Los paraísos fiscales son aquellos territorios o estados en donde se exenta del pago de impuestos a personas, empresas o gobiernos que trasladan ahí sus recursos en busca de refugio y de leyes laxas que no investigan el origen de los recursos económicos para que éstos de manera oculta circulen libremente por los circuitos financieros. Esto desde luego tiene un problema, al permitir que criminales, delincuentes de cuello blanco, estafadores, defraudadores financieros y empresarios corruptos coludidos con funcionarios, trasladen el dinero ilícito y lo protejan en dichos paraísos.
Son diversas las formas de llevar los recursos a los paraísos fiscales: cuando una persona o una compañía se traslada a ese territorio y se hace residente; otra forma es establecer una entidad jurídica separada o subsidiaria, lo que comúnmente se le conoce como una empresa offshore, es decir una compañía extraterritorial, o crear un fideicomiso o una fundación. Los activos entonces se transfieren a la nueva compañía o entidad de forma tal que los beneficios puedan ser operadores libremente o las rentas cobradas en el paraíso fiscal.
Que toda esta elusión o evasión de impuestos no sea siempre totalmente limpia depende de la legislación de los países involucrados y de las circunstancias particulares de las compañías o individuos implicados. Muchos países, particularmente los que son miembros de la OCDE, tienen leyes que dificultan a sus residentes poseer compañías o realizar inversiones en paraísos fiscales sin pagar impuestos en él o en el país en el que residan.
México es miembro de la OCDE y a sus residentes, empresas o personas que trasladan dinero a paraísos fiscales para eludir al fisco, les cobra los impuestos correspondientes de los recursos que salen del país. O al menos esto hace la Secretaría de Hacienda a algunas compañías privadas, por eso llama la atención que una empresa como Petróleos Mexicanos, propiedad del Estado, utilice los paraísos fiscales para trasladar allí recursos públicos, crear empresas fantasmas y triangular operaciones financieras como si fuera una empresa privada, pero lo más grave es que no tiene autorización del Congreso para hacerlo y todo ese manejo de recursos se hace de manera obscura y sin vigilancia ni control de los órganos de fiscalización, pues según Pemex esas son empresas privadas que operan en paraísos fiscales y ni la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación tienen jurisdicción para observarlas y mucho menos investigarlas.

Los paraísos fiscales del petróleo
Una investigación de Nancy Flores y publicada en el último número de la revista Contralínea, revela cómo el ahora presidente Felipe Calderón avaló la creación de la empresa RepCon Lux, involucrada en operaciones financieras de Pemex por más de 1.3 mil millones de dólares en el paraíso fiscal de Luxemburgo.
Dice el trabajo periodístico que en su breve paso por la Secretaría de Energía –del 2 de septiembre de 2003 al 31 de mayo de 2004–, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa autorizó operaciones financieras y movimientos de capital de Petróleos Mexicanos en los paraísos fiscales de Luxemburgo, Bermudas y Suiza.
Las transacciones, que involucraron recursos por más de 1 mil 300 millones de dólares, están relacionadas con las empresas RepCon Lux y Kot Insurance Company. La primera, constituida por la paraestatal en sociedad con TMF Corporate Services, de nacionalidad luxemburguesa; la segunda, ciento por ciento propiedad de Pemex y alejada de cualquier fiscalización.
RepCon Lux y Kot Insurance forman parte del esquema estructurado en el extranjero por la empresa petrolera del Estado mexicano, principalmente en paraísos fiscales. Se trata de más de 20 empresas que, según informes de la Auditoría Superior de la Federación, órgano de vigilancia dependiente de la Cámara de Diputados, se manejan al margen de la legislación pero hasta ahora los diputados no han tenido tiempo o no han querido de atender este problema que significa el manejo irregular de miles de millones del presupuesto público sin rendir cuentas a nadie.
Como presidente del Consejo de Administración de la paraestatal, Felipe Calderón convino tres operaciones relacionadas con ese esquema empresarial, según consta en actas de sesiones ordinarias y extraordinarias: la monetización del valor de las acciones de Repsol que posee Pemex, el cambio de domicilio y aumento de capital social de Kot Insurance y la autorización de la garantía específica a favor de esta última.
De acuerdo con las actas, las transacciones también fueron avaladas por el exdirector general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y exsecretario particular del presidente de México, José César Nava Vázquez, actual dirigente panista que pretende una curul que le garantice impunidad legislativa.

Monetización de acciones
La transacción más importante es la monetización de las acciones de Repsol, pues involucró recursos por 1 mil 373 millones 738 mil dólares, que a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar equivale a 17 mil 858 millones 594 mil pesos.
Para capitalizar las 58 millones 679 mil 799 acciones, el 14 de noviembre de 2003 Stichting Pemex Lux –una de las empresas offshore de Pemex, con sede en Ámsterdam– y TMF Corporate Services, SA, constituyeron el vehículo financiero Pemex Lux.
De acuerdo con el Memorial journal officiel del Gran Ducado de Luxemburgo, de fecha 4 de diciembre de 2003, el capital social ascendió a 40 mil dólares divididos en 40 acciones, de las cuales Stichting posee 39 y la restante es de TMF.
Este corporativo opera como tenedora de acciones: su intrincada estructura está compuesta por más de 100 empresas, entre las cuales se inserta Pemex Lux, renombrada RepCon Lux el 9 de enero de 2004.
El 10 de diciembre de 2003, durante la segunda sesión ordinaria que presidía Felipe Calderón, se rindió un amplio informe sobre esta operación. Los 22 párrafos respectivos en la versión pública del acta 749 –obtenida a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– fueron censurados por Pemex.
Sin embargo, la ASF revela que ese día los consejeros se dieron por enterados de la instrumentación del mecanismo, a través de la emisión de un bono convertible por 1 mil 373 millones 738 mil dólares e intercambiable por las acciones de Repsol YPF, SA.
Según el Informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2006, el mecanismo fue autorizado por el Consejo de Administración el 14 de agosto de ese año, mediante el acuerdo CA-380/2003.
Al respecto, la versión pública del acta 746 –firmada por el entonces secretario de Energía, Ernesto Martens– descubre que se autorizó “a la Dirección Corporativa de Finanzas que establezca, en forma directa o a través de los mecanismos o instrumentos que considere idóneos, una estructura financiera que permita la monetización de las acciones de Repsol, que actualmente se encuentran en el portafolio de inversiones de Pemex y el Grupo PMI”.
Para la ASF, el mecanismo habría incurrido en irregularidades: “Al 31 de diciembre de 2006, el valor de mercado de las acciones de Repsol era de 34.58 dólares por acción, por lo que la participación accionaria involucrada en esta operación tenía un valor de 2 mil 29 millones 147 mil 700 dólares, equivalentes a 22 mil 67 millones 992 mil 500 pesos”; esto es, 655 millones 409 mil 700 dólares menos de lo que se obtuvo con la emisión del bono.
Autorizó poder a banco luxemburgués
El mismo 10 de diciembre, Calderón y el resto de los consejeros autorizaron al director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, otorgar “poderes y mandatos a favor de la institución financiera Banque Génerale de Luxemburg, a través de la suscripción de contratos de custodia, intermediación bursátil, intermediación mercantil y comisión mercantil que sea necesario celebrar”.
De acuerdo con la versión pública del acta 749, en el punto V.7, el Consejo determinó que dicha institución llevara a cabo, “por cuenta y orden de Petróleos Mexicanos, los actos y operaciones mercantiles y bursátiles que le sean encomendados” por el director general, el director corporativo de Finanzas, el subdirector de Financiamiento y Tesorería o el gerente de Tesorería de la paraestatal. Ello, “en los términos de los contratos que se suscriban de conformidad con las leyes aplicables”.
La segunda operación en importancia autorizada por Felipe Calderón es el cambio de domicilio y aumento de capital social de Kot Insurance Company, que consta en el acta de la sesión ordinaria 748. Fechada el 5 de noviembre de 2003, dicha acta está firmada al calce por el ahora presidente de México, por Nava Vázquez y por Raoul Capdeville Orozco, secretario técnico de Jesús Reyes Heroles, actual director de Pemex.
El acuerdo referente al punto VII.4 señala: “El Consejo de Administración, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, toma nota tanto de las gestiones tendientes a cambiar el domicilio social de la filial Kot Insurance Company, de Bermudas a Suiza, y aprueba el aumento de capital social de la filial, conforme a las disposiciones legales aplicables”.
Aunque el artículo invocado refiere las atribuciones del Consejo de Administración para conocer y, en su caso, aprobar los asuntos competentes a Pemex, la fracción XV apenas enuncia: “Los demás asuntos que determine (el Consejo), así como los que le sean sometidos por los propios consejeros o por el director general (de Pemex)”.
El valor actual de Kot asciende a 929 millones 966 mil pesos y, de acuerdo con el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2006, se trata de una subsidiaria de Pemex.
La empresa tiene por objeto reasegurar las pólizas de seguros contratados por la paraestatal y por sus organismos subsidiarios, compañías subsidiarias y filiales. No obstante, la empresa no está registrada como paraestatal ante la Secretaría de Hacienda y tampoco reporta su situación a las finanzas públicas de México.
“Kot reasegura 81.6 por ciento de las pólizas de reaseguro con terceros no afiliados. Para ello, asigna cuidadosamente el riesgo crediticio y monitorea en forma permanente el desempeño financiero de los terceros a los que les ha transferido el riesgo”, indica el Reporte de Pemex.