(((Atentan contra la libertad de Miguel Badillo)))
Instituciones financieras violan la ley
A más de dos años de concluir su gestión como secretario de Hacienda, los problemas derivados de su abusiva actuación como servidor público no se terminan para Francisco Gil Díaz. Más allá del expediente ISOSA, aquel cuantioso fraude gubernamental en donde estuvieron involucrados presidentes (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox) y secretarios de Estado para desviar miles de millones de pesos pertenecientes al erario público, acción que fue avalada con la coplicidad de la Suprema Corte, el exsecretario de Hacienda enfrenta un proceso judicial que, ahora sí, podría demostrar que incurrió en conflictos de interés y en prácticas de corrupción.
Se trata de la venta de Banamex a Citigroup, sobre todo ahora que el Departamento del Tesoro estadounidense lo rescató de la debacle financiera, un expediente que contrario a lo que muchos pensaban permanece abierto y al parecer cuenta con la voluntad presidencial para seguir adelante y que se resuelva en tribunales la evasión fiscal que fraguó y justificó Gil Díaz.
En esta operación, el erario mexicano perdió 50 mil millones de pesos por la evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se marcó un pésimo precedente en materia de fiscalización a grandes contribuyentes. La Suprema Corte de Justicia ya habló indirectamente sobre esta situación al negarse apenas hace unos meses a otorgar un amparo al empresario Alejandro Martí, que pretendía obligar a la Secretaría de Hacienda a devolverle al menos 100 millones de pesos que pagó por concepto de impuestos sobre la renta a principios de 2008, cuando vendió a través del mercado de valores el 27.05 por ciento de las acciones del Grupo Martí en 2 mil millones de pesos al grupo empresarial de Alfredo Harp Helú.
Martí argumentaba en esa ocasión que pagar al fisco el 5 por ciento de esos ingresos era totalmente ilegal, dado que la operación se había realizado a través del mercado de valores. Pero por unanimidad, el pleno de la Corte dijo no a tal pretensión.
Los privilegios de Hernández y Harp
Entonces cuáles fueron los privilegios de los que gozaron los empresarios Roberto Hernández y Alfredo Harp para no enterar al fisco los impuestos correspondientes a una venta que les representó ingresos por más de 11 mil millones de dólares. Si bien es cierto que la Ley del Mercado de Valores contempla esta excepción, también lo es que las prácticas de simulación están tipificadas por las leyes en la materia.
Citigroup, en concreto, no adquirió la mayoría accionaria de Banamex a Hernández y Harp, en una transacción pura del mercado de valores, donde el precio de las acciones se fijó en función de las decisiones de pequeños y medianos inversionistas de la Bolsa, en lo que se conoce como una oferta pública accionaria de tipo secundario. La transacción, de acuerdo con las pruebas que integran el expediente en la Procuraduría General de la República, se pactó en Nueva York y con la anuencia de las autoridades de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), pero también con el consentimiento de la Secretaría de Hacienda que, en ese momento, se encontraba bajo la responsabilidad de Francisco Gil Díaz.
En la revista Proceso (No.1677) la reportera Jesusa Cervantes documenta ampliamente el contenido de la denuncia presentada contra Francisco Gil Díaz por los diputados perredista Juan N. Guerra y Pablo Trejo, y que el pasado 4 de diciembre generó la querella contra el exfuncionario público para abrir la averiguación previa 134/UEIDCSPCAJ/2008, radicada en la mesa XXVI de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, según consta en el oficio UEIDCSPCAJ/1515/2008, firmado por Blanca Estela Villalobos Zárate, secretaria técnica de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.
La Secretaría de la Función Pública, que en el gobierno de Felipe Calderon también se ha caracterizado por encubrir a funcionarios corruptos y ocultar y borra expedientes del pasado, tendrá que pronunciarse en torno a este tema que involucra a un exfuncionario que en los últimos dos años ocupa uno de los expedientes más abultados en esa dependencia. El problema, sin embargo, ha sido que prácticamente se le ha exculpado en cada ocasión que la opinión pública ha demandado una investigación en torno a su actuación como servidor público, y la razón es que todavía guarda expedientes fiscales de cada uno de los funcionarios que están en el poder , por supuesto, del mismo presidente Felipe Calderón. Esa ha sido la estrategia de Paco Gil para arroparse en la impunidad. Será interesante entonces ver si a este gobierno no le tiembla la mano para aplicar algo de la tan devaluada justicia mexicana.
La denuncia incluye a José María Zubiría Maqueo, quien desde el SAT omitió abrir la investigación correspondiente sobre la evasión de impuestos, y a Luis Mancera Arrigunaga, exprocurador Fiscal de la Federación, quien además enfrenta otra responsabilidad directa en esta operación como exdirector de Banca y Ahorro de la SHCP, posición desde la cual debió vigilar el cumplimiento de la Ley de Instituciones de Crédito.
Los principales funcionarios hacendarios de la anterior administración estuvieron vinculados a la venta del que en ese momento era el principal banco del sistema financiero nacional. Fueron ellos, entonces, los que habrían permitido que el pueblo mexicano no se beneficiara de esa operación que, por cierto, abrió la puerta a la extranjerización del sistema de pagos. Después vendría la venta de Bancomer al español BBVA, en una transacción que no tuvo el mismo corte de excepciones fiscales, debido a que la participación del banco estaba sumamente pulverizada.
Tampoco sucedió lo mismo con la venta de Inbursa a la caja de ahorro La Caixa. De hecho, en casos como el del Grupo Financiero Banorte, que ha recibido varias ofertas de adquisición de participación en su capital accionario por parte de fondos soberanos de inversión, las autoridades de la SHCP se han mostrado sumamente estrictas en la vigilancia del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito. Tal parece que en Hacienda están en contra de lo que huela a nacionalismo mexicano.
Así de incongruente ha sido la aplicación de la ley para los poderosos participantes del sector financiero. El episodio sólo tendría relevancia para los intereses de los contribuyentes y de las pesquisas de la PGR, si no constituyera también una preocupante alerta sobre las componendas que han caracterizado el manejo del sistema financiero mexicano, así como los corruptos millonarios rescates bancarios a cuenta de los contribuyentes.
El también exprocurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, cuenta con información de primera mano sobre esta operación. De hecho, él mismo asegura que fue una de las causas de su rompimiento con Gil Díaz. Reyes Orona asegura que en varias ocasiones se negó a firmar documentos que lo involucraban en lo que él califica como un robo a la nación, y si lo dice quien fuera procurador fiscal, pues algo sabrá de ello.
Una reunión en la SEC previa al cruce en el mercado mexicano de valores demostraría que las condiciones de la operación se pactaron previamente y que no fueron los inversionistas del mercado de valores quienes determinaron el precio al que los empresarios Alfredo Harp y Roberto Hernández vendieron sus títulos en Banamex. Pero esta historia ya se consumó y nada, al menos eso parece, podrá cambiarla.
Violan 71 bancos Ley de Instituciones Financieras
En su más reciente publicación la revista Fortuna da cuenta de la fragilidad y timidez de los órganos de vigilancia responsables de cuidar el buen comportamiento del sistema financiero nacional. Un trabajo de la reportera Nancy Flores revela como de diciembre de 2006 a octubre de 2008, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sólo ha cobrado multas por sólo 6 millones de pesos a bancos, oficinas de representación, sociedades financieras de objeto limitado e inmobiliarias que violaron la Ley de Instituciones Financieras. De las 130 irregularidades sancionadas destacan las que se vinculan al artículo 115, que previene el delito de lavado de dinero.
En los primeros 22 meses del gobierno de Felipe Calderón, la CNBV impuso sanciones firmes por 6 millones 36 mil 479 pesos a 71 instituciones financieras. El monto habría sido fijado entre diciembre de 2006 y octubre de 2008, indica la respuesta de la Comisión a la solicitud de información 0610000026608, hecha por la revista Fortuna.
Las multas, de acuerdo con el trabajo periodístico, se derivaron de 50 tipos de violaciones a la Ley de Instituciones Financieras. Entre éstas, destacan inobservancias al artículo 115, que previene y sanciona operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero mexicano.
Miguel Ángel Garza, vicepresidente de Supervisión de Banca Múltiple y de Asuntos Internacionales de la CNBV, le explicó a Nancy Flores que las sanciones en firme significan dos cosas: “Que el infractor pagó la multa o que agotó todos los medios de defensa legal a su alcance para echar abajo nuestra sanción, y no lo pudo hacer”.
Aunque el funcionario reconoce que en el sistema financiero mexicano sí hay riesgos a ilícitos como el blanqueo de capitales, asegura que “hay sectores que pueden tener un mayor riesgo por el tipo de operaciones que realizan, pero no necesariamente tienen que ser operaciones de lavado de dinero”.
Garza explica que la Comisión cuenta con un área que realiza análisis sectoriales, “en los que se alertan tendencias de preocupaciones que podrían venir, que no sólo se deriven de la operación de los intermediarios per se, sino de condiciones cambiantes del mercado o de la economía”.
Dice que los análisis observan el entorno, que puede ser propicio para cierto tipo de actividades, pero también las condiciones económicas que afectan más decididamente a un sector.
