En territorio mexicano se vive una guerra sin cuartel, pero como dice el think tank estadounidense Stratfor Global Intelligence, no sólo se trata de la batalla que ha querido librar y que lleva perdida desde que inició el gobierno de Felipe Calderón contra los grupos que controlan el crimen organizado y el narcotráfico en el país. Los expertos de ese grupo de análisis estadounidense, a los cuales sí hace caso Calderón por tratarse de estudiosos del vecino país, aseguran que en México se desarrollan dos guerras de los cárteles de la droga: la lucha del gobierno mexicano por someterlos y la batalla entre las propias organizaciones por conquistar cada territorio disponible -sobre todo, por las rutas más rentables- que deja el Ejército Mexicano cada vez que avanza y arremete contra algún grupo delincuencial.

El amplio análisis de los expertos de Stratfor considera que desde 2006 la iniciativa de Calderón ha debilitado y fragmentado a los principales cárteles de la droga: el del Golfo, dominado ahora por los Zetas, y el de Sinaloa, en donde Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, sigue siendo el rey junto con “El Mayo” Zambada. Sin embargo, este avance ha establecido nuevos balances de poder entre los carteles, lo que ha dado como resultado un incremento en los niveles de violencia y una fragmentación peligrosa en donde al cortar una cabeza, aparecen diez más. En 2010, prevé el informe estadunidense, el rostro del crimen y el narcotráfico en México será otro.

En ese contexto el debate sobre la participación del Ejército en la lucha contra el tráfico de drogas y las bandas del crimen organizado tendría que revisarse para conocer los resultados reales de dicha estrategia, pues hasta ahora el saldo es negativo ante las miles de víctimas, delincuentes, policías y civiles, que ha dejado esta guerra que se libra en las calles del país.
Nunca un presidente mexicano había involucrado al Ejército en tal nivel en contra del narcotráfico, lo que le ha generado corrupción en las fuerzas castrenses, graves violaciones a los derechos humanos de la población por parte de las fuerzas castrenses y deserciones masivas de soldados que se pasan al bando contrario y son la fuerza real del crimen organizado.
Más de 35 mil militares han sido enviados a las zonas que registran los mayores niveles de violencia y presencia del narcotráfico. Hoy, advierte el informe Stratfor, Felipe Calderón tendría que replantearse el balance de logros y perjuicios sobre la población civil. Las muertes que acumula esta guerra contra el narcotráfico ascienden a casi 7 mil 300, mientras que sólo en 2008 fueron 5 mil 700, un incremento de más del 30 por ciento, según el documento, aunque de acuerdo con cifras oficiales mexicanas el número de muertes es mucho mayor.

Sin embargo, también es cierto que hay factores que siguen presentes y que impulsaron la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico: la corrupción de las organizaciones policiacas, lo que ha obligado a que el Ejército se haga cargo de conducir las patrullas de seguridad y de los retenes para revisión en carreteras, en donde la población civil definitivamente es vulnerable ante eventuales violaciones a los derechos humanos.
Así, la solución en la guerra contra el narcotráfico que Calderón ha calificado como temporal se está convirtiendo en un problema grave para la población sin que, hasta el momento, se presente una solución de fondo y asegure que verdaderamente esta batalla sea una opción.

Si bien hasta 2008 la geografía de la violencia permanecía sin cambios, en 2009 comenzó a transformarse: Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Baja California fueron los estados más violentos en 2009, y así se mantendrán al término del gobierno de Felipe Calderón. En Chihuahua se calcula que las muertes sumaron más de 3 mil 200, y sólo Ciudad Juárez contribuyó con 2 mil 100 decesos, porque aquí se libra una de las guerras intra cárteles más violenta: la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez.

En 2009, señala el informe estadunidense, los altos niveles de violencia también regresaron a Michoacán y Guerrero ante la expansión y el incremento de las actividades de la organización conocida como La Familia, que lanzó numerosos ataques contra el Ejército. Los enfrentamientos estuvieron frecuentemente asociados con las estrategias de persecución de la milicia mexicana para capturar a miembros de esa banda criminal.

Así, mientras las fuerzas armadas y policíacas de México no han tenido grandes resultados en debilitar y dividir a varios de los cárteles más poderosos, el logro de esta guerra contra el narcotráfico ha sido su polarización consolidada y el incremento de la violencia, porque no están dispuestos a perder su territorio a manos de otra organización delincuencial. Es un hecho, dice Stratfor, que el único momento en el que ha disminuido la violencia, es cuando los dirigentes de los cárteles consideran que cuentan con estabilidad y equilibrio en la operación de sus territorios; es también casualmente cuando las acciones del gobierno no amenazan sus operaciones. De esta forma, es previsible, y así lo ven desde Washington, que los mexicanos sigan observando un incremento en los niveles de violencia debido a la competencia que se agudizará durante 2010.
Stratfor se ocupó de revisar las principales características de las organizaciones como La Familia, el cártel del Golfo, la organización de los Beltrán- Leyva, Los Zetas, el cártel de Sonora y la organización de los Carrillo Fuentes.

La Familia, dice, ha ganado una gran atención de la prensa durante los últimos años, después de que el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, la calificó como la organización más violenta. Su estrategia ha sido generar el temor a partir de sus ataques consistentes a las fuerzas del gobierno, incluyendo a militares.

Sin embargo, a pesar de que su imagen ha crecido ante los medios, permanece como una organización pequeña y geográficamente ubicada en pocos territorios de Michoacán, aunque también cuenta con una franquicia pero con influencia limitada en Guerrero, Guanajuato y Estado de México, así como Jalisco y Querétaro. El grado con el que se comunican y operan, sin embargo, resulta incierto. Además, es claro que aún no cuentan con acceso directo a la frontera con Estados Unidos.

El cártel de Golfo, explica el análisis de Stratfor, al iniciar Calderón su campaña contra las drogas, este cártel fue considerado la organización más peligrosa, y su alianza con Los Zetas los ha fortalecido.

Cártel de Sinaloa: Su conflicto con el cártel de Juárez que dirigen los Carrillo Fuentes, ha sido indudablemente el principal foco de atención del Ejército a lo largo de este año. El conflicto ha resultado esencialmente un empate entre las dos organizaciones, según Stratfor, conforme luchan por el control de la lucrativa plaza de Ciudad Juárez y el otro lado de la frontera.
El cártel de Sinaloa mantiene todavía una presencia significativa a lo largo del territorio de la costa del Pacífico y la Sierra Madre Occidental. Aunque la violencia ha disminuido significativamente entre este grupo y el de los Beltrán Leyva, la superposición de la geografía dominada por los dos continúa generando algunos conflictos, particularmente en el estado de Sinaloa. Este cártel también se ha mantenido activo en Centro y Sudamérica durante el 2009, dados los intentos por ejercer un gran control sobre el flujo de armas y narcóticos de Sudamérica a México.
La organización de Vicente Carrillo Fuentes/Cártel de Juárez tiene su base en la norteña Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. El cártel es liderado por Vicente, quien se hizo cargo a partir de 1997 tras la muerte de su hermano y fundador del cártel, Amado Carrillo Fuentes. A lo largo de 2009, esta banda de narcotraficantes ha mantenido una duradera alianza con el de los Beltrán Leyva, que los está ayudando en su batalla con el cártel de Sinaloa por el control de esa ciudad fronteriza.
El cártel de Vicente Carrillo Fuentes es otra organización de tráfico de drogas en México que ha venido a menos de manera significativa desde hace algunos años a la fecha. Este grupo, junto con su brazo armado, La Línea, han estado atrapados en una batalla los pasados dos años con sus ex socios del cártel de Sinaloa por controlar la lucrativa plaza de Juárez. El prolongado conflicto ha cobrado su precio al cártel de Juárez y lo ha forzado a recurrir a otras actividades criminales para financiar su lucha por el dominio de la región, principalmente el secuestro, el tráfico de personas, la prostitución, la extorsión y el narcomenudeo en el mercado doméstico de México. En su debilitada situación, el Cártel de Juárez ha sido forzado a enfocar casi todos sus esfuerzos en pelear con el cártel de Sinaloa y no ha sido capaz de proyectar efectivamente su influencia mucho más allá de la gran área de Juárez.
La organización de los Arellano Félix/Cártel de Tijuana, tiene su base en el estado de Baja California, en el noroeste de México, fronteriza con la ciudad estadounidense de San Diego. Con las detenciones de los hermanos Arellano Felix y varios otros miembros de alto rango, las luchas internas han causado que la una vez poderosa organización haya sido dividida en dos facciones rivales: una liderada por el sobrino de los Arellano Félix, Fernando «El Ingeniero» Sánchez Arellano, y la otra por Eduardo Teodoro, alias «El Teo» García Simental.

Inicialmente García Simental buscó el apoyo del rival Cártel de Sinaloa y se presume que ahora representa a esa organización en el área de Tijuana, y la facción Sánchez se ha mantenido relativamente inactiva en el 2009. La organización ha sido forzada a diversificar sus operaciones y derivar a otras actividades criminales, como el secuestro, tráfico de personas, prostitución y extorsión.

La guerra perdida
Mientras Felipe Calderón impida que la Secretaría de Hacienda y sus áreas de investigación afecten los flujos de lavado de dinero producto del narcotráfico y el crimen organizado, la guerra que dice haberle declarado a las bandas delincuenciales está prácticamente perdida y es falsa. Y digo falsa porque si el gobierno tuviera alguna intención real de combatir el tráfico de drogas y a los cárteles que las producen y las distribuyen, ya hubiera utilizado toda la información que guarda Hacienda por conducto de su Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el dinero sucio que circula en los circuitos financieros del país, para confiscarlo y capturar a los involucrados en el delito de blanqueo de capitales, lo que generaría un verdadero golpe mortal a las bandas criminales.

En cambio, Calderón se ha empeñado en castigar al Ejército Mexicano involucrándolo en la lucha contra el narcotráfico, con las evidentes consecuencias como deserciones masivas de militares que se pasan al bando contrario, la corrupción y los abusos a los derechos humanos a manos de soldados.
Si el gobierno modificara la estrategia, deberían revisar las cuentas del dinero sucio que circula en instituciones bancarias, casas de bolsa, centros cambiarios, en la Bolsa Mexicana de Valores y en los sectores inmobiliario, turístico y de la construcción, en donde el lavado de dinero producto del narcotráfico es algo común y de todos los días, ante la mirada complaciente de las autoridades. Pero hasta ahora las instrucciones del gobierno es no molestar a la banca extranjera que opera en México ni a los inversionistas foráneos y nacionales.

Es precisamente el dinero sucio que genera las ventas de la droga, el que permite al crimen organizado comprar autoridades; sobornar banqueros, empresarios y burócratas; corromper militares, policías, jueces, magistrados y hasta ministros; manipular a diputados y senadores, alcaldes, gobernadores y políticos y, finalmente, contratar a campesinos, pequeños y medianos productores agrícolas y terratenientes para que presten sus tierras para el cultivo de las drogas. Pero de esto prefieren no hablar Calderón ni sus funcionarios que dicen combatir al narcotráfico.