha generado, con el consecuente problema que ello ocasiona para los militares que deben ser atendidos.

El mismo gerente comercial de Disur, Eliseo Ramírez, ha reconocido que sí han tenido que pagar multas, pero dice que son mínimas. Según el directivo, esa empresa de servicios farmacéuticos tiene una efectividad del 99 por ciento, y el desabasto no alcanza ni siquiera el 1 por ciento. Como todo contrato con el gobierno federal, tiene cláusulas que cubren cualquier contingencia y en el caso de Disur las multas mensuales son de los 30 mil a los 200 mil pesos, no más, lo cual, asegura, es considerado como normal.

Actualmente Disur arrastra contratos asignados desde la Secretaría de la Defensa durante los últimos 4 años, cuando su titular era el general Galván Galván, y sólo en 2012 ascendieron a unos 300 millones de pesos. Eliseo Ramírez informa que para 2013 tienen una extensión de contrato por otros 120 millones de pesos y esperan que la actual administración les extienda aún más dichos servicios. Sin embargo, al interior de la Defensa sostienen que ni un contrato más se le asignará de manera directa a esta empresa beneficiada en la administración anterior por intereses que ahora son investigados.

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