Desde hace varios años los cálculos oficiales en torno al lavado de dinero en los círculos financieros se ubica en unos 30 mil millones de dólares por año. Curiosamente aumenta (aunque sea ligeramente) el Producto Interno Bruto o la penetración de la intermediación financiera en la actividad económica, pero el impacto del dinero sucio no cambia según las estimaciones gubernamentales. Sin embargo, el crimen organizado ha incrementado sus operaciones en territorio nacional y en consecuencia el movimiento de dinero sucio también aumenta en los circuitos financieros y en toda la actividad económica del país, aunque las autoridades hacendarias y judiciales sigan negándolo como una forma de proteger a banqueros y empresarios que se han convertido en delincuentes de cuello blanco.

Una muestra de ello es que entre 2004 y 2007 las autoridades financieras sólo promovieron en el sector financiero 149 acusaciones y dos de ellas están basadas en informes de inteligencia producidos por la Unidad de Inteligencia Financiera. Dicho dato obtenido de la revista Fortuna ha sido tomado como referencia por parte de varios investigadores que se ocupan del tema y que también coinciden en la escasa información que se otorga a la opinión pública sobre el combate efectivo contra este flagelo, lo cual revela la falta de voluntad política gubernamental para en realidad afectar a las bandas del narcotráfico.

Esta columna, sin embargo, ha confirmado que las investigaciones en torno al dinero sucio que ingresa a la economía frecuentemente son utilizadas con fines políticos y no para deslindar responsabilidades que ejemplifiquen cómo la ley puede castigar a quienes usen dinero proveniente de actividades ilícitas.

Es cierto, por lo tanto, que los controles están siendo violentados de manera consistente y que las autoridades se exhiben lentas, permisivas y negligentes frente a este fenómeno delictivo.

Lo más grave, sin embargo, es que en un momento de crisis para las finanzas públicas, como lo reconoció el titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, el capital proveniente del narcotráfico y otras actividades delincuenciales podría encontrar mayores canales para introducirse a la economía. Carstens ha dicho que a la economía le harán falta en 2010 al menos 300 mil millones de pesos para cubrir el faltante en las finanzas públicas. Así que la dimensión del problema no es menor.

Sólo por mencionar algunos de los focos rojos, más allá de los centros cambiarios frecuentemente acusados de servir para el blanqueo de capitales entre México y Estados Unidos, se encuentran las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), una figura no regulada y autorizada a instancias de Francisco Gil Díaz durante su gestión como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo el argumento de que con su operación aumentaría la penetración crediticia en la economía.

Las 2 mil sofomes a vigilancia

Hasta ahora, sin embargo, las más de 2 mil Sofomes autorizadas no han cumplido con su objetivo, mientras Hacienda y la Sociedad Hipotecaria Federal, el banco de desarrollo especializado en el sector hipotecario, han venido lidiando con la amenaza constante de un riesgo sistémico a causa de los problemas de cartera vencida de estos intermediarios y la falta de transparencia de sus operaciones.

Allí están los casos de Metrofinanciera y de Crédito y Casa con problemas para cubrir sus pasivos y mantener su operación. Pareciera, si somos suspicaces, que a estos intermediarios se les interrumpió el flujo de efectivo más allá de la sana operación de sus actividades de intermediación.

Como no están reguladas y no se les solicita un capital mínimo, las Sofomes no reportan el mismo nivel de información que bancos, casas de cambio o sus propias entidades de origen, las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles).

Para evitar el lavado de dinero en las Sofomes, Hacienda previó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitiera disposiciones de carácter general para prevención de delitos y financiamiento al terrorismo, incluyendo presentación de reportes sobre actos u operaciones sospechosas o inusuales, así como en materia de identificación y conocimiento del cliente.

Ante el explosivo crecimiento de las Sofomes, firmas de auditores como Deloitte han alertado sobre la importancia de adoptar técnicas y procedimientos efectivos para detectar oportunamente cualquier situación de riesgo relacionada con lavado de dinero, en especial en aquellas áreas de mayor contacto con los clientes.

De esta forma, el SAT y la CNBV, las entidades responsables de vigilar a las Sofomes, no han tenido los mecanismos adecuados para conocer cómo y quiénes fondean la actividad de estos intermediarios que se han concentrado en el mercado de créditos personales, de consumo e hipotecarios. Su fondeo puede ser irregular, pero también violentar las sanas prácticas bancarias con recursos que no provengan necesariamente del lavado de dinero. Con estas características, las Sofomes están sirviendo, aún en medio de la crisis, para acuñar verdaderas fortunas, cuya vigilancia se encuentra fuera del alcance de las autoridades. Parece que mientras se paguen impuestos, el SAT no hará mayores preguntas.

Legisladores de la Cámara alta ya alertaron sobre esta situación luego de que el Fondo Monetario Internacional aseguró que estos intermediarios sí pueden y están siendo utilizados para el blanqueo de capitales. En su afán de ganar mercado, advirtió la agencia calificadora Standard & Poor´s, las Sofomes buscan capitalizarse bajo cualquier mecanismo para aumentar el nivel de sus créditos y bajar sus tasas de interés. Se trata, sin duda, de un peligroso círculo.

Fue apenas en mayo pasado cuando se aprobaron una serie de cambios regulatorios para que las Sofomes estuvieran sujetas a una mayor regulación. Ahora el SAT puede inspeccionar y vigilar a estos intermediarios considerados transmisores de dinero y sujetos a un alto nivel de riesgo.

Regulación financiera laxa

Las Sofomes deberán entonces contar con sistemas de registro y emitir reportes; cancelar contratos con clientes que decidan las autoridades; suspender actividades si no aparecen registradas en la CNBV y dar acceso a las autoridades para que se revisen sus libros, registros y documentos de sus operaciones. Se trata, sin duda, de una paso importante pero que, como siempre, se tomó de manera tardía porque el problema ya está aquí.

Un documento liberado en marzo pasado por el Financial Crimes Enfocercement Network (Fincen), el organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dedicado al combate contra el lavado de dinero, da cuenta de que el blanqueo de capitales entre México y ese país ya no sólo se presenta en transferencias de efectivo. Ahora –no podía ser diferente después del auge del sector hipotecario– se estaría manifestando a través de los financiamientos a la vivienda.

Para empezar, el Fincen reportó que el 48 por ciento de los reportes sobre actividades sospechosas en trasferencias electrónicas en los circuitos financieros de Estados Unidos se realizaron hacia otros países. De esta forma, se confirmaría que, entre julio de 2003 y junio de 2008, el otrora epicentro de las finanzas y el movimiento de capitales, mantuvo una intensa actividad con fondos que despertaron la atención de las autoridades de ese país. De allí estarían emanando los recursos que financian el narcotráfico, el terrorismo y una decena de actividades vinculadas con el crimen organizado.

China y México, según el Fincen fueron los países con los que se realizaron el mayor número de actividades sospechosas. Un economista estricto diría que dicha relación resulta natural, tomando en cuenta el intenso comercio entre ambas naciones. Sin embargo, lo preocupante es que se trata de operaciones consideradas sospechosas y relevantes y que han saltado de los parámetros aceptados en línea con la regulación impuesta a través de organismos financieros multilaterales.

Así, entre julio de 2003 y junio de 2008, en los llamados sujetos de estudios del Fincen, Nigeria fue mencionado como origen o destino de fondos considerados sospechosos en 9.78 por ciento de las veces, China en 8.29 por ciento y México en 6.56 por ciento. Sin embargo, cuando las autoridades del Fincen estudiaron al detalle las operaciones sospechosas relacionadas con el sector hipotecario, la frecuencia de transacciones en las que se mencionaba a México, pasó a 7.55 por ciento, arriba incluso de China con 6.98 por ciento.

De hecho, se trata de la mayor frecuencia, lo que debería constituirse en un foco rojo para las autoridades, sobre todo tomando en cuenta el explosivo crecimiento, precisamente, de las Sofomes en el mercado de los créditos hipotecarios. Por su importancia, el Fincen decidió incluir el mercado de los bienes inmuebles y a los agentes de bienes raíces, lo que le ha permitido comenzar a cercar el flujo de dinero ilícito que llega a este sector.

Así, el lavado de dinero comienza a tomar nuevos rostros poco explorados, aunque en México sigue la apatía y la necedad gubernamental para dejar intocable a los circuitos financieros, que sin duda son los principales centro de lavado de dinero sucio. Mientras las autoridades no investiguen y decidan castigar este delito en México, el crimen organizado y los cárteles de la droga que operan en México mantendrán su financiamiento y la violencia no cesará.

Puntos suspensivos…

En plena crisis económica, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cobran más del 20 por ciento de lo estipulado por las autoridades hacendarias. El titular de este órgano autónomo, Francisco Cuevas Godínez, obtiene casi el mismo salario que percibe el presidente de la República, de acuerdo con una investigación periodística de la reportera Erika Ramírez. Una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación reprueba que no haya una planeación, ejecución ni control de las operaciones en materia de recursos humanos. Además el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2007, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dictamina que los encargados de dirimir asuntos jurídicos entre particulares y Hacienda, además de las otras secretarías de Estado, incumplieron con principios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad, establecidos en la misión del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos.

Aunado a un aumento salarial del 25 por ciento, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se aprobó un “bono” en automático por 10 mil pesos, que puntualmente se le entrega a cada magistrado mes con mes. Los sueldos para cada uno de los 22 magistrados suman 158 mil 980 pesos más prestaciones. En un reportaje de Paulina Monroy detalla cómo los magistrados de dicho Tribunal reciben un estímulo mensual por productividad, eficiencia y calidad de 10 mil pesos. Tan sólo para el presidente y los 21 magistrados de las salas Superior, Ordinaria y Auxiliares se destinarían 2 millones 640 mil pesos para este propósito.