¿Quién manda en este país?: El crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos, el PRI o Felipe Calderón y su disminuido gabinete.Según funcionarios, policías y militares de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha perdido el control en algunos territorios –18 estados de la República son recomendados por Washington para no viajar allí– y ha dejado expuesta a la población ante la violencia desatada por la delincuencia organizada.

En amplias zonas del territorio nacional las bandas delincuenciales, o “narcoinsurgentes” como les llama el vecino país, hacen lo que quieren y tienen amedrentada y bajo control a la población, sobre todo en los estados fronterizos.

Esa expansión de los cárteles de la droga en todos los estados del país y los 35 mil muertos atribuidos a la “guerra” desatada por el crimen organizado en los cuatro años de gobierno calderonista, permiten a la administración de Oabama afirmar que Calderón ha perdido el control del país y que ello pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Esto ha propiciado que el gobierno en Washington considere como una opción inmediata enviar tropas militares a territorio mexicano y que se incremente el número de agentes policiales de la CIA, DEA, FBI y Aduanas en territorio nacional, además de permitirles portar armas de alto poder y realizar operativos sin la intervención de policías mexicanos.

Por si faltara algo más, Obama ha llamado a cuentas al presidente mexicano para que esta semana le rinda un informe completo sobre la situación del país y la amenaza que representa para Estados Unidos la violencia que avanza todos los días en México.

En ese desconocimiento de la autoridad mexicana por el país vecino, el principal partido opositor en México, el PRI, ha montado una fuerte presión sobre Calderón y cada día que pasa gana más terreno político e impone sus decisiones al presidente.

Por ejemplo, cuando Calderón decidió desaparecer tres secretarías de Estado: Turismo, Reforma Agraria y Función Pública, los políticos y legisladores del PRI dijeron no y echaron para atrás la decisión presidencial, por lo que a Calderón no le quedó más remedio que recular y mantener a esas tres dependencias gubernamentales.

También fue el PRI el que ordenó desde la Cámara de Senadores, por conducto de su presidente Manlio Fabio Beltrones, desaparecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, para que de inmediato Calderón obedeciera y diera la orden de transferir las funciones de ese órgano de inteligencia responsable de investigar los delitos de cuellos blanco o “lavado” de dinero del crimen organizado, hacia la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

En los últimos días nuevamente los priistas volvieron a contradecir decisiones presidenciales y han rechazado que Calderón cese al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, a quien el presidente le perdió la confianza por su pasividad ante la lucha contra el narcotráfico.

Pero a los priistas no les importa el buen o mal desempeño de los miembros del gabinete, lo que les interesa es hacer quedar mal a Felipe Calderón, quien está bajo una gran presión, tanto interna como externamente, y eso puede tener graves consecuencias para el país y para los mexicanos. Ha llegado el momento de preguntarse si sería mejor que Calderón renuncie a la Presidencia de la República para permitir que un nuevo gobierno pueda salvar lo que aún queda de país.

La amenaza de la Guardia Nacional

A la par de las constantes descalificaciones de funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos sobre la actuación del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado, desde hace casi un año el gobierno de Obama reforzó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México.

Al igual que la Reserva del Ejército, la Guardia Nacional estadounidense está conformada por ciudadanos-soldados que entrenan a tiempo parcial, cerca de sus hogares, hasta que se les necesite.

La Guardia Nacional se moviliza para proteger los intereses nacionales “en tiempos de conflicto o en desastres naturales”, y pueden ser desplegadas al exterior junto con las tropas a tiempo completo cuando la situación lo amerite.

La violencia que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos encuadra a la perfección en el tipo de situaciones que utilizan para realizar el despliegue de militares estadounidenses en reserva. Al menos es un buen pretexto para desplegar esas fuerzas en la frontera y perseguir de paso a migrantes latinoamericanos que viajan a ese país en busca de mejores opciones de vida. Esta fuerza especial, de hecho, realiza ya labores de inteligencia que se reportan al Departamento de Seguridad Interna y a la Patrulla Fronteriza.

La tropa de la Guardia Nacional estadounidense está compuesta por 325 mil soldados de todos los estados y territorios de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Interna de ese país y la Patrulla Fronteriza reportan a mil efectivos de este órgano militar en la frontera con México. Sin embargo, históricamente se ha reconocido la presencia de 6 mil efectivos de este órgano especial.

En su momento, Luis Ernesto Derbez, desde su posición como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó su preocupación de que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera representara la militarización de las actividades para detectar migrantes que sólo buscaban trabajo. La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, también ha solicitado a Estados Unidos que no aplique leyes migratorias.

Si bien desde el gobierno de George Bush, la administración estadounidense mantiene bajo alerta la vigilancia de la frontera con México, ha sido desde hace un año que se ha fortalecido la cooperación entre las diferentes agencias castrenses y de inteligencia en ese país.

En documentos del gobierno estadounidense se agradece a la gestión de Barack Obama la autorización temporal para desplegar mil 200 miembros de la Guardia Nacional en el sur de la frontera, dirigidos a incrementar la vigilancia para investigar y combatir el tráfico de personas, drogas, bombas, dinero y la violencia asociada a estas actividades.

Así, las tropas de la Guardia Nacional están proveyendo información a analistas de diferentes agencias para combatir la violencia en la zona. En un reciente informe sobre la situación de la migración, elaborado por la Oficina General de Auditoría del Congreso estadounidense (GAO), se reconoció que la patrulla fronteriza en Estados Unidos no tiene la capacidad de descubrir a los ilegales que ingresan a través de aviones ultra ligeros o túneles.

La patrulla fronteriza reporta que tiene diferentes niveles de controles operativos, pero que se ejercen apenas sobre el 44 por ciento de los 2 mil kilómetros de la frontera.

Así, sólo el 15 por ciento de los 873 posibles cruces fronterizos fueron clasificados como “bajo control”. El resto fue clasificado como manejable. La vigilancia se ejerce, principalmente, en San Diego, el Centro, Yuma, Tucson, El Paso, María, Del Río, Laredo y el Valle del Río Grande.

El reporte de la GAO reconoce, además, que se han construido 649 millas de vallas en casi 652 millas en la frontera en donde comandantes de campo de la Patrulla Fronteriza determinaron que era necesario el operativo. También se han instalado cámaras de videovigilancia a distancia en sectores de Detroit y Búfalo.

Con recursos, militares y la decisión de pertrechar la frontera no sólo de la violencia sino de los migrantes mexicanos que buscan trabajo en su territorio, el gobierno de Obama acelera los esfuerzos conjuntos de sus agencias, lo que desdibuja ya las acciones migratorias de las militares y pone en riesgo los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

En meses recientes – informó Michael J. Fisher, responsable de la Patrulla Fronteriza – se han tomando pasos adicionales dirigidos a incrementar la coordinación entre las agencias estadounidenses, cuyo mandato es garantizar la seguridad de su frontera y de su territorio nacional.

En Arizona, por ejemplo, se creó uno de los primeros esfuerzos conjuntos de la Patrulla Fronteriza para ofrecerle apoyo marítimo y aéreo bajo la estructura de un comando unificado. De esta forma, participan con la Patrulla Fronteriza la DEA, el Departamento de la Defensa. En el Paso, Texas, por ejemplo, se creó la Sección de Inteligencia para la Frontera dentro del Centro de Inteligencia de El Paso, en donde se desarrollan estrategias para coordinar los esfuerzos nacionales y regionales para combatir la violencia, el narcotráfico y la migración ilegal.

La especialidad de este centro, sin embargo, es detectar el tráfico de armas y las actividades relacionadas con el terrorismo. Así se aceleran las actividades militares y de inteligencia en la frontera con México, mientras que la GAO denunció que al menos 600 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México carece de la vigilancia necesaria para evitar actividades ilegales como tráfico de drogas y personas.

Según el informe, de los cinco niveles de seguridad que tienen establecidos, la Patrulla mantiene el «control operativo», es decir la capacidad suficiente para detectar y detener el tráfico ilegal en mil 400 kilómetros de la frontera (el 44 por ciento). Esto supone una mejora de mil kilómetros respecto al año fiscal 2005, que atribuyen a mejor tecnología, infraestructura y aumento de personal en este periodo. En el año fiscal 2010, CBP invirtió 3 mil millones de dólares en la Patrulla Fronteriza, que logró impedir 445 mil cruces ilegales e incautó 1.2 millones de kilogramos de marihuana. Ese es el reporte oficial que omite, sin embargo, el número de muertes de mexicanos inocentes que no estaban relacionados con el narcotráfico.

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