El gobierno de priista de Ismael Hernández Deras tendría que dar cuentas a la población duranguense y al gobierno federal de lo que sucede en el estado a su cargo. En menos de 40 días la región lagunera se ha convertido en el escenario de los más preocupantes acontecimientos relacionados con el narcotráfico, la corrupción y la violencia.

El arraigo de la directora del Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 2 de Gómez Palacios Durango, Margarita Rojas Rodríguez, a raíz de las denuncias que la involucran en la salida de peligrosos reos con armas y vehículos del penal para perpetrar ejecuciones, además del secuestro de cuatro periodistas que cubrían esos hechos en el penal, son claramente señales de alerta de la descomposición y corrupción que viven las instituciones de gobierno en ese estado. Nada más alejado de lo que sucede a nivel federal con los cuerpos policiales y militares en lo que Felipe Calderón llama su “guerra” contra el narcotráfico.

Hasta hace unos meses, a Margarita Rojas Rodríguez – nombrada en su cargo como funcionaria carcelaria precisamente por Hernández Deras –, era reconocida como la Mujer del Año allá en Durango por llevar “paz” a uno de los penales más peligrosos y violentos del país.

Pero los motines y la situación de alerta en el sistema judicial y carcelario no era una situación nueva para el gobierno estatal. Su gobernador, el exsenador Hernández Deras, reconoció en varias entrevistas que la lucha contra el crimen organizado, tanto federal como local, se había trasladado a los penales que se habían construido para albergar a reos con perfiles criminales de hace más de cuatro décadas, por lo cual resultaban insuficientes para contener a los presos acusados de narcotráfico y vinculados con el crimen organizado que opera en la región.

El gobierno de Hernández Deras genera los problemas y pretende trasladar la responsabilidad a la federación, y asegura que son los reos del fuero federal los que están involucrados directamente en las fugas y motines, y pide que sean trasladados a penales de alta seguridad. Con cinismo, hace algunos días ese gobernador aseguró que es la Procuraduría General de la República la que tendría que investigar las versiones que involucran a agentes y ministerios públicos federales en el conflicto del Cereso Número 2 de Gómez Palacio.

Se trata de una situación de alerta. Durango, además, se encuentra en el famoso triangulo dorado de las rutas del trasiego de la droga que se vende en el mercado mexicano, pero sobre todo la que se dirige al mercado estadounidense. Las vías hacia Mazatlán, Parral, Tepic, Zacatecas y Culiacán son ahora motivo de disputas entre las organizaciones de narcotraficantes que afecta a los municipios de la zona y que motivan la penetración del dinero del narcotráfico en las economías regionales.

Durango, además, ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos como un destino en México que, junto con Ciudad Juárez o Tijuana, debe ser evitado por sus ciudadanos. Algo saben lo gringos que no comparten con su homólogo mexicano.

La Laguna se encuentra en estado de sitio y si bien es responsabilidad de la fallida estrategia del gobierno federal en su mal planeada “guerra” contra el narcotráfico, también existe responsabilidad de las autoridades estatales, sobre todo cuando los duranguenses saben que su estado es un santuario para la protección de capos de la droga, como el famoso “Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, y la administración de Hernández Deras es cómplice. No podría ser de otra manera.

Dicen en Durango que el crimen organizado los tomó por sorpresa dentro de las organizaciones policiales y que no contaban ni con el personal ni con las armas para hacerle frente. El crimen organizado, además, ya infiltró a muchos niveles de las policías municipales. Ahora, sin embargo, se prevé una guerra entre las autoridades federales y municipales para deslindar responsabilidades, más que un golpe de timón que ponga a salvo a la población civil inocente. La prensa, por lo pronto, también es víctima de ello.

Expediente abierto

Es un hecho que la región lagunera se encuentra en el ojo del huracán. En esta zona, además, varios expedientes tendrían que revisarse para conocer el nivel de influencia que ha cobrado el dinero del crimen organizado y la corrupción gubernamental. Una investigación de Contralínea a cargo de José Réyez ofrece algunos datos interesantes sobre los supuestos nexos del gobernador Hernández Deras en un proyecto turístico para el Puerto de Mazatlán, en el que se presume el enriquecimiento ilícito de varios exfuncionarios de su administración, con la anuencia del gobernador. Si se confirma que la corrupción permea al gobierno de Hernández Deras, entonces se explicará la descomposición de las instituciones de su administración.

Una supercarretera unirá a Mazatlán y a Durango. El recorrido para conectar a ambos estados se realizará en sólo dos horas y media (actualmente el trayecto es de seis horas) y será la puerta de entrada del Golfo al Pacífico, a través de la exhuberante Sierra Madre Occidental.

Paralelamente a la construcción de la supercarretera, prósperos empresarios duranguenses, encabezados por Víctor Sánchez Sariñana, un exfuncionario del gobierno de Ismael Hernández Deras y dueño de Inmobiliaria Korean –sobre quien pesa en el Congreso local un juicio político por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones, además de ser señalado como supuesto prestanombres del gobernador–, desarrollan un megaproyecto turístico en la zona exclusiva de la Isla de Piedra, Mazatlán, Sinaloa.

Ubicada al sur de Mazatlán, la Isla de Piedra cuenta con 1 mil 600 hectáreas, propiedad de 87 ejidatarios. La empresa Korean utilizaría 2 mil hectáreas para la construcción de hoteles, condominios, departamentos y tiendas de lujo.

El proyecto forma parte del programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (Fipp), el cual supone que los ejidatarios, sin vender sus tierras, se benefician de obras turísticas, inmobiliarias o de otro giro alternativo a la agricultura, de acuerdo con la Procuraduría Agraria.

Sánchez Sariñana ocupó hasta 2007 la coordinación general de Promotora de Proyectos Estratégicos de Durango, conocida como Transformadora Durango, desde donde supuestamente habría desviado recursos públicos para invertirlos en la compra de terrenos en la Isla de Piedra, denuncian diputados locales del Partido de la Revolución Democrática, quienes aseguran que el exfuncionario forma parte de los supuestos prestanombres del gobernador Ismael Hernández Deras. Nada extraño en los estados de la República, en donde servidores públicos crean empresas privadas para dar servicios, con contratos asignados directamente, al propio gobierno al cual dicen servir, y si a eso se suma el desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, abuso de poder, tenemos un coctel de corrupción que envidiaría el mismo Al Capone.

El empresario constituyó Inmobiliaria Korean en 2000. Desde entonces ha realizado los fraccionamientos más importantes de Durango, entre ellos Loma Dorada Diamante, Brisas Diamante, Haciendas del Campestre, Parque Industrial Korean, Gardenias Privadas Residenciales, dentro del fraccionamiento Colinas del Saltito y Ciudad San Isidro, que actualmente es una reserva de alrededor de 300 hectáreas que incluirán áreas residenciales, industriales, comerciales y de servicios públicos integrales.

Apenas el 29 de junio de 2009, los integrantes de la Unidad Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática denunciaron que está pendiente la realización de un juicio político en contra del extitular de Transformadora Durango, Víctor Sánchez Sariñana.

Mediante un decreto emitido por el gobernador de Durango en el Periódico Oficial el jueves 15 de febrero de 2007, se autorizó la creación de la Transformadora Durango, promotora de proyectos estratégicos, como un organismo auxiliar adscrito al gobierno del estado, “oficina que resultó un fiasco y sólo sirvió para desviar recursos públicos para los proyectos de Sánchez Sariñana, un personaje corrupto de la presente y de todas la administraciones públicas estatales”, dice el legislador local Juan Cruz Martínez, quien precisa que el megaproyecto de inversión turística será de 6 mil millones de pesos en la Isla de la Piedra.

El diputado Cruz Martínez señaló que desde octubre de 2008, en el Congreso del Estado “duerme el sueño de los justos” la iniciativa de acción popular en contra de Sánchez Sariñana, en el cual “fue denunciado por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones”.

Cuando Sariñana, a la sazón expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, renunció bajo presión ciudadana, al año y medio de la creación de Transformadora Durango, había anunciado la conclusión de diversos proyectos “fantasmas” como el Centro de Convenciones, la Ciudad Pecuaria, el Parque Industrial, Parque Vial Norte, Agua Futura, Durango Verde, Planta de Etanol, Ciudad Gobierno, entre otros.

Dijo entonces que debe hacerse justicia y dar trámite al juicio político que está pendiente de ejecutar en el Congreso local en contra de Sánchez Sariñana, lo cual se ve cada vez más lejos, merced al carro completo del PRI en los pasados comicios del 5 de julio, partido al que pertenece el exfuncionario, venido a empresario de altos vuelos.

El legislador se pregunta cómo es posible que un individuo como Sánchez Sariñana se haya enriquecido de la noche a la mañana, no sólo para invertir en la Isla de la Piedra, sino con la adquisición de 1 mil 500 hectáreas en Manzanillo, Colima, cuando su sueldo como funcionario público era de 70 mil pesos mensuales y sólo duro dos años en la administración de Hernández Deras. “Su vida todo el mundo la conoce en Durango, nunca fue un hombre rico”, remata.

El exsecretario de Desarrollo Social, Abraham Moreno, Víctor Sánchez e Ismael Hernández Deras son los propietarios de los fraccionamientos que han surgido por todos lados en la ciudad de Durango, dice el legislador en trevistado por José Reyez en una investigación que se desarrolló en la región.

El proyecto de Ciudad Pecuaria es un caso emblemático de corrupción del gobierno, dicen los legisladores locales de oposición al gobierno priista. En 2008 los terrenos del Ejido 27 de Noviembre fueron adquiridos por la constructora a cargo de Félix Sariñana, pariente cercano a Víctor Sánchez, a un precio de “ganga”, y posteriormente fueron vendidos al gobierno del estado a precios estratosféricos.

Los precios fueron incrementados escandalosamente por el ayuntamiento de Durango, a la cabeza del priista Jorge Herrera Caldera, hasta 5 mil veces.

Este es el estado en donde hace unos días cuatro periodistas, no importa de que medio sean, sufrieron un infierno y vieron amenazada su vida cuando delincuentes los secuestraron y algo “negociaron” con la autoridad para liberarlos. Si alguien tiene imntención de entender qué pasa en Durango y en todo el país por el incremento de la violencia y la expansión del narcotráfico, debemos comenzar por investigar la enorme corrupción gubernamental que permite el florecimiento del crimen organizado.