La Procuraduría General de la República (PGR), que hereda Jesús Murillo Karam, tiene cuatro características que la identifican por su operación de los últimos 6 años: corrupción, desconfianza, traición y que ha sido penetrada hasta su raíz por el crimen organizado. Al tomar posesión el nuevo procurador se refirió a crear un órgano renovado y confiable, y se comprometió también a aplicar la ley con firmeza absoluta e implacable. Démosle entonces a Murillo Karam el beneficio de la duda hasta que demuestre la veracidad de sus palabras.Un primer caso que la PGR podría explicar se relaciona con aquella acusación penal que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de un destacado miembro del gabinete panista: Patricio Patrón Laviada, extitular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien hasta noviembre pasado fue protegido por su jefe, Felipe Calderón Hinojosa.

Dicha denuncia penal (de la cual tenemos una copia) fue presentada por primera vez en 2006 ante el Ministerio Público Federal; sin embargo, el expediente fue “extraviado” en las oficinas de la PGR, según la propia dependencia. Para subsanar esas deficiencias de la oficina que ahora ocupa el político hidalguense, la UIF entregó a la Procuraduría una segunda acusación en 2007, pero la respuesta a la Unidad de Hacienda esta vez fue contundente: olvídense de esa acusación, “aquí no pasará”. Y efectivamente, nunca se abrió una averiguación previa, a pesar de las evidencias recabadas por un órgano superior del gobierno federal.

Si el gobierno de Enrique Peña Nieto es distinto al de Felipe Calderón y Murillo Karam honra su palabra, será relativamente sencillo para el abogado de la nación conseguir en la SHCP, ahora que la preside el joven priista Luis Videgaray, dicho expediente que involucra a la familia yucateca Patrón Laviada con el crimen organizado, al cual según Felipe Calderón dice que combatió con toda la fuerza del Estado, salvo cuando se veían involucrados miembros de su gabinete.

En una comparecencia en el Congreso de la Unión, uno de los últimos procuradores del calderonismo, Arturo Chávez Chávez, fue cuestionado por legisladores de oposición sobre el “sesgo político” con que la PGR había manejado este caso, ya que hasta 2010 no había iniciado una investigación en contra de los familiares de un miembro del gabinete de Felipe Calderón.

En aquel entonces, el procurador Chávez respondió así al señalamiento de un legislador: “respecto a la familia Patrón Laviada, si hay una denuncia se va a investigar y se va a actuar conforme a derecho. No hay ni debe haber distingos”. Pero sí había denuncia y ese inútil procurador no hizo nada.

Sin embargo, cuatro procuradores de gobiernos panistas fueron omisos e incapaces de integrar una denuncia penal sobre una acusación muy bien fundamentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Ahora toca el turno al procurador priísta, Murillo Karam, para saber si realmente piensa aplicar la ley.

En aquella acusación que hizo la SHCP se pide investigar a los hermanos Ricardo José, Alejandro José y Patricio Patrón Laviada (también exgobernador de Yucatán) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia, presentada por la UIF en dos ocasiones ante la PGR, señala también a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, familiar del exgobernador yucateco, así como a Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltazar Cetina Pech.

El expediente “extraviado” en la PGR denunciaba las millonarias operaciones bancarias de Ricardo José Patrón Laviada. De acuerdo con el oficio 110/F/26/2009 emitido por la UIF desde el 7 de noviembre de 2008, la SHCP entregó a la PGR un diagrama y las cédulas de operaciones relevantes de los tres hermanos Patrón Laviada; de las empresas Agropecuaria Sac Becan, DSPR de RL; Industrial Empacadora, SA de CV, y Propesca, SA de CV; así como de Pilar Cervera Hernández, Aída Amira Hernández Guerra y Alfonso Huberto Zabaleta Laviada. Pero la PGR devolvió el reporte y rechazó abrir una investigación.

El argumento esgrimido por la Procuraduría para regresar el expediente a la SHCP fue que no existían datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos ni del oficio por el cual fue presentada, como tampoco había averiguación previa iniciada en contra de las personas denunciadas.

La dependencia manifestó que el argumento usado entonces por la PGR de que no contaba con antecedentes de la denuncia ni de una averiguación previa iniciada “resulta contrario a derecho”, ya que la PGR “tenía la obligación de investigar los hechos denunciados a través del citado oficio”, conforme a las atribuciones conferidas al Ministerio Público en el Artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La entidad responsable de investigar las operaciones posiblemente relacionadas con el blanqueo de capitales presentó, de nueva cuenta, una acusación el 1 de septiembre, sin que hasta ahora se haya abierto una averiguación previa en contra de los acusados.

Operaciones inusuales

La acusación precisa que de 2000 a 2005, Ricardo José Patrón Laviada –hermano del entonces titular de la Profepa– recibió depósitos por 2 millones 487 mil 940.94 pesos y efectuó retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos de seis cuentas del Banco Internacional, SA (Bital, hoy HSBC).

En 1998, Ricardo José había retirado 100 mil pesos de la cuenta 0000095050003488 de Banca Confía, SA, mientras que en el Banco Nacional de México, SA, tuvo depósitos por 884 mil 72 pesos, 131 mil dólares, y retiros por 1 millón 45 mil 500 pesos durante 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005.

La UIF también refirió un depósito de 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital, realizado el 5 de septiembre de 2005, y la compraventa de divisas por 4 mil y 10 mil dólares en Intercam Casa de Cambio, y por 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio.

Además de las operaciones “inusuales”, la investigación fiscal reportó que Ricardo José figuraba como cotitular y firmante autorizado de las cuentas bancarias que Jhonny Alberto Benítez Cetina, José Baltazar Cetina Pech y Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga tenían en Bital. La acusación refiere también que Patrón Laviada, Benítez Cetina y Cetina Pech tenían el mismo domicilio fiscal en Mérida, Yucatán.

La UIF concluyó que los movimientos financieros observados en las cuentas de los acusados no guardaban relación con sus actividades económicas declaradas ni con sus manifestaciones de pago de impuestos. Asimismo, consideró que el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejaran los movimientos económicos y la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a actividades ilícitas, son indicios que hacían presumible la procedencia ilícita de los recursos operados por los acusados.

La impunidad del panista Felipe Calderón y de su grupo que gobernó seis años, está ahora a prueba con un gobierno opositor y está en la manos de Murillo Karam de hacer justicia. Veremos que decisión toma y si su promesa de cumplir la ley va en serio.

La contaminación de Slim

La participación de Carlos Slim en el sector minero va en aumento, pero no sólo en México, el fundador del Grupo Carso compra minas en toda América Latina, emulando su modelo de expansión en el sector de las telecomunicaciones. Así, los negocios mineros de Grupo Frisco se convirtien en una apuesta seria del hombre más rico del mundo, circunstancia que preocupa a los políticos en Washington, quienes ordenaron a sus agencias de espionaje e inteligencia (FBI, CIA, Aduanas, Tesoro y DEA) darle seguimiento a cada movimiento financiero que realiza el dueño de la telefónica Telmex.

Así lo comentamos hace varios meses en esta columna, de que Slim está bajo la mira de las autoridades estadunidenses y es investigado por diferentes agencias gubernamentales para conocer el origen de sus recursos y confirmar que se trata de dinero lícito. Lo que busca el gobierno de Obama es descartar que las telecomunicaciones de Estados Unidos y países como Puerto Rico, bajo la figura de su protectorado, se encuentran a salvo o, por lo menos, que no están en riesgo de ser adquiridas por el empresario mexicano.

Ese expediente judicial que reúne la información resultado de la investigación de las actividades empresariales del entramado de compañías de Carlos Slim y de su familia se encuentra clasificado con el título de “La Ballena”, y cada vez que este empresario ingresa a territorio estadunidense es vigilado permanentemente.

En Estados Unidos, su huella comienza a expandirse y esto preocupa a Washington y a todas las autoridades de ese país: las oficinas de investigación e inteligencia policial indagan todos los negocios, inversiones y hasta la flota aérea del rico mexicano en busca de operaciones ilegales que lo puedan vincular con delitos como lavado de dinero, fraude financiero y abuso de información confidencial.

Recientemente, con la compra de Tracfone, que ofrece servicios prepagados de telefonía, Slim ha asestado duros golpes a empresas telefónicas estadunidenses, lo que ha aumentado la preocupación en ese país. Su negocio ha crecido más rápido que el de sus competidores ATT y Verizon. Además, en medio de la crisis europea, el magnate mexicano aprovecha los problemas de liquidez para salir de compras en el sector de las telecomunicaciones. Hace apenas unos meses anunció que compraría Simple Mobile, un operador móvil virtual, con lo que agregará 1 millón de suscriptores de T-Mobile, filial de Deutsche Telekom.

En Estados Unidos, el negocio de Slim en el segmento de servicios prepagados de telecomunicaciones registra las mayores tasas de crecimiento. En ese país estiman que esta operación le dará al empresario la posibilidad de acelerar su crecimiento en un mercado en donde la regulación es más estricta que en México.

Una de las últimas adquisiciones es la compra al corporativo canadiense Goldgroup Mining de la mina El Porvenir. Otra fue la compra de la firma AuRico Gold Ind, con varias minas en Chihuahua, en una operación de 750 millones de dólares. Se trata de una de las operaciones más importantes en la que participa una firma mexicana. En Nicaragua y Argentina también se encuentra la huella y el interés de Carlos Slim por el sector minero. La ecuación es sencilla: la economía mundial seguirá enfrentando problemas para recuperarse mientras los valores refugio se revaluarán. Ese es el caso de los metales preciosos.

Esa mayor participación en el sector minero también involucra nuevos problemas. Frisco está siendo señalado por grupos ambientalistas que critican la sustentabilidad de sus operaciones. Recientemente estuvieron en México empresarios del sector minero de Chile, quienes compraron una empresa minera a Carlos Slim, la cual fue entregada en críticas condiciones ambientales que llevaron el caso a tribunales ambientales bilaterales en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Fue hace 18 años cuando Frisco vendió al grupo chileno Molymet, la compañía Molymex, también productora de esa ferroaleación.

John Graell, presidente ejecutivo de Molymet, reconoció que el grupo tuvo que enfrentar serios problemas por nulos controles ambientales en Molymex con operaciones en Cumpas, Sonora, que entre 1984 y 1994 fue operada por Frisco. Por primera vez, Molymet reconoció que esa mina mexicana —comprada a Carlos Slim— carecía de control ambiental.

Molimex fue acusada de contaminar ante el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y la Academia Sonorense de Derechos Humanos documentó la contaminación en la que incurría la compañía y que se acentuó en 1994 cuando la compró Slim.

“El control ambiental era deplorable. Desde los primeros cinco años fue necesario hacer inversiones importantes. Hoy, Molimex en Sonora opera con el mismo nivel de exigencia que en Bélgica o en Santiago de Chile”,dijo Graell. Refirió que Molymet recibió un reconocimiento como la empresa extrajera más limpia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Esa es la buena noticia, y la mala es preguntar si el equipo de Slim en Grupo Frisco ya corrigió sus prácticas. Sin embargo, en esa empresa aseguran que en 1994, cuando la empresa fue vendida a los chilenos, Slim ya había cerrado la mina ante un grave desplome de precios. Fueron los chilenos los que al reiniciar la operación de la mina no siguieron las normas mínimas. Hoy Molymex ha sido reconocida por la Profepa como una de las empresas mineras extranjeras más limpia; Frisco enfrenta en varias minas las críticas y denuncias de las comunidades cercanas a sus operaciones por los escasos controles ambientales y de mitigación de riesgos, pero esto hablaremos en otra entrega.

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