Por acuerdo presidencial, en 1984 fue constituido el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como un propósito gubernamental por reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico en México. Hasta ahora, suman unos 7 mil investigadores en todo el país que integran esa honrosa lista que les permite gozar de otro privilegio además del prestigio, recibir un ingreso económico mensual en tres niveles distintos por ser miembros del Sistema: 4 mil pesos nivel uno, 7 mil pesos nivel dos y 10 mil pesos nivel tres.

Con el propósito de ingresar a esa exclusiva lista, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) indaga si algunos investigadores han falseado sus títulos y otros documentos para recibir cada mes ese beneficio económico sin merecerlo, por lo que se verificará que cada uno de los integrantes del SNI tenga los méritos suficientes para cobrar un salario mensual que proviene de dinero público.

Por lo pronto, una destacada doctora que se desempeñaba hasta hace unas semanas como profesora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, ha sido suspendida del Sistema Nacional de Investigadores y es investigada por presentar un supuesto título falso que la avala como doctora en Derecho por una universidad estadounidense que, según el Conacyt, niega que sea auténtico.

Además, de encontrarla responsable por falsificar documentos para obtener beneficios económicos gubernamentales, podría ser acusada penalmente, pues al recibir ingresos públicos mediante engaños estaría en la hipótesis de cometer fraude entre otros delitos.

Mientras eso ocurre en las indagatorias, la primera reacción de la Universidad Iberoamericana fue tratar de alejarse del escándalo que esto significa para esa prestigiada institución académica y decidió rescindirle el contrato de profesora de tiempo completo, por lo que desde hace varias semanas tuvo que dejar su empleo que desde hace siete años ejercía como maestra de diversas asignaturas en la carrera de Derecho de la Ibero.

El director del Departamento de Derecho de la Ibero, doctor Víctor Manuel Rojas, dijo desconocer los motivos de renuncia de la profesora cesada e investigada, “yo no veo eso de las renuncias, de eso se encargan las áreas administrativas de la Universidad”, sin embargo aceptó que aunque sabe que renunció, puede tratarse de un despido simulado de renuncia “para guardar las formas” universitarias.

Para la Ibero, aseguró el funcionario universitario, no hay afectación alguna porque una de sus profesoras esté involucrada en falsificación de documentos de titulación, pero reconoció que en esa universidad hay un área responsable de investigar que los profesores tengan los méritos y créditos suficientes para impartir clases y, de hecho, “se investigan los títulos que presentan los profesores cuando ingresan”, aunque en este caso pudo haber fallado.

El Conacyt reporta que el SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social, por eso es importante que se investigue que todos aquellos que reciben el honor de formar parte del SIN cuenten con los méritos suficientes y, sobre todo, que los títulos que los avalan sean auténticos.

Laboratorio pericial de la PGR

Dos días después de la fecha original prevista para su inauguración, Felipe Calderón acudió a las instalaciones del nuevo Laboratorio Central de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se invirtieron casi 500 millones de pesos y aún presenta problemas de operación y nula transparencia en la aplicación de recursos públicos.

Se trata de un proyecto en el que la PGR y su coordinador general de Servicios Periciales, Miguel Oscar Aguilar Ruiz, invirtieron más de tres años en su planeación y ejecución. El problema, de acuerdo con algunos peritos inconformes adscritos a la PGR, es que dichas instalaciones que, según la propia dependencia, se ubican entre las mejores del mundo, podrían convertirse en un gran fraude.

Al interior de la PGR se sabe que la mayor parte de las inversiones para la operación de este laboratorio correspondieron a adjudicaciones directas, debido a que se trata de un proyecto considerado como parte de la “seguridad nacional”. Aguilar Ruiz junto el responsable de la Oficialía Mayor en la época de Eduardo Medina Mora son los responsables de la aplicación de estos recursos poco transparentes.

Al presentar las instalaciones a Felipe Calderón y a los medios de comunicación, se destacó que se trataba de instalaciones diseñadas por completo por expertos de la PGR, lo que involucró, por lo tanto, una gran discrecionalidad en la toma de decisiones relacionadas con la construcción y equipamiento del laboratorio.

Algunos peritos sostienen que para la compra del inmueble no se realizó una licitación pública, estrategia que se repitió en los procesos de compra de equipo. Sin embargo, en el sistema de adquisiciones del gobierno federal, Compranet, logramos ubicar un proceso de licitación para el mantenimiento de los equipos que se operarán en el nuevo laboratorio. De esta forma, la PGR no licitó la adquisición de los equipos pero sí el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el laboratorio de genética forense.

Así convocó a empresas interesadas en un contrato que tiene como presupuesto mínimo 624 mil 868 pesos y como máximo un millón128 mil pesos. Se trata del mantenimiento para 32 equipos entre mayo y noviembre de este año. Pero, sin duda, son minucias en medio del gasto por 500 millones de pesos para la edificación de este laboratorio.

La otra licitación de la que se tiene registro en Compranet, es la relacionada con consumibles para la operación del laboratorio, documentos que también firma Aguilar Ruiz. De lo que no se tiene registro aparente es de la compra de los equipos y el diseño de las nuevas instalaciones que colocan a México en la “vanguardia” de la investigación pericial, como aseguró la titular de la PGR, Marisela Morales Ibañez.

El objetivo del nuevo laboratorio es fortalecer la investigación ministerial para que ésta sea pronta y expedita. Para ello, la PGR contará con 26 departamentos especializados en los que se realizarán, entre otras, pruebas de huellas digitales, poligrafía y balística forense.

Algunos funcionarios de la PGR consideran, sin embargo, que las instalaciones no estaban terminadas y que además la inversión por 500 millones de pesos no se ve por ningún lado. Para empezar, aseguran, se trata de una nave industrial antigua con dimensiones e instalaciones obsoletas, cuya funcionalidad aún se encuentra en tela de juicio. Se quejan de que dicho edificio no cuenta con aire acondicionado y las instalaciones eléctricas se colocaron de manera equivocada. En las rampas que se tienen previstas para levantar vehículos para su análisis, los gatos hidráulicos no funcionan. Además la nave industrial registra goteras. Por ello, vuelven a preguntar: ¿En dónde están los 500 millones de pesos?

De acuerdo con documentos de la PGR, relacionados con la contratación de seguros, este inmueble que forma parte de los activos de la entidad y está valuado en 135.1 millones de pesos, y se clasifica como una “construcción superior maciza” con más de 19 mil metros cuadros, ha sido asegurada al menos durante los últimos tres años.

De acuerdo con el propio Aguilar Ruiz, la inversión por 400 millones de pesos – aunque al interior de la PGR se habla de 500 millones – incluye la adquisición del inmueble, la remodelación y el equipamiento. También, aseguró, se cuentan con más de 200 cámaras de video, registros dactilares, además del acondicionamiento para las áreas de genética y de balística.

En el equipamiento de este laboratorio también se tendría que tomar en cuenta toda la tecnología de intercambio y donación por parte del gobierno de Estados Unidos que forma parte del Plan Mérida. Éste parece ser el caso del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), con un valor de 2.1 millón de dólares. Dicha tecnología tiene la capacidad de vincular las balas y los casquillos a las armas con el propósito de sostener jurídicamente casos contra delincuentes. Este tipo de tecnología se utilizó, precisamente, en el caso de Hank Rohn, según lo relevó el propio Felipe Calderón luego de reprochar a los jueces que desestimaran las pruebas en contra del expresidente municipal de Tijuana.

Como parte del Plan Mérida también se entregó un equipo de laboratorio forense adicional con un valor de 5.5 millones de dólares. Así que la pregunta es: ¿Quién explicará el gasto de 500 millones de pesos en el nuevo laboratorio de la PGR? Cursos y capacitación en materia forense y criminalística han sido financiados por la misma iniciativa.

Lo interesante, además, será saber si después de la inauguración de estas instalaciones, a la que asistieron los titulares de las secretarías de Gobernación, Francisco Blake; de Hacienda, Ernesto Cordero; de Seguridad Pública, y de la Defensa, Guillermo Galván Galván, los peritos de la PGR asistirán a trabajar a estas instalaciones.

Después de que el proyecto pasó por el escritorio de tres procuradores, la esperanza era que en este nuevo laboratorio se realizara investigación pericial de altura para dejar de cometer pifias que dejaran libres a delincuentes ante la falta de pruebas.

El temor de que no funcione este laboratorio no es menor. El titular de Servicios Periciales de la PGR es el mismo perito que aseguró haber encontrado la osamenta de Manuel Muñoz Rocha en la casa de Raúl Salinas de Gortari. En aquel momento quedó claro que Aguilar Ruiz no había realizado los estudios científicos y periciales adecuados. ¿Será que éste perito ha sido capaz de conducir el diseño y construcción de un laboratorio pericial de primer mundo?

El nuevo Laboratorio Central de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República tiene una superficie de terreno de más 19 mil metros cuadrados en donde, se dice, todas las áreas y especialidades cuentan con los espacios diseñados especialmente por el propio personal pericial y aloja la tecnología más avanzada para el desarrollo de sus actividades, que la ubica orgullosamente entre los mejores del mundo.

Más de mil 500 peritos integran la Dirección de Coordinación de Servicios Periciales y entre las principales profesiones destacan médicos, químicos, abogados, médicos veterinarios, biólogos, psicólogos, antropólogos, odontólogos, ingenieros, arquitectos, contadores.  En el 2000 se contaban con 454 peritos que prestaban el servicio pericial a nivel nacional. Para el 2010 se cuentan con mil 509 peritos que representan en los recursos humanos un crecimiento mayor al 200 por ciento en comparación con 2000, la mayor cantidad de estos peritos se encuentran en coordinaciones estatales. Los resultados, sin embargo, siguen siendo pobres en materia de impartición de justicia.

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