Entre las instituciones públicas que más han padecido las decisiones erráticas y los abusos de Felipe Calderón y su gabinete, destacan las fuerzas armadas y los órganos responsables de la seguridad nacional. De las primeras, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han enfrentado duras críticas por su participación en la lucha contra el crimen organizado y los errores cometidos al amparo de una labor para la cual no fueron preparados y mucho menos han sido eficientes, pues el negocio del narcotráfico sigue boyante y los cárteles se fortalecen día a día.La imagen y el prestigio de esas corporaciones militares sigue en deterioro por la flagrante violación a los derechos humanos; hay una altísima lista de muertos por esta “guerra” fallida; la corrupción ha alcanzado a generales de división por el supuesto involucramiento y protección a cárteles de las drogas; las detenciones de miembros del crimen organizado son exhibidas como si se tratara de jefes de las mafias y sólo son sicarios y mandos inferiores en la estructura de las bandas; también suman miles de desaparecidos, y hay muchas acusaciones dudosas basadas sólo en declaraciones de testigos pagados y protegidos por el gobierno federal.

De los órganos de seguridad nacional y protección de la justicia, destaca el continuo desmantelamiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el involucramiento de sus miembros en espionaje y escuchas ilegales; las pifias constantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la penetración del crimen organizado en toda su estructura; las acusaciones de enriquecimiento en contra de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública federal y las sospechas de que allí se protege al cártel de Sinaloa o del Pacífico que comanda Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

En medio de esta crisis que como nunca viven las fuerzas armadas, no podemos dejar de mencionar los errores del área de “inteligencia” de la Secretaría de Marina, de donde salió la orden para detener a un supuesto hijo de El Chapo Guzmán y que terminó, para que el gobierno panista cerrara con broche de oro un sexenio fallido, en el mayor ridículo que se recuerde de esa dependencia y que ha marcado las pifias constantes de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.

El problema de esta detención equivocada de la Secretaría de Marina, es que se trata de uno de los dos órganos más importante del país que, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, son garantes de la seguridad nacional, y haberlos involucrado en la guerra contra el narcotráfico y convertirlos en agencias del Ministerio Público Federal o en cuerpos policiales de investigación y persecución de delincuentes, sólo vulnera su estructura y desacredita a las dos instituciones del gobierno federal que aún cuentan con algo de credibilidad.

A lo anterior hay que sumar la pugna al interior de ambas secretarías por el control de las fuerzas armadas. Mientras todos los mexicanos estábamos atentos al proceso electoral donde este domingo se designó a quien será el próximo presidente de la República, en Defensa y Marina hay una verdadera “guerra” interna para alcanzar la titularidad en las dos secretarías, y esto incluye las detenciones y los arraigos de generales de tres estrellas acusados de narcotráfico por testigos pagados por la PGR.

Otro echo más reciente que involucra y golpea, una vez más, a la Secretaría de la Defensa Nacional, es una investigación ordenada por altos mandos de esa dependencia para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditen 12 contratos celebrados por el Ejército con empresas privadas, nueve de ellos relacionados con áreas y actividades de inteligencia militar, por lo que son sumamente sensibles y confidenciales no sólo por el elevado monto que involucran, unos 600 millones de dólares, sino porque las compras y adquisiciones de las fuerzas armadas están clasificadas como un asunto de seguridad nacional y su información es considerada como reservada.

De acuerdo con fuentes de la SFP, fue tan intensa la auditoría a dichos contratos equivalentes a 8 mil 5 millones de pesos, que el secretario Rafael Morgan Ríos ordenó la intervención de dos subsecretarios en las indagaciones: la subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, María Guadalupe Yan Rubio, y el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y contrataciones Públicas, Max Kaiser Aranda.

Según esa dependencia, después de varias semanas de revisar los expedientes, los auditores no encontraron irregularidades en la asignación de los contratos ni tampoco malos manejos o desvío de recursos públicos, por lo que ambos funcionarios recomendaron enviar al archivo los 12 expedientes, correspondientes a igual número de contratos.

Consultados al respecto, fuentes de la ASF señalaron que ellos aún no terminan su revisión; sin embargo, reconocieron que después de varios días no han encontrado nada significativo que dé marcha atrás o ponga en duda el manejo de recursos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, uno de los contratos correspondió a la adquisición de equipo muy sofisticado para la intercepción de comunicaciones telefónicas, a razón de 2 mil dólares por cada equipo (28 mil pesos por cada aparato), para la lucha en contra de bandas criminales relacionadas con el tráfico de drogas.

La ASF informó que la relevancia de este caso fue tal, que el mismo auditor Juan Manuel Portal Martínez se trasladó personalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional para revisar a detalle, en el área de Inteligencia, todo lo relacionado con la asignación de dichos contratos, en donde se le dio acceso, por primera vez, a una institución de las fuerzas armadas y encargada de la seguridad nacional del país.

Pocas son las ocasiones que se conoce este tipo de auditorías al principal órgano responsable de salvaguardar la seguridad del Estado Mexicano. Por eso es importante transparentar los resultados de esta exhaustiva revisión que se hizo a los contratos que llevan a cabo las fuerzas armadas y que en gobiernos anteriores se mantenían en una total secrecía e impunidad, lo que permitía el desvío de recursos públicos, el soborno y el cobro de comisiones.

Las cuentas y los miedos de Fox

¿A qué o a quién le teme Fox? El expresidente se convirtió de la noche a la mañana en promotor del candidato del PRI en sus aspiraciones por la Presidencia de la República y así traicionó, una vez más, a su partido Acción Nacional y a la primera candidata panista. Pero a este vaquero citadino distraído lo que menos le interesa es la política, así lo demostró durante seis años en perjuicio del país, y lo que realmente le preocupaba es que el candidato de las izquierdas asuma la Presidencia, pues está convencido de que sería investigado por las corruptelas cometidas en la remodelación de Los Pinos, por los negocios que hicieron sus hijastros y su esposa, y todas las irregularidades que durante su gestión se hicieron por parte de su equipo.

En un trabajo de la reportera Nancy Flores recuerda en Contralínea que Vicente Fox tiene los días contados como militante del PAN, de donde será expulsado, aunque sus correligionarios que ahora lo tachan de “desleal”, “rancio” y “miserable”, son los mismos que hace 12 años lo llevaron al máximo cargo de representación popular en México, y que desde 2007 lo han mantenido al margen de la ley.

Se recuerda en la portada de ese semanario los excesos de Fox, aún sin castigar, como la remodelación de Los Pinos a favor de un amigo, los lujos de Marta Sahagún con cargo al erario, los negocios de los hijos de la otrora “pareja presidencial”. El objetivo del exmandatario panista es cerrar en definitiva esos expedientes.

Las cuentas pendientes del expresidente Vicente Fox Quesada lo llevaron a traicionar lo que se ha considerado su máximo y quizá único logro: “sacar al Partido Revolucionario Institucional de Los Pinos”. A cambio del apoyo público que ha dado al PRI, y de resultarle la negociación, tendría garantizado el cierre definitivo de los expedientes que lo involucran a él, a su esposa y a sus hijastros en hechos de supuesta corrupción.

Lejos de importarle las amenazas de sus correligionarios sobre su inminente expulsión del Partido Acción Nacional (PAN), el expresidente se concentra en la negociación con los priístas. Con ésta también busca anular la reapertura de la indagatoria sobre su ilegal intervencionismo –como en su momento lo calificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– en las elecciones presidenciales de 2006.

Entre los asuntos que aún le preocupan, destacan las irregularidades cometidas durante los trabajos de remodelación en la residencia oficial de Los Pinos, que asignó de manera directa a su amigo Humberto Artigas del Olmo y que fueron documentadas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Función Pública); los lujos de su esposa Marta Sahagún, con cargo al erario; y las “gestorías” de sus hijastros a favor de contratistas privados que tienen negocios en Pemex y que derivaron en negocios multimillonarios y en desfalcos al erario. Estos últimos, actualmente investigados por autoridades de Estados Unidos.

Remodelación de las cabañas

En el recuento que hace Flores explica que la historia de las irregularidades en los trabajos de remodelación de las cabañas 1 y 2 y la residencia Miguel Alemán, de la residencia oficial de Los Pinos, inició antes de que Vicente Fox asumiera formalmente el máximo cargo de representación popular en México, cuando el aún panista se encontró ante la necesidad de rediseñar el espacio que habitaría durante el sexenio.

Hasta el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, la remodelación de la residencia oficial era tratada como un asunto de seguridad nacional y quedaba en manos del Estado Mayor Presidencial, pues la estructura del espacio determina el nivel de seguridad del mandatario y su familia. Sin embargo, con el exejecutivo de Coca Cola las cosas cambiaron.

Como si se tratara de un asunto privado, Fox Quesada invitó de manera directa a las empresas Humberto Artigas y Asociados, SC, y MYO, SA de CV, propiedad de sus amigos, como consta en la auditoría 2015 realizada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Documentos de la Contraloría Interna en la Presidencia de la República en poder de esta columna, descubren que para el 12 de diciembre de 2000 el entonces asesor del presidente, Carlos Rojas Magnon, ya se encargaba de gestionar las autorizaciones tanto en el Comité de Obras Públicas –que él mismo presidía– como con el Estado Mayor Presidencial. Al primero le solicitó contratar sin licitación al despacho de Artigas del Olmo, por un importe de 6 millones 636 mil 500 pesos. Con el paso del tiempo, el monto aumentó hasta llegar a más de 60 millones de pesos.

Cuatro meses después, los militares encargados de la seguridad del presidente avalaron que los particulares realizaran el rediseño de los inmuebles, según se desprende del oficio 8485, emitido por el Estado Mayor el 9 de abril de 2001.

En el documento, signado por el coronel David Gerardo Cortés Canela, se lee: “por instrucciones del general de brigada jefe del Estado Mayor Presidencial y en relación a las obras de remodelación de la casa anexa y las obras exteriores de la residencia oficial de Los Pinos, por motivos de seguridad, el acceso a esas oficinas debe ser restringido y únicamente será autorizado por el personal de seguridad designado por el Estado Mayor Presidencial; por lo anterior se solicita autorización para llevar a cabo la contratación de los trabajos referidos con la empresa Humberto Artigas y Asociados, en virtud de que después de haber realizado la evaluación correspondiente se considera que la citada compañía cumple con las especificaciones y los parámetros de seguridad y confiabilidad para efectuar las obras citadas”.

Tres meses después, la Dirección General de Auditoría Gubernamental inició una investigación sobre los posibles actos de corrupción e irregularidades administrativas respecto de los trabajos ordenados por el entonces presidente Vicente Fox. La primera anomalía detectada fue la asignación directa del contrato.

Al ser requeridos por la Secretaría de Contraloría, Mario Barjau Graniel, apoderado legal de Humberto Artigas y Asociados, y Rosalía Morales Arámbula, representante de MYO, declararon a los auditores Tomás Limón Lepe y Luis Ernesto Castillo Guzmán que en diciembre de 2000 Fox Quesada los invitó personalmente a convertirse en proveedores y contratistas de obra de la Presidencia.

Al finalizar la revisión, la Contraloría Interna señaló haber descubierto contubernio entre los particulares y los servidores públicos, que implicó daños patrimoniales al erario por unos 45 millones de pesos. También, los delitos de desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos injustificados, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y a las leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Estas corruptelas es lo que Fox quiere seguir ocultando y es Andrés Manuel López Obrador a quien le tiene miedo el exmandatario.

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