Felipe Calderón dudó en nombrar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su hombre de confianza, Ernesto Cordero. Al interior de esa dependencia y en la oficina de la Presidencia de la República se corrió la versión de que el mandatario había pensado en una maniobra con fines políticos que le permitiera al mismo tiempo mirar hacia el 2012 y cubrir el hueco que se abría con el nombramiento de Agustín Carstens en el Banco de México. Todo al mismo tiempo. Fue así como Calderón habría propuesto a José Ángel Gurría hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda ahora que el secretario general de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE) tiene que dejar ese puesto en el 2011.
Una jugada muy parecida a la del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León cuando nombró a Gurría en Hacienda y logró que la economía, aún después de la crisis crediticia y del rescate del Fobaproa, creciera a una tasa cercana al 7 por ciento, una dinámica histórica para la economía mexicana. Al mismo tiempo, Calderón buscaba adelantarse a cualquier propuesta que el PRI le hiciera a Gurría –por cierto militante de esa organización política– al presentarse las elecciones del 2012.
El problema de lo que pretendió ser una maniobra inteligente de parte de Felipe Calderón, a quien desde que llegó a la Presidencia no se le conoce una sola jugada política que le haya funcionado, fue que Gurría, quien en los últimos meses no ha hecho otra cosa en sus discursos que encontrar el ángulo positivo a los planes y propuestas del presidente Calderón, condicionó cualquier posibilidad de aceptar la propuesta panista a varios puntos, entre ellos la revisión de la política cambiara, es decir soltar el peso al libre juego del mercado y en consecuencia una inmediata devaluación ante el dólar, y apuntalar el crecimiento de la economía con varios sectores estratégicos.
Así, de tajo, tomar varias medidas radicales que pondrían en riesgo, de no resultar exitosa, el escaso capital político con el que aún cuenta la administración calderonista. Además, con el monetarista Carstens en el Banco de México, autónomo al menos en el papel, difícilmente podrían meter las manos en el régimen cambiario que se aplica en el país, aunque se asegure que se trata de un esquema de libre flotación.
Seguramente, desconfiado como es, Calderón sólo vio en la contrapropuesta de Gurría un caballo de Troya que amenazaba las aspiraciones del PAN de permanecer al frente del Poder Ejecutivo. La respuesta presidencial fue simplemente: “No” a las condiciones del secretario general de la OCDE.
Pero José Angel Gurría tiene otros intereses y ya se frota las manos para salir de la OCDE en 2011 y perfilarse a la Secretaría de Hacienda una vez que el PRI gane la Presidencia de la República. Economista, priista, excanciller y exsecretario de Hacienda, a Gurría se le reconoce que fue el único responsable de las finanzas públicas del país que logró un periodo de crecimiento superior al 6 por ciento en más de tres décadas, aunque también es cierto que su expediente acumulado en Hacienda no está del todo limpio o, más bien, es un cochinero lo que allí dejó.
Para recordar su pasado en Hacienda, esta columna así lo documentó después de que la revista británica The Economist señaló que el secretario general de la OCDE había incurrido en dispendio de recursos del organismo, tuvo un manejo poco transparente, así como prácticas de nepotismo al contratar a su hija para trabajar en el órgano que hoy preside, práctica que en gobiernos mexicanos es muy común a pesar de nuestra Ley Federal de Responsabilidades para los Servidores Públicos, pero que en países desarrollados es muy criticada y prohibida.
De inmediato el dirigente de la OCDE aceptó que sí lo había hecho y con cinismo respondió que estaba dentro del marco de normas que se aplican a funcionarios internacionales. La hija del exsecretario mexicano estuvo empleada en la Dirección de Educación de la OCDE y tras el aviso que recibió Gurría, y para “evitar controversias”, le pidió que renunciara. Esa fue la explicación del directivo de ese órgano integrado por países ricos y por México.
Pero la crítica de la publicación inglesa fue más allá, y afirmó que el ex secretario de Hacienda mexicano mueve al organismo en “aguas peligrosas”, pues “los eventos internos de la organización sugieren una falta de reglas y prácticas modernas”, y cita como prueba una carta que envió la delegación canadiense el pasado 4 de abril en la que manifiesta su preocupación por la falta de una competencia transparente para llenar “ciertas vacantes”. Sin mencionar fuentes, el texto también indica que figuras de alto rango, entre ellas “embajadores de la OCDE en países del norte de Europa”, están preocupadas por el rumbo de la organización con “una figura tan exuberante” en el timón del organismo que reúne a 30 de los países más industrializados, enfocados a promover mejores prácticas de gobierno.
Agrega que sólo la restauración del departamento de 480 metros cuadrados del alto directivo de la OCDE en el barrio 16 de París, que en principio tenía un costo de 600 mil euros (casi nueve millones de pesos), terminó en 733 mil euros (casi 11 millones de pesos), más 300 mil euros que fueron desviados a otros presupuestos.
Gurría se defendió y dijo que esto era una venganza y un “ataque” a su figura y un “bosquejo de una mezcla de indirectas, chismes y verdades parciales”, pues en semanas anteriores acusó a Gran Bretaña de haber incumplido “las mejores prácticas” con respecto a la transparencia en una operación de venta de aviones a Arabia Saudita; pero lo cierto es que al exsecretario de Hacienda se le olvidó que la OCDE no es un organismo público mexicano y que allá no puede actuar con tanta impunidad como lo hizo en México cuando su partido, el PRI, ocupó la Presidencia de la República.
Para recordar su pasado, baste decir que siendo titular de la SHCP, Gurría utilizó los beneficios fiscales que observaba la legislación y otros extralegales para beneficiar a sus amigos, empresarios, políticos y, sobre todo, a la familia de su jefe, el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.
En documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda en poder de Oficio de papel, y según versiones de exservidores públicos, en 1998 José Ángel Gurría otorgó un trato preferencial a los hermanos de su jefe el presidente Ernesto Zedillo, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo, así como a su empresa Grupo Intecon, para liquidar extemporáneamente impuestos que por ley debieron enterar al fisco entre 1991 y 1996.
En los primeros días del gobierno foxista, al que llamaban el zar anticorrupción Francisco Barrio prometió que realizaría una exhaustiva investigación del caso y que, de haber elementos, aplicaría la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a todos aquellos, incluido el exsecretario Gurría, que hubieran participado en las supuestas anomalías. Pero obviamente esto nunca se cumplió a pesar de las pruebas que había de la corrupción del gobierno para encubrir evasiones fiscales de la familia presidencial. Esta era la forma de gobernar de los priistas, muy parecida a los dos gobiernos panistas que ya tienen enfurecida a la población.
Inmovilizado, el contralor Barrio pidió ayuda al entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para investigar a la familia Zedillo Ponce de León, pero su petición fue rechazada y le negaron las pruebas de cómo su antecesor José Ángel Gurría benefició ilegalmente a la empresa de los hermanos Zedillo.
En información publicada en esta columna en diciembre del 2000, se dio cuenta de la explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo, hermano de Ernesto y presidente del Grupo Intecon, hacía a Oficio de papel sobre los beneficios fiscales que recibieron por parte de José Angel Gurría cuando su hermano era el presidente de la República.
En aquella ocasión Rodolfo Zedillo decía que “no había recibido un trato preferencial de la Secretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeudos fiscales”, sin embargo reconocía haber incurrido en retrasos de obligaciones tributarias “por causas externas a las propias empresas”. Y agregaba que los adeudos fiscales fueron liquidados con “cargos muy sustanciales en apego a la ley”. Es más, agregaba, “jamás he recibido un trato especial de autoridad alguna y que, por el contrario, las autoridades han sido especialmente cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla con el pago de sus impuestos”.
Sin embargo, las pruebas en poder de este columnista que se guardan aún en viejos archivos señalan otra cosa: las cuatro empresas de la familia del expresidente: Integración del Sistemas para la Construcción, Conductores Eléctricos de México, Promociones Electro Iris e Inmobiliaria y Constructora Gegaza, acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno federal hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos, entre los años 1991 y 1996.
Para resolver este problema antes que su pariente dejara la Presidencia de la República, el arquitecto Rodolfo Zedillo llegó a un arreglo con las autoridades de Hacienda que estaban bajo las órdenes de su hermano el presidente, por lo que en mayo de 1998 logró que mediante el pago de 8 millones 103 mil 779 pesos quedaran liquidados sus créditos fiscales, lo que le significó una disminución de más de 7 millones de pesos.
Según la tarjeta informativa que el exsubsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al secretario José Ángel Gurría, el SAT también les autorizó a las empresas de la familia Zedillo incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhibición el saldo de los adeudos y los relevó de las obligaciones de presentar la garantía del interés fiscal y, por si eso fuera poco, los créditos que les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al final les condonó las multas. Nada distinto del abuso de poder y tráfico de influencias cometido por otras familias como López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari, Fox-Sahagún y, sólo hay que esperar, Calderón.
Cada uno de los créditos fiscales que las autoridades hacendarias les fincaron por las omisiones en que incurrieron los Zedillo al no pagar las contribuciones de sus cuatro empresas, se encontraba sin garantía alguna, lo que es contrario a las disposiciones fiscales, pues el espíritu de toda norma tributaria es en el fondo salvaguardar el interés fiscal, mismo que debe ser garantizado a plenitud en todos los créditos que las autoridades hacendarias determinen, situación que en el caso de las empresas de Rodolfo Zedillo no se cumplió por razones poco claras, lo que denota un trato preferencial del fisco federal a favor del hermano del expresidente de la República.
Estas irregularidades de la familia Zedillo, en complicidad con el exsecretario José Ángel Gurría y otros funcionarios, dicen que fueron ajenas a Ernesto Zedillo Ponce de León cuando despachaba en Los Pinos y, al más puro estilo del expresidente Vicente Fox, dijo que nunca se enteró de que sus hermanitos evadían al fisco y cuando tuvo conocimiento de ello ordenó a su empleado Gurría que los obligara a pagar, pero en pequeñas facilidades y mediante la condonación de las multas, algo que todos los demás mexicanos nunca gozaron.
Así, José Angel Gurría o El Angel Exterminador como se le conocía, si regresa a la SHCP cuando el PRI llegue al poder en 2012, seguramente volverá al abuso de poder y el tráfico de influencias para beneficiar a amigos, parientes y funcionarios. Por ahora esa responsabilidad recae en el titular de la Hacienda, Ernesto Cordero, quien una vez más le cubrirá las espaldas a Calderón como lo hizo en la Secretaría de Energía o durante la campaña presidencial o desde la Sedesol. No puede negarse, entonces, que Cordero le ha sido leal a los intereses de su presidente, pero lo que necesita este país son funcionarios que le guarden lealtad sólo al Estado.
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