El gobierno federal ha iniciado su campaña mediática y judicial para desprestigiar a grupos políticos de oposición y a sus candidatos que aspiran a la Presidencia de la República. Algunos de los expedientes oficiales que empiezan a salir y otros que conoceremos en las próximas semanas y meses, mediante la prensa, tendrán fundamento legal y razón de ser; pero muchos más simplemente serán abiertos para desacreditar políticamente a los opositores. Lo único cierto en esta lucha desgarradora por el poder, es que en los siguientes cinco meses del proceso electoral, observaremos un incremento de la violencia verbal que se sumará a la violencia criminal en todo el país.

Para ello, el aparato de Estado ha echado mano de sus órganos de procuración de justicia, de inteligencia, de investigación y de seguridad nacional –como lo hacía el PRI cuando mantenía en su poder el control de éstos–, en donde los analistas trabajan largas jornadas desde hace varios meses y hasta años, para integrar los expedientes que le permitan contener a los políticos que aspiran a ocupan la casa presidencial de Los Pinos. Dispuesto a todo, el gobierno de Calderón no dejará tan fácilmente que otro grupo político distinto al PAN gane las elecciones, así que irá con todo como cuando él mismo se declaró vencedor en las elecciones de 2006.

Como según las cuestionadas encuestas el partido a vencer es el PRI, con su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, en las últimas semanas han empezado las filtraciones a la prensa sobre investigaciones que realizan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de priistas. La información más reciente correspondiente a expediente de tres exgobernadores del PRI en Tamaulipas, el estado más conflictivo del país en materia de delincuencia organizada, a quienes relacionan con la supuestas protección a bandas del narcotráfico.

Los exmandatarios Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores son investigados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Como parte de las pesquisas que realiza el ministerio público federal, el pasado 13 y 15 de enero la PGR solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un reporte de los viajes que realicen, dentro y fuera del país, los exgobernadores y 40 personas más, entre los que están sus familiares y excolaboradores, con el fin de saber si intentan abandonar el país antes de que concluyan las investigaciones.

Hernández Flores aceptó que se abrió un expediente en su contra y que de acuerdo con un oficio de la PGR se solicita información sobre los vuelos que realiza, pero aseguró que no está impedido para salir del país. “Yo tengo el oficio donde solamente solicitan información de los vuelos, pero en ningún lado dice que no podemos salir del país, no hay órdenes de detención”, explicó el exmandatario. Añadió que en cuanto lo solicite la autoridad se presentará a declarar judicialmente.

Según el exgobernador tamaulipeco en su gobierno fue “muy cuidadoso” con el tema del crimen organizado. “Me cuidé muchísimo en ese tema, y en eso puedo decir que el que nada debe nada teme. Yo jamás tuve comunicación, ni colaboré ni pedí absolutamente nada, no hubo ninguna relación con el crimen organizado. Estamos tranquilos y listos para hacer frente a cualquier denuncia y cualquier aclaración que hay que hacer de mi parte”.

Otro de los exmandatarios investigados, Manuel Cavazos Lerma, quien es precandidato del PRI al Senado, calificó de “guerra sucia” esta investigación de la PGR abierta en su contra y, en conferencia de prensa, dijo: “Es sospechoso y sintomático que en pleno proceso electoral de nuestro partido, aparezca este tipo de información que tiene el aroma inocultable de la guerra sucia, puesto que dejan deslizar elementos de duda que pretenden empañar la imagen de un priista y de varios más”.

Mientras estos exgobernadores alistas su defensa ante el inminente proceso judicial por supuestos vínculos con el narcotráfico, otro caso involucró en días pasados al gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte,

Cuando dos funcionarios de su administración fueron capturados al transportar 25 millones de pesos en efectivo en maletas que traían en un avión oficial. Por más argumentos que den los funcionarios veracruzanos, es una vieja práctica de grupos criminales utilizar dinero en efectivo procedente de diversos delitos en sus transacciones comerciales, lo que se le conoce como lavado de dinero cuando se busca evitar que se conozca el origen y el destino de dichos fondos. En el caso de Veracruz, el gobierno asegura que los 25 millones son del presupuesto estatal, pero hasta ahora no han presentado evidencias documentales de los bancos de donde fueron retirados esos recursos, lo que hace presumir que éstos proceden de otras fuentes de financiamiento.

El mandatario aseguró que su administración ya acreditó plenamente el origen y el destino de los 25 millones que la PGR retuvo en el aeropuerto de Toluca, y añadió que sólo esperan la conclusión del procedimiento ministerial para que les reintegren el dinero. Hasta el momento de escribir esta columna, esos fondos seguían en poder del ministerio público y se abrió una investigación para que el gobierno de Duarte pruebe el origen del dinero.

En un comunicado, el gobierno veracruzano insiste en que los actos que realizó se apegan a la legalidad, por lo que anunció nuevas medidas al interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación que implica, entre otras cosas, una revisión exhaustiva de sus procedimientos administrativos y contables.

Esas torpezas priistas para el manejo de recursos, permiten al gobierno justificar el acoso político y la revelación de expedientes judiciales por corrupción, lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado en contra de políticos vinculados con los aspirantes de oposición que buscan alcanzar la Presidencia de la República.

Por lo pronto todo está listo para el arranque formal de las campañas políticas y también para el inicio de “la guerra sucia” que ya se prepara en los sótanos de las oficinas de los órganos de seguridad nacional e inteligencia financiera, como una medida desesperada para aferrarse al poder y con ello cubrir la serie de errores y corruptelas que podría enfrentar a muchos funcionarios federales ante la justicia y la rendición de cuentas.

Otro asunto que ha causado preocupación en el equipo priista, es el conflicto personal que enfrenta el exgobernador mexiquense Arturo Montiel con su exesposa la francesa Maude Versini, lo que podría convertirse en una pesadilla si esta cumple sus amenazas de denunciar las supuestas corruptelas cometidas por su exmarido cuando se desempeñó como gobernador del estado de México y revela las abultadas cuentas bancarias acumuladas presuntamente con dinero público. La duda es si en las acusaciones aparecerá el nombre del candidato, quien era la persona de mayor confianza de Montiel.

Hace varios años Arturo Montiel pudo negociar con el fisco su retiro de la contienda por la Presidencia de la República, a cambio de seguir en libertad, por las irregularidades encontradas en sus cuentas financieras personales y de su familia, pero ahora el gobierno federal está dispuesto a revivir ese viejo y abultado expediente que puede afectar la carrera presidencial del PRI.

Otro expediente que está listo en oficinas públicas es el de Luis Miranda Nava, quien fuera secretario general durante el gobierno de Peña Nieto y quien, de acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concretamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante su desempeño como responsable de las finanzas del gobierno de Arturo Montiel, la PGR integró un expediente penal en su contra por supuesto fraude fiscal y desvío de recursos públicos, pero habría bastado una llamada desde las oficinas del gobernador mexiquense para que el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha archivara la acusación. Ahora, el gobierno de Felipe Calderón pretende revivir esa acusación (entre otras) para que puedan detener al PRI en su marcha hacia Los Pinos.

Un expediente más elaborado por la UIF, es el del coordinador de la campaña del candidato priista, el diputado con licencia Luis Videgaray Caso, a quien Hacienda investigó en sus cuentas bancarias personales y movimientos financieros y encontró supuestamente irregularidades que planea hacer públicas. Con acceso a todos los movimientos financieros, la UIF integró un expediente a Videgaray como “persona políticamente expuesta”, en donde presume que habría dinero cuyo origen es necesario investigar y que el político priista explique.

Lo mismo sucede con el mexiquense Emilio Chuayffet Chemor, a quien Hacienda lo investigó por evasión fiscal y lo requerirá para que explique el origen de varios millones de pesos que encontraron en sus cuentas personales. Hasta el momento este caso como el de Videgaray siguen detenidos, pero conforme avance el proceso electoral podrían ser utilizados para beneficiar política al aspirante panista a la Presidencia, pues según las encuestas el PAN está muy por abajo del PRI.

Para investigar directamente a Enrique Peña Nieto, la UIF integró un equipo especial de fiscalistas y contadores para revisar sus cuentas financieras y determinar si tuvo que ver en los movimientos irregulares de su exjefe Arturo Montiel y poder acusarlo también en pleno proceso electoral. Las fuentes del gobierno federal también señalan que investigan las obras que realizó el exgobernador mexiquense en su estado y las empresas contratados para tal fin. En este caso buscan algo similar a lo ocurrido al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien endeudó al estado y desvió recursos públicos, lo que motivó a la PGR abrir otro expediente en contra del exlíder nacional del PRI.

Estas indagatorias contra destacados priistas continúan y lo que corre en pasillos judiciales y hacendarios es que ya está listo un expediente más en contra de varios actores políticos pertenecientes al Grupo Atlacomulco. Este, dicen los informantes, sería el golpe mortal a las aspiraciones del priista Enrique Peña Nieto. Ya veremos.

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