En la medida de sus posibilidades, el secretario Ernesto Cordero tiene aspiraciones de ocupar la silla presidencial. Para lograrlo, el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está dispuesto a todo. Por lo ponto, ya cuenta con el aval de su jefe Felipe Calderón para convertirse en el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) hacia la contienda electoral de 2012.
Aunque está en todo su derecho de aspirar a ocupar la residencial oficial de Los Pinos, este funcionario debe sujetarse al marco legal, sobre todo por el cargo que desempeña en el gobierno federal. Por eso sorprende que el secretario de Hacienda utilice a esa dependencia para buscar espantar a otros precandidatos presidenciales, incluidos algunos panistas que, como él, darán la batalla al interior del partido oficial.
Entre los que han manifestado su intención de ir a la contienda por la Presidencia de la República, destacan Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrad por el Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y Partido de Convergencia, y Santiago Creel y Alonso Lujambio por el PAN.
Lo que hace diferente a Ernesto Cordero y le da algún poder, es el órgano de inteligencia financiera que tiene bajo su control y que lo convierte en un lobo con piel de Cordero.
Ese órgano se llama Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y es similar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), sólo que especializado en finanzas; además, éste si funciona, pues tiene acceso a cualquier información o archivo de las institución financieras del país y también de las cuentas de mexicanos en el extranjero.
En los últimos años, ese órgano que se le conoce como la UIF, ha integrado miles de expedientes de políticos, burócratas, legisladores, gobernadores y líderes sociales, a quienes les ha revisado sus movimientos financieros y fiscales; aperturas de cuentas bancarias en México y el extranjero, propias y familiares; depósitos en efectivo en dólares y pesos; transferencias; compra de seguros y la adquisición de bienes muebles e inmuebles en, por lo menos, la última década.
Son éstos expedientes financieros los que tienen muy nerviosos a políticos y burócratas: unos, por cuentas pendientes con el fisco y, otros, por manejos poco claros de sus estados financieros, pues saben que llegado el momento dicha información podrá ser utilizada en su contra, como le sucedió al mexiquense Arturo Montiel cuando intentó convertirse en el candidato priista a la Presidencia de la República, pero la Hacienda panista lo impidió al hacer público su expediente fiscal y financiero, en donde se involucraba también a sus hijos, hecho que mató las aspiraciones del mexiquense.
Algunos de esos expedientes elaborados por la UIF, órgano dependiente de la SHCP, han sido publicados en Oficio de papel, como las cuentas bancarias del presidente del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones; los movimientos financieros sin comprobar del líder mexiquense en la bancada priista en la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor; el presunto lavado de dinero de la familia del panista Patricio Patrón Laviada, procurador federal de Protección al Ambiente y amigo personal de Felipe Calderón, razón por la cual su expediente ha sido extraviado en la PGR, y las relaciones con el crimen organizado y el narcotráfico del perredista Gregorio Sánchez, exaspirante a la gubernatura de Quintana Roo y actualmente preso en un penal de máxima seguridad.
Pero eso no es todo; en la UIF han dispuesto de un equipo especial de investigadores para integrar nuevos expedientes financieros de los principales precandidatos presidenciales, de funcionarios y familiares que los rodean, como es el caso del priista Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México; su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava; del exgobernador Arturo Montiel; del presidente municipal de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas; del legislador mexiquense Emilio Chuayffet, y otros políticos y funcionarios mexiquenses que rodean a Peña Nieto. De algunos, según las fuentes hacendarias, ya tendrían información sobre supuesta defraudación fiscal, malos manejos en las finanzas públicas, peculado y otros delitos financieros como lavado de dinero.
En el caso de Luis Miranda Nava, los informes de Hacienda revelan que en los tiempos que se desempeñó como responsable de las finanzas en el gobierno de Arturo Montiel, la PGR le abrió un expediente por supuesto fraude fiscal y desvío de recursos públicos, pero habría bastado una llamada del gobierno mexiquense para que el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha archivara la acusación.
Estas acciones de encubrimiento en la PGR molestan a los investigadores de Hacienda, pues consideran que por cuestiones políticas su trabajo se va a la basura, tal y como sucedió también con la investigación en contra del panista Patricio Patrón Laviada, a quien la Secretaría de Hacienda le ha probado los vínculos de su familia con el crimen organizado, operaciones de lavado de dinero, protección al narcotráfico y desvío de recursos públicos, sin embargo por ser amigo de Calderón se ha ocultado toda la información financiera en su contra.
Por ello aunque Ernesto Cordero es un político incipiente, sabe que sin amarres políticos sus aspiraciones presidenciales no tienen mucho futuro, a pesar de contar con la venia presidencial. Por eso designó en su primer equipo de Hacienda como subsecretario de Ingresos a José Antonio González Anaya, quien es concuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari, por aquello de que no vaya a ser cierto lo que dice Andrés Manuel López Obrador, de que el innombrable es la mafia tras Los Pinos.
A investigación contadores, abogados y notarios
Este sexenio no ha sido el mejor para el gremio de los contadores. Primero, la cruzada de Felipe Calderón contra los trámites fiscales les quitó un negocio millonario: el del dictamen fiscal para los estados financieros de las empresas, el proceso que permitió que en este gremio floreciera la colegiación de los contadores, porque se necesitaba un registro ante las autoridades para ofrecer este servicio.
El dictamen fiscal se consideraba, entonces, un medio indirecto de fiscalización, que beneficiaba la recaudación y orientaba a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero el decreto del 30 de junio del presidente año –para el cual por cierto aún no se dan a conocer las reglas – , Felipe Calderón borró esta obligación y sólo la mantendrá como una opción.
El conflicto es que las grandes firmas de auditoria crearon en estos años departamentos completos, y una buena parte de su nómina depende del dictamen fiscal. Hasta ahora, el gremio había sido cauto en su reclamo. Ante la Secretaría de Hacienda se inició una ronda de negociaciones y Luis Raúl Michel Domínguez, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), les aseguró a sus agremiados que había acordado con la SHCP y con el SAT abrir un proceso de comunicación para que el IMCP tenga una participación directa en la determinación y precisión de la simplificación anunciada que, de acuerdo con la dependencia, significa un ahorro para las empresas de mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, al parecer las relaciones entre los profesionistas de esta actividad y la SHCP se encuentran en un momento complicado. Ahora los contadores aseguran que la iniciativa calderonista para combatir el “lavado” de dinero ubica a este gremio de contadores, abogados, notarios y corredores públicos como posibles delincuentes. La razón es que los hace partícipes de las responsabilidades que se deslinden en una investigación por blanqueo de capitales.
De hecho, las sanciones que señala la iniciativa calderonista, en donde se incluye hasta la cárcel, colocan en serio riesgo a los contadores y auditores. Por ello, ya se prevé una lluvia de amparos que podría nublar la vigencia de la nueva legislación para combatir a este flagelo.
La Iniciativa para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo califica como sujetos obligados a los profesionistas pasantes o asesores en materia contable, jurídica, fiscal o financiera que presten sus servicios de forma independiente.
También los fedatarios públicos, promotores y desarrolladores de bienes inmuebles tendrán que identificar, conocer a sus clientes y recabar la documentación e información de los mismos; así como presentar a la Secretaría de Hacienda, en tiempo y forma, los reportes de aquellos actos u operaciones sin que implique trasgresión al secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario.
Hasta ahora los más preocupados han sido los contadores que ejercen su actividad en la región fronteriza del país, ante la obligación que se les impone de reportar operaciones sensibles, como centros de juego y apuestas; emisores de tarjetas no bancarias; empresas de blindaje y joyeros. Entonces, dicen, no sólo tendrán responsabilidad de sus actividades directas, sino que su integridad física se pone en riesgo.
Un simple análisis establece como medidas aceptables que todos aquellos profesionistas que se desempeñan con el crimen organizado y el narcotráfico sean sujetos a investigación y de probarse su responsabilidad sean llevados a prisión; sin embargo, ante la debilidad y la corrupción del sistema judicial ya estamos viendo a muchos honestos profesionistas enfrentar las cárcel sin haber participado en algún delito, como ahora le sucede al resto de la población.
Otro dato que deben revisar las autoridades responsables de combatir el lavado de dinero, es hasta cuando se revisarán las cuentas de la iglesia y de los jerarcas eclesiásticos; de los líderes sindicales; de los partidos políticos, y muchas otras organizaciones que guardan impunidad y que manejan desde dinero público hasta dinero sucio, pero que ante los compromisos del gobierno calderonista se mantienen en la impunidad.
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