Una sociedad más politizada fue la que este domingo dejó de asistir a las urnas, y buena parte de los mexicanos que fueron anularon su voto como una forma de rechazo y de protesta contra los partidos políticos, sus candidatos que la mayoría desprecia o desconoce, legisladores que prácticamente no representan a nadie, a los políticos corruptos, a los burócratas flojos y negligentes, y repudiar así un proceso electoral y a su órgano responsable porque la mayoría de la población no cree en él.

En esas condiciones de hartazgo social, ayer domingo se llevaron a cabo las elecciones intermedias, en donde los partidos políticos se disputaron las sobras electorales, con el único propósito de obtener cuantiosas partidas económicas provenientes de dinero público.

A lo anterior hay que sumar la grave crisis económica de millones de mexicanos que no tienen para comer, el desempleo sigue en aumento, faltan escuelas y centros de salud, la violencia suma miles de muertos en las calles y los secuestros continúan, mientras que los órganos de impartición de justicia están corrompidos, policías y militares desertan para aliarse a las bandas del narcotráfico, los cuerpos de seguridad pública están infiltrados por el crimen organizado y la corrupción ha llegado a todos los niveles de gobierno, siempre en complicidad con las grandes corporaciones empresariales.

Esta crisis electoral exige así un nuevo sistema político que devuelva la confianza a la población y permita gobernar a quienes ejercen el poder, porque con resultados tan negativos como los de este domingo, la LXI legislatura es ya un fracaso antes de instalarse, los seis nuevos gobernadores llegan sin apoyo social, las 12 legislaturas locales vuelven a ser grupos de poder partidista sin representación real ni legítima, los 525 ayuntamientos gobernaran si fuerza el tercer nivel y en la capital del país se vive la peor fractura que en muchos años no se había visto en algún partido político.

Pero aún lo más alarmante de este fracaso electoral como no se tenga memoria, es el aumento de la militarización del país bajo el argumento de la creciente delincuencia, cuando en realidad se trata de introducir mayor miedo a la población y al mismo tiempo controlar cualquier  manifestación social espontánea u organizada de movimientos radicales.

Mientras eso sucede, los medios de comunicación juegan su papel de serviles manipuladores del régimen, el cual los tiene a su servicio a cambio de jugosos contratos comerciales y esto nadie piensa rechazarlo, sin importar que la sociedad a la cual se deben la arrastren por el fango. Bienvenidas las nuevas manifestaciones sociales.

La historia de un general

Como reporteros, a veces las versiones que nos dan “en corto” algunos informantes (funcionarios, legisladores, militares, empresarios o líderes sindicales) que piden el anonimato, resultan inverosímiles, y lo menos que hacemos quienes nos dedicamos a teclear la información cotidiana es darles el beneficio de la duda; esta es una regla en el periodismo, dudar siempre de la información que se nos entrega; lo que nos obliga primero a verificarla para después darla digerida a la opinión pública. Aunque la mayoría de las veces, esas versiones no se pueden confirman y por ello nunca conocen la luz. Al reportero entonces no le queda más que esperar.

Algo parecido sucedió hace unos meses, cuando un militar de alto rango me contó una historia poco creíble sobre el empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon, detenido en Estados Unidos y sujeto a proceso penal en México. Según ese general del Ejército, Zhenli era extorsionado por funcionarios mexicanos y personas cercanas al entonces presidente Vicente Fox. Esos extorsionadores le pedían constantemente ayudas económicas a cambio de permitirle seguir importando seudoefedrina, químicos que eran utilizados por cárteles de la droga.

El militar aseguraba en aquella entrevista que las extorsiones al traficante chino iban en aumento y las solicitudes de dinero eran más constantes, lo que hacía imposible mantener el negocio ilícito de la importación de metanfetaminas y, al mismo tiempo, obtener ganancias para todos. Desesperado, contaba el general, el chino Ye Gon se queja con amigos que tenía en la embajada de Estados Unidos en México (presuntos agentes de la DEA) y, a cambio de protección, les revela la red de corrupción y extorsión de que era objeto por personas del gobierno mexicano.

Mediante esa declaración que el empresario de origen chino hace en la sede diplomática, las autoridades de Estados Unidos se enteran que el dinero encontrado en la residencia de las Lomas no ascendía a 205 millones de dólares, como ha reportado el gobierno mexicano, sino a 255 millones de dólares, de los cuales los policías bajo el mando del secretario de Seguridad Pública Federal habían sustraído 50 millones de dólares, dinero que hasta ahora sigue perdido.

Por esos días un funcionario de la embajada estadounidense se comunicó con el titular de Seguridad Pública Federal para enterarle que tenían conocimiento que el dinero encontrado en la residencia de las Lomas de Chapultepec rebasaba los 250 millones de dólares y que “alguien” se había quedado con 50 millones.

Esta historia que parecía hace seis meses poco creíble, como aquella que contó desde un principio Ye Gon, de que era extorsionado por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón, cobra ahora importancia porque, aunado a la versión que proviene de un militar de alto rango, el empresario chino huyó de México y se refugió en territorio estadounidense, en donde no tuvo que ocultarse de las autoridades de ese país, pues tenía la garantía de la justicia de Estados Unidos de que no sería procesado.

Esta versión que fue contada hace seis meses por un general del Ejército Mexicano, ha sido confirmada la semana pasada cuando desde Estados Unidos nos enteramos de que la justicia de ese país se ha desistido de procesar al traficante chino. Ahora habrá que esperar si es extraditado a México o la protección prometida a Ye Gon incluye negarle al gobierno de Calderón su traslado.

Esta decisión de la justicia de Estados Unidos de retirar los cargos penales al empresario Zhenli Ye Gon por los delitos de fabricación e importación ilegal de metanfetaminas, obligó al gobierno mexicano a iniciar inmediatamente un proceso de extradición por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual entregó a las autoridades de Estados Unidos el expediente integrado en la Procuraduría General de la República por delitos contra la salud, delincuencia organizada y “lavado” de dinero.

Si no tuviera la información relatada por el general del Ejército, la decisión de las autoridades estadounidenses de no procesar a Ye Gon parecerían un acto simple de justicia; sin embargo, esa versión contada hace seis meses tiene ahora sentido y llegó el momento de contarla.

Según este militar de alto rango, cercano al secretario de la Defensa, la relación del chino Zhenli alcanzaba a los hermanos Bribiesca Sahagún, quienes tenían acceso a directivos aduanales para pedirles favor e introducir al país lo que éllos quisieran. Parece esta una oportunidad inmejorable para el gobierno de Calderón y lograr algo de legitimidad, siempre y cuando investigue a los hijastros de su antecesor por supuestos múltiples delitos cometidos.

Las cuentas pendientes de Zhenli

En uno de sus artículos el analista económico Mario Di Costanzo daba cuenta de cómo la Administración General de Aduanas, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y la empresa privada Integradora de Servicios Operativos S.A. deberían responder en el caso del chino preso en Estados Unidos y reclamado por la justicia mexicana por diversos delitos, pues hay indicios, decía el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, que involucran a Zhenli Ye Gon con Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda; con la familia de Marta Sahagún, y con el director general del SAE, Luis Miguel Álvarez.

Argumentaba Di Costanzo que la Secretaría de la Función Pública está obligada a investigar a los hijos de Martha Sahagún en el caso de la introducción ilegal de seudoefedrina al país, realizada supuestamente por el empresario chino y naturalizado mexicano Ye Gon.

Esta es la versión de Di Costanzo: Lo anterior en virtud de que la Aduana México, que por ley está facultada para realizar los servicios de “segundo reconocimiento aduanero”, como ISOSA, empresa privada que administraba el Derecho de Trámite Aduanero, debieron de estar al tanto de las operaciones de importación de esa sustancia al país.

Más aún, al tratarse de la introducción a territorio nacional de sustancias de circulación restringida, éstas debieron ser controladas no sólo por la Secretaria de Salud, sino también por la Procuraduría General de la República, pues se trata de insumos para la producción de drogas sintéticas. Hay que recordar que hace ya casi dos años las explicaciones dadas por la Secretaría de Hacienda en torno al caso de la concesión de las operaciones de apoyo, control y dictamen en las aduanas (Aduna México), que supuestamente involucraron a los hijos de Martha Sahagún, resultaron absurdas e insuficientes.

Hacienda entonces debe responder por qué permitió entrar a la licitación a una empresa llamada Societe General de Sourveillance que se encontraba representada por otra empresa llamada Logistic Free Trade Zone, cuyo administrador era un exfuncionario de Aduanas, Juan Carlos López Rodríguez, quien fue inhabilitado por malos manejos en el Servicio de Administración Tributaria cuando se desempeñó en el cargo de administrador central de Investigación Aduanera, entre 2000 y 2001.

Hay que mencionar que desde entonces existió una grave violación de la Ley por parte de Gil Díaz y los funcionarios de Aduanas, incluyendo a su administrador general José Guzmán Montalvo, ya que en la convocatoria pública que hiciera la SHCP se destaca textualmente lo siguiente:

“3.- Asimismo, es de señalar que se autorizará a todas aquellas empresas que cumplan con los requisitos previstos en la Ley Aduanera por lo cual no se pretende monopolizar el servicio, sino hacerlo eficiente con empresas de reconocida probidad y experiencia en la materia.” Luego entonces cómo pudo haber explicado la SHCP la “reconocida probidad” del administrador de la empresa que ganará la licitación.

En este mismo sentido hay que recordar que la empresa ISOSA se encargaba de llevar a cabo el procesamiento de datos de las aduanas y de recaudar el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), y la Auditoria Superior de la Federación encontró graves irregularidades en la operación de esta empresa al no haber entregado casi 10 mil millones del DTA.

Estas irregularidades se encuentran reportadas en los Informes de Revisión de la Cuenta Pública de 2001 y 2002, mismas que no fueron solventadas por la SHCP, que tuvo que recurrir al “llamado secreto fiduciario” para no entregar información sobre ISOSA, argumentando que esa empresa en realidad era un fideicomiso.

Finalmente, el SAE tiene que explicar ampliamente las razones que lo llevaron a sacar el dinero decomisado en la casa de las Lomas, y supuestamente propiedad de Zhenli, en contravención de lo señalado en el artículo 182-G, del Código Federal de Procedimientos Penales, que textualmente señala lo siguiente: “La moneda nacional o extranjera que se asegure, embargue o decomise, será administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quien deberá depositarla en la Tesorería de la Federación”.