Hasta ahora la atención de la opinión pública había estado concentrada en la descapitalización de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante un régimen fiscal que mantiene a esta empresa del Estado como la principal fuente de recursos del erario público, sin dejar de lado los problemas administrativos y de corrupción entre funcionarios y contratistas privados. Ha sido, sin embargo, decisión del gobierno de Felipe Calderón eliminar gradualmente el subsidio a las gasolinas importadas, lo que está colocando bajo los reflectores la ineficiencia bajo la cual opera la la principal paraestatal del Estado mexicano. No sólo eso, detrás de la incompetencia de un gran número de administradores de la alta burocracia de Pemex, también se escriben historias de corrupción, negligencia, tráfico de influencias e impunidad.

Por ejemplo, ¿quién tomó las decisiones en el caso Repsol? ¿Quién firma y avala cada uno de los movimientos financieros que pasan por los paraísos fiscales a través de los cuales Pemex administra los recursos de la nación? La inhabilitación de un grupo de exfuncionarios de Petróleos Mexicamos Internacional (PMI) por parte de la Secretaría de la Función Pública advierte que se trata sólo de la punta de un iceberg que debería salir todo a la superficie para replantear la administración off-shore de la paraestatal y, sobre todo, para enviar un mensaje duro a los servidores públicos deshonestos, coludidos con empresarios corruptos, que serán enviados a prisión si cometen actos ilícitos.

Si bien es cierto que la aplicación de factores de descuento en el comercio petrolero es una práctica aceptada a nivel mundial en el mercado de los energéticos, bien valdría la pena preguntarse si durante la última década – en donde se presentaron precios históricamente altos y México generó excedentes por más de 100 mil millones de dólares – los funcionarios de Pemex a cargo de las negociaciones en la venta del crudo mexicano cumplieron con su responsabilidad de colocar el petróleo en las mejores condiciones y, sobre todo, si su actuación estuvo libre de prácticas de corrupción.

PMI es la empresa encargada de la comercialización internacional de petróleo crudo y de la prestación de servicios a diferentes empresas filiales de Pemex; es además responsable de la venta de hidrocarburos y de productos petroquímicos, y también de la supervisión de las inversiones de Pemex en el exterior. Su misión es incrementar el valor de Pemex y sus organismos subsidiarios a través del comercio internacional.

Sin embargo, la inhabilitación de la exdirectora general de PMI, Rocío Cárdenas Zubieta, coloca en primer plano la negligencia y corrupción que ha caracterizado a esta subsidiaria de la paraestatal que opera a través de fideicomisos y con domicilios en paraísos fiscales.

Las políticas autorizadas para la gestión de PMI, desde la Dirección General y el Consejo de Administración de Pemex, permiten de suyo una gran discrecionalidad en su operación. Para empezar, en documentos oficiales de la paraestatal se establece que si bien la adopción de nuevas políticas comerciales o la modificación de las mismas deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración de PMI, “en situaciones extraordinarias, y siempre que se respeten las premisas básicas, PMI podrá modificar la aplicación de alguno o algunos de los lineamientos establecidos en estas políticas”. Fue así como la discrecionalidad se convirtió en la constante al interior de PMI, al extremo de llegar a decisiones apegadas a echos de corrupción.

A Rocío Cárdenas Zubieta se le inhabilitó por diez años para trabajar en el gobierno federal y se le impuso una multa por 238.9 millones de pesos, luego de que la Secretaría de la Función Pública confirmó que la exfuncionaria y tres de sus colaboradores realizaban descuentos discrecionales en operaciones de compra y venta de gasolina.

Siendo directora Comercial de Refinados, Cárdenas Zubieta autorizó un descuento, excesivo e injustificado, en la venta de gasolina cóquer, a favor de las dos empresas de compra-venta de hidrocarburos más grandes del mundo.

El Factor K

Pero en el mercado de gasolinas no termina el problema. El titular de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, tendría que ocuparse en revisar el mismo tipo de descuentos que se realizan en el mercado del petróleo.

Una amplia y documentada investigación de la reportera Nancy Flores en la revista Contralínea establece que, al menos desde hace una década, Pemex otorga discrecionales y multimillonarios descuentos a sus clientes encabezados por Estados Unidos. Además, son tres empresas privadas en las que participa Pemex –¬radicadas en los paraísos fiscales de Islas Caimán y Holanda–, las que se benefician de la ganga del petróleo, revela la Auditoría Superior de la Federación. Los multimillonarios descuentos también favorecen a Repsol y Shell, vinculadas con la petrolera mexicana a través de acciones y sociedades trianguladas.

Las rebajas, denominadas factores K y K’, van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril de petróleo exportado y se “justifican” como “ajustes de precio por competitividad”, revelan actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. Si en cada jornada se hubiera descontado el máximo permitido, el erario habría perdido más de 860 millones de dólares anuales; unos 8 mil 600 millones en 10 años de administraciones panistas al frente de Pemex.

Las reglas del Factor K indican que éste también puede alzar el valor del energético, considerado un bien nacional por la Constitución; sin embargo, invariablemente se utiliza en perjuicio del erario de México, descubren los documentos consultados. De esta política, que castiga los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira, el mayor beneficiario es Estados Unidos. Los clientes en ese país acaparan el 84 por ciento de las exportaciones de Pemex.

Le siguen los europeos, principalmente de España e Italia, cuyo mercado representa el 9 por ciento de las ventas. Luego, los del Oriente Lejano –liderados por China–, que consumen el 4 por ciento de las exportaciones mexicanas, y los de la India, evidencian las actas de las sesiones ordinarias 86 –del 31 de marzo de 2009– y 93 –del 7 de diciembre de 2010– del Consejo de Administración, obtenidas por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (solicitud 1860000002411).

Por día, PMI comercializa un promedio de 1 millón 247 mil barriles de crudo. Si los descuentos se fijan en su máximo permitido –1.9 dólares por barril–, éstos representarían una sangría a las finanzas públicas de 2 millones 369 mil 300 dólares por jornada. Al año, el erario dejaría de percibir 864 millones 794 mil 500 dólares.

Si los descuentos adicionales –que oscilan entre 2 y 3 dólares por barril– aplicados a las ventas extraordinarias del energético fueran frecuentes, estas estimaciones podrían ser menores a lo que en realidad pierden las arcas públicas. Datos que, aunque involucran miles de millones de pesos del erario, la petrolera y su subsidiaria mantienen como reservados y confidenciales.

Una vez más, Rocío Cárdenas Zubieta tendría que explicar cuáles fueron los criterios para aplicar estos descuentos. Las variaciones, es un hecho, fueron avaladas por la exdirectora general de PMI y el entonces director comercial de petróleo crudo, Tomás Baños Arnaíz; además, fueron informadas al Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, que regula las políticas de compra-venta, y al Consejo de Administración. Es decir, hay más culpables, pero como siempre sucede, el hilo se rompe por lo más delgado, aunque esta vez si alcanzó a una directora general y brazo derecho del director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel.

Pero la discrecionalidad siguió siendo la constante. Por ejemplo, el 29 de marzo de 2010, durante la 90 sesión ordinaria del Consejo, se informó que el crudo Maya registraba una baja competitividad al finalizar 2009, debido al alto precio del combustóleo y la debilidad relativa del WTI. Por ello, explicó Cárdenas Zubieta, en diciembre de ese año “se ajustó el Factor K en 0.6 dólares”.

La entonces directora de PMI Comercio Internacional explicó que “los decrementos continuaron durante el primer trimestre de 2010, debido a la baja aceptación de esta calidad de petróleo crudo, ya que hubo paros por mantenimiento de los productores de gasolina en la región USGC (US Gulf Coast)”.

En la sesión 93, del 7 de diciembre de 2010, los consejeros pidieron a Cárdenas Zubieta que les informara “las condiciones en que se colocan los volúmenes adicionales (de crudo), mencionando como ejemplo las exportaciones a la India, China e Italia”. De ello se deriva que dichas exportaciones podrían haber incluido los nuevos descuentos del Factor K’.

Información privilegiada

A pesar de involucrar miles de millones de pesos que deberían ingresar a las arcas públicas, los descuentos no se transparentan. Al responder a un recurso de revisión interpuesto por Contralínea en mayo de 2005 (0123/05) ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, PMI reservó por siete años “el análisis técnico que se realiza para definir la variación de la constante, (que) consiste en medir –a través de modelos matemáticos de programación lineal que representan las refinerías en donde se pueden procesar crudos con calidades similares a los mexicanos– el margen económico que los crudos mexicanos pueden brindar a los refinadores en comparación con otras calidades disponibles en el mercado”.

Según la filial de Pemex, “su difusión puede dañar la estabilidad financiera y económica del país”; pues “representa información confidencial” y “es secreto industrial propiedad de PMI”. Considerado el petróleo crudo y sus derivados un asunto de seguridad nacional, Pemex debería explicar con precisión cómo hace las ventas de petróleo y no dejar a la duda de la población y la prensa lo que más se perfila como un asunto de corrupción y no de seguridad industrial.

Acerca del supuesto daño que se causaría por la revelación de los criterios en los que se basan los multimillonarios descuentos, señala: “En caso de hacerse público el análisis o estudios que justifican el movimiento del Factor K de las fórmulas de precio de los crudos mexicanos de exportación, se estaría dando, tanto a los competidores de PMI como a sus clientes, los elementos objetivos y la información suficiente para reducir las ventajas competitivas que PMI tiene en el mercado, menoscabando el valor que los crudos mexicanos pueden alcanzar en el mercado internacional y por ende afectando el ingreso de esta entidad, de manera directa, y de Pemex Exploración y Producción –organismo público descentralizado, subsidiario de Petróleos Mexicanos–, quien vende el crudo a PMI, e igualmente de manera indirecta los ingresos que obtiene el gobierno mexicano por la exportación del crudo, mismo que en los últimos años ha representado cifras cercanas al 35 por ciento del ingreso gubernamental”.

Agrega que, si se considera “que el mercado petrolero internacional es altamente competitivo, el otorgar acceso a la información solicitada sin duda implicaría que PMI tuviera que enfrentar situaciones en las que sus clientes y competidores aprovecharan dicha información para implementar estrategias cuyo objetivo sería desplazar al crudo mexicano de los mercados en los que se comercializa, o forzar un ajuste a la baja en los precios del crudo mexicano con el fin de mantener su participación de mercado”.

Alguien le cree a Pemex que negar la información pública es un asunto de seguridad nacional o lo único que pretende es oculatr la enorme corrución que envuelve sus transacciones comerciales de venta de los bienes nacionales.

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