Por décadas, los mexicanos hemos padecido abusos y atropellos por falta de una justicia pronta y expedita. Seguramente todos, o por lo menos la mayoría, hemos renegado en algún momento de jueces y fiscales que se venden al mejor postor y siempre fallan en contra de los pobres y de los que menos tienen. Para evitar esto, es necesario que los impartidores de justicia, ministerios públicos y jueces, tengan garantizado realizar su labor sin presiones, amenazas, chantajes o sobornos; ni compromisos políticos y mucho menos personales; que tampoco con motivo de las contiendas electorales, como la que se avecina para designar nuevo presidente de la República el próximo 1 de julio, reciban línea para investigar a los contendientes políticos de oposición.En ese entorno de injusticias, abusos de poder y tráfico de influencias, preocupa lo que sucede en la Procuraduría General de la República (PGR), en donde su titular, Marisela Morales Ibáñez, vive atrapada entre intereses político-electorales, presiones militares, negocios privados, empresarios y funcionarios corruptos, abogados mafiosos y criminales que buscan sobornar al Ministerio Público Federal a cambio de protección.

Esta presión constante a la que es sometida la primera mujer procuradora, obliga urgentemente a que su jefe inmediato, Felipe Calderón Hinojosa, acuda en su rescate y ahuyente a todos aquellos que se aprovechan de la abogada de la nación e impiden que haya una sana impartición de justicia en ese importante órgano del gobierno.

Ante las muchas evidencias que hay sobre esas presiones, en esta entrega abordamos sólo lo relacionado con la participación de militares en la estructura de la PGR. Por ejemplo, en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales está el coronel de justicia militar Alejandro Ramos Flores, viejo conocido de la Procuraduría. Otro militar responsable del área de Inteligencia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) es el teniente coronel de infantería Abigai Vargas Tirado. Un teniente coronel más, de apellido Lizárraga, es responsable de seguridad en las instalaciones de la Procuraduría y también se conduce como jefe de escoltas.

Pero la influencia de esos militares en la PGR rebasa a la misma procuradora y a sus subprocuradores. Por ejemplo, en el caso de José Cuitláhuac Salinas Martínez, quien es titular de la SIEDO y fue hecho a un lado en las investigaciones e integración de las averiguaciones previas en contra de los tres generales y un coronel del Ejército Mexicano, quienes hace unas semanas fueron arraigados en esa Subprocuraduría por supuestos vínculos con el crimen organizado.

El que operó todo el proceso y se encargó de integrar los expedientes de los cuatro militares de alto rango, fue el teniente coronel Abigai Vargas Tirado, subalterno de Cuitláhuac Salinas, pero jamás informó de la investigación a superiores en la PGR y éstos sólo se enteraron hasta que habían sido detenidos los generales y el coronel.

Si la procuradora Marisela Morales desconfía del titular de la SIEDO por qué lo tiene ahí, o ¿acaso alguien la presionó para que no fuera un civil sino un militar quien se encargara de integrar dichos expedientes? ¿Qué ocultan esas investigaciones jurídico-militares en contra de generales de tres estrellas (de división)? ¿Realmente es tan peligroso el general Tomás Ángeles Dauahare? O todo se trata de ajustes de cuentas entre militares, y la PGR sólo sirvió para responder a intereses personales con fines sucesorios en la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con generales y coroneles, las acusaciones y detenciones de militares de alto rango generaron malestar, inconformidad y preocupación en el primer círculo del secretario Guillermo Galván Galván, pues están conscientes de que cualquiera puede ser acusado sin pruebas y llevado a prisión por supuestos nexos con el narcotráfico o el lavado de dinero, sólo basta que se induzca a algún testigo protegido y la PGR se encarga de cuadrar el expediente.

Un académico experto en el estudio de las fuerzas armadas, Guillermo Garduño, conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional, le dijo al reportero Zósimo Camacho que el presidente de la República, Felipe Calderón, ha alterado todo el sistema de la Defensa y con dichas detenciones de los generales excluyó de la sucesión a la generación de militares anteriores a 1968.

Garduño descartó que las indagaciones de la SIEDO busquen erradicar la corrupción entre las Fuerzas Armadas de México: “Las investigaciones tienen dedicatorias muy concretas”, aseguró, pues aun y cuando los militares detenidos estuvieran involucrados con el narcotráfico, “la información la habría tenido el propio presidente de la República desde hace mucho; desde que el general Tomás Ángeles Dauahare era subsecretario de la Defensa y el general Roberto Dawe era jefe de Guardias Presidenciales”.

Según Guillermo Garduño, desde la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República se inició el desmantelamiento de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Estado mexicano.

Hoy México “no dispone de una estrategia real de seguridad nacional. No sólo no se ha desarrollado, sino que fue despedazada. Ni siquiera se cuenta con la claridad para definir qué es la seguridad nacional. La propia ley que existe en la materia es en realidad un nuevo Código Penal Federal. Es decir, el marco jurídico es insuficiente”, asegura el investigador.

Otro especialista en fuerzas armadas egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, Jorge Luis Sierra, considera que las disputas al interior del gabinete de Felipe Calderón podrían ser el origen de los golpes propinados al Ejército, y agrega que en esas disputas, el propio presidente habría tomado una posición para favorecer a un grupo, pues en temas de tal trascendencia el titular del Ejecutivo “tendría que ser avisado y él mismo debería autorizar si se procede contra militares de alto rango, como este caso”.

En tan sólo tres días y en pleno proceso electoral para definir al próximo gobierno de la República, los militares –quienes ocuparon mandos superiores en la Secretaría de la Defensa Nacional– fueron detenidos y arraigados por supuestos nexos con la delincuencia organizada, en particular con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En esos días la PGR advirtió de manera inmediata que las investigaciones que involucran a efectivos militares continuaban.

La mañana del 16 de mayo, en plena campaña electoral, la mayoría de los medios de circulación nacional destacaron las detenciones del general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare y del general brigadier de estado mayor, en activo, Roberto Dawe González. Un día después, el 17, serían detenidos el general de división retirado Ricardo Escorcia Vargas y el teniente coronel de caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.

La tarde del 15 de mayo pasado, el general de división diplomado de estado mayor en retiro Ángeles Dauahare se convirtió en el militar de mayor rango detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico. Aunque otros generales de división han sido procesados por los delitos de delincuencia organizada, ninguno de ellos había llegado a ser subsecretario de la Defensa.

Además, Ángeles Dauahare, de 69 años, fue comandante de dos batallones de infantería (el 27 y el quinto); jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encargada de los planes estratégicos; jefe de Estado Mayor de la 23 zona militar; secretario particular del secretario de la Defensa Nacional (Enrique Cervantes Aguirre, durante el sexenio de Ernesto Zedillo); director del Heroico Colegio Militar y director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. También se desempeñó como agregado de Defensa Militar y Aérea en la embajada de México en Estados Unidos.

La próxima semana seguiremos con las presiones que enfrenta en su difícil labor la procuradora Marisela Morales y le toca el turno a un empresario de la construcción, de las telecomunicaciones y también vinculado a medios de comunicación (Televisa y El Universal), además de poseer gran habilidad para conseguir lo que quiere, así sea de la PGR o de otros actores políticos, sin importar el partido al que pertenezcan. Aunque en este sexenio ha sido más proclive a los funcionarios panistas, al grado que hace recordar los mejores tiempos de Ahumada con el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, el nuevo empresario de las telecomunicaciones es más hábil, y lo mismo financia campañas políticas que hace negocios con entidades del gobierno federal. Pero de eso hablaremos en la próxima entrega. Por lo pronto duerma bien, procuradora.

Los gastos y abusos del TRIFE

Uno de los órganos de impartición de justicia que después del 1 de julio cobrará mayor relevancia es el Tribunal Federal Electoral, porque ante una contienda electoral tan cerrada como se prevé, será el Trife en donde se resuelvan las controversias en materia electoral y las impugnaciones a las elecciones de presidente de la República, de gobernadores, jefe de gobierno, diputados federales y senadores. Además, este tribunal es responsable de efectuar el computo final de la elección presidencial y calificar su legalidad para declarar al presidente electo.

Por eso lo que suceda al interior del Trife es muy importante, pues todo allí debe ser manejado con transparencia, pulcritud y honestidad, y los magistrados y su presidente tienen la obligación de vigilar el buen comportamiento de los funcionarios del tribunal y que los recursos públicos asignados se manejen eficazmente. Entonces el presidente del Trife, José Alejandro Luna Ramos, debería saber que en su nombre algunos subalternos del área administrativa han despedido a algunos mandos medios como directores y coordinadores para contratar a amigos, recomendados y compadres de magistrados; han realizado dudosas compras y disponen de los recursos públicos sin austeridad alguna.

A la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del Trife le atribuyen algunos despidos injustificados de directores, coordinadores y asesores. Por ejemplo, a Carlos Sánchez, que era asesor del director general de Recursos Materiales, lo habían ascendido como director de Adquisiciones, pero sólo duró una semana en el cargo porque fue removido y despedido del Tribunal. El titular de dicha Coordinación de Adquisiciones es el doctor Rolando de Lasse Cañas, quien tuvo un desempeño polémico como director Jurídico del Instituto Federal Electoral y también se desempeñó como secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.

En cuanto a la asignación de ingresos a los trabajadores del Trife, hay un evidente dispendio, pues además de los buenos salarios que reciben magistrados y mandos medios y superiores, también se asignaron un bono por el “apoyo” al proceso electoral, que consistió entre uno y dos meses de salario a cada trabajador, dependiendo del cargo; otro bono de la misma dimensión les será entregado después del 1 de julio, nuevamente por “apoyo” a las elecciones presidenciales, y por si eso fuera poco, los magistrados del Trife han dispuesto que cada cuatro meses se les pague un bono económico equivalente a un mes de salario. Por falta de espacio, la siguiente semana comentaremos el oneroso gasto que ha hecho el Trife en su operación durante 2012 y daremos un seguimiento a las requisiciones.

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