La violencia no cesa y el gobierno federal, por conducto de Felipe Calderón, reconoce su fracaso y anuncia, al fin, estudiar una nueva estrategia que no signifique sólo mantener a las fuerzas armadas en las calles para batirse con delincuentes y narcotraficantes. Tuvieron que pasar tres años y morir miles de niños, jóvenes, mujeres, ancianos y hombres antes de que el gobierno calderonista se diera cuenta de que su actuar, en lo que él mismo califica de “guerra” contra el narcotráfico, ha sido fallido, y en el declive de su gestión busca rectificar el rumbo, aunque habrá que esperar si no se trata sólo de una acción política electoral mediática.

La masacre de 15 niños y jóvenes hace unos días en Ciudad Juárez, Chihuahua, el estado más violento del país y de donde es oriundo el actual procurador general de la República, ha sido el hecho violento que ha reunido la protesta de mexicanos en todo el país que exigen justicia y mejores acciones del gobierno para acabar con los asesinatos que diariamente se presentan en diversos estados.

En ese contexto de muerte, odio y descomposicion social, agravada en los últimos tres años, Calderón apenas se da cuenta de que el país está sin rumbo y vacío de poder, y que el crimen organizado se ha apoderado de regiones y territorios, en donde sólo él manda con la complicidad de policías, autoridades y militares.

Desconcertado y sin saber qué hacer, Calderón reconoce que ante su fracaso necesita de nuevas estrategias en su lucha contra el narcotráfico, en donde los cárteles de la droga lejos de sentirse temerosos o disminuidos, se han fortalecido en los últimos años y han mejorado sus estructuras de organización y protección, lo que les arroja fuertes ingresos de dinero sucio producto del tráfico de drogas.

Desesperados, en la Presidencia de la República han convocado a nuevos actores a las juntas del gabinete de seguridad para atender lo que desde un principio debió haberse hecho, como es involucrar a las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social y Agricultura, pues el problema del narcotráfico en el mundo no es un asunto de guerras internas en países pobres, como sólo lo entendía el gobierno mexicano, porque la droga se consume principalmente en los países desarrollados y el rentable negocio económico que significa el narcotráfico no tiene límites ni fronteras territoriales, se mueve libremente por cualquier país y el dinero sucio se lava en las principales economías mundiales y en las más prestigiadas instituciones financieras de todo el mundo.

Así, deberá entenderse que la miseria extrema que envuelve a las dos terceras partes de los mexicanos es un caldo de cultivo para las estructuras de las bandas delincuenciales, mientras que el campo agrícola se convierte en la materia prima para el mejor postor que busque sembrar marihuana y establecer laboratorios en donde se procesen las drogas, mientras que la falta de vigilancia estricta en los circuitos financieros del país es la llave de acceso al blanqueo de capitales que sirve para aceitar la maquinaria de la corrupción y extorsión de autoridades, políticos y gobernantes.

Ante ello, la sociedad exige y demanda nuevas y mejores acciones  urgentes en contra de los lavadores del dinero, y aquí es donde banqueros, directivos de casas de bolsa y de cambio, hoteleros, especuladores, empresarios inmobiliarios, industriales, políticos y burócratas que estén sirviendo al narcotráfico deberán ser llamados a cuenta para que respondan por sus delitos. Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y la Procuraduría Fiscal reunen expedientes de los involucrados.

Al momento en que se corte el flujo financiero al crimen organizado, éste dejará de alimentar la maquinaria de la corrupción gubernamental que se vuelve complaciente y cómplice con las bandas delincuenciales en todo el país.

Negociar con jefes del narcotráfico

El caso colombiano es un ejemplo de lo que a una sociedad pobre, igual que la mexicana, le puede ocurrir cuando los cárteles de la droga se apoderan del Estado.

Hace 20 años, Colombia se debatía entre la vida y la muerte por la presencia en su territorio de los principales traficantes de cocaína en el mundo. La industria que esta droga había generado en ese país sudamericano, permitía el control de las estructuras de gobierno y un clima de violencia parecido al que hoy vive México. Fue entonces cuando el gobierno colombiano decidió sentarse a negociar con los jefes de la mafia para que se entregaran a las autoridades a cambio de que no fuera extraditados a Estados Unidos, respetaran a sus familias y dejaran de presionarlas judicialmente, y podrían mantener parte de sus fortunas acumuladas en su actividad delincuencial.

Parecía una situación difícil de lograr pero se hizo y eso disminuyó la violencia y obligó a que otros grupos mafiosos, en este caso los mexicanos, retomaran fuera de Colombia el control del tráfico de drogas hacia el mundo entero.

Fue entonces que el cártel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orihuela, y el de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria –quien por cierto lavaba su dinero en bonos del Tesoro de Estados Unidos-, prácticamente desaparecieron y fueron otros, ya disminuidos, los que continuaron el negocio a una menor escala, pero lo más importante fue el mensaje del gobierno colombiano de tratar de enfrentar, con estrategias distintas a la armada, a las mafias de la droga, lo que dio como resultado una considerable reduccion de muertos, secuestros y desparecidos, y la calma y tranquilidad volvió a las calles de Colombia.

En México prácticamente nadie puede hablar de una negociación sin recibir de inmediato la crítica y descalificación de las autoridades, las cuales actúan más por presiones de Washington que por intereses propios. Pero la pregunta es si acaso el gobierno no negocia con narcotraficantes en su programa de testigos protegidos, en donde les da impunidad, dinero y protección, con cambio de nombre y domicilio, para que delaten a sus cómplices. Sin duda que sí es una negociación, sólo que el programa de testigos protegidos es en menor escala y a Estados Unidos no le conviene que el gobierno mexicano llegue a acuerdos con las bandas del narcotráfico, pues deja vulnerable su territorio por ser el mayor consumidor de drogas.

Mueren 120 niños en fuego cruzado

En el número de la revista Contralínea que empieza a circular esta semana, una investigación de la reportera Paulina Monroy informa cómo la guerra contra el narcotráfico promovida por Calderón en todo el país ha dejado cifras escalofriantes: 120 niños han sido asesinados, 3 mil 600 quedaron en la orfandad y 4 mil más son utilizados como sicarios.

Este es el relato de la reportera: Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.

“La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos”, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos.

Tan sólo el 31 de enero fueron ultimados en Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 adolescentes entre 13 y 17 años, a mano de un grupo de pistoleros cuando participaban en un festejo estudiantil. Una hora después, en la zona centro de Torreón, Coahuila, sujetos armados dispararon contra 25 personas. Adolescentes de entre 14 y 16 años resultaron heridos.

Según datos de la RDIM, de diciembre de 2006 a marzo de 2009, 110 niños murieron en fuego cruzado entre fuerzas militares y de seguridad e integrantes de la delincuencia organizada. En ese periodo, los menores asesinados se cuentan en 63, mientras que 427 fueron reclutados por sicarios. Además se calcula que al menos 3 mil 700 niños quedaron en orfandad como resultado de la estrategia contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón.

Respecto del caso de la niña Elizabeth Martínez, la asociación civil demandó, en una carta dirigida a Felipe Calderón el 29 de diciembre, la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación del daño.

Exigió poner fin a las políticas de seguridad que arriesgan la integridad de los civiles; en particular, demandó que el Ejército Mexicano ya no realice esas tareas. También propuso la creación de una defensoría independiente para los derechos de la infancia.

La Convención sobre los Derechos de los Niños define la violencia como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y explotación. Consagra que el deber del Estado es preservar la vida del niño, garantizar su supervivencia, desarrollo y protección contra toda forma de violencia.

La violencia crece, advierte la Organización de las Naciones Unidas, en los países que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y un pleno respeto a los derechos humanos. Según su Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, la arbitrariedad, la ineficacia y la imposición violenta de la ley contribuyen a ese incremento.

Defensores de los derechos de la niñez sostienen que el Estado mexicano no garantiza la protección y seguridad de la población más vulnerable. “Por el contrario, la violencia se justifica como solución de conflictos y se pone la guerra contra el crimen organizado por encima de la vida de niños y adolescentes”.

Según las estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, más de 400 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado.

Araceli Borja Pérez, representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children México, precisa que es un fenómeno resultado del desempleo, de la falta de oportunidades y de una política educativa que no es la respuesta: “La comunidad no les da las herramientas para involucrarlos en otras actividades; ven en la delincuencia organizada un modo de subsistencia”.

La activista refiere que menores entrevistados confiesan su aspiración a ser narcotraficantes o pertenecer a algún grupo del crimen organizado: “Saben que se van a morir, pero dicen que prefieren vivir bien un corto tiempo que vivir una vida larga de pobreza”.

Expresa que el empoderamiento del narcotráfico está muy cerca de adolescentes que ya no pueden continuar sus estudios por falta de recursos: “Es difícil permanecer en la educación y sólo tienen dos opciones: emigrar a Estados Unidos o quedarse e integrarse a esos grupos”.

A su vez, coincide Pérez García, el que un número importante de detenidos y ejecutados sean adolescentes habla de una omisión grave en la previsión social: “No tienen oportunidad de construirse un proyecto de vida. El Estado mexicano debe corregir sus políticas para garantizarles seguridad, oportunidades educativas, de salud y laborales”.