Una de las muchas preocupaciones del actual gobierno debe ser qué hacer con el crimen organizado. Enrique Peña Nieto ya advirtió que mantendrá a las fuerzas armadas en las calles para combatirlo y asegurar alguna tranquilidad de la población, pues las distintas fuerzas policiales municipales, estatales y federales se encuentran coludidas con los cárteles de las drogas, lo que les garantiza impunidad y protección ante los crímenes que cometen.Históricamente los regímenes priistas habían negociado con las bandas del narcotráfico, al permitirles su operación a cambio de dinero y una relativa tranquilidad. Con la llegada de los panistas al poder, el expresidente Vicente Fox simplemente permitió su libre operación y a cambio él y su grupo recibieron cuantiosos beneficios económicos. En el caso de Felipe Calderón, su principal bandera fue decir que combatiría al crimen organizado e incluso se atrevió a asegurar que le había declarado “la guerra”, lo que provocó un exceso de violencia, pues desde la Presidencia de la República se dio la orden de proteger a un grupo de delincuentes y combatir a otros, lo que generó discordia y malestar entre los diversos cárteles, cuya respuesta fue de propiciar más violencia en contra de la población y de las fuerzas armadas.

Con el regreso del PRI a la Presidencia, es una incógnita si Peña Nieto aceptará negociar algún acuerdo con los grupos delincuenciales para poder reducir la agresividad con la que hasta ahora se han conducido, pues los narcotraficantes también esperan un cambio en la política en su contra o al menos que el gobierno deje de proteger a algunos grupos, como es el caso del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera y que los panistas Fox y Calderón liberaron de prisión y lo encumbraron.

El caso que ha servido de ejemplo para México es lo sucedido en Colombia, en donde los gobiernos negociaron con los jefes de mafia y muchos de ellos se entregaron a la justicia a cambio de algunos beneficios, como por ejemplo no ser extraditados a Estados Unidos, permitirles quedarse con alguna fortuna para el sostenimiento de sus familias y purgar condenas menores en prisiones locales. A cambio, la violencia en las calles del país sudamericano disminuyó considerablemente y los atentados en contra de políticos, funcionarios, legisladores y periodistas cesó por completo. Fue algo así como una especie de protección a testigos protegidos que lleva a cabo el gobierno mexicano, pero que hasta ahora no se ha extendido y que públicamente es rechazado por las autoridades, pero en la práctica parece que eso sería lo deseable.

En ese sentido tiene relevancia una prominente investigación que realizaron tres militares de mandos superiores, con la cual obtuvieron el grado de maestros en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, la escuela de altos mandos de la Secretaría de Marina. En ese análisis de los expertos militares, que debería ser revisado por el equipo político y de seguridad nacional de Peña Nieto, en lugar de involucrar a un militar colombiano como su asesor, pues ahí se confirma que dos grandes cárteles que se disputan el país, el de Sinaloa y Los Zetas, son los generadores de todos los enfrentamientos.

En el estudio se asegura que la “estrategia” aplicada por el gobierno de Felipe Calderón no buscó jamás acabar con el narcotráfico ni con la violencia generada por las bandas, sino subordinar a todas los cárteles pequeños en una sola organización delictiva. El análisis añade que la función de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal fue sacar a la vista la fruta podrida de las “plazas” para que los sicarios del cártel de Sinaloa comandados por el Chapo Guzmán “hicieran el resto”.

El documento fue analizado por el reportero Zósimo Camacho y publicado en la revista Contralínea en el mes de agosto pasado, en donde se sostiene que “mientras que las fuerzas federales han debilitado a todos los otros cárteles, el cártel de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”. Más aún, “ha sido el más beneficiado durante la crisis que se presenta en México contra la delincuencia organizada”. Y es que “según fuentes abiertas nacionales e internacionales, la prioridad del actual gobierno mexicano es mantener controlados los niveles de violencia y no la eliminación de los cárteles”.

Los militares involucrados en la investigación son el general de división diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa, el contralmirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor José Luis Arellano Ruiz y el capitán de navío cuerpo general diplomado de Estado Mayor Antonio Velasco Ríos. El primero, del Ejército Mexicano; los dos últimos, de la Armada de México.

Con este documento titulado La estrategia nacional contra la delincuencia organizada y su impacto en la seguridad nacional, los tres miembros de las fuerzas armadas obtuvieron en marzo pasado ante sinodales del Centro de Estudios Superiores Navales, la escuela de mandos más importante de la Secretaría de Marina (Semar), el título de maestros en seguridad nacional.

En sus conclusiones señalan: “Estamos convencidos de que esta lucha no puede lograrse a corto plazo, pero lo que sí sabemos es que vamos por el rumbo correcto”. Además, que “se comprueba la hipótesis del presente trabajo de investigación: ‘la Estrategia Nacional contra la delincuencia organizada fortalece la seguridad nacional del Estado mexicano al estar alcanzando los objetivos definidos en las políticas públicas de seguridad nacional’”.

Sin embargo, en el análisis de los resultados de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada los autores ofrecen un panorama de la situación real de los cárteles del narcotráfico, basado en “la revisión de los documentos tanto oficiales como de fuentes abiertas e informes clasificados”. Los datos de los militares señalan que el cártel de Sinaloa no sólo ha resultado fortalecido, sino que incluso funciona de mano útil contra las demás organizaciones criminales:

“Dondequiera que haya un conflicto en México entre dos o más facciones o escisiones, se encuentra la mano útil del CDS [cártel de Sinaloa]”, señala el documento en su página 39. También considera que en ciudades como Monterrey han sido “pocas [las] acciones por parte del gobierno para mantener el Estado de derecho”.

En la tesis, los militares identifican a las nueve principales organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas por el país y que generan mayor violencia: cárteles de Sinaloa y del Golfo; los Zetas, la organización de los Arellano Félix, el cártel del Pacífico Sur, el cártel Independiente de Acapulco, los Caballeros Templarios, el grupo de Vicente Carrillo Fuentes o cártel de Juárez y el cártel de Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la investigación de García Ochoa, Arellano Ruiz y Velasco Ríos, la violencia en México “aumentó considerablemente” desde 2009. La principal razón es la disputa entre las bandas de la delincuencia organizada por los puntos de ingreso de narcóticos y las rutas de traslado a Estados Unidos. Tanto autopistas federales como caminos de tercer orden son escenarios de esta lucha sin cuartel: se trata de “rutas que unen ciudades como Ciudad Victoria [Tamaulipas], San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterey [Nuevo León], Guadalajara [Jalisco], Durango, Torreón [Coahuila], Saltillo [Coahuila] y Chihuahua”. Y, por supuesto, “a lo largo de la frontera, el control de las ‘plazas’ que tienen cruces a Estados Unidos está muy reñido desde Ciudad Juárez [Chihuahua] hasta Matamoros [Tamaulipas], en el Golfo de México”.

El general de división, el contralmirante y el capitán de navío destacan el conflicto entre el cártel del Golfo y su exbrazo armado, Los Zetas. Señalan que los del Golfo se han “aferrado” a Matamoros, pues es “una ‘plaza’ vital”. Y con la ayuda del cártel de Sinaloa han repelido los embates de sus antiguos subordinados tanto en esta ciudad como en Reynosa, Tamaulipas. “Pero no han desplegado la fuerza necesaria para desplazar a Los Zetas de Monterrey [Nuevo León]”.

Los Zetas han establecido alianzas con el cártel de Juárez, al cual los militares también identifican como organización Vicente Carrillo Fuentes y con el cártel Independiente de Acapulco.

Otra de las disputas que se destaca en la tesis es la que protagonizan los cárteles de Sinaloa y de Juárez. Luchan por las “plazas” del estado de Chihuahua. Según la investigación, la organización Carrillo Fuentes ha perdido “territorios” en la entidad, así como “su línea principal de suministro de drogas en la capital [Chihuahua]”. El estudio aclara que los de Juárez “todavía no está[n] fuera del juego”; pero “está[n] luchando por mantener a las células de Sinaloa fuera de Ciudad Juárez”.

La organización de los Arellano Félix se ha subordinado al cártel de Sinaloa: “está en declive” y “le resta una parte muy pequeña de territorio”. Su actividad casi se reduciría a pagar a los de Sinaloa “por acceder a los puertos de entrada a California”.

Otra disputa destacada es la que sostienen el cártel del Pacífico Sur y el cártel Independiente de Acapulco, escisiones de la organización de los Beltrán Leyva (que, a su vez, fue escisión del cártel de Sinaloa). Las dos organizaciones criminales se disputan la “plaza” del puerto de Acapulco. El documento señala al Pacífico Sur como más exitoso pues, incluso, sus correrías llegan hasta Sonora, donde sostienen escaramuzas con el cártel de Sinaloa.

Otra fuente de la violencia asociada al narcotráfico que identifican los militares es la que llevó a la casi disolución de La Familia y el rebautizo de un grupo de esta banda como Los Caballeros Templarios, ocurrido a mediados de marzo de 2011. Señalan que un grupo sigue operando bajo el nombre de La Familia y que no se tiene una perspectiva clara sobre el futuro de ambas organizaciones criminales y la relación que puedan establecer con el cártel de Sinaloa. Agregan que están sujetas a la “voluntad” de Joaquín Guzmán Loera “para permitirles restablecer su infraestructura y conservar sus rutas de tráfico”.

Es esta organización de Los caballeros templarios la que pidió que el gobierno de Felipe Calderón se sentara a negociar para asegurar una disminución de la violencia y, sobre todo, proteger a la población que dicen ellos les preocupa. Pero la respuesta de las autoridades ante tal petición fue inmediata, al asegurar que el gobierno no negociaba con delincuentes, lo que alejó cualquier posibilidad de diálogo y de reducción de la violencia. El resultado todos los conocemos: más de 100 mil muertos en 12 años de gobiernos panistas, miles de desaparecidos y desplazados, miles de niños huérfanos y problemas económicos graves en varias regiones del país.

La investigación de los tres miembros de las fuerzas armadas que dio a conocer en agosto pasado el reportero Zósimo Camacho, establece que una de las constantes de la violencia en México es la participación del cártel de Sinaloa en todas las disputas. Y la de Los Zetas, en casi todas. “Dondequiera que haya un conflicto en México entre dos o más facciones o escisiones, se encuentra la mano útil [sic] del cártel de Sinaloa. Mientras que las luchas internas y presiones externas de los organismos de control militar de México y las fuerzas federales han debilitado a todos los otros cárteles, el cártel de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”.

Explica que la organización que encabeza Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, “a causa de sus múltiples frentes en el país”, tuvo que “redistribuir sus células de combatientes de las regiones que tenía consolidadas bajo su control –tales como Tijuana, Durango y Acapulco– “con el fin de acelerar y asegurar su control”. Por su parte, “Los Zetas pelearon por tomar la ‘plaza’ en Monterrey en respuesta a las pocas acciones del gobierno para mantener el estado de derecho en esa ciudad”.

Además de señalar las disputas, el estudio del general de división García Ochoa, del contralmirante José Luis Arellano Ruiz y del capitán de navío Antonio Velasco Ríos señala cuál es la situación real de los cárteles de Sinaloa, Golfo, Los Zetas, los Arellano Félix, Pacífico Sur, Independiente de Acapulco, Los Caballeros Templarios, Juárez y Jalisco Nueva Generación), tras cinco años de la “guerra” de Felipe Calderón. Un documento que el nuevo equipo de priista en el poder no debe dejar de consultar, pues también habla de los errores y horrores cometidos por el gobierno de ultraderecha de Felipe Calderón.

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