Como sucede siempre en tiempos electorales, el pleito por el dinero está en marcha. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) mantiene frente al gobierno federal –léase Secretaría de Hacienda y Crédito Público- un discurso políticamente correcto y el reconocimiento de que la crisis económica que vive el país es inédita y profunda. Sin embargo, tras bambalinas libran una profunda guerra por los recursos que ya rindió frutos.
En abril pasado, los poderosos gobernadores del país lograron que la Secretaría de Hacienda les adelantara poco más de 11 mil millones de pesos para hacer frente a la caída en las recaudaciones participlables de al menos 25 por ciento. Esos recursos provinieron de los fondos especiales constituidos con los excedentes petroleros, mismos que se manejan al antojo del Ejecutivo y muchos de los cuales nadie sabe a dónde van a parar. Pero no sólo eso, en febrero pasado la administración de Felipe Calderón anunció que entregaría 19 mil millones de pesos para obras de infraestructura. Los gobiernos de los estados aseguran, sin embargo, que no hay dinero y que enfrentan una crisis de liquidez.
Si bien se esperaba un ajuste ante la crisis, los gobernadores se declararon sorprendidos de la pronunciada caída en las transferencias de la Federación, sobre todo luego de que el gobierno federal había anunciado que la contratación de una cobertura, conocida popularmente como seguro petrolero, había protegido los ingresos del gobierno federal por concepto de exportaciones petroleras. Esa fue la buena noticia. La mala es que la Secretaría de Hacienda no protegió las partidas que envía a las entidades federativas, para quienes sí se presentó una aguda crisis.
En otras palabras, la administración de Calderón sostiene que no tiene obligación de reportar a los gobernadores los beneficios de esa cobertura que reportó al menos una protección en sus ingresos de 10 mil millones de dólares. Lo más grave de esta historia es que los gobiernos de los estados presupuestaron para 2009 gastos muy altos, tomando en cuenta en que se protegerían los ingresos de la renta petrolera. Pero el caso es que en año de elecciones, con altos compromisos para su gasto corriente, los gobiernos de los estados enfrentan una verdadera crisis.
Casualidad o no, las próximas reniones de la Conago serán claves para lograr que la Secretaría de Hacienda autorice una liberalización más acelerada de recursos. El otro problema es que, en realidad, los recursos disponibles en los diferentes fondos creados al amparo de la política federalista, simplemente no sean suficientes.
Para empezar hay temor de que se terminen los recursos de instrumentos como el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). La situación se agravaría si al mismo tiempo se mantiene la caída en la recaudación del gobierno federal y los ingresos por concepto de exportaciones petroleras siguen a la baja. Esto sería un terrible panorama para la economía del país.
Por ello, los gobernadores ya preparan un plan b: que la Secretaría de Hacienda autorice la disposición de los recursos por más de 64 mil millones de pesos que se encuentran depositados en el Fondo de Apoyo para la Reestructura de las Pensiones (FARP). Este fondo se creó hace poco más de tres años con el propósito de hacer frente a la bomba de tiempo que representan los pasivos por concepto de pensiones en universidades públicas, tanto en los estados como en los propios gobiernos locales. Se trata de un pasivo creciente e impostergable. Pero ahora, dicen los gobernadores, será necesario utilizarlos para pagar las obras de pavimentación de las calles, drenaje, plantas de agua, carreteras y toda aquella obra comprometida con los electores.
En medio de ese panorama de aguda crisis, hasta los optimistas observan sin dudas que el 2010 será un año más complicado que el actual y con menos recursos que 2009.
De entrada, la Secretaría de Hacienda se niega a autorizar tal disposición porque, simplemente, considera que en el futuro esos recursos harán falta y será, otra vez, el Presupuesto de Egresos de la Federación el que tenga que responder por los déficits que se presenten. Después, esa dependencia no reconoce que el total de los recursos pertenezcan a las entidades federativas y allí está parte del pleito. Sería entonces el Poder Legislativo el que deba asumir la responsabilidad, rumbo a las negociaciones del presupuesto, de autorizar la disposición de ese monto.
Pero los pleitos en torno al FARP no son nuevos. Aunque se asegura que se aprobó una reglamentación clara para administrarlo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho observaciones de presuntas irregularidades sobre su gestión.
El máximo órgano de fiscalización del Congreso descubrió, por ejemplo, un impacto negativo en el patrimonio del FARP por al menos 13.1 millones de pesos. La Auditoría solicitó una explicación a la Secretaría de Hacienda, dependencia responsable de la administración de dicho fondo, y al desglosar las causas del quebranto, los motivos políticos comienzan a tomar sentido.
En el análisis de la Cuenta Pública de 2007 se destaca que Hacienda tomó al menos 8 mil 300 millones de pesos para transferirlos al ISSSTE, con la finalidad de cubrir faltantes en el pago de pensiones y jubilaciones. Entonces la metodología para tomar recursos del FARP no es muy clara, a juicio de la Auditoría Superior de la Federación. El problema es que los fondos se están utilizando para cubrir faltantes presupuestales, en años que curiosamente se generaron excedentes petroleros, cuando en teoría deberían aplicarse a la reestructuración de las pensiones, lo que hace por lo menos dudar de cómo se están manejando los recursos públicos y si consideramos que la experiencia nos ha demostrado que el desvío de fondos gubernamentales se ha convertido en un deporte de gobiernos priistas y panistas, pues la ciudadanía hace bien en por lo menos dar el beneficio de la duda.
¿Cuáles serán los argumentos de Hacienda para impedir que los gobernadores quieran proceder de la misma forma?
Razón de más para la Auditoría exija explicaciones sobre la razón por la cual en 2007 se dejaron de generar intereses por 13.1 millones de pesos. Una explicación pudo haber sido que al gastarse parte del capital del FARP simplemente se dejaron de tener rendimientos. Así de simple. Pero fue la Secretaría de Hacienda la que ofreció una respuesta oficial que, sin embargo, parece un poco extraña: “Se creó un depósito a tasa cero”. ¿Con qué objetivo? No se precisa.
Son los gobernadores entonces los que quieren mandar sobre estos fondos. Pero no será una tarea sencilla. Hacienda argumentará que si bien existe un subejercicio en la ejecución de obras de infraestructura, no sólo es culpa del gobierno federal y de la caída en los ingresos, sino de la decisión de las entidades federativas de no presentar los trámites, transparencia y documentación necesaria para tener acceso a otro fondo: el Nacional de Infraestructura (Fonadin) que gestiona Banobras.
El conflicto con este fondo que serviría como instrumento maestro para poner en marcha el Plan Nacional de Infraestructura con recursos por más de 2 billones de pesos, es que las condiciones para otorgar créditos y garantías son extremadamente complejas. En pocas palabras se exige un intenso control sobre los estados. Bajo esta premisa son pocos los gobernadores quienes están dispuesos a rendir cuentas, mientras que el Fonadin prácticamente no se ejerce. Este fondo se creó con 400 mil millones de pesos y la intención era generar 700 mil empleos y que contribuyera con el 0.6 por ciento del crecimiento económico. Nada de eso ha pasado porque los gobiernos estatales no pueden o no quieren tener recursos del Fonadin. Para muchas entidades ha sido más fácil recurrir al endeudamiento con la banca comercial. Todo antes que rendir cuentas del manejo irregular de recursos públicos.
Quienes conocen el funcionamiento del Fonadin aseguran que falta capacitación, pero también voluntad para cumplir con los requisitos que solicita este fondo. De otra forma, continuará el subejercicio y los empleos seguirán a la baja. Por ello, al primer trimestre, el gobierno federal ha incurrido en un subejercicio de 7 mil 543 millones de pesos, justo cuando la economía necesita urgentemente dichos recursos. Aún más, sobre el Fonadin los expertos advierten que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el monto exacto de recursos que se han ejercido, porque ni Banobras ni Hacienda han informado sobre su evolución. Es, de esta forma, que durante los próximos meses se librará una gran batalla.
