Las 28 personas muertas, ocho de ellas de una misma familia, y otro tanto de heridas por la explosión causada en la zona de Puebla, debido a la fuga o robo de combustible ocurrida hace unos días en ductos de Petróleos Mexicanos, ha vuelto la atención a un viejo problema de robo de combustibles que se ha agudizado en los últimos dos sexenios panistas.

La presión es tal, que la misma empresa petrolera que dirige Juan José Suárez Coppel ha reanudado los comunicados de prensa para informar sobre los contantes robos de hidrocarburos y su incapacidad de para frenarlos o, por lo menos, reducirlos.

Por ejemplo, la semana pasada Pemex informó que elementos de seguridad de la empresa descubrieron cuatro tomas clandestinas en poliductos petroleros en los estados de Sinaloa, Veracruz y Guanajuato.

“En el ducto de 10 pulgadas Topolobampo-Guamuchil-Culiacán, se logró localizar dos tomas ilícitas de gasolina: la primera en el kilómetro 128 en el ejido Guamuchil Tultita, en el municipio de Salvador Alvarado, y la segunda a la altura del kilómetros 176, en las inmediaciones del poblado Pericos, municipio de Mocorito”.

Otra toma clandestina encontró en el poliducto de 12 pulgadas Minatitlán–México, a la altura del kilómetro 316, en el ejido Jalapilla, municipio de Rafael Delgado, Veracruz. De igual modo, descubrió otra toma ilegal en el kilómetro 173 del poliducto de 12 pulgadas Tula-Salamanca, en las cercanías de las comunidades de San Cristóbal y El Nacimiento, en Apaseo el Grande, Guanajuato. En este caso, se aseguró un auto tanque cargado con diesel.

En esta columna ya habíamos escrito cómo a finales del gobierno de Vicente Fox el problema del robo de combustibles a gran escala se había agudizado en Petróleos Mexicanos y en todos los casos la comisión del delito apuntaba a altos funcionarios de esa empresa petrolera coludidos con bandas delincuenciales.

Es tal el problema que en las investigaciones participan los órganos de seguridad nacional del Estado, como son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la misma Secretaría de la Defensa Nacional, en algo que se conoce popularmente como Inteligencia Militar.

Sin embargo, aún con la intervención de los tres principales centros de investigación nacional, desde el gobierno de Vicente Fox nada frenó la sustracción ilegal de gasolinas, por lo cual desde la Presidencia de la República se ordenó crear una unidad de inteligencia al interior de la paraestatal y responsabilizó para ello a la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, a cuyo encargo estaba en ese entonces Octavio Aguilar Valenzuela, hermano de aquel polémico vocero presidencial, Rubén Aguilar, lo que permitía a Fox mantenerse informado directamente, pues el presidente desconfiaba de los órganos de inteligencia del Ejército y de Gobernación, tal y como también le ocurre a Felipe Calderón.

Antes de dejar el puesto, Octavio Aguilar y su pequeña unidad de investigación lograron integrar varios archivos muy bien documentados, con nombres y apellidos de servidores públicos involucrados en el robo de combustibles, sus nexos con el crimen organizado y las regiones en todo el país en donde operaban las bandas delincuenciales.

Pero extrañamente aquellos expedientes muy bien integrados y que fueron entregados a Los Pinos, a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) desaparecieron, sin que nadie haya sido sancionado, procesado judicialmente o amonestado por ese grave delito de sustracción de documentos.

Por eso a nadie en el gobierno debe sorprender que el robo de combustibles en ductos de Pemex y el constante riesgo que ello implica para las poblaciones cercanas se haya incrementado, pues funcionarios gubernamentales son cómplices y ellos mismos bloquean las indagatorias.

En esos expedientes que ahora todos niegan su existencia, aparecen como presuntos involucrados los nombres de algunos integrantes del Ejército que muy bien organizados eran también los responsables de vigilar instalaciones petroleras, ductos, refinerías y centros de operación de la paraestatal petrolera.

Al iniciar hace cuatro años el gobierno de Felipe Calderón y ante la crisis de credibilidad que aún enfrenta, dispuso utilizar a las fuerzas armadas como policías locales de investigación y las responsabilizó de la seguridad pública, con la consigna fallida de combatir al crimen organizado, aunque en realidad lo que hace es protegerse a sí mismo y prevenir cualquier protesta social.

Este desgaste del Ejército y Marina hace imposible que este gobierno intente siquiera darle seguimiento a cualquier expediente que involucrara a algún miembro de las fuerzas armadas en el delito de robo de combustibles a Pemex, pues de por sí su credibilidad ha caído consistentemente.

Según cálculos de quien fuera director general de Pemex Refinación en el gobierno foxista, el panista Juan Bueno Torio, ese delito del desvío de gasolinas causa daños patrimoniales anuales por 12 mil millones de pesos; aunque especialistas y otros funcionarios de la paraestatal petrolera aseguran que el dato que da Bueno Torio es muy conservador, pues el robo de combustibles se estima en unos 50 mil millones de pesos cada año, sin que nadie en el gobierno panista de Calderón haga algo para evitarlo.

Las últimas pruebas sólidas en contra de militares que se amafiaron con la delincuencia organizada o crearon sus propias redes delincuenciales coludidos con funcionarios de la petrolera, se encontraron en la administración de Vicente Fox Quesada.

Más aún, hay datos precisos de que en 2004 fueron desmanteladas al menos 10 bandas en las que participaban militares encargados del resguardo y protección de instalaciones petroleras, cuando el director corporativo de Administración era Aguilar Valenzuela, el único exfuncionario que fue exonerado totalmente del segundo Pemexgate.

No obstante, las evidencias han sido desaparecidas por Pemex, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SFP y por la Policía Federal Preventiva. Y es que en el panismo las fuerzas armadas se han vuelto intocables por ser el principal instrumento de poder del gobierno de Felipe Calderón, quien ha militarizado el país para hacer su “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Una vez más se demuestra que los dos grandes problemas de México son la corrupción y la complicidad gubernamental, pues parece que nadie juzgará estos graves actos bien documentados por personal de Petróleos Mexicanos. Y una muestra de esa impunidad lo oficializa el área de la Dirección General de Comunicación Social de Pemex, según la cual en los informes de la empresa petrolera “en la historia de los ilícitos reportados por personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física nunca se ha visto involucrado personal militar y no se tiene conocimiento de que el Ministerio Público haya señalado a personal militar en sus investigaciones”.

Lo que omite la paraestatal es que los expedientes existen en la Dirección Corporativa de Administración y que los casos con nombres y apellidos fueron informados no sólo a las autoridades competentes (Sedena, SFP y PGR), sino también a la Dirección Corporativa de Administración, en donde conocen a detalle quiénes son los responsables del robo combustibles.

Un ejemplo es una acta de entrega–recepción, signada el 17 de enero de 2005 por Villarreal Dávila y su antecesor Aguilar Valenzuela, que obliga al titular de Administración a dar seguimiento y atención a los hechos. El acta contiene, entre otras cosas, el anexo10, en donde se detalla el “estado que guardan 33 observaciones pendientes de atender”.

Las complicidades gubernamentales

Los expedientes generados por la Dirección Corporativa de Administración dan cuenta de redes completas en las que, además de militares, participan trabajadores sindicalizados y de confianza de Pemex, de bajo, mediano y alto nivel.

Funcionarios de la paraestatal que piden omitir sus nombres por miedo a represalias, explican que esto no se da a conocer a la sociedad porque no es conveniente, se trata supuestamente de asuntos de seguridad nacional y, además, hay gente del Ejército y de Petróleos Mexicanos involucrada.

Por ello, indican, todos los informes han sido clasificados como confidenciales por instrucciones del Órgano Interno de Control en Pemex y de algunos servidores públicos encargados de dar seguimiento a los casos.

Al anexo 10 del acta de entrega–recepción de Aguilar Valenzuela, por ejemplo, se le han censurado 65 líneas sin explicación justificada, por lo que se cree que es allí en donde se involucra a los militares.

De acuerdo con los funcionarios consultados, son las complicidades las que posibilitan el robo de combustibles, pues en la actualidad Pemex cuenta con equipos altamente sofisticados que pueden identificar en dónde hay robo de combustibles por baja de presión: rápidamente se puede saber dónde hay un problema, pero es lógico que sólo miembros del Ejército que tienen a su cargo la vigilancia de los ductos y las estaciones, así como algunos trabajadores petroleros son quienes intervienen en este ordeñar de ductos. Dicen que la detección se complica cuando la cantidad que se sustrae es mínima, porque el monitoreo se basa en la presión de las líneas.

Se trata del centro de control de ductos que está en la torre de Pemex, ubicada en Marina Nacional. Ahí se le da seguimiento no sólo a la presión de los oleoductos y gasoductos, sino también a los camiones de Pemex, cuyo monitoreo es por GPS. Respecto de las zonas más vulnerables para el robo de combustibles, sobresale el sur del país: Tabasco, Campeche, Veracruz, aunque prácticamente esto ocurre en todo el país.

Sin estándares de seguridad

Los funcionarios petroleros que proporcionaron la información aseguran que el robo de combustibles es una pequeña parte de la amenaza para la petrolera mexicana: refieren que el máximo problema es que los estándares de seguridad en las instalaciones estratégicas, como Cantarell, sobre todo relativas a cuestiones antiterroristas, son muy débiles.

Pemex gasta muy pocos recursos en resguardar sus instalaciones y lo poco que invierte lo destina a la Sedena, dicen. Un ejemplo de la vulnerabilidad fueron los bombazos del Ejército Popular Revolucionario, ocurridos en julio de 2007. Un atentado a las instalaciones estratégicas puede ser muy peligroso, porque Pemex no está preparado para enfrentarlo, detallan.

Explican que la falta de estándares de seguridad también ha posibilitado que a lo largo de los 20 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos que posee la paraestatal se asienten comunidades enteras. Se trata de lugares sumamente riesgosos, como Salamanca, Guanajuato, donde el centro de la ciudad es una refinería; y Tula, Hidalgo, donde las casas están más cerca de las instalaciones petroleras que en el caso de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en donde aún se recuerdan los estragos de aquella explosión que causó muchas víctimas.

En uno de sus recientes comunicados, la Dirección de Comunicación Social de Pemex dice sobre la última explosión ocasionada por el derrame de combustible que para estas acciones se cuenta con el apoyo de autoridades federales y estatales. Personal técnico especializado del Sector Ductos de Pemex Refinación realizará los trabajos necesarios para la reparación de los ductos afectados, mediante la colocación de grapas mecánicas, mientras que el área jurídica de Petróleos Mexicanos denunció los hechos ante el Ministerio Público Federal, con la finalidad de que se inicien las averiguaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.

Y desesperada, a fin de recibir denuncias anónimas sobre el robo de combustibles, Pemex pone a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 01 800 228 96 60.

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