Repudio total al homicidio del periodista Valentín Valdés y mi solidaridad con su familia y mis colegas del diario Zócalo de CoahuilaEn medio del repudio contra el gobierno federal por el abusivo incremento en el cobro de impuestos, Felipe Calderón parece sordo a las duras críticas de la población y ciego por permitir que se hagan negocios sucios al amparo del presupuesto público. Las pruebas de la corrupción gubernamental son muchas y evidentes, pero hay otras más finas para desviar recursos públicos, es el caso de los fideicomisos, a donde ingresan fondos del erario destinados a programas y proyectos específicos que nunca llegan a su destino y, en cambio, son canalizados para otros gastos, algunos personales de los servidores públicos.

Ante esa pasividad negligente y cómplice del gobierno calderonista para combatir la corrupción y utilizar mejor los miles de millones de pesos de los impuestos de los mexicanos, es el Congreso a través de su órgano de vigilancia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el que ha asumido la responsabilidad de auditar la administración pública e impedir que burócratas corruptos sigan mal administrando el dinero de todos los mexicanos.

Por eso me llamó la atención una nota publicada el jueves pasado en la página 2 del diario Reforma, con el título Busca ASF sanción a exjefe aduanal, bajo la firma del reportero Víctor Fuentes, en donde se afirma que la Auditoría pretenden fincarle responsabilidad a José Guzmán Montalvo, quien fuera administrador general de Aduanas y cómplice del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Según la información periodística, el motivo de la investigación es el supuesto uso indebido de más de 85 millones de pesos del Fideicomiso para el Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, mejor conocido como el Fidemica, por lo cual cinco exfuncionarios del Sistema de Administración Tributaria están citados por la ASF para que expliquen el desvío de recursos.

Y llama más la atención porque el Fidemica es sólo uno de los muchos fideicomisos que se manejaron desde la Secretaría de Hacienda bajo las instrucciones de Francisco Gil Díaz para desviar perversamente dinero de las arcas públicas, sin la posibilidad de que alguien los audite amparados en el secreto fiduciario y bancario. Lo mismo ocurrió con otros fideicomisos conocidos como Aduanas I y Aduanas II, o el FACLA, sólo por mencionar algunos de los más escandalosos y en donde los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, fueron cómplices del gasto abusivo.

En esta columna hemos dado cuenta desde hace varios años de esos abusos y excesos cometidos por Gil Díaz al amparo de sus cargos públicos, que le han costado a la nación miles de millones de pesos, sin que hasta ahora gobierno alguno, tanto del PRI como del PAN, hayan hecho algo para someterlo a la rendición de cuentas, y en cambio son empleados menores, como Guzmán Montalvo y otros cuatro, quienes después de varios años podrían enfrentar acusaciones penales por daño patrimonial y peculado.

La corrupción del exfiscal de hierro

La historia negra de Gil Díaz se cuenta de varios sexenios, pero sólo en dos gobiernos, los de Carlos Salinas y Vicente Fox, quien fuera llamado el fiscal de hierro por su mano dura sólo contra sus enemigos y opositores, tejió una amplia red de complicidades al más alto nivel que involucró a los propios presidentes y secretarios de Estado, que le permitieron manejar al margen de la ley miles de millones de pesos a través de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II.

Ambas figuras jurídicas protegidas por el derecho fiduciario, concentraron indebidamente el producto del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), que implicó daños patrimoniales de por lo menos 10 mil millones de pesos sólo durante la administración de Vicente Fox.

Ahora que el recién nombrado auditor superior de la Federación ha decidido llamar a cuentas a exempleados de Aduanas para que rindan cuentas por el desvío de recursos, sería interesante que también se abrieran otros expedientes como el que guarda el Órgano Interno de Control de Nacional Financiera –fiduciaria donde se constituyeron los fideicomisos Aduanas I y II–, en donde se detalla las anomalías y el claro desvío de recursos en que incurrió Gil Díaz y su equipo cuando se desempeñó primero como subsecretario en el sexenio de Salinas y después como titular de Hacienda en el gobierno de Fox. A pesar de estas anomalías, se sabe que Felipe Calderón había ofrecido la Secretaría de Hacienda a Gil Díaz, quien la rechazó y aceptó colocar a uno de sus incondicionales en Petróleos Mexicanos.

En el sexenio pasado, quien fuera secretario de la Función Pública, el chihuahuense Eduardo Romero Ramos, durante una comparecencia que sostuvo ante la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados por la glosa del V Informe de Gobierno de Vicente Fox, señaló como uno de los pendientes de su administración limpiar los fideicomisos aduaneros.

“El debate del fideicomiso Aduanas I sigue siendo motivo de discusión, por lo que ya se constituyó un fideicomiso público, el Fidemica, a donde se están yendo todos los recursos, y venimos discutiendo la liquidación del Aduanas I y de la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) con el SAT”, decía desde aquel entonces quien al frente de la Secretaría de la Función Pública sólo sirvió de tapadera de la corrupción gubernamental.

La historia de ISOSA

En mayo de 1993 y en su calidad de subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz constituyó dos fideicomisos aduaneros que manejó al margen del presupuesto hasta 1994 y, posteriormente, cuando estuvo al frente de Hacienda, de 2001 a 2006 (ver libro ISOSA, fraude transexenal a la nación, editorial Grijalbo).

Mientras que en los años recientes la pieza clave fue el presidente del SAT, quien desde esa posición manejó miles de millones de pesos producto del DTA (Derecho de Trámite Aduanero), además de conducir el proceso de “legalización y transparencia” de los fideicomisos aduaneros, ordenado en diciembre de 2003 por el entonces presidente Vicente Fox.

De acuerdo con la ASF, en los primeros cuatro años de la administración foxista los fideicomisos 954–8 Aduanas I y Consorcios de Comercio Exterior II (conocido éste como Aduanas II), así como la empresa ISOSA, causaron quebrantos a la hacienda pública por 10 mil 183 millones de pesos. Esto sólo en lo que se pudo investigar, pues por instrucciones de Gil Díaz, Nacional Financiera se negó sistemáticamente a proporcionar la documentación sobre el manejo de los recursos públicos de los dos fideicomisos.

De la multimillonaria suma que defraudó el exsecretario de Hacienda, según lo documentado por la ASF, el SAT sólo reintegró mil 457 millones de pesos a las arcas federales. Ello, a pesar de que el exauditor González de Aragón indicó que gracias a que la Auditoría Superior estuvo señalando durante cuatro cuentas públicas “la presunta ilegalidad” de los depósitos en los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, y su conexión con ISOSA, se consiguió que Hacienda devolviera 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Y es que mientras el auditor decía que “valió mucho la pena haber señalado todas estas situaciones irregulares que generaron la recuperación del 25 por ciento de todo lo que había sido señalado por la Auditoría”, los resultados del informe 2005 lo desmienten.

Del análisis hecho por la ASF a la fiduciaria Nafin, se desprende que el SAT ordenó a la Tesofe la devolución de mil de los 2 mil 457 millones de pesos que había reintegrado a la hacienda pública.

La auditoría 05–2–06HIU–02–596 revela que mediante el oficio 327–SAT–0565 del 7 de noviembre de 2006, el administrador general de Innovación y Calidad del Servicio de Administración Tributaria solicitó a la Tesorería la devolución de mil millones de pesos a Nafin, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso 954–8 Aduanas I, mediante depósito en la cuenta número 2647324927, abierta en el Banco de México.

Esta petición se basó en la regla 1.3.1.0. de la segunda resolución de modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2006, publicada por el expresidentes del SAT, Zubiría Maqueo el 6 de noviembre de ese año en el Diario Oficial de la Federación, tan sólo un día antes de la solicitud de la devolución, destaca la ASF.

Ante esta irregularidad, la Auditoría solicitó al Órgano Interno de Control en el SAT investigar el soporte y sustento de esta devolución de mil millones de pesos y, en su caso, iniciar el procedimiento para fincar responsabilidades administrativas y penales que puedan derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión.

El informe revela que el SAT justificó esta transferencia como una permuta: en una reunión aclaratoria con los auditores, el órgano desconcentrado de Hacienda indica que a cambio de los mil millones de pesos, el 16 de noviembre de 2006 el Aduanas I aportó dos donativos por un total de 796 millones 819 mil 412 pesos.

Además de que la dependencia a cargo de Zubiría Maqueo no aportó documentación soporte sobre estas supuestas donaciones, la ASF acusa que aún cuando probara los movimientos financieros que alude, faltarían 204 millones 180 mil pesos en detrimento del erario.

Además, el máximo órgano de fiscalización en México señala que el donativo es una situación ajena a la sustracción irregular de los mil millones de pesos, cifra que representa un nuevo quebranto a las finanzas públicas. Por ello advierte que emitirá un pliego de observaciones en contra del SAT.

Otra anomalía encontrada en este caso se refiere a la solicitud de intervención del Órgano interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, mismo que resolvió fast track antes de que terminara el sexenio de Vicente Fox que “no se encontraron elementos que permitan evidenciar responsabilidad administrativa con respecto del administrador general de Innovación y Calidad del SAT, por haber autorizado a la Tesofe la devolución del importe referido, de conformidad a la solicitud de Nafin”.

En el tema aduanero, el exauditor González de Aragón dice que “lo que logramos en beneficio de la transparencia fue el inicio de la liquidación de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y la constitución de dos fideicomisos públicos, el Fidemica y el FACLA. Esta fue una decisión por el camino correcto”.

Pero la transparencia del FACLA (Fideicomiso para Administrar la Contraprestación a que se refiere el Artículo 16 de la Ley Aduanera), creado a mediados de 2004 para sustituir al Aduanas I, se pone en entredicho en el propio informe de la ASF.

El amplio análisis revela la posición del SAT frente al manejo de los millonarios recursos obtenidos por el cobro del DTA: “el FACLA es un fideicomiso que, a pesar de ser público, recibe exclusivamente recursos provenientes de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, mismos que tienen el carácter de privados. Como resultado de ello, los servicios que son financiados con recursos provenientes de dicho fideicomiso, no se financian con recursos públicos.

“En ese sentido, la administración y aplicación de los recursos concentrados en el citado fideicomiso no afectan en ninguna forma la Cuenta Pública. Asimismo, las personas morales que reciben pagos del fideicomiso en cuestión, no reciben ni administran recursos públicos, por lo que los pagos efectuados no afectan en modo alguno la Cuenta Pública. Lo anterior quedó confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por sentencia del 14 de agosto de 2006, la controversia constitucional 84/2004, en la cual se determinó que las contraprestaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley Aduanera no tienen el carácter de recursos públicos”.

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