Antes de que el Senado apruebe o rechace la propuesta que hizo Felipe Calderón para quien será el próximo procurador general de la República, el abogado Arturo Chávez Chávez tiene que aclarar el oscuro papel que desempeñó como procurador del estado de Chihuahua, en momentos en que el cártel de Ciudad Juárez dominaba las operaciones del narcotráfico en México y esa entidad era la más violenta del país, con el mayor número de violaciones a los derechos humanos, sobre todo por los homicidios y desapariciones de cientos de mujeres.

Miembro del equipo de abogados que comanda el panista Diego Fernández de Cevallos, el chihuahuense Chávez Chávez ha iniciado el cabildeo entre los coordinadores de las principales fuerzas políticas en el Senado de la República, a fin de convencerlos y alcanzar un acuerdo que le dé los votos necesarios para asumir la titularidad de la PGR, sin importarle a él y a Calderón las manifestaciones de protesta en México y en el extranjero en contra de esa designación.

Pero si aún con el descontento popular algunos senadores deciden ratificar la propuesta presidencial, el próximo procurador Chávez Chávez tendrá que resolver el “extravío” de un espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox y que involucra a familiares y amigos del exgobernador Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Profepa, en el delito de lavado de dinero

A finales del sexenio foxista, cuando en la Procuraduría General de la República despachaba Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilítica y de Falsificación o Alteración de Moneda recibió una denuncia penal por el delito de lavado de dinero en contra de el hermano del exgobernador de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada.

Para sorpresa de la Secretaría de Hacienda, entidad responsable de investigar los delitos de cuello blanco y responsable de la acusación por blanqueo de capitales en contra de parientes y amigos de Patrón Laviada, la PGR no encuentra dicho expediente penal que involucra a un distinguido panista y prominente miembro del gabinete de Calderón.

El 26 de octubre de 2006, a poco más de un mes para que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda acusó ante la PGR por blanqueo de capitales a cuatro personas: Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech.

Por instrucciones de Cabeza de Vaca la denuncia se archivó y así se mantuvo durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón, en donde el procurador Eduardo Medina Mora no sólo no integró la averiguación previa correspondiente de la denuncia que le heredó su antecesor Cabeza de Vaca, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero “extraviaron” la acusación presentada por la Secretaría de Hacienda y hasta la fecha, dicen fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace pensar que se trata de una maniobra de los dos últimos procuradores para proteger a la familia de los Patrón Laviada y quedar bien con el presidente de la República.

Con la renuncia de Medina Mora a la PGR, el menudo problema de la pérdida de expedientes penales lo heredará Arturo Chávez Chávez, siempre y cuando el Senado de la República acepte la propuesta presidencial para que éste chihuahuense ocupe el cargo de procurador.

Los diferendos que hay entre la Secretaría de Hacienda y la PGR por la pérdida de dicho expediente, se acrecentó hasta principios de este año, cuando mediante oficio la Procuraduría fue determinante para negar cualquier investigación abierta en contra de Patrón Laviada y amigos:

“Se realizó una minuciosa investigación en ellibro degobierno de esta Unidad especializada, base de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”.

Opacidad en manejo de fideicomisos

En medio de la crisis de ingresos que enfrenta el gobierno federal, aumenta la importancia de rendir cuentas sobre el último peso del presupuesto público. Al contribuyente, amenazado por un brutal incremento en los impuestos, le sorprenderá, sin embargo, que la administración pública se sigue reservando el derecho y la discrecionalidad de administrar fideicomisos privados.

Para ser precisos, se trata de más de mil 409 fideicomisos contra las mil 387 figuras jurídicas vigentes y no vigentes registradas en 2004.

Al cierre del 2005, de acuerdo con las cifras más recientes que presenta la Auditoría Superior de la Federación, estos fideicomisos administraban o custodiaban activos por 742 mil millones de pesos, al menos 8.8 por ciento del PIB. De hecho, los recursos han aumentado 9 por ciento respecto a los activos por 675 mil millones de pesos acumulados hasta 2004.

De las revisiones efectuadas a las cuentas públicas anteriores sobre la situación que guardan estos instrumentos, la ASF descubrió las siguientes debilidades de carácter general: del total de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos registrados en el Sistema, el 49 por ciento no se encuentran ya vigentes por haberse dado de baja, por extinción  o bien por encontrarse en su proceso de terminación.

Del resto de instrumentos que aún están vigentes, el 85 por ciento tiene vigencia indefinida, debido a que la normatividad presupuestaria no establece plazos de vigencia, situación que contraviene su propia naturaleza relativa a la anualidad.

La ASF también observó que no se cuenta con un adecuado control y seguimiento global de los recursos federales aportados a estos instrumentos, así como de su adecuado reintegro al erario cuando son extinguidos o cancelados.

Se trata de una de las 17 áreas de opacidad que ubica la Auditoría y que deberían formar parte de la rendición de cuentas de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos se han constituido en importantes instrumentos financieros en la administración pública que manejan cuantiosos recursos públicos. Debido a gestiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, estas figuras son ya sujetas de fiscalización gracias a una modificación a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Hasta ahora el sistema no tiene registrado el universo total de este tipo de figuras jurídicas, ya que los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionalmente autónomos, no están obligados a reportar, en dicho sistema, los actos jurídicos que constituyen. Aún más, el sistema operado por la Secretaría de Hacienda no dispone de un mecanismo que garantice que las dependencias y entidades den de alta la totalidad de estas figuras jurídicas.

El sistema falla al no contar con datos y soporte documental respecto de la renovación de la clave de registro de algunos de estos instrumentos. Tampoco considera la emisión de reportes globales sobre los activos, pasivos y patrimonio del conjunto de figuras jurídicas. Por ello, el Poder Legislativo y la ASF recomienda establecer la obligatoriedad de dictaminar los estados financieros de estas figuras jurídicas por parte de auditores externos.

Los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, fueron constituidos con economías de recursos presupuestarios en 1998 y años anteriores, sin haber solicitado su aprobación por parte de la Cámara de Diputados.

La mayor parte de los recursos de estos fideicomisos están destinados al pago de pensiones complementarias de funcionarios superiores, pero también deberían ser sujeto de escrutinio y rendición de cuentas.

Sería necesario, por lo tanto,  incorporar todas las figuras constituidas en el Sistema de Registro de Fideicomisos, fortalecer los controles y supervisión de su administración, y propiciar, sin excepciones, la rendición de cuentas y la fiscalización del uso y destino de los recursos públicos asignados a los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, incorporando los resultados de su ejercicio en las cuentas públicas anuales.

Juanito y Fox, almas gemelas

Con argumentos como “la población me aclama” y “con la ayuda de Dios gobernaré Iztapalapa”, este singular personaje de la política, autollamado Juanito, no ha tenido empacho en echarse para atrás y negarse a cumplir el compromiso público que hizo para renunciar a la titularidad de la delegación. Su ambición, igual que les hace perder la cabeza a la mayoría de los políticos, lo ha llevado a desconocer hasta a su presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador y sostener que para el 2012 buscará la candidatura a la Presidencia de la República, ¿por qué no?.

Al escucharlo hablar es inevitable recordar a otro personaje de la política mexicana que con frescura y cinismo inigualable abría la boca para hacernos reír por las constantes equivocaciones y mentiras en que incurría. Como si fueran almas gemelas, Fox y Juanito se parecen en su ambición de poder, en su deseo por ser presidentes, en sus intenciones de manejar recursos públicos, en sus ideas claras para gobernar, en su forma de hablar y hasta en traicionar los compromisos que hicieron.

Pero para no ser tan duro con Juanito porque aún no gobierna Iztapalapa, y con justo derecho otorgarle el beneficio de la duda, este hombre de Iztapalapa que aseguran ha dedicado parte de su vida a sacar de las calles a drogadictos y alcohólicos, asumirá el cargo de delegado con el beneplácito del PAN y del PRI, partidos que ven al nuevo político como un fiel aliado en contra de López Obrador, a quien no sólo le tienen miedo en la Presidencia de la República, sino que lo ven como un fuerte contendiente para las elecciones del 2012.