Ni una semana pasó de la autodefensa iniciada por la Auditoría Superior de la Federación, a través de inserciones pagadas en varios periódicos del país, para atajar las críticas sobre sus limitados y manipulados éxitos en la supuesta recuperación de recursos públicos, cuando la Cámara de Diputados decidió rechazar las cuentas públicas del gobierno de Vicente Fox, correspondientes a 2002 y 2003, y al mismo tiempo se aprueban nueva facultades a la ASF que le permitirán solicitar información de ejercicios anteriores sin que se argumenten los principios de anualidad.

Se trata, para algunos, de un hecho inédito. Tardío, pero al fin y al cabo relevante después de que durante los últimos dos años la opinión pública acusó recibo del tácito acuerdo entre las fuerzas políticas del país para negarse a abrir varios closets en donde son muchos los muertos escondidos.

Pero el momento político y la cercanía de las elecciones podrían beneficiar a los contribuyentes, quienes exigen mayor transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos. Con el proceso electoral el pacto entre los partidos políticos se termina, al menos por ahora, y ello servirá para profundizar en las indagaciones de irregularidades y el desvío de fondos públicos ocurridos en el gobierno panista de Vicente Fox. Una oportunidad inigualable que permite a Felipe Calderón sentar en el banquillo de los acusados a su enemigo de partido, Fox, sin romper el acuerdo político al que están obligados los panistas para encubrir las corruptelas cometidas por las pandillas panistas que se han apoderado del gobierno federal. Con estos mecanismos de investigación en el Congreso, Calderón se lava las manos, y sonriente observa cómo el Congreso se perfila para exigir sanciones contra el torpe expresidente que, al igual que Calderón, abusó del poder y se perfiló como el pero presidente de la República.

Aunque es cierto que el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación se limitó a una muestra del ejercicio del gasto público en el sexenio foxista, en ese somero análisis los legisladores encontraron suficientes inferencias para rechazar las cuentas públicas de 2002 y 2003. Ahora es el momento de aportar evidencias para fincar responsabilidades y que este acuerdo del Congreso no pase a la historia como una revancha política.

En principio, el expediente de Oceanografía está allí. El legislador Juan Guerra da seguimiento en la Procuraduría General de la República a una denuncia de tipo penal contra Vicente Fox por enriquecimiento inexplicable. Las perlas las encabezan, por supuesto, los hijos de doña Marta Sahagún de Fox; sobresale también la fortuna con la que Vicente Fox concluyó su gobierno cuando durante la devaluación de diciembre de 1994 y el rescate bancario que inició en 1995, las empresas de su familia estaban en quiebra y con grandes deudas bancarias. Para el legislador Juan Guerra se trata de una historia de corrupción muy documentada.

Lo relevante ahora es que el análisis de la punta de un enorme iceberg alcance a otros funcionarios que desde varias dependencias contribuyeron a la consistente violación de las normas y regulaciones en perjuicio de los contribuyentes. En Pemex, por ejemplo, una parte de los fondos de pensiones se invirtieron en bonos para el rescate carretero. Fue una orden de la Presidencia de la República que se envío para apuntalar el esquema de rescate carretero, del cual por cierto la rendición de cuentas fue casi nula.

De los contratos preferenciales a Oceanografía, gracias a la gestión de los hermanos Manuel y Jorge Bibriesca, junto con su tío Guillermo Sahagún, hermana de Marta, sólo será necesario recuperar las pruebas ya publicadas y solicitar a los organismos involucrados una detallada explicación de los hechos que enriquecieron a esa nueva oligarquía en el país que encontró, por influencia de la Presidencia de la República, la manera de enriquecerse brutalmente a costa del dinero de los contribuyentes y de los recursos naturales del país. Guerra también menciona la intermediación de Marta Sahagún de Fox en la construcción de hospitales, otro de los filones a investigar.

Más facultades al auditor

En estos momentos el PAN se enfrenta ante un nuevo polvorín. Sin embargo, en aras de la congruencia, se sumaron a la aprobación de una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas que amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para aplicar sanciones a servidores públicos y profundizar con ello en las revisiones al gasto de los recursos de la nación.

Los cambios que abrogaron la Ley de Fiscalización Superior de la Federación se aprobaron con 305 votos a favor de todas las fracciones parlamentarias, sin votos en contra ni abstenciones, con lo que se convirtió en el dictamen de mayor consenso en las últimas semanas en el recinto de San Lázaro.

De acuerdo con lo aprobado, la ASF puede fincar responsabilidades resarcitorias a funcionarios y a particulares que dañen la hacienda pública y el patrimonio nacional, independientemente de otros procesos administrativos o penales. Aún más, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados podrá aplicar multas para sancionar irregularidades que se sustenten en el proceso de revisión de la Cuenta Pública.

Fue así como el Congreso de la Unión aprobó una legislación de avanzada que debería aplicarse sin pretexto alguno. El problema radica en las negociaciones y en los acuerdos bajo la mesa. La ASF también podrá fiscalizar directamente los recursos de la Federación que administren los gobiernos de los estados y los municipios. En teoría, se busca acabar con el barril sin fondo que administran los tres niveles de gobierno, incluyendo, por supuesto, los fondos que se entregan de la renta petrolera.

Se trata del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, que tendría que coordinarse con los órganos de rendición de cuentas que dependen de los congresos locales. Aquí se avizora otra guerra por los cotos regionales de poder.

Entre los cambios más relevantes en la rendición de cuentas también se encuentra la obligatoriedad de que la ASF revise los recursos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a los fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica. Los fideicomisos, en concreto, ya no podrán utilizarse como un vehículo para evadir la rendición de cuentas.

Ahora, las entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro contable patrimonial y presupuestario, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que permitiría homologar los criterios de rendición de cuentas para evitar la discrecionalidad.

Los legisladores también integraron en el articulado de las nuevas disposiciones la figura de la Contraloría Social, mediante la cual será posible participar y contribuir en el funcionamiento de la revisión de la cuenta pública.

En las actividades de fiscalización también se incluye, por primera vez, a las personas que expidan recibos deducibles de impuestos, ya que éstos representan un gasto fiscal y obtienen un beneficio de la Federación por la vía tributaria y no por la vía del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con los cambios aprobados también se adelanta la entrega de la Cuenta Pública. La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta a más tardar el 30 de abril del año siguiente al de su presentación, lo cual dará certeza jurídica a los ejecutores del gasto, toda vez que, por ejemplo, actualmente existen cinco cuentas públicas de la anterior administración sin dictaminar.

Aún queda pendiente, sin embargo, la posibilidad de que la Auditoría realice revisiones del ejercicio en curso con el propósito de corregir lo antes posible las desviaciones que lleven a malversaciones de los recursos públicos. La Constitución sigue estableciendo, según lo expuesto por algunos legisladores como Alberto Narciso Amador Leal, que sólo el órgano interno puede realizar este tipo de revisiones, sin embargo, allí queda un pendiente.

Cuentas claras

En medio de la reapertura del expediente de la corrupción foxista, la Auditoría también deberá dejar en claro su papel en las supuestas recuperaciones de fondos públicos al 31 de diciembre de 2008, por 31 mil 690.1 millones de pesos, que se generaron a partir de su fiscalización. Estos montos que no cuadran con la realidad, mantienen muy nervioso al auditor Arturo González de Aragón, quien por todos los medios ha tratado de ocultar estos informes que prueben en dónde está el supuesto dinero que ha recuperado la Auditoría, lo cual significaría sólo maniobras contables que posicionan al auditor.

La ASF se defiende de las dudas razonables al argumentar que cuando se generan observaciones como resultado de la fiscalización superior, que implican presuntos daños a la Hacienda Pública Federal, las entidades fiscalizadas pueden solventarlas durante el desarrollo de las auditorías o al término de éstas, ya sea exhibiendo la documentación comprobatoria que desvirtúe lo observado o reintegrando los montos determinados por la ASF.

Los casos paradigmáticos de la ASF son Pemexgate con 1 mil 580 millones de pesos; el SAT con los recursos del Derecho de Trámite Aduanero, aquel gran fraude orquestado por quien fuera secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y avalado por tres expresidentes, por 2 mil 458 millones; el FARAC con 1 mil 481 millones, y el Poder Judicial de la Federación con 277 millones de pesos.

Ahora, además la ASF ha dicho que se someterá a una auditoría sobre las recuperaciones obtenidas, la cual será llevada a cabo por un despacho externo independiente para que emita un dictamen sobre el particular, mismo que en su momento será público. La pregunta es qué despacho puede declararse totalmente independiente de los negocios con el gobierno federal, de las empresas contratistas o de los contribuyentes sujetos a la rendición de cuentas de la ASF. Muy pocos. Por eso en tono de broma algunos legisladores sugerían volver a los orígenes de la desconfianza en plena crisis del Fobaproa, cuando se contrató al auditor estadounidense Michael Mackey, para confirmar que los recursos del rescate se estaban desviando a manos privadas. La ASF ha dicho que, en su momento, hará público el resultado de dichas auditorías.

El máximo órgano de fiscalización debería, en cambio, pensar en aprovechar al máximo las potestades otorgadas en este momento por el Congreso de la Unión para hacer un buen papel y, de una vez por todas, empezar a combatir el verdadero problema de este país que se llama corrupción.

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