Cuando Felipe Calderón llegó sin legitimidad y mucho menos credibilidad a la Presidencia de la República, las aspiraciones del PAN eran permanecer en el poder al menos 36 años, casi la mitad de lo que el PRI conservó el Poder Ejecutivo. Esa fue la primera intención del político michoacano al lanzar su propuesta “México 2030 Proyecto de Gran Visión”.

En ese plan transexenal, circunstancia que sólo se materializa cuando se trata de continuar con la corrupción, sin importar al cambio de PRI a PAN, Calderón al fin tuvo un acierto al encabezar esta iniciativa: México necesita un diagnóstico de largo plazo; una evaluación de los retos pero sobre todo de los resultados para alcanzar soluciones de fondo que terminen con el rezago y la incertidumbre sobre un proyecto de país en un amplio horizonte.

Pero dicho plan proyectado hasta el 2030 no sólo deja fuera los intereses de la nación y de los mexicanos, sino que es abusivo al proponer sólo la privatización de lo que queda en manos del Estado y ha sido, precisamente, un proyecto de este tipo el que mantiene a México fuera del radar internacional y que condena a la mayor parte de su población a la pérdida de varias generaciones.

México, de hecho, no forma parte del grupo de países que han sido calificados – por su densidad demográfica, el bono poblacional – como el motor del desarrollo hacia el año 2050. Y si se trata de largo plazo, México, con sus niveles de pobreza y marginación, se encuentra fuera de la ruta de los objetivos de desarrollo para el Milenio de la ONU.

Y una prueba del rotundo fracaso de los gobiernos panistas, es que Felipe Calderón no ha logrado ni siquiera cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo o con los programas sectoriales fijados por las dependencias de su gobierno, en donde lo único que vemos es un constante abuso de poder, tráfico de influencias, desvio de recursos públicos, contratos amañados y servidores públicos con una enorme incapacidad para administrar y mucho menos para gobernar. Eso es el gobierno de Calderón, un rotundo fracaso que incrementó los márgenes de miseria y el número de pobres, privilegió al capital extranjero sobre el mexicano, coptó a la mayoría de los medios de comunicación, disminuyó la inversión mexicana y por si fuera poco vulneró la de por sí disminuida democracia que había en el país.

Así, totalmente politizado –  fiel a su origen –,  el proyecto gran visión hacia el 2030 se está transformando en una guía de complacencias de los poderes fácticos para comprometerlos de ayudar a que Calderón y su partido permanezcan un periodo más en la Presidencia de la República. Esto les urge a los panistas ante el temor de que un nuevo gobierno de oposición investigue todas las tropelías que han hechos desde que Vicente Fox llegó a Los Pinos y Calderón continua allí hasta hoy.

Sin embargo, más allá del pago de facturas – que están conduciendo al país hacia un gran caos nunca antes visto –, la realidad se le enfrenta a los panistas y los resultados en materia de combate a la pobreza, conducción de la política economía, creación de fuentes de empleo, seguridad y competitividad, serán los que decidan en las urnas el futuro de Calderón y los suyos.

El momento se acerca y los documentos generados en la iniciativa “México 2030 Proyecto de Gran Visión” resultan reveladores, no por los logros alcanzados en el sexenio de Felipe Calderón, sino porque identifican la serie de compromisos de su gobierno con los grupos de poder.

En su más reciente edición, la revista Contralínea en un reportaje de Nancy Flores publica los documentos de trabajo – confidenciales –  que dieron origen a este proyecto calderonista y que hasta hoy la población desconoce. Además, con la opinión de economistas y politólogos se analiza las motivaciones y el estado en el que se encuentra el país, a pesar de los buenos deseos del gobierno panista.

Al estilo de las grandes corporaciones – una estrategia que recuerda la obsesión y necedad foxita por llevar los métodos gerenciales mal aplicados a la administración pública –, el diagnóstico de “México 2030 Proyecto de Gran Visión” inicia con la definición de los objetivos de cada sector, como si la Constitución no fuera suficientemente clara al establecer que el gobierno tiene la obligación de garantizar a los mexicanos los medios para subsistir dignamente y tener acceso a la educación.

Pero Felipe Calderón en su gobierno no quieren dejar de ejercer una administración de corte aspiracional y define la visión de la economía de la siguiente manera: “México es una sociedad libre, justa y próspera, en la que se protegen eficazmente las libertades, derechos, la vida y las propiedades de sus ciudadanos. Sus instituciones políticas aseguran la gobernabilidad y son propias de una sociedad libre. En la vida cotidiana y en las relaciones sociales impera el estado de derecho. México figura entre las veinte economías más grandes y desarrolladas del mundo, y ha conseguido erradicar la pobreza extrema”.

La gran mentira calderonista

Acostumbrado a mentir, Calderón y su proyecto se enfrentan con la realidad a tres años de gobierno, en donde el resultado es verdaderamente catastrófico: según cifras oficiales, los mexicanos en pobreza extrema suman 26 millones de niños, mujeres, ancianos y hombres, la mayoría indígenas, y otros 40 millones están en pobreza. Once municipios mexicanos están entre la lista de los pueblos más pobres del mundo, según el Programa de la Naciones Unidad para el Desarrollo, apenas equiparables a poblaciones del sur de África, y otros 122 municipios están a punto de ingresar a esa deshonrosa lista. ¿Quién dice que se erradicó la pobreza extrema?

El fantacioso documento calderonista continua: “La población de México está conformada por una mayoritaria y predominante clase media, próspera y pujante, que tiene acceso a servicios de educación y salud de calidad. Su sociedad ha sido capaz de preservar lo mejor de sus valores e idiosincrasia. Su población ha sido debidamente educada en la ciencia y la tecnología, así como en los valores cívicos y humanos. Es un país que ofrece igualdad de oportunidades y sus habitantes gozan de altos estándares de bienestar, y la productividad es la base de la retribución y el sustento de sus altos estándares de vida”.

Aún hay más mentiras: “Los privilegios y prebendas ya no forman parte de su entorno institucional. El desarrollo nacional es ambientalmente sustentable y abarca a todas las regiones. Su economía interna y su infraestructura se han transformado, y sustentan en sus vocaciones productivas que desarrollan y aprovechan tecnología de punta y le conceden competitividad internacional. México se ha convertido en un imán de recursos de inversión y se ha integrado eficiente y convenientemente a la economía internacional, donde destaca por sus industrias proveedoras de bienes y servicios de alto valor agregado y de vanguardia tecnológica”.

Suena bien y esa debería de ser la ruta de la economía mexicana, pero la realidad es totalmente distinta: la población de México está conformada por una mayoría y predominante clase baja, empobrecida a más no poder por las políticas públicas, las cuales no permiten el acceso a servicios de educación y salud de calidad, vivienda digna, empleo y salario justo.

Acaso la reminiscencia de las grandes inversiones en el sector hospitalario – también con intereses políticos – sigue dando frutos para la población abierta que no tiene acceso a los servicios médicos del IMSS o el ISSSTE. Pero, cabe preguntarse sí al ritmo que va el deterioro de las finanzas públicas, los organismos del sector salud – sobre todo los de tercer nivel – tendrán recursos para sostener la atención a millones de mexicanos.

La sociedad está sometida a los efectos de un cambio de valores en donde la violencia y el crimen se están convirtiendo para muchos jóvenes – sin educación, empleo o futuro – en la única salida. La innovación, la ciencia y la tecnología son áreas escasamente desarrolladas para vincularse con el sector productivo. Mientras México sigue hundiéndose, países como Brasil desarrollan tecnología petrolera, apuntalan la industria de la aviación y se transforman en exportadores de productos con alto valor agregado.

En cambio, México sigue apostando a la industria automotriz y a las integradoras (maquiladoras) en un intento por seguir el modelo de desarrollo económico de Estados Unidos justo cuando Barack Obama propone la construcción de varios super trenes que sustituyan la emisión de partículas contaminantes en ese país y, por lo tanto, la compra de vehículos contaminantes. Así, en México la planeación hacia el 2030 no sólo está fallando y Calderón parece no haberse percatado de ello, sino que el modelo de gobierno mexicano ante el mundo es ya un ejemplo de lo que no se debe de hacer.

México no ofrece igualdad de oportunidades a sus habitantes. La meritocracia es un valor en desuso y en la vida profesional y laboral dominan los apellidos, las relaciones, las camarillas, las pandillas mafiosas  y no la capacidad. Esa es la realidad, mientras que la movilidad social inconforme cada día crece más.

Los privilegios y prebendas dominan el entorno institucional, por lo que será prácticamente imposible – si no se da un verdadero golpe de timón – cumplir con anhelos como la competitividad y el desarrollo ambientalmente sustentable.

Así, mientras Felipe Calderón viaja a Davos, Suiza, para defender los objetivos del programa de Kyoto y sembrar, otra vez, el camino de buenas intenciones rumbo a la continuación en México de la Cumbre de Copenhague, en este país se siguen cuidando los intereses de los grupos que controlan el transporte público y que impedirán a toda costa – con la amenaza del voto de por medio – que se cumpla con el compromiso de contar con transporte público sustentable y ecológico. Es sólo una muestra de cómo el proyecto de Calderón hacia el 2030 está plagado de incongruencias, absurdos, mentiras y abusos, y es esto el mayor obstáculo al que se enfrenta cualquier líder que, en el caso mexicano, no lo hay.

Puntos suspensivos…

Para aumentar el pesimismo realista de los mexicanos, hace unos días escuchamos ante los microfonos de los medios de comunicación al cínico secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, quien sostiene que él y su familia seguirán cobrando la ayuda económica que el gobierno federal otorga a productores agropecuarios mediante el Procampo. Debe agregar si también sus dos empresas privadas continuarán recibiendo subsidio de la misma secretaría que él preside y de la de Economía y el Conacyt, pues en el gobierno foxista recibieron casi 3 millones de pesos. El problema de este gobierno empezó cuando Calderón defendió a su exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para que continuara firmando contratos en su dualidad de servidor públicos y empresario, y ahora quién los podrá frenar, pues les falta todavía tres años en el poder.

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