El cinismo de los panistas va en aumento. Hace unos días uno de los amigos y promotores de Felipe Calderón, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, minimizó el espionaje que empleados de la oficina de prensa de esa Cámara realizan en contra de reporteros que cubren las labores legislativas, y para contrarestar la queja de los periodistas, el exsecretario de Gobernación los acusó de recibir sobornos, “chayos”, y les advirtió que va a poner orden y que no va a permitir que se den más embutes a los comunicadores. La acusación fue así, general, como la opinión también general que tiene la población de que todos los políticos son corruptos.

Otra muestra del cinismo panista, éste sí con pruebas, es el abuso gubernamental sobre el manejo discrecional de recursos públicos para premiar o castigar a medios de comunicación como un mecanismo de control. Un amplio reportaje de Mayela Sánchez en la revista Contralínea, da cuenta de cómo el año pasado el gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos en publicidad, de los cuales alrededor del 60 por ciento sólo se destinó a medios electrónicos, es decir 2 mil 731 millones de pesos.

Es más, por instrucciones de la oficina de prensa de Los Pinos, se dio la orden de ampliar el veto publicitario a todas las revistas, cuando sólo en 2008 el gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en servicios de comunicación social y publicidad.

El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo y de Hacienda. La Secretaría de Turismo, cuya próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del gobierno federal, gastó en publicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos.

Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del gobierno federal han gastado en publicidad, no hay una reglamentación que establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación.

Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil 752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834 mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del total asignado a medios masivos de comunicación.

De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió, sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca, con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil 940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas publicitarias de televisión.

Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radio fórmula/RAMSA con 120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos; la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30 pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40 por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión.

Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155 mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos, apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad.

Los dilemas de Pemex

En Petróleos Mexicanos los cambios en puestos clave de la empresa no sólo están relacionados con la presencia y control de grupos de poder político. Este año la paraestatal tendrá que enfrentar importantes retos en materia financiera y en el refinanciamiento de sus deudas. La presencia del financiero Juan José  Suárez Copel no es gratuita. Durante el tercer trimestre del año Pemex realizó varias emisiones de bonos en los mercados internacionales; también comenzó la desaparición de Pidiregas y su intercambio por certificados bursátiles para su depósito en un fideicomiso.

También, de acuerdo con información de primer nivel en el sector bursátil, Pemex comenzó los trámites para la emisión de los bonos ciudadanos que fueron aprobados en 2008 como parte de la nueva Ley Reglamentaria de la paraestatal. Desde que fueron concebidos los bonos ciudadanos causaron una gran inquietud entre la opinión pública que los consideraba una amenaza para la propiedad de la paraestatal.

El gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, se adelantó a informar que se trataría de emisiones de deuda no de capital – nada diferente de las que ya se realizan ante la Bolsa Mexicana de Valores –, pero que en esta ocasión podrían ser adquiridas por cualquier mexicano. ¿En donde está la diferencia, entonces, con los certificados bursátiles que emite Pemex en la actualidad? Que están etiquetados en la nueva Ley Reglamentaria y que Felipe Calderón prometió que podrían comprarse hasta en el supermercado.

En pocas palabras la intención sería lograr que la paraestatal pudiera financiarse principalmente en el mercado interno y que sean los mexicanos de a pie y no sólo los grandes inversionistas o los gobernadores los que puedan beneficiarse de las fluctuaciones en el mercado petrolero.

Sin embargo, una idea cruzó por la mente de los financieros de Pemex y trajo a colación un debate en otro terreno que tendrán que enfrentar tarde o temprano las autoridades bursátiles del país. Si la promesa de los bonos ciudadanos es ofrecer a los inversionistas un componente de inversión garantizada y otro que refleje el comportamiento de Pemex, entonces porque no elegir un instrumento que está de moda en los círculos bursátiles.

Se trata de los llamados Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) que, precisamente, se diseñaron para que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) pudieran invertir los ahorros de millones de mexicanos que este año ya acumulan recursos por más de un billón de pesos.  Es que los CKD, precisamente, exhiben en su estructura un bono cupón cero que garantiza a las Afores al menos el rendimiento que otorgaría, por ejemplo, un Cete. Sin embargo, el resto del instrumento representa las inversiones en empresas que prometen ofrecer mayores rendimientos.

Se trata, precisamente, del tipo de instrumentos que se imaginaron al proponer los bonos ciudadanos. El problema es que, hasta ahora y hasta donde entendemos, los CKD tendrían que considerarse una emisión de capital y eso para Pemex, al menos hasta que no se modifique la Constitución, está prohibido. Así que el tema trajo a colación un debate mayor. ¿Qué están comprando en realidad las Afores? ¿Deuda o capital? ¿Qué venderá Pemex? ¿Deuda o capital? ¿Cómo podrá garantizar el rendimiento y al mismo tiempo beneficiar a sus nuevos inversionistas de los comportamientos positivos en su operación?

Secretos entre comunicadores

A propósito de Pemex, en la Geencia de Comunicación Social de la paraestatal se guardan varios secretos que mantienen sumamente nerviosos a los funcionarios que allí despachan. Resulta que la Secretaría de la Función Pública está haciendo su trabajo y mantiene una investigación sobre los gastos en esa área de prensa que hasta hace unos meses era atendida por el bizoño Carlos Ramírez. Así, en tanto no se aclara el destino de ciertos recursos, los nombramientos en esta área están detenidos y algunos funcionarios responsables acuden al edificio pero sin nombramiento formal. El rumor en Pemex es que hubo desvío de recursos públicos y ya veremos si el titular del órgano interno de control hace su trabajo o sigue negligente y omiso como siempre.

Otra vez la corrupción aduanal

Entre enero de 2008 y junio de 2009, el SAT descubrió 71 casos de contrabando de mercancías que involucraron a 70 agentes aduanales y que generaron un daño al fisco por 13 mil 192 millones de pesos; además, descubrió irregularidades en pedimentos de importación –como el uso de documentos apócrifos– por otros 10 mil millones de pesos. En ocho años, la institución denunció a 928 funcionarios ante el Ministerio Público y a 2 mil 370 ante la Contraloría Interna; la mayoría, empleada de la Administración General de Aduanas.

Una investigación de la reportera Nancy Flores en la revista Fortuna, encontró que el contrabando de mercancías a través de las 49 aduanas mexicanas no cesa y son procesados por ese delito 70 agentes aduanales, 185 contribuyentes (importadores) y dos representantes o apoderados de agente aduanal.

De acuerdo con informes estratégicos del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda precisa que de los 71 casos, 56 se cometieron en 2008 e implicaron una lesión fiscal de 10 mil 248 millones 600 mil pesos; los otros 15 se registraron en el primer semestre de este año, con un daño calculado en 2 mil 944 millones 200 mil pesos.

Entre las prioridades del órgano desconcentrado, según su mapa estratégico, está “disminuir la corrupción en la institución y de las personas físicas y morales que interactúan con la misma”. Esto daría “certidumbre y credibilidad al contribuyente y (a los) usuarios de las aduanas en la interacción con los servidores públicos del SAT”.

Como parte de su programa integral de combate a la corrupción, descubre que de 2002 a junio de 2009 denunció a 928 funcionarios ante el Ministerio Público: 208 en 2002; 322 en 2003; 168 en 2004; 44 en 2005; 56 en 2006; 62 en 2007; 50 en 2008; 18 en 2009.

En esos casi ocho años también solicitó a la Contraloría Interna iniciar procedimientos administrativos en contra de otros 2 mil 370 servidores públicos: 388 en 2002; 489 en 2003; 273 en 2004; 231 en 2005; 216 en 2006; 304 en 2007; 335 en 2008; 134 en 2009.

Pese a que en sus informes estratégicos omite mencionar los hechos que derivaron en las denuncias, en su Reporte anual 2008 y retos para 2009 indica: “En 2008 se identificó que diferentes funcionarios públicos llevaron a cabo actividades de ejercicio indebido del servicio público, peculado, cohecho o falsificación de documentos, por lo que se denunció ante el Órgano Interno de Control a 335 personas y ante el Ministerio Público a 50”.

La mayoría, admite el SAT, era empleada de la Administración General de Aduanas. Aunado a ello, entre enero de 2008 y junio 2009 reconoce que se emitieron 100 cancelaciones de patente de agente aduanal, tras resolver 96 procedimientos administrativos.

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