En noviembre pasado escribí cómo la gestoría, el coyotaje, la intermediación y los brokers se han apoderado de los contratos en Petróleos Mexicanos y obtienen ganancias millonarias con la anuencia y complicidad del director general, subdirectores y gerentes de la paraestatal. Se trata de mafias que controlan los negocios en Pemex ante la indiferencia del Congreso y el encubrimiento del Poder Judicial.Una jueza, la 54 de lo civil del Distrito Federal, así lo demuestra cuando, por encima de la ley y de la propia Constitución, juzgó a cuatro periodistas de la revista Contralínea y los sentenció a no volver a publicar nada que relacione a tres empresas intermediarias que obtuvieron contratos petroleros con sobreprecios, sin importar el daño patrimonial que esto causa al erario público.

Esa decisión de la jueza Yassmín Alonso Tolamatl, quien con su resolución en contra de los cuatros periodistas buscó proteger a empresas privadas sobre el interés público y coartar la libertad de prensa y el derecho a la información, es contraria a una resolución de la Secretaría de la Función Pública que, después de cinco años de investigaciones y alegatos, resolvió que Pemex Refinación adjudicó de manera “irregular” contratos a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana, propiedad de Antonio Juan Marcos Issa y Alfredo y Juan Reynoso Durand, y Transportación Marítima Mexicana, de José Serrano Segovia, para el arrendamiento de cuatro buquetanques a casco desnudo “con un sobreprecio de entre 29 y 35 por ciento”, que causó daños a las finanzas petroleras por 23.5 millones de dólares.

Ambas resoluciones contrarias entre sí, una judicial y otra administrativa, se refieren a la misma información publicada por los periodistas demandados por Arrendadora Ocean Mexicana, empresa que según el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, está sujeta a investigación por supuesto fraude al erario público. Sin embargo, la jueza 54 consideró que los cuatro periodistas causaron un “daño moral” a los accionistas de Arrendadoras Ocean Mexicana por denunciar desde hace cinco años la forma cómo funcionarios petroleros le otorgaban contratos con sobreprecios para beneficiarla.

De acuerdo con el expediente del órgano interno de control de Pemex Refinación, en 2006 Arrendadora Ocean Mexicana y TMM “se coludieron” para adjudicarse la licitación pública 18576057-016-05. Además, en sus observaciones presume que el proceso fue “manipulado” por funcionarios de la paraestatal en beneficio de las dos empresas mexicanas.

De acuerdo con información oficial extraída de la auditoría, el sobreprecio de 23.5 millones de dólares se originó porque se “manipularon los estudios de costo-beneficio”. Éstos no corresponden a las características del servicio contratado, indica la auditoría en sus conclusiones.

Para los investigadores del órgano interno de control, 14 servidores públicos de Pemex Refinación participaron en el supuesto fraude al “direccionar” las bases de la convocatoria. “Se presentaron estudios de mercado que justificaban el arrendamiento de buquetanques a tres años; sin embargo, la licitación fue por contratos de cinco años a casco desnudo” para que Arrendadora Ocean mexicana y TMM tuvieran beneficios mayores.

En estas condiciones de “favoritismo”, TMM arrendó las embarcaciones Amatlán II y Choapas II, y Arrendadora Ocean Mexicana los buques Faja de Oro II y Potrero del Llano II.

En 2007 y 2008, la reportera Nancy Flores de la revista Contralínea documentó puntualmente las irregularidades cometidas en esa contratación que ahora confirma la Función Pública y que le valió ser demandada y sentenciada en tribunales del Distrito Federal, en donde la jueza 54 la encontró culpable por hacer su trabajo periodístico y, sobre todo, para impedir que siguiera indagando en los contratos que de manera irregular le ha entregado Pemex Refinación a Arrendadora Ocean Mexicana y a TMM.

El 3 de enero de 2011, la jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal, Yassmin Alonso Tolamatl, resolvió que las revistas Contralínea y Fortuna y los reporteros deberán restituir el patrimonio moral a favor de las empresas Blue Marine Technology Group, Arrendadora Ocean Mexicana y Subtec, y de sus accionistas Antonio Juan Marcos Issa, quien por cierto fue funcionario de Pemex, en donde trabajo como asesor de dos directores generales, y los hermanos Alfredo y Juan Reynoso Durand.

Según la sentencia de la jueza 54, los periodistas hicieron “uso abusivo de sus derechos de expresión e información” porque el petróleo y las contrataciones y adquisiciones de Pemex y del gobierno federal “no son de interés público”. La resolución ordena a los periodistas a no publicar más acerca de los demandantes y a pagarles una indemnización aún no determinada.

Sanciones e inhabilitaciones

En 2006, una vez que los contratos fueron asignados a TMM y a Arrendadora Ocean Mexicana, el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación inició la auditoría al fletamento de los cuatro buquetanques a casco desnudo por un periodo de cinco años.

Aunque la investigación se concluyó en 2008 y en ella se determinó que había elementos suficientes para citar a proceso sancionatorio a diversos funcionarios de Pemex Refinación, las inhabilitaciones y sanciones se aplicaron hasta el 21 de diciembre de 2010, cuando el contrato por cinco años ya había concluido. Según la Función Pública, esto se debió a “los medios de defensa que los inculpados ofrecieron”.

La dilación no sólo retrasó el proceso sancionatorio contra los servidores públicos, también mantuvo a salvo los millonarios negocios de Arrendadora Ocean y TMM en perjuicio del erario público. Fuentes de la SFP aseguran que, por los tiempos, no se les pudieron rescindir los contratos y, según el secretario Salvador Vega Casillas, ahora empieza un nuevo proceso para determinar si las empresas serán demandadas ante la Procuraduría General de la República y quedarán fuera de los concursos petroleros.

En su resolución, la Función Pública señala que 11 funcionarios de la Gerencia de Operaciones Marítimas son responsables de “emitir estudios de costo-beneficio deficientes y tendenciosos, lo que originó la adjudicación de contratos de arrendamiento de buquetanques a tarifas entre un 29 por ciento y 35 por ciento excesivas”.

Otros tres servidores públicos de la Gerencia de Administración fueron sancionados por haber autorizado el pago de las propuestas únicas presentadas, aun cuando dichas propuestas excedían, sin justificación, el estudio de mercado en 18 por ciento.

El negocio de los barcos

En la investigación periodística de Nancy Flores se da cuenta también de cómo actualmente Pemex Refinación explora la posibilidad de adquirir buques directamente con las compañías armadoras en lugar de arrendarlos en el mercado nacional. Con ello, se busca evitar sobrecostos por la operación comercial.

El 28 de noviembre de 2010, la reportera publicó que, para renovar su flota, esa subsidiaria planeaba adquirir cinco buquetanques sin licitación de por medio, por más de 2 mil 700 millones de pesos. La adquisición beneficiaría a empresas intermediarias, según denuncias hechas por armadoras trasnacionales que habían quedado fuera de la restringida invitación.

Las adjudicaciones directas aún podrían darse, admiten fuentes de la Secretaría de la Función Pública consultadas, pues la licitación pública internacional R0-LP-906-001, que comprometía recursos públicos por 200 millones de dólares (equivalentes a más de 2 mil 700 millones de pesos) se declaró desierta el 8 de octubre de 2010 tras protagonizar un cuestionado proceso.

De acuerdo con las bases, ésta tenía como fin adquirir “hasta cinco buques tanque de doble casco, con año de terminación de construcción de 2007, 2008, 2009 o 2010, para efectuar el transporte de productos petrolíferos de un importe mínimo de 40 mil toneladas de peso muerto, a precio fijo”.

Esas mismas bases impidieron la participación de las compañías que producen y son dueñas de las embarcaciones ofertadas, denunciaron fuentes de la propia paraestatal y representantes de armadoras trasnacionales, quienes califican el proceso como “amañado”.

También advirtieron que, cinco días después de declarar desierto el proceso, el 13 de octubre, la Dirección General de Pemex, que encabeza Juan José Suárez Coppel, habría encargado directamente a su filial PMI Comercio Internacional buscar y localizar los navíos con los requerimientos técnicos establecidos en la licitación.

El caso que hoy comentamos ejemplifica la avaricia del coyotaje, el chantaje y la complicidad en que se mueven funcionarios gubernamentales coludidos con empresarios voraces.

Funcionarios sancionados

De la Gerencia de Operaciones Marítimas están sancionados Jorge Armando Basualto Ramírez, gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años, con una multa por 500 millones 912 mil 730 pesos; Mario Magallón Cruz, subgerente de Tráfico Marítimo y Fletamento, inhabilitación por 10 años y multa por 500.9 millones; Gilberto de Hoyos Peña, jefe de la Unidad de Control de Gestión, 10 años inhabilitado y multa por 354 illones 918 mil 409 pesos.

Hugo Alfonso Zermeño Díaz, superintendente general de Análisis de Fletamentos, 10 años inhabilitado y multa por 500.9 millones; Alejandro Dorantes Valderrama, superintendente general de Tráfico Marítimo, inhabilitado por 10 años y sanción por 500.9 millones; Carlos Alberto Martínez de la Fuente, superintendente general de Evaluación, 10 años inhabilitado y sanción por 500.9 millones; Antonio Refugio González Martínez, encargo del Despacho de la Unidad de Control de Gestión, 10 años inhabilitado y multa por 145.9 millones.

José Luis Ortiz Ochoa, gerente de Coordinación de Operaciones, inhabilitado por 10 años y sanción por 354.9 millones; Augusto Guillermo Acosta González, superintendente general de Evaluación de Operación Marítima, inhabilitado por 10 años y multa por 500.9 millones de pesos; Cruz Jaime Olvera Rico, subgerente de Operaciones Marítimas, 10 años inhabilitado y sanción por 500.9 millones; Francisco Guillermo Cuneo Pérez, superintendente general de Evaluación de Operación Marítima, 10 años inhabilitado y sanción por 500.9 millones.

De la Gerencia de Administración están Guillermo González Lozano, gerente de Recursos Materiales, 10 años inhabilitado y multa por 90.4 millones; Edith Eugenio Blancas García, 10 años inhabilitada y sanción por 90.4 millones; Juan Antonio Zapata Muñoz, superintendente de Compras 008, inhabilitado por 10 años y multa por 90.4 millones.

La Secretaría de la Función Pública abrió un procedimiento en contra del subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, y del gerente de Recursos Materiales, Guillermo González Lozano, “por haber adjudicado contratos, sin contar con la suficiencia presupuestal, ni autorización presupuestal multianual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la totalidad de los recursos comprometidos derivados de la Licitación Pública Nacional 18576057-016-05 para el arrendamiento de buquetanques a casco desnudo con acuerdo técnico”.

Información de la contraloría federal indica que, derivado de este proceso, el 2 de diciembre de 2010 ambos funcionarios fueron inhabilitados por seis meses.

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