En medio de duras críticas y justos reclamos por su responsabilidad en los homicidios de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez cuando se desempeñó como procurador de Justicia de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez finalmente fue confirmado la semana pasada como procurador general de la República por una fracción del Senado de la República encabezada por el PAN y avalada condicionalmente por el PRI. Ahora será su gestión como abogado de la nación durante la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón, lo que determine si valió la pena enfrentar calificativos de omiso, cómplice y negligente por parte de legisladores de oposición.

Sin duda le esperan tres difíciles y duros tres años a Chávez Chávez. Y entre los problemas más complicados que deberá atender inmediatamente el nuevo procurador destacan sin duda la corrupción que envuelve a la PGR; la infiltración de bandas del narcotráfico y la complicidad de ministerios públicos y agentes judiciales; la violencia desatada en todo el país; el crecimiento del tráfico y consumo de drogas en México; el rezago de averiguaciones previas, y la pérdida de expedientes de prominentes delincuentes de cuello blanco.

De este último problema escribimos aquí hace dos semanas y decíamos que el próximo procurador tendría que dar respuesta al “extravío” de un espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox y que involucra a familiares y amigos del exgobernador Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Profepa, en el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico.

A finales del sexenio foxista, cuando en la Procuraduría General de la República despachaba Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilítica y de Falsificación o Alteración de Moneda recibió una denuncia penal por el delito de lavado de dinero en contra de el hermano del exgobernador de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada.

Hace unos días la Secretaría de Hacienda volvió a requerir a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la PGR, que informe sobre la denuncia que presentó en contra de familiares y amigos del procurador del medio ambiente, quienes supuestamente se aprovecharon cuando Patricio Patrón Laviada era gobernador de Yucatán para utilizar recursos de procedencia ilícita e introducirlos al sistema financiero mexicano.

Por tratarse de un miembro del gabinete de Felipe Calderón, y después del discurso de Chávez Chávez al protestar como nuevo procurador general de la República, en el sentido de que combatiría la corrupción en su nueva responsabilidad y los delitos del crimen organizado, es de esperarse que en los próximos días el nuevo procurador responda a la Secretaría de Hacienda qué ha pasado con el expediente “extraviado” y qué va a hacer para reiniciar la investigación por blanqueo de capitales y abrir la averiguación previa correspondiente.

Los datos extraviados en la PGR

El 26 de octubre de 2006, a poco más de un mes para que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda acusó ante la PGR por blanqueo de capitales a cuatro personas: Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech.

Por instrucciones de Cabeza de Vaca la denuncia se archivó y su sustituto, Eduardo Medina Mora, no sólo no pudo integrar durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón la averiguación previa correspondiente, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero “extraviaron” la acusación presentada por la Secretaría de Hacienda y hasta la fecha, dicen fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace pensar que se trata de una maniobra de los dos últimos procuradores que, cumpliendo instrucciones presidenciales, fueron cómplices en dar protección a la familia de los Patrón Laviada para evitar su consignación.

Los diferendos que hay entre la Secretaría de Hacienda y la PGR por la pérdida de dicho expediente, se acrecentó y en septiembre se volvió a notificar a la Procuraduría sobre la investigación financiera que involucra a un grupo de yucatecos en delitos penales graves.

“Se realizó una minuciosa investigación en el libro de gobierno de esta Unidad especializada, base de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”, respondió la PGR a Hacienda.

Inmoralidad en manejo de excedentes

En los organismos autónomos se ha generalizado la creación de fideicomisos para depositar recursos y gastar sin control alguno, resultado de supuestos excedentes presupuestales que hasta ahora nadie sabe a dónde van a parar. El objetivo, supuestamente, es constituir reservas privadas dedicadas al financiamiento de programas para el retiro. Si bien es cierto que las pensiones y el déficit actuarial que enfrenta el gobierno federal es un problema que tarde o temprano alcanzará a la alta burocracia del país (si es que no prevén un fondo privado con sus altos ingresos mensuales), no existe justificación para aplicar este tipo de políticas con recursos del erario.

Uno de los primeros organismos que optó por este camino fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando sus magistrados decidieron crear fideicomisos para su retiro. En su momento, la Auditoría Superior de la Federación fustigó la creación de dichos fideicomisos y señaló el conflicto de interés al que se enfrentaba el máximo órgano del Poder Judicial del país cuando tuvo que resolver sobre la constitucionalidad de los fideicomisos que custodiaban los recursos de la compañía ISOSA, creada por la Secretaría de Hacienda.

Aún así, la Corte mantiene sus fideicomisos y se ha iniciado un debate en el Poder Judicial sobre la falta de transparencia con la que manejan las cuentas y administran dichos recursos públicos. Pero es en la autonomía en donde la Corte ha encontrado una salida a este conflicto.

Con la constitución de este tipo de fideicomisos también se rompe con el principio de equidad, pues los trabajadores de la SCJN o los del Tribunal Electoral del Distrito Federal no deberían ser tratados de manera distinta a los trabajadores del Estado. Ellos, sin embargo, han encontrado en su autonomía un camino para alejarse de los problemas estructurales que enfrenta la economía.

Pero como dice John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si se quiere resolver esta discrecionalidad, son los propios legisladores lo que podrían o deberían resolver el problema. Para empezar, los organismos autónomos se han convertido en un verdadero contrapoder que, parcialmente, han cumplido con su función, pero que podrían fracturarse ante la opacidad con la que se están conduciendo.

Dos ejemplos, en el Instituto Electoral del Distrito Federal el contralor interno denunció hace casi un año la constitución de un fideicomiso en Banorte que aparentemente se utiliza para la compra de inmuebles y reserva laboral. El presidente consejero Isidro H. Cisneros decidió que también se destinarían recursos para la creación de un pasivo laboral de los trabajadores, sin embargo, contrario a lo mandatado por el Consejo General del IEDF, la Contraloría Interna denunció que se constituyó un fideicomiso de administración e inversión de recursos.

Este fondo, según lo denunciado ante la Asamblea de Representantes, se construyó con la cantidad de 8.5 millones de pesos y se aportaron más de 16.4 millones. Ese es el tipo de cantidades que manejan las tesorerías de los organismos autónomos.

Del avance de la auditoría practicada a este fideicomiso se encontró un presunto desvío de recursos por aproximadamente 25 millones de pesos, lo que representaría una constitutiva de presunta responsabilidad  administrativa, al ser destinados para fines diferentes a lo aprobado por el Consejo General, de acuerdo con el artículo 47 fracciones I, II, III y XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Este hecho podría ser constitutivo de responsabilidades administrativas y penales, de acuerdo con los artículos 256 a 276 del Código de la materia en el Distrito Federal. El proyecto definitivo del fideicomiso debió pasar para su autorización inicial por la Comisión de Administración y posteriormente por la Junta Ejecutiva del Instituto, según lo denunciado por la Contraloría.

El otro caso tiene que ver con el Tribunal Electoral del Distrito Federal, que también constituyó su propio fideicomiso para dirigir los recursos “excedentes” de su operación para apoyar las pensiones de sus magistrados.

El problema no sólo es de los organismos autónomos o de sus administradores que abusan de los recursos del erario. El conflicto radica en que la Constitución no contempla a los órganos autónomos como un cuarto poder y, por lo tanto, no existen leyes específicas para regularlos ni para normarlos. De esta forma, su autonomía se ha traducido en una gran discrecionalidad para el manejo de recursos y, en teoría, no violan ninguna legislación pues lo que no está estrictamente prohibido está permitido.

El asunto, en cambio, tiene que ver con la moral pública. ¿Cómo van a vigilar estos organismos autónomos los intereses de los ciudadanos cuando ellos mismos dilapidan los recursos del erario?

Por eso, sería necesario modificar la Constitución e incluir reglamentos claros para el manejo de los recursos que se les otorgan a estas entidades para propugnar por una verdadera autonomía presupuestaria, pues si bien es cierto que ellos han defendido su independencia financiera al interior de sus edificios, no cuentan con la posibilidad, por ejemplo, de constituir un patrimonio por el que tendrían también que rendir cuentas.

Así, en pocas palabras, lo que sucede es que año con año en los organismos autónomos se presentan “compras de pánico” para terminar con los recursos que les fueron asignados porque no lo pueden mantener en su patrimonio y tendrían que regresarlo como subejercicios y enfrentar la posibilidad de que su presupuesto se reduzca el siguiente año.