La Sierra Tarahumara está sitiada por el crimen organizado, ante la omisión de los gobiernos federal y estatal de Chihuahua. Reportes periodísticos señalan que desde hace varios meses las brigadas de salud que deben atender a estos territorios marginados se enfrentan a la emboscada de delincuentes que controlan la región. Los hospitales más cercanos reciben a pocos indígenas rarámuris que corren con la suerte de llegar a los nosocomios tras varios días de trayecto a pie.

Allí, mujeres parturientas, desnutridas y famélicas llegan a dar a luz a bebés pequeños y con pocas probabilidades de sobrevivir. Como si la tragedia del aislamiento y el control que ejerce el crimen organizado no fuera suficiente, las heladas en esa región agudizaron la sequía y la pérdida de las cosechas, del maíz y frijol de subsistencia. Pero el frío, que llegó a 16 grados bajos cero, también se transformó en el golpe final a los débiles cuerpos de rarámuris que llevan semanas sin alimento.

Los gobiernos federal y el estatal comenzaron el reparto de cobijas, como si eso fuera suficiente para cubrir siglos de olvido para estos mexicanos quienes morir en la miseria es la única opción.

Aunque oficialmente se reportan seis muertes a causa de la desnutrición, según consta en las actas de defunción generadas por las autoridades locales, la alerta de un mayor número de decesos por inanición la dio Ramón Gardea, miembro del Frente Organizado de Campesinos de la Región Serrana. Dijo a una reportera del canal 28 de Chihuahua que la hambruna en la Sierra Tarahumara estaba causando suicidios masivos.

“La razón es mucho más triste y mucho más profunda y más desgarradora: las mujeres indígenas, cuando durante cinco días o más no tienen que darle de comer a sus hijos, se ponen tristes, y es tanta su tristeza, que fue el 10 de diciembre cuando 50 hombres y mujeres al estar un rato pensando que no tenían que darle de comer a sus hijos, se arrojaron al barranco. Otros se ahorcan”, informó Gardea con la voz entrecortada.

Explicó que esa es la realidad que ignoran los funcionarios del gobierno de Chihuahua, “quienes están aquí cómodamente instalados con sus viáticos, con sus trocas (camionetas), con sus sueldos, con sus secretarias, con su todo. No se dan cuenta del terrible y dantesco espectáculo que hay en la sierra, con los niños y las mujeres, como si estuvieran en Haití o en Biafra, desnutridos y en los huesos. El asunto es que desde aquí en la ciudad no se ve, y como allá no hay tele, no hay periódicos, los señores aquí están tranquilos, que los indígenas se están muriendo, al cabo que son indígenas”.

Y siguió su narración: “Es un cóctel mortal, la hambre permanente, la hambre crónica cuando se vienen las épocas de frío, esa hambre la toleran con temperaturas de 10, 12, 16 grados bajo cero, y se mezcla con la desnutrición, lo que provoca la muerte de muchos indígenas, es un cóctel moral. Porque si los indígenas por su resistencia ancestral, como quiera aguantan el hambre, pero si tienes sin comer una semana y viene una temperatura de 16 grados bajo cero, es difícil que sobrevivan.

“Hay una mortalidad generalizada en toda la sierra. Y mira aquí están tranquilos los funcionarios, plática y plática, risa y risa, poniéndose de acuerdo, dándonos pretextos, diciéndonos que la normativa administrativa, del gobierno…y la muerte que están ocasionando tampoco tiene normativa, espero que ellos sepan eso. El narco, los caciques, el robo de madera, el abuso, la discriminación a los indígenas, la discriminación a las autoridades rarámuris, las tiendas de raya que hay en la sierra dedicadas a explotar a los indígenas, a los artesanos y en toda la sierra y allí los que traen trocas son los narcos, los caciques de la madera, los políticos del gobierno, los padres de la iglesia y los coyotes de los artesanos raramuris”. Así esta la sierra ahorita.

La omisión gubernamental y la corrupción en el peor de los casos, provocan las muertes por hambre en la Sierra Tarahumara. ¿Quiénes son los culpables de esta situación que mantiene aislados a esta etnia ancestral? Si en Chiapas se juzga ya a Pablo Salazar por la muerte de 30 bebes en un hospital público a donde no llegaron los recursos públicos, ¿qué se espera el gobierno de Chihuahua que no ha tomado cartas en el asunto para desactivar ese cóctel mortal que amenaza a los rarámuris?

En 2007, como parte del trabajo periodístico que dio como resultado la publicación del libro “Morir en la miseria”, en el que participaron 10 reporteros de la revista Contralínea, Zósimo Camacho alertó de la crítica situación de la región tarahumara y la ubicó entre los 11 municipios más pobres del mundo, al mismo nivel de las zonas de África Subsahariana, del África Negra. Hoy México puede competir por los muertos del mundo a causa del hambre, mientras que el titular de la Secretaría de Economía asegura que en el territorio mexicano no se sufre una crisis alimentaria.

Narra Zósimo en su trabajo periodístico: “En Chihuahua, los rarámuris habitan cavernas y viven alcoholizados: es más fácil conseguir tesgüino que agua potable. En sus propias palabras, muchas veces es lo único que hay para llevarse a la panza. Harapientos, su patrimonio es la pila de ramas secas a la entrada de la cueva y lo que llevan puesto. Nacen y mueren sin que exista un registro oficial de ellos. No cuentan con acta de nacimiento ni saben cuántos años tienen. Son hombres, mujeres y niños rarámuris que sobreviven en el corazón de la Sierra Tarahumara, adonde los aventó hace siglos el chabochi o conquistador y, por extensión, el mestizo, de quien siguen huyendo y, despavoridos, corren aunque se les grite que son médicos o maestros quienes esporádicamente los buscan. En la profundidad de las barrancas o en la cima agreste de las montañas, arañan, con rudimentarios instrumentos, las peñas casi desnudas para arrancarles algo de sunú o maíz”.

Declaraciones presidenciales irresponsables

Abogado de profesión y político de oficio, Felipe Calderón sabe muy bien que ningún detenido o acusado es culpable hasta que un juez dicta sentencia y así lo determina. Entonces cualquier persona que enfrenta alguna acusación penal no debe ser sometida al desprestigio público y menos si los señalamientos provienen de alguna autoridad, como sucedió hace unos días cuando el presidente de la República se refirió al caso de un portero del futbol profesional.

En un acto público, Calderón aprovechó la fama del futbolista Omar El Gato Ortiz y el impacto que causó en la sociedad su detención por acusaciones de participar supuestamente en el delito de secuestro de varias personas, para ponerlo como ejemplo de la descomposición social que han causado el crimen organizado y el narcotráfico en todos los sectores sociales del país, incluido el gremio fubtolístico.

El presidente, más que cualquier otro mexicano, tiene la obligación legal, moral y ética de respetar y hacer guardar las leyes y la Constitución. Por lo tanto, fue un error buscar los reflectores de este caso penal que está en proceso, para justificar su violenta “guerra” en contra del crimen organizado, pues el expediente apenas está en integración y falta un largo camino para que algún juez determine si es culpable o no.

El jefe del Ejecutivo debe guardar la serenidad y actuar con prudencia cuando se refiera a la detención de alguna persona que sea acusada de la comisión de un delito y no declarar como lo haría cualquier ciudadano que emite comentarios u opiniones de lo que sucede en el país. La investidura presidencial le exige ser el primero en respetar la Constitución y los derechos humanos de todas las personas, aún de los presos y procesados por delitos.

En su calidad de máxima autoridad del país, Calderón debió esperar a que otra autoridad distinta, como es el Poder Judicial, determinara si el futbolista es culpable de los delitos que se le imputan, para hacer referencia a ellos y no utilizarlo antes como escarnio público para hablar de lo importante que es su combate a la delincuencia organizada.

En lo que sí tiene razón Calderón, es en la terrible descomposición social generada por la violencia extrema en todo el país y la confrontación armada que se libra en lugares públicos y que se ha salido del control gubernamental, lo que ya ha provocado miles de víctimas inocentes que nada tenían que ver con delito alguno y que han sido clasificados como “daños colaterales” por el propio mandatario.

Nos guste o no, de regreso al caso del futbolista, Omar Ortiz tiene derechos que deben ser salvaguardados (como el derecho a una defensa adecuada y a la secrecía del proceso) por las leyes y cumplidos por las autoridades, más allá de su responsabilidad o no en los delitos de que le acusan.

Que pasaría en el supuesto de que un juez decretara la libertad de Omar Ortiz por falta de pruebas o cualquier otra causa. Pues el presidente se vería obligado a ofrecerle disculpas por el escarnio público hecho de él hace unos días.

Lo mismo sucede con otras detenciones de supuestos delincuentes que, antes de ser juzgados, son llevado a la picota de los medios de comunicación y presentados por las distintas autoridades federales y estatales como culpables sin haber enfrentado juicio alguno. La situación es tan grave que las comisiones de derechos humanos deberían intervenir para frenar esta exhibición público que han convertido en un circo promovido por los gobiernos.

Al de por sí alarmante uso del lenguaje en diversos medios, en donde se culpa a los sujetos a procesos penales sin la debida precaución de precisar que se trata de imputaciones que tienen que ser sometidas a tribunales judiciales para que se dicten las sentencias respectivas y es sólo hasta entonces cuando se concluye si son o no responsables. De tal manera que la violencia que vemos todos los días en las calles de nuestro país se ha trasladado también a la violencia verbal en los distintos medios de comunicación que, algunos de ellos irresponsablemente, utilizan para llamar más la atención pública.

En el caso de Ortiz algunas notas de prensa, entre ellas de la agencia española EFE, han señalado que el futbolista permanecerá 30 días bajo detención domiciliaria, para definir la investigación sobre los dos secuestros en los que el Ministerio Público lo involucra, según reportó la Fiscalía del estado de Nuevo León.

“Ortiz participó (supuestamente) en el secuestro de dos comerciantes, uno de ellos era un vecino que vivía en su colonia (barrio)», dijo un portavoz de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León sobre la investigación que culminó con la captura del portero el sábado pasado.

Para darle tiempo a las autoridades de ampliar las indagaciones por ese delito, el exportero del equipo de futbol Monterrey deberá permanecer al menos 30 días detenido en un domicilio. El lugar donde cumplirá su prisión preventiva no será revelado, dijo la Fiscalía, para darle seguridad al detenido. Las primeras investigaciones ministeriales indican que Ortiz recibió alrededor de 100 mil pesos por proporcionar información para la realización de los secuestros de comerciantes de la región.

Omar Ortiz está inhabilitado para jugar al fútbol profesional desde abril del 2010, cuando fue sancionado por dar positivo en una prueba antidopaje que se practicó en el Instituto de Medicina del Deporte de la Habana. Su inhabilitación concluiría el próximo mes de abril.

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