En la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado, es un hecho que las estructuras económicas de las organizaciones criminales no se han visto afectadas. Los protagonistas de esta confrontación contra el Estado fallido mexicano –o gobierno fallido– siguen utilizando los circuitos financieros y los mercados negros para mover miles de millones de dólares y blanquear estos recursos resultantes de sus actividades ilícitas.En Colombia, relatan quienes vivieron las primeras fases del ataque a los cárteles de la droga, la clausura del sistema de pagos para los criminales fue tan fuerte y definitiva que poderosos capos no tuvieron otra opción que comenzar a acumular dólares en paredes y pisos de pequeñas casas. Su dinero sucio cada día era más difícil integrarlo a círculos formales de la economía y, para los más agudos analistas, allí comenzó su debacle.

En el caso de México, es evidente que Felipe Calderón y su gabinetito no tienen la mínima intención de intervenir los flujos financieros del crimen organizado, quién sabe porque motivo, lo que confirma la derrota largamente anuncia del gobierno federal panista.

El tardío anuncio de modificaciones a diversas regulaciones financieras para frenar el lavado de dinero en el sector financiero, inmobiliario y de servicios, le resta posibilidades al combate del dinero sucio en la economía en un momento en el que aún se padece una profunda crisis de liquidez, desempleo y falta de oportunidades para los ciudadanos.

Así, mientras en el Poder Legislativo, específicamente en el Senado de la República –en donde estrenan una costosa sede pagada por los contribuyentes en tiempos de crisis–, retrasan la toma de decisiones respecto a la iniciativa para aprobar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la economía y la sociedad siguen padeciendo el problema. Pero el mayor problema no es la aprobación, sino la ausencia de un debate serio sobre la propuesta calderonista.

La iniciativa enviada por Felipe Calderón y que fue anunciada con bombo y platillo como si en el anuncio en si mismo se anotara una pírrica victoria política, se busca fortalecer la regulación en el sistema financiero mexicano y la normatividad para la prevención del lavado de dinero, a través de disposiciones generales que emanan de diferentes leyes aplicables a instituciones financieras.

Con esta legislación se busca frenar el blanqueo de capitales a través de depósitos bancarios de cantidades importantes, cuyo origen resulta sospechoso; pagos en efectivo en la compra de bienes inmuebles (mansiones, haciendas, hoteles y terrenos, entre otros activos); compra de hoteles, de centros o clubes turísticos, de restaurantes, de bares, de empresas quebradas o con problemas económicos; compra de cheques de caja, de viajero y, por supuesto, transferencias electrónicas sospechosas.

Han pasado casi 14 años desde que el gobierno federal, ante la demanda de organismos multilaterales, inició la modificación de disposiciones para combatir el blanqueo de capitales. Fue en 2004 cuando, por primera vez, se incluyó el concepto de Financiamiento al Terrorismo y se buscó un mayor cumplimiento de los requerimientos internacionales (GAFI).

Además, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera y, a partir de entonces, expertos en el tema ubican un parte aguas – aunque no definitivo – en el que se incrementa de manera considerable el número de definiciones para un mejor entendimiento de las disposiciones dirigidas a identificar, por ejemplo, a beneficiarios finales pero, sobre todo, a las Personas Políticamente Expuestas (PPE) que tanto hemos abordado en este espacio.

En la banca, en las casas de bolsa y en intermediarios financieros y cambiarios con operaciones relevantes en el sistema de pagos, se incluyen y agrupan las disposiciones por apartados en donde destaca la política de identificación del cliente; los reportes regulatorios y estructuras internas, entre otras.

Una medida determinante, según un recuento presentado por expertos de Casa de cambio Tiber durante la mesa redonda sobre Lavado de Dinero, organizada por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Camara de Diputados, fue el establecimiento de los llamados “umbrales de operación por producto”, así como la creación de expedientes para la identificación de transacciones a partir de 5 mil dólares que incluyen mecanismos de aprobación interna. También llegaron los mecanismos de aprobación interna y los nuevos reportes regulatorios para transferencias.

La nueva regulación, de ser aprobada, llega cuando en el sector financiero no todos los intermediarios están vigilados (casas de empeño, centros cambiarios, Sofomes, por sólo mencionar algunas), cuando no existe igualdad en las regulaciones y cuando se aplican leyes importadas de problemáticas diferentes a las que se vive en el sistema financiero de México.

Además, en la prevención e investigación de casos vinculados con el lavado de dinero, se pretende fortalecer a la Procuraduría General de la República sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando es precisamente el Ministerio Público Federal el que enfrenta un gran problema de corrupción, penetración del crimen organizado, mala imagen y descrédito público.

En el análisis de la iniciativa, el sector financiero –especialmente el cambiario– recuerda que el documento exhibe algunos problemas estructurales. Por ejemplo, aunque en México ya no se abren cuentas en dólares a personas físicas, con excepción de la región fronteriza, destaca la importancia de recordar que la economía mexicana está prácticamente dolarizada y que esta legislación no lo reconoce. Y para muestra de ello señalan que los principales ingresos lícitos del país vienen del petróleo, de las remesas, del turismo, del comercio internacional. Además, es imposible ignorar más de 3 mil kilómetros de frontera con un país en donde muchos de sus ciudadanos son declarados consumidores de droga.

Es obvio, dicen los empresarios del sector cambiario, que se está generando, les guste o no a las autoridades, un mercado paralelo de divisas. Pero no sólo hacen referencia a la circulación de dólares y los retos que involucran su control y vigilancia. La iniciativa también pretende controlar el mercado financiero en pesos, las transacciones en efectivo.

Los números también confirman la complejidad: en México la economía informal es un imperio; el 65 por ciento se opera en efectivo; incluye a 28.4 millones de personas y, a pesar de los logros que difunda la Asociación de Bancos de México en cuanto a su cobertura, el 57 por ciento de los municipios no tiene acceso a la banca. ¿Entonces cómo se pretende frenar el dinero sucio en la economía?

Pero el problema va más allá. ¿Cómo se controlará la realización de transacciones de bienes inmuebles, obras de arte, joyas?

Para empezar, el Registro Público de la Propiedad y Comercio no está actualizado de forma oportuna; el Registro Único de Población es poco confiable: es un hecho la venta de base de datos y en México un individuo puede tener varias credenciales para votar. Así, el control de las operaciones en pesos puede frenar a la economía formal con más restricciones regulatorias, mientras que los negocios ilícitos siempre encontrarán vías para concretarse. Sin embargo, es necesario reconocer la importancia de intentarlo para reforzar la prevención de lavado de dinero en el país. Rendirse, en cambio, no es una alternativa.

Antes, sin embargo, es necesario reconocer las debilidades que enfrenta el gobierno federal, pues no se cuenta con la infraestructura necesaria para analizar el universo de reportes que generaría esta legislación. Ya hemos dicho en este espacio que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se vio rebasada en su capacidad de análisis de la información. Según los banqueros, se transformó en un órgano técnico que no trascendió en el análisis estratégico para ubicar fuentes de recursos ilícitos. Trasladar sus operaciones a la PGR, sin embargo, tampoco aparece como la mejor opción frente al descrédito e inexperiencia al que se enfrenta esa instancia.

Actualmente sólo se investiga el 8 por ciento del dinero sucio, según analistas. El problema de falta de capacidad aumentaría frente a la propuesta de incorporar a más sujetos obligados (gatekeepers), aún cuando no se ha incorporado a todos los integrantes del sistema financiero. Según el análisis de Casa de Bolsa Tiber, se enfoca a sujetos aunque debiera ser a actividades vulnerables. Tampoco se incluyen a iglesias, aduanas, partidos políticos, lo cual no se entiende en el marco de la obligatoriedad y compromiso de México con organismos multilaterales para identificar a las PPE.

Es importante también mencionar que aunque en México opera la banca internacional, la especialización de expertos en materia antilavado en el sistema financiero a nivel nacional e internacional, ha llevado varios años, pero la delincuencia va más rápido.

La alternativa parecería ser la referencia internacional. Algunos países han iniciado paulatinamente diversas acciones: Colombia, que en 2006 se ocupó de los juegos de azar, en 2007 vehículos y actos notariales, en 2008 transacciones en oro, en 2009 transportes de valores. Lo mismo sucedió en Argentina: 2003 juegos de azar; 2007 notarios; 2009 firmas de remesas.

Bajo estas consideraciones, los actores del sector financiero temen que no se alcancen los objetivos antilavado de dinero y que, en cambio, se restringe la economía lícita en un momento clave para la recuperación. Además, también existe el riesgo de que esta legislación se siga aplicando con un sesgo fiscal, lo que impacte, una vez más, a los comercios lícitos.

Así el restringir no implica necesariamente que el problema desaparezca. La propuesta de diferentes sectores que se verían afectados en sus operaciones formales es destinar recursos económicos, técnicos y humanos a la autoridad encargada para poder procesar toda la información de inteligencia que se genere.

Adaptar la iniciativa a la realidad de México y no seguir, una vez más, modelos importados de otros países con problemáticas diferentes. También se destaca la importancia de las campañas preventivas a la población y, por supuesto, abarcar la estrategia con otros frentes: no olvidar que el principal problema es el narcotráfico, para no dejar a un lado las campañas sanitarias antidrogas.

El reto es incorporar a todos los participantes del sistema financiero, que participan activamente. También sugieren identificar los ejes centrales en donde convergen tarde o temprano las actividades económicas y productivas de un país. Y, sobre todo, realizar pruebas pilotos con los llamados gatekeepers: agentes inmobiliarios, corredores de arte, vendedores de joyas, vendedores de autos.

Es así en donde, sugieren, se están moviendo grandes cantidades de efectivo, por lo que, gradualmente, se deben incorporar a la regulación. Según la banca no es en los circuitos financieros en donde se lava la mayor parte del dinero sucio, porque simplemente ya llega limpio, en un tono que más pareciera una burla. Así se reportó a las autoridades estadounidenses: “México es de los pocos países en los que es posible incorporar recursos ilícitos a la economía formal, para lavarlos, sin necesidad de que los mismos entren al sistema financiero”.

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