El sindicalismo corporativo con todos sus vicios ha alcanzado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en donde Eduardo Pedraza Hernández, líder de los trabajadores incorporados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) que preside el senador priista Joel Ayala Almeida, ha decidido continuar tres años más al frente del sindicato de la SRE mediante el fraude, el chantaje, la amenaza y el uso de documentos apócrifos, para lo cual simuló asambleas con firmas falsificadas de los delegados sindicales y coercionó a varios trabajadores.

El abuso de este líder corrupto que aprovechó el cambio de gobierno para reelegirse por tres años más y seguir abusando de las cuotas sindicales y de las muchas prebendas que le otorga el gobierno federal, ya ocasionó reacciones entre los trabajadores que exigen justicia y reclaman transparencia en el proceso de selección de sus líderes sindicales. Un grupo de delegados presentaron una denuncia penal en contra de Pedraza Hernández y varios miembros de su comité ejecutivo, por los delitos de fraude, falsificación, uso indebido de documentos y falsedad en declaraciones.

La acusación penal la presentaron el último día de noviembre ante la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán, en el Distrito Federal, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde se inició la averiguación previa FCY/COY-3/T1/02099/12-11. Allí, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SRE denuncian las prácticas fraudulentas de Pedraza Hernández para obtener la toma de nota, las cual obtuvo como secretario general el 29 de septiembre.

Sin duda que estos vicios y corruptelas han sido una práctica común en el sindicalismo mexicano, fomentado por gobiernos priistas y aprovechado en los dos últimos sexenios por las administraciones panistas, al grado de que fue la lidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, la que garantizó a Felipe Calderón Hinojosa apoderarse de la Presidencia de la República en el sexenio pasado mediante irregularidades, lo que le hizo pagar durante seis años a Calderón con cargos públicos para los cómplices de la abusiva “maestra” Gordillo.

El nuevo gobierno priista de Enrique Peña Nieto rompió desde su campaña política con el grupo de Elba Esther y el nombramiento del mexiquense Emilio Chuayffet confirma que este no será el sexenio de la abusiva “maestra”; sin embargo, hay muchos más sindicatos con prácticas similares de corrupción, complicidad, fraudes y chantajes, como es el sindicato petrolero que dirige Carlos Romero Deschamps, quien se ha reelegido por seis años más al frente del gremio petrolero, y a quienes Peña Nieto debería de investigar y llevarlos ante la justicia.

Otro caso de corrupción sindical corporativa es el del líder ferrocarrilero Víctor Flores Morales, quien se mantiene al frente de ese sindicato desde hace 18 años y apenas en 2012 se reeligió por seis años más. Este líder sindical priista tiene un negro historial de abusos, golpes, amenazas, chantajes y fraudes. Una de las últimas acusaciones fue aquella en donde los ferrocarrileros lo acusaron en la Procuraduria General de la República de un desfalco por 25 millones de pesos de las pensiones. A pesar de esto siempre ha gozado de la protección del gobierno federal.

Estos líderes sindicales corruptos son ejemplos concretos de que el nuevo gobierno federal no considera en sus prioridades transparentar y mucho menos impedir que los trabajadores al servicio del Estado dejen de ser estafados por sus líderes sindicales bajo el argumento de la autonomía sindical, mientras que las autoridades federales permiten el abuso y los fraudes en perjuicio de los trabajadores.

Sin rastro de las cuotas sindicales

A finales del sexenio pasado, un lunes 1 de octubre, un grupo de trabajadores hicieron un mitin a las puertas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para quejarse por la imposición de su dirigente Eduardo Pedraza Hernández, lo que obligó a funcionarios de esa dependencia a reunirse con una comisión para que liberaran el acceso y cesaran de su protesta.

Los sindicalistas fueron recibidos por el embajador Héctor Antonio Romero Barraza, director general del Servicio Exterior y Recursos Humanos; Sandra Elisa Hernández Ortiz, directora general de Asuntos Jurídicos; Héctor González Garfias, director general adjunto de Recursos Humanos, y tres funcionarios más de menor rango. Para que levantaran su protesta, los funcionarios de la SRE se comprometieron con la comisión a investigar el caso, al cierre de las oficinas sindicales hasta regularizar la situación y al congelamiento del pago por descuento de cuotas sindicales, entre otros puntos. Sin embargo, ningún acuerdo fue cumplido por los funcionarios de Relaciones Exteriores.

Días después, los trabajadores de la SRE recibieron la información de que la Secretaría de Hacienda había liberado los recursos para el incremento de las prestaciones. El pago se dio hasta noviembre, pero se hizo de manera retroactiva al mes de mayo y el monto recibido por cada trabajador ascendió a unos 2 mil 300 pesos.

Actualmente esa secretaría tiene en su nómina a unos mil 240 trabajadores sindicalizados, quienes por supuesto reciben los salarios más bajos del total de los empleados. A cada trabajador se le quita de su salario mensual 126 pesos como concepto de “cuota sindical”, que multiplicado por el total de trabajadores de base la cifra asciende a 156 mil 240 pesos.

Otra de las quejas de los trabajadores defraudados es que se investigue qué hace con las cuotas su líder sindical Pedraza Hernández, porque durante los tres años que ha estado al frente del sindicato nunca ha rendido cuentas y mucho menos ha entregado algún reporte de los recursos sindicales acumulados en tres años, que ascienden a 5.6 millones de pesos. A esto hay que sumar los beneficios y subsidios que por instrucciones del titular de la SRE se entrega al comité ejecutivo del sindicato para mantener contentos a sus dirigentes.

Además, de acuerdo con la denuncia de los trabajadores, Pedraza vende las plazas, condiciona los préstamos a sindicalizados y negocia con las prestaciones laborales.

Hasta ahora el nuevo titular de la SRE, José Antonio Meade, se ha mantenido al margen de las corruptelas del líder sindical, pero los abusos contra los trabajadores de base han provocado un pésimo ambiente laboral y sin duda creará problemas mayores en los próximos meses si las autoridades siguen omisas.

Proceso de elección de líderes sindicales

En el expediente penal contra Pedraza Hernández se explica que nunca realizó la convocatoria para fijar las bases del proceso para elegir nuevo comité ejecutivo, a pesar de que los estatutos sindicales así lo exigen. Esta irregularidad fue denunciada en agosto pasado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) y ante la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a pesar de lo cual las autoridades laborales del país no tuvieron empacho en otorgar impunemente la toma de nota al dirigente reelegido.

La componenda de los líderes charros se fraguó desde el 26 de junio pasado, cuando Pedraza Hernández entregó al TFCA una promoción para reformar los estatutos internos y ampliar su gestión por otro periodo de tres años. Además, entregó una acta de un supuesto congreso general extraordinario celebrado el 18 de junio. Como una prueba de ello, acompañó el acta con un listado de las firmas de asistencia de los trabajadores que presuntamente participaron y aprobaron los cambios estatutarios.

De acuerdo con los trabajadores y delegados inconformes, los documentos son apócrifos porque el congreso nunca se realizó y ellos no firmaron lista de asistencia alguna, pues 16 delegados y subdelegados se encontraban laborando el día que supuesta se llevó a cabo el congreso fuera del Distrito Federal.

El 4 de septiembre, el dirigente Pedraza anunció a través de una circular que el TFCA había aprobado que su gestión al frente del sindicato se ampliara hasta septiembre de 2015. Esto generó malestar e inconformidad y ya se recaban pruebas con peritos en grafoscopía para determinar cuánta son las firmas falsificadas de delegados y subdelegados para echar atrás la toma de nota y poder nombrar a nuevos líderes sindicales.

Las cifras de pobreza extrema

Hace unos días la Secretaría de Desarrollo Social informó que el número de personas en pobreza extrema se incrementó en 10 por ciento entre 2010 y 2012, al pasar de 11.7 millones a 13 millones de mexicanos que no tienen que comer. Después de estar 12 años fuera de la Presidencia de la República, el nuevo gobierno priista aprovechó esa circunstancia para criticar las políticas públicas del gobierno de Felipe Calderón para disminuir la miseria en el país, por lo que anunció una mejor distribución del gasto social.

En un reportaje de Erika Ramírez en la revista Contralínea, se explica cómo el gobierno ha manipulado la distribución de recursos públicos de combate a la pobreza en México y asegura que son 28 millones y no 13 millones las personas sin acceso a la alimentación, la mayoría de ellas habitantes del sector rural y de origen indígena. Es decir, en la Sedesol vuelven a manipular las cifras como lo hicieran los panistas para presentar la imagen de un país menos grave de lo que es.

El trabajo periodístico en cuestión señala que el saldo del calderonismo suma 81 millones de personas que padecen por lo menos una carencia entre los principales factores de vida: alimentación, salud, educación, vivienda y seguridad social

Sin duda que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa dejó un saldo negativo en materia de combate a la pobreza: si se habla de atención a zonas prioritarias, los números llegan a más de 800 municipios.

Al margen de los discursos oficiales que hablaron de “vivir mejor”, mientras que los índices de desarrollo humano en 2007 indicaban que había 11 municipios en el país en condiciones de vida similares a los del África Subsahariana, a finales del mandato calderonista se reportaron 125 ayuntamientos en esa situación de vulnerabilidad.

La miseria en México se extendió y se profundizó: el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2012, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indica que son 51 millones 993 mil personas en situación de pobreza, 3 millones 155 más que al inicio del sexenio calderonista.

El incremento se ha registrado a pesar del gasto multimillonario que realizó la administración federal en la materia, lo que revela que el presupuesto de combate a la pobreza fue desviado de su destino original y debes ser investigados y procesados penalmente los funcionarios responsables. Tan sólo el Programa Oportunidades (principal política gubernamental en materia de combate a la pobreza) dispuso de 162 mil 893 millones 320 mil pesos en este sexenio.

Además de este presupuesto público, el gobierno de Calderón contrató deuda por 45 mil 486 millones con el Banco Mundial, bajo el concepto del impulso a proyectos de combate a la miseria.

Para el Coneval, “el nivel de acceso y la calidad de los programas de protección social es desigual: se le otorgan beneficios diferentes a personas similares”.

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