Aun recuerdo las estridentes declaraciones de Felipe Calderón para tratar de convencerse a sí mismo de que su gobierno mantiene el control total del territorio nacional, ante la embestida del crimen organizado en contra de la población y de las fuerzas armadas.

Incluso afirmaba, apenas hace unos meses, que él podía viajar a cualquier punto del país con toda tranquilidad y no pasaba nada. Sarcástico, invitaba a sus críticos a que eligieran cualquier territorio o población y él los acompañaría para demostrarles que México seguía siendo un país muy seguro y aseguraba que las bandas del narcotráfico no tenían control sobre zona alguna.

Para todos es claro que cuando viaja Calderón lo hace bajo protección de todo el aparato militar, técnico y armado del Estado Mayor Presidencial, y antes de que él llegue, el Ejército y la Marina limpian la zona y colocan francotiradores en lo alto de edificios y casas para evitar cualquier contratiempo y darle protección al jefe de las fuerzas armadas.

El problema es para los otros 112 millones de mexicanos que no contamos con esa protección, pero a Calderón eso lo tiene sin cuidado.

Sin embargo, hace unos días, supimos por las filtraciones de información de miles de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que los dirigentes del vecino país piensan lo mismo que la población de México: que Calderón no puede; que el Ejército tiene miedo; que bandas del narcotráfico controlan grandes zonas del territorio nacional, e inclusive el secretario de la Defensa planteó un estado de excepción en varias poblaciones del país; que Calderón fue sujeto de análisis en su comportamiento para determinar si estaba en equilibrio ante la presión a la que estaba sometido por la violencia en el país.

Supongo, que si los gringos piensa eso de Calderón y de su gobierno, esto sí le preocupará. Pero tampoco debemos esperar alguna modificación en su forma de gobernar, pues la necedad, la negligencia y la intolerancia son las premisas de este gobierno.

Cuatro años de descomposición social

Millones de mexicanos no podrán olvidar el gobierno de Felipe Calderón –que la semana pasada cumplió cuatro años– por las agresiones que han sufrido en su bienestar, en su economía, en su seguridad y por la descomposición de las estructuras social y familiar.

Como en ningún otro gobierno, incluido el de Vicente Fox, el actual realiza cambios constantes en su gabinete sin crear la menor expectativa de mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Sólo en Gobernación van cuatro secretarios; en Hacienda, dos, y muchos otros movimientos en varias dependencias que hacen difícil saber quién despacha en dónde. Pero esto ha dejado de ser noticia, da lo mismo los enroques o las renuncias o las altas en el gobierno federal.

Hace apenas unos meses, tomó posesión el nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ya se habla de que dejará el puesto para que un personero de Elba Esther Gordillo ocupe el cargo. De ocurrir esto, ¿qué habrá negociado la maestra en Los Pinos? ¿Qué le habrá pedido Calderón a la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para entregarle Pemex? Pronto lo sabremos.

Otra área sensible a las críticas es la Secretaría de Seguridad Pública, en donde despacha un policía de toda la vida, Genaro García Luna. Allí también se habla de cambios: uno, que el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, se va a Colombia como agregado de la policía, aterrado por las amenazas de muerte en su contra y para aprender cómo le hicieron los suramericanos para combatir el narcotráfico. Lo sustituiría Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Seguridad Regional.

Pero el problema mayor en ese cuerpo policial, que le ha servido a Felipe Calderón para aferrarse al poder y apoyar su lucha contra el narcotráfico y el espionaje telefónico, apenas parece venir. El motivo es que su titular, García Luna, es investigado en sus movimientos bancarios, cuentas y bienes por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda. En Francia, sucede lo mismo y es la Procuraduría de ese país la encargada a petición del presidente Nicolas Sarkozy.

El expediente abierto en la UIF es en relación con unas supuestas transferencias de dinero que habría hecho el secretario a instituciones financieras de Europa. De comprobarse esto, Francia tendría en sus manos los elementos para procesar a García Luna, quien ha causado al gobierno francés fuertes dolores de cabeza por el proceso judicial amañado en contra de su conciudadana Florence Cassez, a quien diversas organizaciones defensoras de derechos humanos ya protegen.

Fuentes financieras en México aseguran que el expediente contra el funcionario federal habría sido integrado por la UIF –que encabeza Luis Urrutia Corral– e incluiría un rastreo puntual de sus cuentas bancarias y sus operaciones financieras en México y en el extranjero.

La investigación en contra del alto funcionario del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa habría iniciado luego de que esa Unidad, encargada de combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, encontrara diversas transferencias monetarias trianguladas a instituciones bancarias europeas. De éstas, la autoridad mexicana investiga si se puede comprobar el origen lícito del dinero.

Las pesquisas en Francia serían realizadas por la procuraduría de aquel país (Ministère de la Justice et des Libertés) y por la Oficina contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins), del Ministère des Finances.

En busca de la opinión del secretario de Seguridad Pública sobre esta investigación en su contra, durante dos meses solicité la entrevista, pero prefirió guardar silencio. En Interpol-México (International Criminal Police Organization) rechazaron que su homóloga francesa esté por emitir alguna ficha roja en contra del funcionario mexicano y aseguran que son falsas las acusaciones en contra del secretario.

En la embajada de Francia en México ni confirmaron ni negaron la información, simplemente señalaron que no tenían nada que decir al respecto.

Encono francés

En entrevista, Charlotte Cassez –madre de la ciudadana francesa Florence Cassez Crepin, condenada a 60 años de prisión y actualmente recluida en el Centro de Readaptación Femenil Tepepan– confirma que el gobierno galo mantiene un encono político con autoridades mexicanas, particularmente con García Luna.

Señala que el presidente Nicolas Sarkozy la ha recibido en seis ocasiones para tratar lo que consideran “un montaje” del secretario de Seguridad Pública mexicano contra Florence Cassez.

“Sentimos que aquí hay un poder que nos está rebasando completamente. Hay algo a nivel de la corrupción en la que está involucrado el narcotráfico.
No sé si con el gobierno, pero sí con algunas personas relacionadas. García Luna es una persona realmente importante. En Francia, o fuera de México, oímos decir que es, incluso, más importante que Calderón”, comenta.

La madre de Cassez Crepin –esta última presa por los delitos de delincuencia organizada y secuestro– confirma que las autoridades de Francia realizan diversas investigaciones para lograr la libertad o la extradición de la joven.

“El presidente francés es alguien muy convincente, determinado y siempre ha buscado todas las relaciones posibles”, agrega Charlotte Cassez.

El caso de la ciudadana francesa presa en México, es lo que habría detonado en Europa la intensa investigación de las autoridades financieras y judiciales de Francia en contra del secretario de Seguridad Pública mexicano, de quien dicen fuentes vinculadas con la embajada, estarían pronto a dar a conocer la persecución.

Riqueza inexplicable

Las investigaciones en torno a las transferencias financieras de García Luna, llevadas a cabo por los gobiernos de México y de Francia, no son los únicos cuestionamientos respecto de la fortuna del secretario de Seguridad Pública.

El 24 de septiembre de 2010, legisladores de oposición demandaron a García Luna que transparente la fuente de financiamiento de sus propiedades, valuadas en un monto mayor al sueldo que percibe como servidor público.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal, las percepciones brutas mensuales del titular de la SSP ascienden a 205 mil 122 pesos, integradas por su sueldo base de 32 mil 813 pesos y su compensación garantizada de 172 mil 308 pesos.

Mireille Roccatti Velázquez –investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y especialista en el estudio del lavado de dinero– critica que al interior del gabinete presidencial falta transparencia, sobre todo en la situación patrimonial de los altos funcionarios.

Durante la comparecencia de García Luna en la Cámara de Diputados, el 24 de septiembre pasado, legisladores de oposición le exigieron publicar sus declaraciones patrimoniales. El petista Gerardo Fernández Noroña lo acusó, incluso, de “asesino” y “corrupto”.

Además, señaló que el funcionario federal está obligado a decir la procedencia de los recursos con los que actualmente sostiene el pago de una residencia de más de 20 millones de pesos.

El diputado le preguntó al secretario: “¿Cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7.5 millones de pesos, y decía, todavía el año pasado, debía 6, casi 7 millones de pesos, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto?”.

García Luna, juez y parte

En esa misma comparecencia, el encargado de garantizar la seguridad pública del país se erigió como uno de los principales promotores del combate al uso de recursos de procedencia ilícita a través de unidades especiales de investigación en la SSP.

Ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el encargado de operar la Policía Federal dijo que el “circuito financiero” ha tomado relevancia en materia de combate al crimen organizado.

Sin precisar cifras, García Luna aseguró que “la Policía Federal cuenta con facultades para participar en el trabajo específico de combate al delito de lavado de dinero”, por lo que la SSP prepara “nuevos” perfiles para atender y tener alcance en el combate a este delito.

La especialista Roccatti Velázquez analiza que, en México, no existe cooperación entre las unidades de inteligencia de la Procuraduría General de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública para combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación de las transferencias financieras del secretario de Seguridad Pública se sumaría a las indagatorias que la UIF ha iniciado este año, y que hasta septiembre ascendían a 22 mil 883 “expedientes consolidados”. Todas ellas, resultado de la detección de “operaciones inusuales y preocupantes”, indican reportes oficiales.

De las “operaciones inusuales”, la Unidad de la SHCP detectó 34 mil 445 en el mismo lapso de tiempo. Éstas se circunscriben en “actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados”. En tanto, en los resultados de las operaciones fueron reportadas 66, con la misma fecha.

oficiodepapel@yahoo.com.mx