La semana pasada comentamos la disputa que hay en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por recuperar la fortuna en miles de millones de pesos que está guardada en unos 10 fideicomisos constituidos hace más de 20 años en Bancomer y Banamex por el exlíder Joaquín Hernández Galicia a nombre de los trabajadores petroleros y que ahora el actual dirigente Carlos Romero Deschamps pretende apoderarse de ellos.

Aunque han habido varios negociadores oficiosos para destrabar los acuerdos entre los dos líderes, entre otros el exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, quien ha tocado incluso las puertas de las oficinas del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y hasta las de Los Pinos, lo cierto es que en este momento se rompieron las pláticas y se ve más que imposible que puedan recuperar esa fortuna que ya acumula intereses millonarios y que sólo pertenece a los trabajadores petroleros.

Pero mientras La Quina y Romero Deschamps se pelean por el dinero, en una fiscalía de la Procuraduría General de la República se mantiene abierta y muy activa una averiguación previa en contra del actual dirigente petrolero por el delito de fraude por 3 mil millones de pesos correspondientes a las cuotas de los sindicalizados. De haber voluntad política para aplicar la ley y hacer justicia, la PGR podría consignarla ante un juez federal y éste librar órdenes de aprehensión en contra de Carlos Romero Deschamps y su tesorero el exsenador Ricardo Aldana.

Esta podría ser la oportunidad que busca el gobierno federal para asestar un duro golpe al priismo con miras a las elecciones presidenciales de 2012, pues es sabido de la fortuna que ha acumulado ese líder petrolero que, al igual que otros dirigentes priistas, vive como un verdadero magnate a costa de las cuotas sindicales de los trabajadores y las prebendas otorgadas por gobiernos priistas. Si alguien duda puede buscar información en la prensa sobre los miles de millones que el corporativo entregó al sindicato y que fueron desviados a la campaña del entonces candidato priista a la Presidencia, Francisco Labastida. Aunque hay muchos ejemplos, baste mencionar a otros líderes como la maestra Elba Esther Gordillo o al líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, quienes al igual que Romero Deschamps poseen fortunas incalculables difíciles de justificar con su salario.

La denuncia hecha ante la PGR a finales del año pasado en contra de Romero Deschamps, fue presentada por el líder petrolero disidente Mario Ross, quien en respuesta la semana pasada fue capturado violentamente mediante engaños por agentes judiciales del Distrito Federal, bajo diversas acusaciones de fraude, y enviado a un penal de Villahermosa, Tabasco, en donde esta semana podría recuperar su libertad después de pagar dos fianzas por decenas de miles de pesos.

Apenas 20 días antes otro dirigente petrolero opositor a Romero Deschamps, Pablo Pavón, también había sido capturado y enviado a prisión bajo acusaciones de supuestos fraudes, los cuales parecen más que procesos fabricados desde la cúpula de ese sindicato charro que ahora está en crisis.

Según fuentes cercanas al proceso de investigación en contra de Romero Deschamps, el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Gobernación habría reactivado las indagatorias para integrar adecuadamente el expediente correspondiente y sólo esperan las órdenes para proceder en contra del poderoso líder petrolero y evitar errores como los ocurridos en el caso del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, a quien detuvieron sólo unos días y una jueza lo dejó en libertad por fata de pruebas y un proceso viciado de origen.

El expediente DE/015/2011 de Enrique Villa

Activo servidor público en el gobierno de Felipe Calderón, el doctor José Enrique Villa Rivera ha sido distinguido por el presidente de la República, por supuesto en fechas distintas, al frente de tres direcciones generales de igual número de organismos públicos: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Este último es su empleo actual.

Como es costumbre, después de su renuncia al IPN, los 10 exdirectores de esta honrosa institución académica mantienen un salario vitalicio igual al que recibían al momento de su salida, que en el caso de Villa Rivera ascendería a unos 170 mil pesos mensuales, algo más que el sueldo del mismo jefe del Ejecutivo. Lo mismo sucede con los expresidentes de la República y los exministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes al dejar su encargo público mantienen su salario con todas sus prestaciones. ¿Qué justicia social tendría México si obreros, jornaleros y campesinos recibieran un salario vitalicio?

De regreso con el caso del doctor Villa Rivera, actual director general del Conacyt, enfrenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública por supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En la acusación marcada con el expediente DE/015/2011 y recibida el 1 de junio de este año en la Secretaría Técnica de la Oficina del Secretario de la Función Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo acusa a el exdirector general de haber cobrado una indemnización por 512 mil 463.01 pesos, mediante el cheque número 0026186 de BBVA Bancomer, y un finiquito por 134 mil 246.47 pesos, con cheque 0026187 del mismo banco. En total el doctor Villa Rivera cobró por su renuncia al IMP, 646 mil 709.48 pesos. El salario mensual integrado del director general del IMP asciende a 197 mil 198.24 pesos mensuales.

El controvertido alegato del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP ante la Función Pública, es que Enrique Villa no debió cobrar una liquidación (512 mil 463.01 pesos) como tal, porque él renunció al cargo para ocupar la Dirección General del Conacyt, y en consecuencia no tenía más derecho que a un finiquito (134 mil 246.47 pesos) que por ley le corresponde.

Advertido de la acusación en su contra, el ahora director general del Conacyt se adelantó al dictamen de la Función Pública y devolvió el monto recibido por la liquidación, es decir los 512 mil 463.01 pesos, según informó la misma SFP, la cual mantiene abierto el expediente y en breve resolverá sobre este caso que, aunque se trata sólo de unos cuantos cientos de miles de pesos, está más relacionado con una cuestión ética y moral de los servidores públicos y el abuso que muchos hacen del poder público.

Otros cuatro exfuncionarios del IMP están en la misma situación que el doctor Villa Rivera, ya que también renunciaron a sus responsabilidades en ese Instituto para seguir a su jefe al Conacyt, pero cada uno de ellos cobró su liquidación y su finiquito, lo que los coloca en situación de riesgo, ya que ellos no han devuelto dinero alguno.

Aunque en la Secretaría de la Función Pública consideran que el exdirector del IMP no tendría responsabilidad administrativa alguna porque ya devolvió el dinero motivo de la acusación en su contra, habrá que esperar cómo va a resolver esa dependencia responsable de velar por el buen comportamiento de los funcionarios, por el caso de los cuatro subordinados de Villa Rivera que se niegan a regresar la liquidación que ya se gastaron.

Las “pruebas” de la acusación

Como pruebas de su acusación, el sindicato del IMP presentó varios documentos originales ante la Función Pública.

Con fecha de 28 de febrero de 2011, el doctor José Enrique Villa Rivera envió su carta de renuncia al doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos y presidente del Consejo Directivo del IMP, en donde le informa:

“Muy estimado Sr. Presidente del Consejo Directivo:

“Con esta fecha me permito respetuosamente presentar ante el Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Petróleo mi renuncia al cargo de Director General del IMP, por asumir nuevas responsabilidades. Expreso mi más profundo agradecimiento al Consejo Directivo y en particular a su Presidente, por el gran apoyo brindado durante mi gestión. Le ruego hacer extensivo este agradecimiento a la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo.

“Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo”.

Rúbrica del doctor José Enrique Villa Rivera

Una segunda carta, también fechada el 28 de febrero, dirigida al director general del IMP, le expone:

“Atendiendo a circunstancias personales y a las condiciones operativas que imperan en el Instituto Mexicano del Petróleo, me permito comunicarle la terminación de la relación de trabajo que me vincula a este instituto, con efectos a partir del 28 de febrero de 2011.

“En ese tenor, agradeceré su gestión para que me sean cubiertas todas y cada una de las cantidades y conceptos a que tengo derecho, y que deriven del mutuo acuerdo que motiva la conclusión laboral”.

Un tercer documento entregado como prueba ante la Función Pública, es el “Convenio de terminación de la relación de trabajo” signado entre el apoderado del IMP y el doctor Enrique Villa Rivera.

Adelantamos que la Secretaría de la Función Pública exonerará al director general del Conacyt de cualquier responsabilidad administrativa y, tal vez, también a sus cuatro compañeros de trabajo que lo han acompañado por las tres direcciones generales que ha ocupado durante los cuatro años y medio del gobierno de Felipe Calderón.

Los que podrían ser sancionados son los funcionarios del Instituto Mexicano del Petróleo que firmaron los acuerdos de liquidación, pues se habrían excedido de sus derechos y funciones para beneficiar económica e indebidamente a cinco directivos que renunciaron a sus labores.

La lucha de Calderón

Como debe ser, la prensa vio con distintos ojos el diálogo de la semana pasada entre el presidente de la República y su gabinete de seguridad con familiares de víctimas de la “guerra” provocada por el gobierno federal. Las notas principales decían que Calderón debería pedir perdón por los 40 mil muertos, otras aseguraban que ya lo había hecho y unas más destacaban el diálogo positivo entre los familiares de las víctimas y el gabinete de seguridad encabezado por el presidente.

Lo cierto es que Felipe Calderón nunca pidió perdón por convicción propia, sino que fue obligado a pedir perdón a las familias de más de 40 mil víctimas y a millones de mexicanos que han tenido que padecer su “guerra” en contra del crimen organizado. Ese no fue un acto voluntario y mucho menos auténtico del presidente de la República, cuando el poeta y padre de una de las víctimas, Javier Sicilia, le exigió al mandatario pedir perdón a los mexicanos agraviados.

Convencido de que la “guerra militar” es la única alternativa que su gobierno puede ofrecer a la sociedad para disminuir la violencia y combatir a los cárteles de las drogas, Calderón dijo que pedía perdón y lo condicionó a que otros actores políticos y sociales, corresponsables de lo que sucede en todo el país, también pidieran perdón. Es decir, Calderón no cree que esté equivocado y que los más de 40 mil muertos es parte del costo que los mexicanos debemos pagar por dejar que él junto con las fuerzas armadas nos defiendan de los criminales.

Reacio a aceptar la crítica, el mandatario mexicano hizo a un lado los argumentos de los familiares de las víctimas y les advirtió que nada lo hará modificar las batallas armadas que se libran en calles, plazas públicas, centros comerciales, hogares, escuelas y zonas rurales de todo el país. Sin importar que sigan acumulándose las víctimas inocentes por esta guerra fallida del presidente.

Y sentenció, quienes piensen como Sicilia que el Ejército y la Marina deben regresar a los cuarteles y cambiar la estrategia de una lucha frontal que se libra en pueblos y ciudades, se equivocan, se equivocan y se equivocan. Pues bien, la historia lo juzgará y ya veremos quien se equivocó desde el principio.