Presionado por Estados Unidos, el gobierno de Colombia inició hace ya casi 3 décadas un programa de extradición de narcotraficantes integrantes de los cárteles de Cali y de Medellín con un doble propósito: disminuir la violencia que azotaba al principal país productor de cocaína y garantizar que los delincuentes cumplieran sus condenas en prisiones estadunidenses sin beneficio alguno.Esa acción de las autoridades colombianas, asesoradas por Washington, provocó la peor violencia que ese país suramericano haya vivido en su historia, en donde fueron secuestrados y asesinados políticos, candidatos a la Presidencia de aquel país, legisladores, periodistas, dueños de medios de comunicación, generales y directores policiales. Los periódicos fueron atacados con una enorme brutalidad: bombas, granadas, ráfagas de metralleta. Los reporteros que se atrevían a investigar y escribir de las actividades del narcotráfico también sufrieron agresiones y secuestros.

Esa violencia obligó al gobierno de Colombia a pactar con los jefes de la mafia el cese de las extradiciones, y a cambio se entregarían a las autoridades, se respetaría a sus familias y, sobre todo, les dejarían parte de la fortuna que habían acumulado con el tráfico de drogas. En esta negociación nada tuvo que ver el gobierno estadunidense, fue una decisión autónoma que, al paso del tiempo, permitió iniciar a los colombianos su recomposición social, redujo la violencia y desarticuló a los tres principales cárteles de las drogas.

Disminuidos los enfrentamientos entre colombianos, el problema se trasladó a México, en donde el crimen organizado asumió el liderazgo mundial del tráfico de drogas. Es en los últimos 25 años, desde la llegada del priísta Carlos Salinas de Gortari al poder, cuando las estructuras del narcotráfico se fortalecieron cada sexenio y, lejos de diezmar su capacidad de producción, tráfico y comercialización de drogas, como supuestamente se lo propuso el panista Felipe Calderón, éstas van en aumento proporcionalmente igual a la violencia.

Aún no sabemos qué hará el nuevo gobierno priísta con este grave problema que ha fracturado la estructura social, ha vulnerado la economía de muchas familias y ha dejado cientos de miles de huérfanos, viudas y desplazados.

Sin embargo, a diferencia del caso colombiano, los cárteles mexicanos parece no preocuparles –o por lo menos no lo han manifestado públicamente como sucedió en Colombia– que sus integrantes y principalmente sus jefes sean extraditados a cárceles estadunidenses y procesados en aquel país ante la incapacidad de la justicia mexicana para retenerlos en sus prisiones de “alta seguridad”. El caso más sonado es el del narcotraficante número uno, Joaquín Guzmán Loera, jefe del cártel del Pacífico, quien fue liberado de la prisión de Puente Grande, Jalisco, cuando Vicente Fox fue presidente de la República.

Desde que en México se puso también en práctica extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes más “peligrosos”, éstos han negociado con las “poderosas autoridades” del vecino país la disminución de sus condenas a cambio del pago de millones de dólares y de revelar todo el entramado del crimen organizado en México y sus implicaciones en las partes política, financiera y empresarial. Con esto, es el gobierno estadunidense el que ha aprovechado la captura de delincuentes mexicanos y ahora es el que controla la historia del narcotráfico en América.

Sin que parezcan las extradiciones un peligro para el gobierno de Enrique Peña Nieto, más allá de otra violación a la soberanía nacional, éste ha iniciado su gestión con la extradición de un supuesto lavador de dinero del cártel de Sinaloa, ni más ni menos que el dirigido por el principal narcotraficante mexicano, Joaquín el Chapo Guzmán.

Se trata de Pedro Alfonso Alatorre Damy, alias el Piri, supuesto cerebro financiero del cártel de Sinaloa, quien hace unos días fue extraditado a Estados Unidos luego de permanecer preso varios años en México.

Mucho antes de que fuera enviado a una cárcel estadunidense, tuve la oportunidad de entrevistarlo en prisión, y denunció que durante su captura fue víctima de tortura en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), y que en el “interrogatorio” estuvieron presentes agentes de la DEA (Agencia Antidrogas estadunidense).

Desde finales de 2007, el Piri fue acusado por la PGR de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita en la Casa de Cambio Puebla, a favor del cártel de Sinaloa. Además del presunto lavado de dinero, se le imputó el cargo de delincuencia organizada.

“No voy a declarar hasta que venga mi abogado”, dijo Alatorre Damy al ser capturado. Frente a él, José Luis Marmolejo García –extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)– le solicitaba revelar su supuesto nexo con el cártel del Pacífico.

Ésta es su narración:

—Estábamos en un pequeño cuarto, tipo bodega, que se localiza en el interior de su oficina. En medio había una silla donde me sentaron y amarraron. Además de Marmolejo, estaban tres agentes de la PGR, altos y corpulentos, y dos de la DEA. Estos últimos eran quienes formulaban las preguntas que Marmolejo finalmente me hacía.

Ahí, la exigencia de “confesar” pasó a los gritos.

“Iba in crescendo: de los gritos vinieron los jalones de cabello, los golpes, la asfixia”, contó Pedro Alatorre en el Reclusorio Oriente, donde se encontraba preso al momento de la entrevista. “Marmolejo no sólo coordinaba las torturas, también me golpeaba”.

Era el jueves 8 de noviembre de 2007. Por la mañana, Alatorre Damy había sido interceptado a las afueras de su domicilio por elementos de la Policía Federal: “Al final de la calle se me cerraron dos autos; bajaron varias personas armadas y vestidas de civil. Inmediatamente pensé que se trataba de un secuestro. A la altura del Auditorio Nacional, hicieron el cambio de vehículos. Ahí ya se encontraban las cámaras de televisión y los reporteros daban cuenta del operativo que había llevado a mi captura”.

Alatorre Damy fue trasladado a las instalaciones de la SIEDO (ahora SEIDO), ubicadas en avenida Paseo de la Reforma, número 75, colonia Guerrero, en el Distrito Federal.

“Trajeron la bolsa, el agua. Me desnudaron. No quería confesar porque no había hecho nada. Entonces Marmolejo solicitó el botiquín. Sacaron una jeringa y una botellita con algo líquido; me lo inyectaron en los testículos. El ardor era insoportable. Aun así me negué a confesar. Me sacaron de la bodega y trajeron a mi esposa. Dijeron que si era tan macho para ver cómo le hacían lo mismo. Accedí a firmar.”

Según la PGR y la DEA, el hombre identificado también como Pedro Barraza Urtusuástegui es operador financiero del cártel del Pacífico. Su esposa, mantenida en arraigo durante 90 días, no fue acusada de delito alguno.

Alatorre Damy, que era gerente de la sucursal Aeropuerto de la Casa de Cambio Puebla, habría participado en las transacciones financieras que llevaron a la compra de activos utilizados en actividades ilícitas: “Como la aeronave DC9 matrícula N900SA, localizada en Campeche el 10 de abril de 2006, en la que se encontraron 5 mil 658 kilos de cocaína provenientes de Venezuela; y la aeronave matrícula N987SA, que se estrelló en Mérida, Yucatán, y que fue asegurada tras descubrir que transportaba aproximadamente 3 mil 300 kilos de cocaína”, indica el boletín de prensa 586/07 de la PGR.

No obstante, el expediente PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/119/2007, al cual se tuvo acceso, da cuenta de que las operaciones no sólo se realizaron en la sucursal Aeropuerto, sino también en otras filiales, entre las que destaca la del World Trade Center.

Alatorre Damy aseguró que participó en una de las cuatro operaciones que derivaron en la compra de un avión. Señaló que de ésta se conoce perfectamente el origen y el destino: fueron operaciones hechas por unos judíos cuya referencia directa la llevaba un intermediario financiero llamado Adrián Licona. Él recibió el dinero, luego lo cambió en la sucursal de Aeropuerto y en otras tres sucursales, “de las que yo no era responsable, no tenía injerencia”. A éste nunca lo mandaron llamar, dijo Pedro Alatorre durante la entrevista. Al poco tiempo, Adrián Licona se “suicidó”.

El Piri fue detenido “en el marco del seguimiento que se realizaba, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, a transacciones bancarias que presumiblemente se efectuaban para lavar dinero producto del narcotráfico”, refiere el boletín de la PGR. Añade que “la investigación se integra tanto con información proporcionada por las autoridades financieras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como del gobierno de Estados Unidos en sus respectivas competencias, y se centra en transferencias de fondos liquidados en efectivo, que fueron enviadas hacia ese país por 74 personas, tanto físicas como morales, a través de diversas sucursales de la Casa de Cambio”.

El doctor en derecho Mauricio Moreno, entonces abogado de Pedro Alatorre, indicó que la integración del expediente estaba llena de irregularidades y que las autoridades no tenían forma de probar que su cliente fue responsable de todas las operaciones que se le endilgan, pues él sólo era gerente de la sucursal Aeropuerto.

Para la PGR, sin embargo, el Piri adquiría divisas presuntamente provenientes del narcotráfico, que posteriormente eran lavadas a través de diversas casas de cambio en Puebla y el Distrito Federal.

Casa de Cambio Puebla

Considerado por la PGR como uno de los casos más relevantes en materia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la investigación de Casa de Cambio Puebla fue hecha en su totalidad por la DEA, revelan notas diplomáticas. La institución financiera fue vinculada con el cártel del Pacífico, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

El 16 de mayo de 2007, la Agencia Antidrogas estadunidense congeló 11 millones de dólares dosificados en 23 cuentas bancarias que la institución financiera mantenía en el banco estadunidense Wachovia. Ello, tras conseguir una orden expedida por la fiscal adjunta del distrito Sur de Florida, Andrea Hoffman.

La reacción de las autoridades mexicanas se dio 6 meses después: el 7 de noviembre integrantes de la entonces SIEDO catearon oficinas de Casa de Cambio Puebla y detuvieron a nueve personas, entre ellas a Pedro Alfonso Alatorre Damy o Pedro Barraza Urtusuástegui, el Piri, supuesto operador financiero del cártel del Pacífico.

El operativo fue impulsado por la propia DEA, que solicitó, a través de notas diplomáticas, la captura del Piri. Los documentos están firmados por David L Gaddis, director regional para México, Centroamérica y Canadá de dicha Agencia, y dirigidos a Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO.

El oficio MX-08-0017, con fecha del 31 de octubre de 2007 y sello de la Embajada de Estados Unidos en México, revela que, entre el 24 de agosto y el 3 de octubre de ese año, la DEA entregó a la PGR los resultados de su investigación sobre Casa de Cambio Puebla.

Dicha documentación constó de “aproximadamente 2 mil 130 páginas relativas a contratos de venta, correos electrónicos, transferencias electrónicas, instrucciones para la compra de aeronaves, estados de cuentas bancarias e instituciones relacionadas con esta investigación”.

La nota diplomática refiere que los documentos entregados a la SIEDO “señalan cómo fueron adquiridas las aeronaves e indican cuáles personas y empresas están involucradas”. Agrega: “Estamos trabajando para recolectar inteligencia adicional, una vez [que] la tengamos y sea verificada le informaremos inmediatamente. Si dentro de su investigación solicitan algún otro documento e información los haremos disponibles al momento que se requieran”.

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