En busca de justicia y libertad de pensamiento, el 13 de enero de 1898 se publicó en la primera plana del diario francés L’Aurore, el famoso texto “Yo acuso”, en el cual el escritor y periodista Émile Zola hace una defensa a favor del capitán Alfred Dreyfus, acusado y sentenciado injustamente por un tribunal militar a 35 años de prisión por el delito de alta traición.

El texto del conocido caso Dreyfus, publicado en forma de carta abierta en el periódico francés, se convirtió en un clásico de la libertad de expresión que, a través de la prensa, exige justicia ante los abusos de los poderosos enquistados en el gobierno.

La semana pasada el todavía diputado panista Manuel J. Clouthier nos hizo recordar el “Yo acuso” de Zola con su carta con el mismo título y publicada como desplegado pagado en un diario capitalino. El hijo del legendario Maquío, excandidato presidencial y también del mismo nombre, acusa a su Partido Acción Nacional (PAN) de incongruencia, de corrupción, de injusticia y de traicionar los principios democráticos que le dieron vida a ese órgano político.

En una dura y consistente carta, Clouthier critica la incongruencia del PAN al negarle su derecho a participar en la contienda interna para buscar la candidatura a la senaduría por Sinaloa y le recuerda a los líderes de ese partido que no pueden ser promotores de la democracia en el país cuando internamente su organización carece de lo mismo.

El panista argumenta en su “Yo acuso”, igual que lo hiciera Zola hace más de 100 años, la falta de libertad de expresión, en este caso para los militantes y simpatizantes del PAN, “cuando esta libertad es pilar fundamental de toda democracia”.

En esta denuncia pública sobre los abusos del partido en el poder, Clouthier compara al PAN con el viejo régimen priista autoritario y antidemocrático, y lo acusa de incongruente al decir que promueve el respeto a la dignidad de la persona y al mismo tiempo coaccionar el voto de los militantes que trabajan en los gobiernos panistas, al más puro estilo del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A unos meses de que se lleven a cabo las elecciones para decidir quien será el próximo presidente de la República, el hijo de Maquío hace una severa acusación en contra de la administración pública y los gobernantes: usan los programas sociales con fines partidistas y clientelares. Al tiempo, critica al PAN por promover el terror cuando debería fomentar un ambiente de libertad.

Como pocas veces vemos, un destacado panista revela la verdad acerca de lo que se ha convertido ese órgano político, una vez que asumió el poder hace 11 años, cuando Vicente Fox ganó la Presidencia, y ahora con Felipe Calderón en Los Pinos.

Así, desmitifica al PAN como supuesto promotor de las buenas conciencias y de las libertades democráticas, de pensamiento y de expresión, y lo ubica como un partido autoritario, antidemocrático y falso en su moral y su ética política que pregona. Lo compara con las etapas más oscuras, corruptas y autoritarias del PRI, cuando éste mantenía el poder político del país.

A los dirigentes panistas, encabezados por Gustavo Madero, los acusa de intolerantes y excluyentes, y al PAN de pregonar por más de 70 años de regímenes priistas que se puede gobernar con principios y “en 11 años de ser gobierno federal no hacerlo”.

Otro señalamiento puntual es sobre el grave problema de la corrupción. En su “Yo acuso”, Clouthier precisa la incongruencia del PAN al decir que promueve la justicia y no combatir los privilegios y fomentar una sociedad desigual. Esa incongruencia, agrega, se incrementa cuando, con dedo flamígero, señala la corrupción del viejo régimen priista y hoy solapa la corrupción en los gobiernos panistas.

Lo acusan , señala el legislador del PAN, de dañar al partido al denunciar sus desviaciones, “cuando lo que hace daño es taparlas impunemente y no corregirlas o sancionarlas, convirtiendo complacencia en complicidad”. El PAN, continúa, fomenta el paternalismo, el populismo, la demagogia y la mentira.

Manuel J. Clouthier dice de Felipe Calderón que es incongruente cuando se permite que el presidente de la República, emanado de Acción Nacional, detente la autoridad como máximo líder del partido, como hacía el PRI.

Al presidente del PAN, Gustavo Madero, también lo califica de incongruente por acatar las opiniones de Calderón y del gobernador sinaloense Mario López Valdés, Malova, sin importar la opinión de los panistas y los ciudadanos sinaloenses.

El hijo de Maquío acusa que en México la política ha sido secuestrada por los partidos y, en consecuencia, los ciudadanos libres no pueden participar en ella ni ser votados.

Manuel J. Clouthier, un auténtico panista cansado de tantas mentiras y abusos de su partido (PAN) en el poder, desnuda en su “Yo acuso”, igual que lo hizo Zola hace más de un siglo, las injusticias y la farsa de ese partido fascista.

La rendición de cuentas

En un acto propagandístico y publicitario, Felipe Calderón emitió un acuerdo publicado el 15 de diciembre pasado, en el cual se especifica que los funcionarios del gobierno federal deberán difundir en sus páginas de internet toda la información que poseen, con excepción de aquellos apartados o anexos que contengan información que haya sido clasificada como reservada o confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso de la Información. En tal caso, se deberán elaborar versiones públicas, informó la reportera Lilia Saúl en El Universal.

Lo que parecía una voluntad política para que los servidores públicos rindieran cuentas a la población de sus actos de gobierno y administración, en realidad es una farsa más del presidente, pues cuatro días después, el 19 de diciembre, como da cuenta la misma nota aludida, Calderón abrogó el acuerdo que creó la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, la cual operaba de manera permanente.

Dicha comisión, explica la reportera, tenía como objetivo coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal. Entonces para qué la desaparece el mandatario, pues para permitir la impunidad en el desvío de recursos públicos.

Sin embargo, aún con la reticencia presidencial para transparentar las acciones de gobierno y con ello pretender ocultar la terrible corrupción que ha consumido a toda la administración pública y ha beneficiado a muchas empresas privadas nacionales y extranjeras, este gobierno, como ningún otro, será sometido al escrutinio público y a los medios de comunicación por el despilfarro y el abuso cometido en sus hasta ahora cinco años de gobierno. Sobre todo, la impunidad promovida desde Los Pinos en beneficio de funcionarios cómplices.

Dicho acuerdo presidencial, que más que una voluntad política es una obligación legal para el Ejecutivo, explica que “tiene por objeto establecer las bases que las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán observar para la rendición de cuentas de la administración 2006-2012, y la entrega recepción de los asuntos a su cargo a la siguiente gestión gubernamental, con la finalidad de que la misma se realice de manera ordenara, transparente, confiable, oportuna y homogénea, y permita dar continuidad a los servicios y funciones gubernamentales, así como a los programas y proyectos a su cargo”.

En el papel esto suena bien, pero en la realidad ya se comenta entre funcionarios las distintas estrategias para ocultar la mayor información posible y evitar con ello la rendición de cuentas y las probables sanciones en contra de directivos de las entidades públicas.

En cada gobierno, sea PRI o PAN, se ha abusado del poder y se han utilizado recursos públicos para enriquecer a los titulares de las unidades gubernamentales, a empresarios cómplices, a familiares y amigos, mediante el otorgamiento de contratos amañados para la adquisición de bienes y servicios.

Otra forma de corrupción gubernamental ha sido el desvío del destino original del dinero dispuesto por el Congreso. Es decir, los legisladores discuten y aprueban un presupuesto público general y a cada órgano de gobierno le asignan determinados recursos para programas y proyectos, pero muchos de éstos nunca se cumplen porque algún funcionario corrupto desvía los fondos hacia otras áreas para privilegiar sus propios intereses o simplemente para utilizar el dinero en otras actividades. Eso configura el delito de peculado que constantemente se comete en la administración pública ante la falta de regulación y vigilancia por parte de los órganos responsables para ello.

Otra área encargada de la vigilancia del buen orden y comportamiento de los servidores públicos, es la Secretaría de la Función Pública, esa entidad que hace unos años el mismo Felipe Calderón dispuso desaparecer por considerar que era un elefante blanco, pero el Congreso dispuso otra cosa e impidió que el presidente arremetiera con la dependencia encargada de combatir la corrupción y la impunidad.

El problema con esta Secretaría no es que sea un ente inservible, sino que su titular depende de las decisiones que se toman en Los Pinos y eso impide que se actúe con transparencia y honestidad en la disminución de la corrupción y en la rendición de cuentas de los servidores públicos. Es desde la casa presidencial en donde salen las órdenes para sancionar a tal o cual funcionarios o empresario cómplice, sin importar que la corrupción involucre a prácticamente toda la administración pública federal.

Entonces, mientras sea el mismo Poder Ejecutivo el que se encargue de revisarse a sí mismo y no haya una frontera que divida los intereses personales y de grupo político entre ambos propósitos, no se podrá avanzar en combatir el cáncer de la corrupción y la impunidad.

Como sabemos, sólo la Auditoría Superior de la Federación, órgano dependiente del Congreso de la Unión, es la única autoridad que actúa más o menos independiente, pues también está sujeta a los caprichos y juegos políticos de los partidos en la Cámara de Diputados, pero hasta ahora es la única entidad que investiga a la administración pública federal.

Muchos ejemplos de corrupción se han escrito en este espacio cada semana y por varios años, pero sin dudarlo los últimos sexenios, desde los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, así como los de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, son una prueba de la urgencia de que este país necesita cambiar sus modelos de gobierno, de democracia, de justicia y de rendición de cuentas.

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