Fue en agosto de 2006 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación impidió que la Auditoría Superior de la Federación pudiera auditar el fideicomiso que sustentaba la operación ISOSA, empresa privada creada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en Nacional Financiera para administrar en medio de la opacidad los recursos del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) por al menos 10 mil millones de dólares.

Es la historia de discrecionalidad gubernamental de la que hemos documentado ampliamente a través de esta columna. Sin embargo, lo que sorprende es la serie de coincidencias que rodearon a las decisiones de la Corte que impidieron que se auditara a ISOSA desde su constitución por parte del entonces subsecretario Francisco Gil Díaz, y con la denuncia periodística se logró recuperaran más de 2 mil millones de pesos que, posteriormente, se depositaron en un fideicomiso público ante la sugerencia de la Secretaría de la Función Pública.

En esa ocasión, el entonces secretario de la Función Pública, el chihuahuense Eduardo Romero, se comunicó con este reportero para informarle que por instrucciones del presidente de la República, Vicente Fox, se habían dado instrucciones de finiquitar los fideicomiso Aduanas I y II, y cerrar la empresa ISOSA, y todo el dinero que allí había pasaría a la Tesorería de la Federación.

Parece que no todo fue así, sólo 2 mil millones de pesos, porque los ministros de la Suprema Corte, en cambio, validaron por mayoría de votos la operación de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, creados en Nacional Financiera por Francisco Gil Díaz.

Lo extraño del caso, es que dos años después de validar dichos fideicomisos aduaneros, los ministros de la Corte consolidaron también la operación de sus propios fideicomisos, privados también y que acumulan más de mil millones de pesos, y que son administrados en total secreto, al estilo ISOSA, y desde donde los ministros pueden utilizar recursos públicos con toda impunidad. Se trata de al menos once fideicomisos que, por supuesto, no forman parte de la vigilancia de la ASF.  La SCJN se limita, sin embargo, a ofrecer información básica sobre los ingresos, egresos y rendimientos de dichos fideicomisos para no incumplir la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero nunca tiene restricciones para el uso de los fondos y, de hecho, nadie sabe en qué utilizan esos bienes de la nación.

Los ministros de la SCJN no sólo reciben sueldos millonarios, también cuentan con instrumentos financieros para administrar el patrimonio de la Corte sin que nada ni nadie los moleste. El responsable de estos fideicomisos es Jorge Sierra García de León, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien el día que se atreva a revelar el destino de esos recursos será un verdadero escándalo.

Si bien desde 2005 la Suprema Corte decidió integrar estos fideicomisos con el remanente de sus presupuestos anuales, en 2006 la Corte, sin duda, se enfrentó al conflicto moral y de intereses al deliberar sobre los fideicomisos de la Secretaría de Hacienda para la administración de los recursos de las aduanas.

Al 31 de diciembre de 2008, el Fideicomiso para Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN, registró un saldo de 196 millones; el de Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN cuenta con 842.7 millones de pesos; el del Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Empleados del Poder Judicial de la Federación tiene 106.7 millones y el creado para la Administración de los Recursos Producto de la Venta de Publicaciones de la SCJN para el financiamiento de nuevas publicaciones gestiona 58 millones. Finalmente, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica) registra recursos por 632.8 millones.

Sin embaro hasta ahora la Corte tiene sus propios secretos y hasta ahora nadie se atreve a pronunciarse en contra de la discrecionalidad de este sector en el manejo de recursos de origen público, parece que ante la pobreza extrema que viven millones de mexicanos, es buena hora de ocuparse de ellos.

La rapiña de los laboratorios

Acaso no fue la influenza aviar la que detonó la temida pandemia que desde 2006 acechaba al país. Fue en medio de la candidatura de Julio Frenk a presidir la Organización Mundial de Salud (OMS) cuando el gobierno mexicano alertó sobre los problemas que podría generar el virus H5N1, sobre el cual se temía una acelerada transformación y la cercanía con los vectores de contagio. 

Hasta ahora, la gripe aviar se había convertido sólo en un negocio de intimidación, pero ahora la presencia de esta influenza porcina cobra otra dimensión y se presenta en medio de una profunda crisis económica que generará nuevos riesgos. Pero alrededor de este problema de salud pública, durante las próximas semanas veremos al alza las acciones de las compañías farmacéuticas de Estados Unidos y, posiblemente, una gigantesca derrama de recursos para evitar una pandemia de proporciones incontrolables aún para los poderes fácticos. No es difícil saber que sector industrial será el ganador de esta crisis que apenas empieza.

De la influenza aviar, los laboratorios no sólo sabían de la amenaza, sino también de las oportunidades de detonar un gran negocio, siempre y cuando fueran capaces de desarrollar una vacuna en menos de seis meses. Son como buitres que esperan que todo se descomponga para entonces entrar en acción y seguir viviendo de los problemas de salud de la población.

Hasta ahora, el laboratorio Roche es uno de los que ha capitalizado esta amenaza a través de su producto Tamiflu, con el componente activo fosfato de oseltamivyr. La patente de este producto fue desarrollada por la compañía  Gilead Sciences Inc., en donde, csaulmente, el exsecretario de la Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, es uno de los grandes accionistas. Pero repito, esto sólo es pura casualidad, y ni alguien no lo cree, pues que investigue, a lo mejor encuentra algo.

Hace dos años, en México, el medicamento Tamiflu no se vendía de manera directa, pues Roche daba prioridad al mercado estadounidense y al europeo. Este antiviral Tamiflu sólo se producía en una planta de Suiza, mientras esperaban los planes para abrir otra más en Estados Unidos. Por supuesto en el sistema de salud mexicano, como en todo lo que hace el gobierno, a nadie le importaba poner atención a estos males.

Será hasta 2016 cuando Gilead Sciences recupere los derechos que vendió a la filial estadounidense de F. Hoffman-La Roche Ltd. Sin embargo, hoy se confirma la importancia de la demanda de varios países en desarrollo que pedían la liberación de la patente. La rentabilidad de los productos de los laboratorios La Roche, incluyendo Tamiflu, es tal que la crisis prácticamente no le ha afectado. Al cierre del primer trimestre registró un incremento de 7 por ciento. En 2006, cuando aumentó el temor sobre un contagio mundial de gripe aviar, Roche aumentó sus ganancias en más de 30 por ciento.

Incluso el poderoso gobierno estadunidense reconoció en 2005 que sólo tenía medicamentos en reserva para 2 por ciento de su población, por lo que esperaba destinar hasta 3 mil 900 millones de dólares para una agresiva campaña. En noviembre de 2005, un reporte de la Oficina General de Control (GAO), órgani de vigilancia del Congreso de Estados Unidos, hizo un llamado a corregir las fallas que pusieron en riesgo a su población.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, el gobierno mexicano destinó hasta 600 millones de pesos para la creación de una reserva estratégica de antivirales, antibióticos y material de protección. Este presupuesto también se destinaría a la empresa Laboratorios Biológicos de México (Birmex), una empresa del sector salud que desde hace varios años intenta desarrollar una vacuna contra la influenza aviar para abastecer el mercado mexicano y exportar a Centro y Sudamérica.

La Secretaría de Salud ha reconocido que aún cuando la transferencia de tecnología para lograr la producción de una vacuna de este tipo tardaría entre 3 y 5 años, el proyecto representa la oportunidad de generar independencia sanitaria en esta área.

La SSA ha invertido en total más de mil millones de pesos en la compra de reservas estratégicas de antivirales, material de prevención y en los esquemas de simulacros. La dependencia llegó a contar con 1.5 millones de tratamientos completos de Tamiflu en su reserva estratégica, lo que representó una erogación de 120 millones de pesos. También adquirieron 179 mil tratamientos de antibióticos, así como 10 mil equipos radioactivos. Sin embargo la población mexicana asciende a 120 millones de personas.

Hoy es el momento de observar la eficacia de dicha estrategia. Los efectos de una pandemia como la que se teme sólo podría compararse con lo que se vivió durante la propagación del Síndrome Respiratorio Agudo (SARS) y la gripe española de 1918. El Banco Mundial estimaba, respecto a la influenza aviar, el costo económico sería de al menos 2 mil millones de dólares, mientras que para México el costo humano sería de 200 mil decesos.

El presidente Felipe Calderón ha asegurado que las autoridades cuentan con los medicamentos suficientes para enfrentar la pandemia. Otros funcionarios de menor nivel han informado, por ejemplo, que sólo en el Estado de México se cuenta con 3 mil 600 tratamientos. ¿Será suficiente? Ahora el nuevo riesgo es que algunos expertos han alertado que el Tamiflu podría tampoco ser efectivo para este tipo de padecimientos, pero el secretario de Salud y el mismo presidente Calderón aseguran otra cosa, a quien creerle.

Una bomba de tiempo

La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), Metrofinanciera, habría recibido al menos 200 millones de dólares del gobierno federal para capitalizar sus operaciones ante los problemas financieros que enfrenta. Se trata de uno de los principales intermediarios del sector hipotecario que desde hace varios años capitalizó la política de estado dirigida a impulsar la construcción de vivienda.

Metrofinanciera, en donde participan exfuncionarios del gobierno de Nuevo León, no sólo aprovechó los créditos blandos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), sino que colocó deuda en los mercados de valores a diestra y siniestra. Se convirtió, de hecho, en uno de los principales emisores de deuda en el mercado de valores. Ahora, se ha declarado en suspensión de pagos y el gobierno federal, en teoría, tendría que reservar de esa pérdida por más de 200 millones de dólares el capital de la SHF, el banco de desarrollo dedicado al financiamiento de la vivienda para desarrolladores.

La situación no es sencilla y podría generar el temido riesgo sistémico del cual tanto se estuvieron previniendo las autoridades de la SHCP y el Banco de México. Sólo como anécdota: la casa de bolsa Monex es otro más de los afectados por Monex. Sus directivos decidieron adelantar el pago de intereses correspondientes a una emisión de bonos justo el día que Metrofinanciera decidió que aceptaría su insolvencia. Ahora, a Monex le adeuda casi cinco millones de pesos que la intermediaria decidió pagar, como fideicomisario, a los tenedores de deuda de la hipotecaria. Ver para creer.

Tula para el STPRM

Se acerca ya la negociación del contrato colectivo de los trabajadores petroleros y uno de los temas que se insertarán en la discusión es la refinería que se construirá en Tula. Se trata de un botín que tiene muy inquietos a los trabajadores sindicalizados de la paraestatal, pues en términos gruesos estamos hablando de entre 500 y 1 mil millones de dólares que Carlos Romero Deschamps podrá distribuir entre sus grupos de poder o hacer con ellos lo que mejor le convenga.

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