Ni en medio de la profunda crisis que vive la economía estadounidense, el gobierno de Barack Obama ha evaluado la posibilidad de suspender los planes que le heredó el gobierno de George Bush para blindar la frontera estadounidense contra mexicanos. Aunque la titular del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, exgobernadora de Arizona, se ha manifestado en contra de este proyecto al destacar la necesidad de contar con un sistema de controles que integre tecnología y personal humano, pero no con barreras físicas que separen aún más a ambas naciones.

El presupuesto y la edificación del llamado muro de la ignominia se están ejerciendo ante la presión de grupos sionistas que, en ese país, ahora encuentran en la crisis económica renovados argumentos para alimentar su racismo y proteccionismo. Napolitano también ha dicho, sin embargo, que el nivel de violencia que se observa en México no tiene precedentes. Llama la atención, sin embargo, que el gobierno estadounidense busque culpar a México de las crisis internas que padece a raíz de la crisis económica y de sus políticas de Estado plagadas de excesos.

Año con año, entre la frontera de México y Estados Unidos se registran más muertes que los fallecimientos acumulados en toda la época negra del Muro de Berlín. Sin embargo, México también ofrece hechos que aumentan el clima de rechazo contra su población, como el preocupante clima de violencia generado por la iniciativa de Felipe Calderón de perseguir a los cárteles de la droga. El gobierno mexicano, hasta ahora, no se ha manifestado ni abierta ni tajantemente contra la construcción del muro, lo que parecería una aceptación implícita de esa decisión bilateral que no sólo dañará a las regiones fronterizas, sino que involucra serios desequilibrios ambientales al separar abruptamente el ecosistema de la región.

El rechazo no ha sido contundente. En cambio, en entrevistas con medios de comunicación cuidadosamente seleccionados, el presidente Felipe Calderón lanzó varias declaraciones contra el gobierno de Estados Unidos por el creciente consumo de estupefacientes de su población y por su porosa vigilancia de las fronteras.

Pero esas tímidas declaraciones de Calderón se presentan justo cuando se da a conocer que un mega operativo armado en Estados Unidos logró la detención de 755 personas y la incautación de 59 millones de dólares en el marco de la llamada operación “Xcellerator”, desarrollada durante más de dos años en estados como California, Minnesota y Maryland.

Fue el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, el responsable de este operativo a partir del cual, se dijo, se desmantelaba la red de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. La DEA también adelantó que identificó a Victor Emilio Cázares Salazar como líder del cartel de Sinaloa en Estados Unidos. El gobierno estadounidense informó casi al final de la difusión de la noticia que el gobierno mexicano también había colaborado en el operativo. Se trató, sin duda de un golpe que el gobierno de Barack Obama buscó difundir como un logro de Estados Unidos para poner en evidencia los escasos resultados de México en la materia.

¿Cómo negarse, entonces, a seguir con la edificación de un muro fronterizo para el cual se invierten recursos fiscales y se indemniza a la población estadounidense afectada?  ¿Quién indemnizará a los mexicanos que resulten dañados por la decisión unilateral de EU?

Es un hecho que porciones del muro estadounidense se construyen en México sin que nadie haga algo al respecto. Hasta ahora, la Oficina General de Control de Estados Unidos sólo ha centrado su atención en el monto de recursos que se utilizarían para la edificación de dicho muro que se extendería por las regiones de El Centro, Tucson, El Paso, Laredo y El Valle de Río Grande, entre otras. El gobierno estadounidense sólo busca proteger sus intereses, a pesar de que el presidente Barack Obama ha prometido una reforma migratoria.

Entre 2006 y 2009, el programa fronterizo de Estados Unidos concentró recursos por 3 mil 600 millones de dólares. De este monto, aproximadamente 2 mil 400 millones se utilizaron para la vigilancia con 670 mil vehículos, así como peatones que transitan por los 3 mil 200 kilómetros de frontera con México. Ahora, el objetivo del gobierno estadounidense es concentrar su atención en zonas urbanas que se han convertido en una de las regiones más frecuentadas por los migrantes mexicanos para internarse en su territorio.

El tráfico de armas

Pero Estados Unidos no se encuentra libre de críticas. La prensa estadounidense como The New York Times ha criticado el escaso o nulo control en ese país en la venta de armas a los carteles mexicanos de la droga, por lo que consideró un acto de hipocresía calificarlos como un problema de seguridad nacional y responsabilizar al gobierno mexicano de la situación.

Es un hecho que han sido los traficantes de armas de Estados Unidos quienes han armando a los carteles mexicanos de la droga. Más de 6 mil 600 comercios establecidos pueden vender hasta tres armas de alto poder a los estadounidenses que han encontrado un excelente negocio en la reventa. Los traficantes de armas sólo necesitan reclutar a estadounidenses sin antecedentes penales para obtener ganancias de este negocio. En California, por ejemplo, se presenta ya el cierre de locales dedicados a la venta de armas que, ante las mayores regulaciones locales para prevenir la venta al crimen organizado, sus propietarios han decidido mudar sus operaciones a otros estados.

Se trata pues de un problema bilateral que hoy cobra víctimas en nuestro país derivado de controles unilaterales y del consumo de drogas cuya demanda se encuentra en aumento. La GAO estima que la muralla que busca aislar a México tendrá que concluirse en 2009, después de que el año pasado se enfrentó todo tipo de problemas para su edificación a cargo de personal del Servicio de Inmigración. Ahora, se tomó la decisión de contratar empresas privadas, un negocio adicional para grupos ligados con políticos de la región fronteriza.

En el sur de Estados Unidos la construcción del muro ha unificado a grupos de congresistas y activistas estadounidenses que se oponen a su edificación. Los mexicanos con familiares del otro lado de la frontera vivirán una verdadera tragedia, como las que separaron a los alemanes o a los coreanos; como la que dividió a los propios mexicanos cuando Estados Unidos se apropió de la mitad del territorio. El tema merece atención inmediata del gobierno de Felipe Calderón que aun con una tímida declaración puso el dedo en la llaga: “No hay regreso, son ellos o nosotros”.

Citibank y Banamex, otra historia de sumisión

Finalmente, el viernes pasado se confirmó que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, no tenía otra opción que hacer efectivas las acciones por casi 40 por ciento que ya controlan en Citigroup, propietario del capital mayoritario de Banamex.

Sucedió lo que el gobierno había estado esperando, al menos así lo había declarado la Secretaría de Hacienda, para fijar una posición sobre la violación al artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que prohíbe que una entidad extranjera controle el capital de un banco múltiple en el territorio nacional. De manera paralela, senadores del PRI promovieron un punto de acuerdo para modificar dicho artículo.

Aunque entre la opinión pública perneó la idea de que los legisladores presionarían al gobierno calderonista para hacer valer la Ley de Instituciones de Crédito, en realidad la intención era salvarle la plana a la Secretaría de Hacienda para no tener que exigir el cumplimiento de la normatividad.

Pero la nacionalización de Citigroup sorprendió a los mexicanos en todo tipo de estrategias para hacer frente a la irregularidad: a los senadores que buscan modificar la legislación, a la Secretaría de Hacienda tratando de encontrar una salida digna; a Roberto Hernández, Manuel Medina Mora y a Alfredo Harp en el intento de conformar un grupo que adquiera a Citigroup los activos de Banamex que hoy, por cierto, vale más que el propio banco estadounidense.

Sería una verdadera paradoja que al final de la historia, Banamex regresara a manos de los inversionistas que recibieron apoyo del erario para rescatarlo de sus créditos problemáticos y para invertir en bonos del IPAB con atractivos rendimientos.

Por eso, más allá de las irregularidades que generó el rescate de Citigroup, ahora el gobierno mexicano tendría que ocuparse del futuro del sistema de pagos en México. No resulta ocioso recordar cómo durante la década pasada y principios de ésta, el gobierno de EU obligó a la familia Hank Rohn a vender su participación en el Laredo National Bank ante la participación mayoritaria que alcanzaban y frente a las investigaciones en su contra por lavado de dinero. Allá sí se cumplió en tiempo y forma la ley.

Puntos suspensivos…

Hay inquietud entre las autoridades reguladoras del mercado financiero ante posibles nuevos fraudes. Ahora voltean la vista a hacia los intermediarios Inverban, Invergroup y Metrofinanciera, los cuales podrían encabezar la lista de fraudes derivados de la escasa regulación y amplia permisividad en operaciones de captación recursos… Bueno y si de irregularidades se trata, a ver si la Secretaría de la Función Pública hace algo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dirige el priísta Miguel Angel Yunes Linares,  en donde al parecer algunos funcionarios abusan del puesto y han creado estructuras burocráticas para desviar recursos públicos. Un evidente caso de corrupción es el que se vive en la Dirección Médica del ISSSTE, cuyo titlar es el doctor Carlos Tena Tamayo, en donde se han hecho contrataciones en la Coordinación Administrativa, bajo el mando de Guillermo Dergal Kalkach, pero en las más de 20 plazas abiertas se les exige a los nuevos funcionarios reintegren el 50 por ciento de su salario en beneficio de una estructura burocrática corrupta. Pero si no les basta este dato a los investigadores del órgano interno de control del ISSSTE, tal vez deban revisar los casos de tres subcoordinadores: Angel Escalante, Octavio Arismendi y Norma Angélica Ayala, quienes tienen asignados salarios por 80 mil pesos cada uno, pero cada quincena el coordinador administrativo les pasa la charola y les quita el 50 por ciento de su salario, es decir 40 mil pesos a cada uno, bajo el argumento de que tiene que corromper “a los de arriba”. El problema aquí es que nadie sabe hasta donde llega la cadena de corrupción en el ISSSTE, posición que políticamente el gobierno de Felipe Calderón se la ha entregado a la maestra Elba Esther Gordillo, quien seguramente no interviene en estas anomalías, pero sí habría que preguntar si Miguel Angel Yunes es beneficiario de esta corrupción. Por lo pronto, hay malestar entre el personal que labora en la Coordinación Administrativa por los bajos salarios que peciben y más cuando están enterados de que se han creado plazas con ingresos de hasta 80 mil pesos para desviar recursos públicos. Otras áreas de deben ser revisados son aquellas responsables de la asignación de contratos, pero de esto hablaremos la próxima semana.