Al alcalde de Cancún se le vino el mundo encima. La semana pasada el reportero Antonio Baranda, del diario Reforma, informó que Gregorio Sánchez Martínez recibió 10 millones de dólares para financiar la campaña política que lo llevó a la presidencia municipal de esa población turística de Quintana Roo. El supuesto donante es el empresario Steve Santander Reyes, casualmente contratista de Pemex y quien habría invertido en el politico perredista a cambio de que éste devolviera el favor cuando asumoiera la alcaldía mediante la asignación de contratos y permisos que otorga el municipio.

Pero Greg, como lo conocen sus amigos, se negó a pagar su deuda y el contratista petrolero de inmediato recurrió a los tribunales para acusar al alcalde, a quien un juez federal le ordenó pagar sólo 2 millones de dólares.

Sumido en una crisis de corrupción y negocios sucios, el alcalde perredista de uno de los municipios más ricos del país, alega que es falsa la firma de los documentos en que se basó la acusación en su contra.

Sin embargo, la investigación periodística de Antonio Baranda parece ser apenas la punta de una madeja de ilícitos y compromisos tejidos en torno al alcalde de Cancún, pues sabemos que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República tiene abierto un expediente penal en contra del politico protegido desde la dirigencia nacional del PRD, a cargo de Jesús Ortega.

El motivo de esa indagatoria es por mucho más grave que la acusación del financiamiento empresarial, porque según el expediente el alcalde Sánchez Martínez habría recibido recursos ilícitos para su campaña política producto del tráfico de drogas, lo que representaría vínculos con la delincuencia organizada, concretamente con el cártel de Juárez que comanda Vicente Carrillo Fuentes, hermano de quien fuera El señor de los cielos, y la SIEDO estudia fincarle los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De probarse esta acusación que prepara la PGR, estarían contados los días de Greg como efdil de Cancún, y sería el segundo politico en importancia de Quintana Roo a quien se somete a juicio por vínculos con cárteles de la droga. El primero fue el exgobernador Mario Villanueva Madrid, quien se encuentra preso en un penal de máxima seguridad y en los próximos días será extraditado a Estados Unidos, en donde se le abrirá juicio por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Sin duda se deben investigar hasta las últimas consecuencias las acusaciones en contra de cualquier funcionario, político o juez que proteja a narcotraficantes, pero la duda es porqué el gobierno de Felipe Calderón persigue y abre expedientes judiciales sólo a miembros de partidos politicos opositores al PAN, será que la PGR y las secretarías de Hacienda y de Función Pública tienen órdenes de Los Pinos de proteger a funcionarios panistas.

Cancelan expediente de Patrón Laviada

Sólo un ejemplo de esa protección a prominentes panistas e integrantes del gobierno calderonista, es lo ocurrido con el expediente abierto en la Secretaría de Hacienda en contra del exgobernador yucateco Patricio Patrón Laviada, actual procurador federal de Protección al Ambiente, y varios de sus familiares, por supuestos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

De este problema escribimos aquí hace varios meses y decíamos que la acusación la turnó Hacienda a la Procuraduría General de la República, en donde “extraviaron” el espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox y que involucra también a familiares y amigos de Patrón Laviada.

Ahora nos dicen que definitivamente la PGR le dio carpetazo a dicha acusación que había sido bien estructurada por los auditores hacendarios, bajo la orden de Los Pinos de cerrar definitivamente el caso.

Esta es una historia de corrupción, tráfico de influencias y delincuencia organizada donde, al final, no pasa nada: a finales del sexenio foxista, cuando en la Procuraduría General de la República despachaba Daniel Cabeza de Vaca, actual consejero de la Judicatura Federal, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, recibió una denuncia penal por el delito de lavado de dinero en contra del hermano del exgobernador de Yucatán.

La Secretaría de Hacienda volvió a requerir a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la PGR, que informe sobre la denuncia que presentó en contra de familiares y amigos del procurador del medio ambiente, quienes supuestamente se aprovecharon cuando Patrón Laviada era gobernador de Yucatán para utilizar recursos de procedencia ilícita e introducirlos al sistema financiero mexicano.

Los datos extraviados en la PGR

El 26 de octubre de 2006, a un mes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda acusó por blanqueo de capitales a cuatro personas: Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech.

Por instrucciones de Cabeza de Vaca la denuncia se archivó y su sustituto, Eduardo Medina Mora, no sólo no pudo integrar durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón la averiguación previa correspondiente, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero dicen que “extraviaron” la acusación presentada por la Secretaría de Hacienda y hasta la fecha, según fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace pensar que se trata de una maniobra de los dos últimos procuradores que, cumpliendo instrucciones presidenciales, fueron cómplices en dar protección a la familia de los Patrón Laviada para evitar su consignación.

Los diferendos que hay entre la Secretaría de Hacienda y la PGR por la pérdida de dicho expediente, se acrecentó y en septiembre pasado se volvió a notificar a la Procuraduría sobre la investigación financiera que involucra a un grupo de yucatecos en delitos penales graves.

“Se realizó una minuciosa investigación en el libro de gobierno de esta Unidad especializada, base de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”, respondió la PGR a Hacienda.

Es decir, encubrimiento, corrupción, tráfico de influencias, narcotráfico y lavado de dinero, pero estos delitos los ocultan quedan porque se trata de amigos de Calderón. ¿Cuál justicia en gobiernos panistas?

Concluyó Caso Gelman

La Colección Gelman es uno de los fondos pictóricos más importantes del país. Su catálogo incluye el conjunto de mayor valor de las obras de Frida Kahlo y se incluyen cuadros y pinturas de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo. Además es una de las muestras itinerantes que ha recorrido más países en el mundo, lo que ha permitido ampliar el horizonte de la pintura mexicana como una muestra de los valores universales del arte.

El acervo plástico fue formado por Natalia Gelman, quien vino a México en los meses previos a la Segunda Guerra Mundial desde la República Checa, aquí se avecindó y posteriormente contrajo matrimonio con Jacques Gelman, un acaudalado personaje de origen ruso que se asiló en México. El matrimonio Gelman estableció relaciones con Mario Moreno “Cantinflas”, quien fue también un apasionado de la plástica mexicana, y de sus vínculos surgió la colección y desde luego su valor estético y económico.

Al paso de los años, la colección se convirtió en la manzana de la discordia de quienes consideraron que tenían mejores derechos que su actual titular, el estadounidense Robert Roos Littman, a quien Natasha Gelman le heredó las pinturas.

Diez años después de que dictó su testamento, y de su extraña muerte, le aparecieron supuestos herederos a Natasha Gelman, entre otros Enrique Fuentes Olvera, quien había adquirido unos supuestos derechos hereditarios por la cantidad de 20 mil dólares que le pagó a Mario Krawak, presunto pariente de la coleccionista y testadora.

Aliado con Mario Moreno Ivanova, el hijo del cómico “Cantinflas”, se dieron a la tarea de plantear una serie de juicios civiles y acusaciones penales con el propósito definido de hacerse de los bienes de Natasha Gelman, incluida la propia colección. Durante algunos años parecía que lograban su objetivo, porque la jueza Vigésimo Primero de lo Familiar, Celia Carmen Herrera Santos, dictó numerosas resoluciones en su favor.

Después la jueza acabaría consignada como probable responsable de delitos en contra de la administración de justicia; asunto que actualmente está en apelación en los tribunales del Distrito Federal. Ante las decisiones de la jueza, Roberto  Roos Littman acudió a los tribunales federales, los cuales le concedieron una serie de amparos que confirmaron sus derechos y  dejaron intacta su citación legal de la colección Gelman.

Moreno Ivanova y su socio Fuentes Olvera plantearon acusaciones penales en contra de Roos Littman, que provocaron, incluso, que éste huyera del país para ponerse a resguardo. En fecha reciente, a finales de noviembre pasado, el procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, definió la situación y ordenó fulminantemente el archivo de los expedientes penales, porque consideró que las denuncias de Fuentes Olvera y Moreno Ivanova eran infundadas y que Littman es el titular de los derechos que forma la muestra de pinturas que constituye la colección Gelman.

Las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes han tomado nota de las sentencias civiles y resoluciones penales que absolvieron a Littman y han liberado la colección, para que pueda circular libremente y hacer muchos dinero por los museos del mundo. A este respecto, derivado de las decisiones, sobre todo del procurador Mancera, la colección será objeto de exposiciones en Europa, específicamente en París y Estocolmo, para rendir homenaje a Frida Kahlo.

Puntos suspensivos…

La renuncia al PAN del titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue planeada en Los Pinos y tiene el propósito de convencer al PRI de apoyar la reforma política de Felipe Calderón, pues había el temor de que después de las alianzas electorales con el PRD se cayeran las negociaciones y, por lo pronto, desde el Senado ya se avaló al secretario de Gobernación como interlocutor para continuar las pláticas… En ese mismo sentido hace unos días removieron de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Segob a Irma Pía González Luna y en su lugar llegó Héctor Villareal Ordóñez, a quien se ha encomendado desde la dirección de comunicación de la Presidencia estrechar aún más la alianza calderonista con el consorcio Televisa, pues consideran que con este gran aliado podrá el PAN mantenerse en el gobierno para el 2012… Y más de medios de comunicación, resulta que en Canal 11 se preparan para establecer una nueva alianza para convertir a ese medio de comunicación, a cargo actualmente del Politécnico, en un empresa privada.

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