En la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado es un hecho que las estructuras económicas de las organizaciones criminales no se han visto afectadas. Los protagonistas de esta confrontación al Estado mexicano –que muchos analistas comienzan a declarar fallido– siguen utilizando los circuitos financieros y los mercados negros para mover miles de millones de dólares y blanquear los recursos resultantes de sus actividades ilícitas.En Colombia, relatan quienes vivieron las primeras fases del ataque a los cárteles de la droga, la clausura del sistema de pagos para los criminales fue tan fuerte y definitiva que poderosos jefes de la mafia no tuvieron otra opción que comenzar a acumular dólares en paredes y pisos de pequeñas casas. Su dinero sucio cada día era más difícil de integrar a círculos formales de la economía y, para muchos, allí comenzó su debacle.

Por ello, si antes de que concluya el gobierno de Calderón no se logra desmantelar la estructura del poder económico del crimen organizado, entonces se confirmará la derrota largamente anunciada de la actual administración contra las drogas y que la candidata panista a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, nos amenaza con darle continuidad a esa política fallida de ganar las elecciones.

El tardío anuncio de modificaciones a diversas regulaciones financieras para frenar el lavado de dinero en el sector financiero, inmobiliario y de servicios le resta posibilidades al combate del dinero sucio en la economía, en un momento en el que se asegura hay una mínima recuperación, pero se padece una profunda crisis de liquidez, desempleo y falta de oportunidades para los ciudadanos.

Así, mientras en el Poder Legislativo, específicamente en el Senado de la República –en donde estrenan una costosa sede pagada por los contribuyentes en tiempos de crisis–, retrasan la toma de decisiones respecto a la iniciativa para aprobar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la economía y la sociedad siguen padeciendo una terrible ola de violencia en todo el país que pone en riesgo hasta al mismo proceso electoral. Pero el mayor problema no es la aprobación de dicha Ley, sino la ausencia de un debate serio sobre la propuesta de Felipe Calderón.

La iniciativa enviada por el presidente, que fue anunciada con bombo y platillo como si en el anuncio en sí mismo se anotara alguna victoria política, busca fortalecer la regulación en el sistema financiero mexicano y la normatividad para la prevención del blanqueo de capitales, a través de disposiciones generales que emanan de diferentes leyes aplicables a instituciones financieras.

Con esta legislación se busca frenar el lavado de dinero a través de depósitos bancarios de cantidades importantes, cuyo origen resulta sospechoso; pagos en efectivo en la compra de bienes inmuebles (mansiones, haciendas, hoteles, terrenos, entre otros activos); compra de hoteles, de centros o clubes turísticos, de restaurantes, de bares, de empresas quebradas o con problemas económicos; compra de cheques de caja o cheques de viajero y, por supuesto, transferencias electrónicas sospechosas.

Han pasado casi 14 años desde que el gobierno federal, ante la demanda de organismos multilaterales, inició la modificación de disposiciones para combatir el blanqueo de capitales. Fue en 2004 cuando, por primera vez, se incluyó el concepto de Financiamiento al Terrorismo y se buscó un mayor cumplimiento de los requerimientos internacionales (GAFI). Además se creó la Unidad de Inteligencia Financiera y, a partir de entonces, expertos en el tema ubican un parte aguas –aunque no definitivo– en el que se incrementa de manera considerable el número de definiciones para un mejor entendimiento de las disposiciones dirigidas a identificar, por ejemplo, a beneficiarios finales pero, sobre todo a las Personas Políticamente Expuestas (PPE).

En la banca, en las casas de bolsa y en intermediarios financieros y cambiarios con operaciones relevantes en el sistema de pagos se incluyen y agrupan las disposiciones por apartados, en donde destaca la política de identificación del cliente; los reportes regulatorios y estructuras internas, entre otras. Una medida determinante, según un recuento presentado por los expertos de casa de cambio Tiber durante una mesa redonda sobre lavado de dinero organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Camara de Diputados, fue el establecimiento de los llamados “umbrales de operación por producto”, así como la creación de expedientes para la identificación de transacciones a partir de 5 mil dólares, que incluyen mecanismos de aprobación interna. También llegaron los mecanismos de aprobación interna y los nuevos reportes regulatorios para transferencias.

La nueva regulación, de ser aprobada, llega cuando en el sector financiero no todos los intermediarios están vigilados (casas de empeño, centros cambiarios, Sofomes, por sólo mencionar algunas), cuando no existe igualdad en las regulaciones y cuando se aplican leyes importadas de problemáticas diferentes a las que vive el sistema financiero de México.

Además, en la prevención e investigación de casos vinculados con el lavado de dinero, se pretende fortalecer al Poder Judicial sobre el Ejecutivo (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuando la Procuraduría General de la República enfrenta un gran problema de mala imagen y descrédito público.

En el análisis de la iniciativa, el sector financiero –especialmente el cambiario– recuerda que el documento exhibe algunos problemas estructurales. Por ejemplo, aunque en México ya no se abren cuentas en dólares a personas físicas, con excepción de la región fronteriza, destacan la importancia de recordar que la economía mexicana está prácticamente dolarizada y que esta legislación no lo reconoce. Para muestra de ello, señalan que los principales ingresos lícitos del país vienen del petróleo, de las remesas, del turismo, del comercio internacional. Además, es imposible ignorar más de 3 mil kilómetros de litorales con un país en donde muchos de sus ciudadanos son declarados consumidores de droga.

Es obvio, dicen los empresarios del sector cambiario, que se está generando, les guste o no a las autoridades, un mercado paralelo de divisas. Pero no sólo hacen referencia a la circulación de dólares y los retos que involucran su control y vigilancia. La iniciativa también pretende controlar el mercado financiero en pesos, las transacciones en efectivo.

Los números también confirman la complejidad: en México la economía informal es un imperio; el 65 por ciento se opera en efectivo; incluye a 28.4 millones de personas y, a pesar de los logros que difunda la Asociación de Bancos de México en cuanto a su cobertura, el 57 por ciento de los municipios no tiene acceso a la banca. ¿Entonces cómo se pretende frenar el dinero sucio en la economía? Pero el problema va más allá. ¿Cómo se controlará la realización de transacciones de bienes inmuebles, obras de arte, joyas?

Para empezar, el Registro Público de la Propiedad y Comercio no está actualizado de forma oportuna; el Registro Único de Población es poco confiable: es un hecho la venta de base de datos. En México, un individuo puede tener varias credenciales para votar, aunque esto es ilegal. Así, el control de las operaciones en pesos puede frenar a la economía formal con más restricciones regulatorias, mientras que los negocios ilícitos siempre encontrarán vías para concretarse.

Sin embargo, es necesario reconocer la importancia de intentarlo para reforzar la prevención de lavado de dinero en el país. Rendirse, en cambio, no es una alternativa.

Antes, sin embargo, es necesario reconocer las debilidades que enfrenta el gobierno federal, pues no se cuenta con la infraestructura necesaria para analizar el universo de reportes que generaría esta legislación. Ya hemos dicho en este espacio que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se vio rebasada en su capacidad de análisis de la información. Según los banqueros, se transformó en un órgano técnico que no trascendió en el análisis estratégico para ubicar fuentes de recursos ilícitos. Trasladar sus operaciones a la PGR, sin embargo, tampoco aparece como la mejor opción frente al descrédito al que se enfrenta esa instancia.

Actualmente sólo se investiga el 8 por ciento del dinero sucio, según medios
informativos. El problema de falta de capacidad aumentaría frente a la propuesta de incorporar a más sujetos obligados (gatekeepers), aún
cuando no se han incorporado a todos los integrantes del sistema
financiero. Además, según un análisis de casa de bolsa Tiber, se enfoca a sujetos, aunque debiera ser a actividades vulnerables. Tampoco se incluyen a iglesias, aduanas, partidos políticos, lo cual no se entiende en el marco de la obligatoriedad y compromiso de México con organismos multilaterales para identificar a las PPE.

Es importante también mencionar que aunque en México opera la banca internacional, la especialización de expertos en materia antilavado en el sistema financiero a nivel nacional e internacional, ha llevado varios años. La delincuencia parece ir más rápido.

La alternativa parecería ser la referencia internacional. Algunos países han iniciado paulatinamente diversas acciones: Colombia, en 2006 se ocupó de los juegos de azar; en 2007, vehículos y actos notariales; en 2008, transacciones en oro; en 2009, transportes de valores. Lo mismo sucedió en Argentina: 2003, juegos de azar; 2007, notarios; 2009, firmas de remesas.

Bajo estas consideraciones, los actores del sector financiero temen que no se alcancen los objetivos antilavado de dinero y que, en cambio, se restringe la economía lícita en un momento clave para la recuperación. Además, también existe el riesgo de que esta legislación se siga aplicando con un sesgo fiscal, lo que impacte, una vez más, a los comercios lícitos.

Así, el restringir no implica necesariamente que el problema desaparezca. La propuesta de diferentes sectores que se verían afectados en sus operaciones formales es destinar recursos económicos, técnicos y humanos a la autoridad encargada para poder procesar toda la información de inteligencia que se genere.

Adaptar la iniciativa a la realidad de México y no seguir, una vez más, modelos importados de otros países con problemáticas diferentes. También se destaca la importancia de las campañas preventivas a la población y, por supuesto, abarcar la estrategia con otros frentes: no olvidar que el principal problema es el narcotráfico, para no dejar a un lado las campañas sanitarias antidrogas.

El reto es incorporar en primera instancia a todos los participantes del sistema financiero. También sugieren identificar los ejes centrales en donde convergen tarde o temprano las actividades económicas y productivas de un país. Y, sobre todo, realizar pruebas pilotos con los llamados gatekeepers: agentes inmobiliarios, corredores de arte, vendedores de joyas y de autos. Es así en donde se están moviendo grandes cantidades de efectivo, por lo que gradualmente se deben incorporar a la regulación.

Según la banca, no es en los circuitos financieros en donde se lava la mayor parte del dinero sucio, porque, dice, simplemente ya llega limpio. Así se reportó a las autoridades estadounidenses: “México es de los pocos países en los que es posible incorporar recursos ilícitos a la economía formal, para
lavarlos, sin necesidad de que los mismos entren al sistema financiero”.

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