Yosoyuxi, Oaxaca. Los pueblos indígenas del país y la comunidad triqui están de luto. El principal líder de esta región de la mixteca oaxaqueña fue asesinado el día 20 en su propia casa, junto con su esposa y en presencia de su pequeña hija de apenas 3 años de edad. Balazos y machetazos en cabeza y cuerpo quitaron la vida al carismático dirigente y a su joven esposa, que sólo pretendían la autonomía del pueblo indio triqui y el cese de la represión y explotación de la comunidad indígena a manos de políticos corruptos y caciques mestizos, principalmente priistas.

Se llamaba Timoteo Alejandro Ramírez, “Timo” como le decían los triquis y sus amigos mestizos. Luchaba por la paz en la región, y defendía y exigía el derecho de los indígenas por alcanzar la autonomía de sus pueblos; pedía que políticos y caciques dejaran de robarse el dinero público que no les pertenecía; que los recursos llegaran a las comunidades; que los dirigentes dejaran de adquirir grandes casas y vehículos de lujo; que los priistas ya no compraran el voto indígena durante campañas electorales, y que el dinero enviado desde la federación dejara de ser utilizado para adquirir sofisticado armamento que sólo sirve para reprimir al mismo pueblo triqui.

Esa era la lucha que al final de su camino convirtió a “Timo” en un peligroso hombre para el sistema priista de la región. Abrirle los ojos a su pueblo le significó ser acribillado, junto con su esposa Cleriberta Castro, a punta de machete y pistola en un operativo de infiltración paramilitar que duró meses y tal vez años en su planeación, y que sólo se entiende pudo salir desde las más altas esferas del poder político de este país. Un crimen de Estado, pues.

Esperar justicia en estas condiciones, con un gobierno estatal priista calificado por luchadores y organizaciones sociales como represor, prácticamente es imposible esperar una pronta y justa investigación, pues los servidores públicos que pudieran estar involucrados no se investigarán a sí mismos, aunque ahora mismo los señalen los mismos indígenas triquis.

Timoteo dejó huérfanos a 10 hijos, de 3 a 20 años de edad. También dejó huérfanos a miles de triquis que veían en él a un hombre justo y honesto que perdió la vida por servir a su pueblo.

Con su muerte la esperanza de pacificar la región se agota y los indígenas, como las 100 familias que sobreviven desde hace seis meses al infierno de San Juan Copala, tendrán que soportar aún más la represión, el hostigamiento, la amenaza y la muerte, sin que autoridad alguna se interese por las vidas de cientos y miles de indígenas que llevan muchos años resistiendo.

Balean a general de la guerra sucia

Con menos ruido mediático que el secuestro del llamado “Jefe” Diego, otro atentado puso en alerta máxima a la Secretaría de la Defensa Nacional y a los órganos de inteligencia militar. Hasta la oficina del secretario Guillermo Galván Galván llegó el reporte del atentado armado en contra del general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro, que puso en riesgo su vida al recibir varios disparos de bala cuando circulaba en un vehículo por las calles del Distrito Federal.

Compañero de armas y del Colegio Militar, Galván Galván ordenó a Inteligencia Militar hacerse cargo de las investigaciones y determinar las condiciones y los motivos de la agresión sufrida por su actual y principal asesor e n la lucha del gobierno federal panista en contra de los grupos armados, la guerrilla pues, en todo el país.

Aún no se sabe si fue un asalto o se trató de un intento por asesinar al general brigadier que acostumbraba a viajar sólo, sin escoltas, cuando se encontraba en la capital del país, no así cuando andaba de comisión militar por toda la República, sobre todo en los estados donde se sabe de la presencia de grupos armados, es decir Oaxaca y Guerrero.

Acosta Chaparro se había ganado la animadversión y desprecio de muchos mexicanos, sobre todo de miembros de organizaciones sociales y familiares de cientos de desaparecidos durante la llamada guerra sucia del gobierno federal, quienes acusan a este general brigadier y al también militar Humberto Quiroz Hermosillo, como principales responsables de asesinatos de luchadores sociales, guerrilleros, críticos del gobierno y militantes de la izquierda en México.

Ambos generales compartieron celda en una prisión militar bajo cargos de homicidio, vínculos con la delincuencia organizada y protección de narcotraficantes, principalmente al cártel que comandaba Amado Carrillo Fuentes, el legendario “Señor de los Cielos”. Después de un largo proceso militar Acosta Chaparro salió libre de toda culpa, pero a su amigo Quiroz Hermosillo no le alcanzó el tiempo ni las fuerzas y falleció en prisión.

El año pasado dimos cuenta en esta columna de cómo ante el fracaso del gobierno federal panista en la supuesta “guerra” contra el crimen organizado y los grupos armados, Felipe Calderón autorizó el regreso de varios de los más destacados representantes de las policías secretas y represivas del viejo sistema priista, a quienes se les identifica en los círculos de poder simplemente como “Los Brujos”. Se trata de políticos, policías y militares como Jorge Carillo Olea, Jorge Tello Peón, Alejandro Alegre y el general Mario Arturo Acosta Chaparro.

La reaparición de Acosta Chaparro después de un proceso militar que se siguió en su contra, no es un asunto menor si se toma en cuenta que quien controle los órganos de inteligencia, sin duda tendrá el control de las elecciones para la presidencia en 2012.

Acosta Chaparro, personaje central en la persecución de grupos sociales inconformes con los cacicazgos priistas en regiones como Guerrero y Oaxaca, fue puesto en libertad en 2007 y exonerado de todo cargo después de más de seis años de reclusión en cárceles militares, acusado de vínculos con el narcotráfico y de ser actor principal en la guerra sucia, cuyo objetivo principal fue erradicar el descontento social por medio del asesinato y la desaparición forzada, incluso de niños, mujeres y ancianos.

Compañero de escuela del actual secretario de la Defensa Nacional, le valió al general Acosta Chaparro ser convocado en 2008 para integrar un grupo de inteligencia en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde despacha el polémico Genaro García Luna, con la instrucción de Galván de “poner orden”.

Esa invitación de reincorporarse al gobierno federal panista fue rechazada por el viejo general, quien pidió a su amigo Galván Galván le permitiera mejor trabajar en áreas de inteligencia de la Defensa. Desde ahí podría “limpiar al país” de guerrilleros y narcotraficantes, y al mismo tiempo reducir la criminalidad que han colocado a México en el contexto internacional como uno de los países más peligrosos del mundo. Acosta Chaparro ahora sabe que no es inmune de esa violencia generalizada.

Disputa por los órganos de inteligencia

En enero de 2009, la revista Contralínea informó cómo el gobierno de Felipe Calderón había iniciado el “reacomodo” de las facciones al interior de los órganos de inteligencia, llámese Cisen, ante el fracaso de los “mercadólogos” panistas. Dos camarillas –la de Carrillo Olea y la de Manlio Fabio Beltrones– entendían que “quien controlara los servicios de inteligencia, ganaría las elecciones de 2012.

En la disputa por la Presidencia de la República, escribió el reportero Zósimo Camacho en Contralínea, inició en la constreñida elite de inteligencia, en donde dos grupos priistas libran una batalla al interior de los organismos de seguridad nacional para acomodar sus piezas rumbo a las elecciones de 2012.

Desde hace varios años, ante la ausencia de un gobierno firme, la restauración del PRI está en marcha. Los priistas se aglutinan ya en torno al grupo que controle los servicios de inteligencia, a pesar de que muchos de los representantes de la ominosa guerra sucia que envuelve al país sean quienes dirijan el esfuerzo.

Fue de esta forma que los “cuadros” panistas encajados en el Cisen desde inicios del foxismo, fueron fácilmente desplazados y han perdido el control operativo porque personajes como Acosta Chaparro, “militar retirado”, necesitan información confiable.

En 1995 este general brigadier apareció en una más de las páginas negras de la historia mexicana: la emboscada a indígenas de Guerrero en el vado de Aguas Blancas, cuando 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron acribillados, en un crimen de Estado aún impune pero cuya investigación sirvió como pretexto para que las autoridades judiciales del país señalaran a Acosta Chaparro.

Así se inició un juicio en su contra por protección al narcotráfico y uso de recursos ilícitos. Se esperaba entonces que también se le juzgara por la guerra sucia de la década de los setenta, pero no fue así. Después de más de seis años de encarcelamiento en una prisión militar mientras un Consejo de Guerra se hacia cargo del juicio, Acosta Chaparro resultó absuelto para después volver a aparecer en la escena y en medio de la fallida guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.

Una de las desesperadas estrategias de Calderón fue copiar del pasado la guerra sucia que desataron gobiernos priístas al utilizar al Ejército y a los cuerpos policiales en contra de luchadores sociales, opositores al régimen y guerrilleros que no veían otra alternativa más que tomar las armas para hacer justicia contra los caciques, el abuso del poder y la dictadura.

Fue el colmo de la desesperación del actual gobierno haber recurrido al “reciclaje” de personajes acusados de crímenes de lesa humanidad que se cometieron, a nombre del Estado mexicano y por órdenes presidenciales, durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980. Son pocas denuncias de desaparecidos en el país en la región de Guerrero que no involucran a Acosta Chaparro, quien en ese estado, desde la prisión conocida como “El Ferrocarril”, encabezó el encarcelamiento de luchadores sociales.

De ese lúgubre periodo, no sólo se desconoce el número exacto de las cientos de víctimas desaparecidas o asesinadas, sino que los visibles responsables nunca fueron condenados por sus actos. Una prueba de ello fue el enorme gasto de la fiscalía (Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la Procuraduría General de la República), creada durante el gobierno de Vicente Fox para atender esos delitos y que jamás pudo llevar a prisión a los responsables, a pesar de que había señalamientos concretos en contra de un expresidente, Luis Echeverría, y varios miembros de su gabinete, así como exjefes policiales.

Ha sido así como desde hace más de un año, desde la Secretaría de Gobernación, se habrían organizado comandos clandestinos de elite militar, similares a la Brigada Blanca (corporación creada por el gobierno durante la Guerra Sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana), cuyo objetivo fue “erradicar” el descontento social por medio del asesinato y la desaparición forzada, incluso de niños, mujeres y ancianos.

La “diferencia” es que ahora se busca administrar la violencia que azota al país, atribuida a la delincuencia organizada, y en forma paulatina contenerla y extinguirla de una manera que hace recordar a los escuadrones de la muerte que han visto su florecimientos en países latinoamericanos marcados por las dictaduras militares. Este parece ser el signo del gobierno panista de ultraderecha que comanda Felipe Calderón como jefe máximo de las fuerzas armadas y principal responsable de la inseguridad que agobia a todo el país.

Acosta Chaparro ha sido parte fundamental de esta nueva etapa. Integrante de la guardia presidencial y arraigado por la Procuraduría General de la República con motivo de la “Operación Limpieza” contra servidores públicos que dieron información reservada a personas no autorizadas, Acosta Chaparro está de regreso otra vez y sólo las balas que lo hirieron en un supuesto asalto lograron interrumpir sus actividades actuales al lado del secretario de la Defensa Nacional.

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