El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la oficina civil de “inteligencia y contrainteligencia” del Estado, se ha convertido, por mucho, en la dependencia gubernamental más favorecida económicamente por el panismo en el poder. Durante el gobierno de Vicente Fox y lo que va del sexenio de Felipe Calderón, ninguna otra institución policial ha visto crecer su presupuesto, de manera proporcional, como la oficina que ahora encabeza el mercadólogo Guillermo Valdés Castellanos.

Al Cisen, que por cierto cuando fue dirigido por Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República, fue el encargado de licitar la adquisición y los servicios de mantenimiento del Learjet 45 en que perdió la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, le fue autorizado por la Cámara de Diputados, a petición del Poder Ejecutivo, un presupuesto de 2 mil 439 millones de pesos para 2009.

Ese cuantioso monto significa un incremento del 92 por ciento respecto del ejercicio fiscal de 2008, sin importar que en los últimos ocho años este organismo de “inteligencia y seguridad nacional” haya mostrado su ineficacia e inutilidad, y sólo ha servido para incrementar su gasto, elevar salarios de su personal y aumentar la compra de bienes y servicios. Por supuesto nadie pregunta de qué sirvió el Cisen, bajo las órdenes de Mouriño, para evitar que pilotos novatos tripularan el Learjet donde perdió la vida su jefe.

Pero el incremento de recursos públicos que ejercerá el aparato de “inteligencia” de la Secretaría de Gobernación es mucho mayor si se toman en cuenta sus presupuestos de los últimos años.

De acuerdo con el documento “Comparativo del presupuesto asignado”, elaborado por el propio Cisen y que obtuvo el reportero Zósimo Camacho de la revista Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en las postrimerías del sexenio de Ernesto Zedillo, en 1999, el Centro ejerció 665 millones 770 mil pesos. Así, 10 años después, el presupuesto del Cisen crece, de manera nominal 375 por ciento, como ninguna otra dependencia gubernamental en igual lapso de tiempo.

El documento da cuenta del incremento presupuestal sostenido a lo largo del foxismo. Hasta ahora, 2006 había sido el año en que más recursos públicos se habían entregado al Cisen: 1 mil 427 millones de pesos. Se trataba de un año de efervescencia política y social, pues entonces se desarrolló el proceso electoral en que supuestamente Felipe Calderón ganó la elección para presidente de la República y también se suscitaron las movilizaciones sociales de La Otra Campaña y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

El Cisen, creado a finales de la década de 1980, cuando se fusionaron las direcciones Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, ejercerá en 2009 un monto que representa más de 16 veces lo que el gobierno mexicano destina, en total, a los cinco municipios más pobres del país, aquellos que tienen un nivel de vida similar a los del África subshariana.

La PGR es un centro de delincuentes

Y si el Cisen anda mal, o mejor dicho es una porquería que sólo sirve para gastar mucho dinero público, la Procuraduría General de la República es un centro de delincuentes bien organizados al que nadie puede limpiar.

Con desfachatez, el presidente Felipe Calderón y su empleado el procurador Eduardo Medina Mora nos vuelven a decir que funcionarios del máximo nivel operativo de la PGR, precisamente los responsables de combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero, recibían sobornos de bandas del narcotráfico y que apenas hasta ahora fueron descubiertos. La primer pregunta es qué responsabilidad tiene el mismo procurador Medina Mora cuando su principal subalterno responsable de combatir a la delincuencia organizada está involucrado en hechos de corrupción, o acaso nos van a decir que el procurador nada tiene que ver, pues mínimo tendría que renunciar por haber sido omiso en la vigilancia escrupulosa de la ética y honestidad de sus subordinados. Debemos recordar que todos estos burócratas cobran elevados salarios y gastan dinero público en su desempeño, lo que los hace mayormente responsables de sus actos.

Hace algunas semanas comentamos en este espacio que la inoperancia, lentitud y corrupción que envuelve al Ministerio Público Federal, lo hace inservible para proteger a los mexicanos en momentos donde la delincuencia organizada ha tomado las calles. Por ejemplo en el combate contra el crimen organizado es sabida la infiltración de narcotraficantes en la estructura policial, razón por la cual desde el inicio del actual gobierno, Felipe Calderón se ha refugiado en el Ejército y ha echado mano de los militares para hacer investigaciones judiciales y enfrentar a las bandas criminales.

También decíamos que “un inexperto procurador general de la República, sin vocación para ser el abogado general de la nación, hay que sumar ahora la práctica de la tortura en la PGR para arrancar confesiones a presuntos delincuentes, al más puro estilo de los gobiernos priístas corruptos. Al menos esto es lo que declara un joven en prisión que fue torturado en oficinas de la Procuraduría y en presencia de agentes policiacos extranjeros pertenecientes a la DEA”.

Un testimonio de tortura

—No voy a declarar hasta que venga mi abogado –dijo Pedro Alfonso Alatorre Damy. Frente a él, José Luis Marmolejo García, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), le solicitaba revelar su supuesto nexo con el cártel del Pacífico.

—Estábamos en un pequeño cuarto, tipo bodega, que se localiza en el interior de la oficina de Marmolejo. En medio había una silla, donde me sentaron y amarraron a ella. Además de Marmolejo, estaban tres agentes de la PGR, altos y corpulentos, y dos agentes de la DEA (agencia estadunidense contra las drogas) que formulaban las preguntas que Marmolejo finalmente me hacía. Siempre con amenazas e intimidaciones, aunque a quien verdaderamente le tenía miedo era a los tres agentes corpulentos.

De la exigencia de “confesar”, Marmolejo pasó a los gritos.
—Iba in crescendo: de los gritos vinieron los jalones de cabello, los golpes en el cuerpo, las cachetadas, la asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza y la inyección en los testículos que me hacía desmayar del dolor –cuenta Pedro en su celda del Reclusorio Oriente, donde está preso–. Marmolejo no sólo coordinaba las torturas, también me golpeaba y amenazaba.

Era el jueves 8 de noviembre de 2007. Por la mañana, Pedro había sido interceptado a las afueras de su domicilio por elementos de la Policía Judicial Federal: “Al final de la calle, se me cerraron dos autos; bajaron varias personas armadas y vestidas de civil. Inmediatamente pensé que se trataba de un secuestro. A la altura del Auditorio Nacional hicieron el cambio de vehículos. Ahí ya se encontraban las cámaras de televisión y los reporteros daban cuenta del operativo que había llevado a mi captura”.

Pedro fue trasladado a las instalaciones de la SIEDO, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 75, colonia Guerrero, en la capital del país.

—Trajeron la bolsa, el agua. Me desnudaron. No podía confesar porque no había hecho nada. Entonces, Marmolejo solicitó el botiquín. Sacaron una jeringa y una botellita con algo líquido; me lo inyectaron en los testículos. El ardor era insoportable. Aún así, me negué a confesar. Pero me sacaron de la bodega y trajeron a mi esposa. Dijeron que si era tan machito para ver cómo le hacían lo mismo a ella. De inmediato accedí a firmar lo que ellos quisieran.

Crisis en cárceles capitalinas

Internos del Reclusorio Preventivo Oriente interpusieron una denuncia penal en contra del director de ese centro, Rubén Fernández Lima, por supuestos hechos de corrupción. La acusación –presentada el pasado 4 de noviembre, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal– indica que el funcionario habría extorsionado, por un monto de 1 millón de pesos, a los 34 reos firmantes y sus familias.

Se trata de quienes actualmente habitan el dormitorio 9, conocido como la zona VIP del Reclusorio por los “privilegios” que en días pasados detectó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora investiga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: regaderas con agua caliente, carpas acondicionadas para recibir a las visitas, habitaciones para uno o dos internos de 3 por 4 metros aproximadamente y la permisión de animales exóticos como mascotas, entre otros.

La corrupción de la que hablan los denunciantes no se reduce a las “cuotas” que cobran los custodios sólo por pasar las aduanas, que van de 5 a 50 pesos, y que es una costumbre en todos los centros de readaptación social (Ceresos) del país, conocida por quienes alguna vez han visitado a un prisionero.

En su denuncia de hechos, de la cual tiene copia esta columna, los 34 presos señalan que el director es “la persona que se encarga de solicitarnos diversas cantidades de dinero, con el argumento de que él tiene que recuperar lo que pagó por su puesto”. Agregan que Fernández Lima los amenaza con impedir la entrada de sus familiares y de sus alimentos, para que le “entren” con los montos que les exige.

El pago por pasar comida semanalmente asciende a 1 mil pesos por reo. Ello, a pesar de que el Reclusorio sólo puede alimentar a alrededor de 4 mil de los más de 11 mil presos. Y es que, como en el resto de los Ceresos y Ceferesos del país, el Oriente se encuentra a poco más del doble de su capacidad.

De acuerdo con una nota del diario El Universal, publicada el pasado 30 de septiembre, estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario entregadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal indican que el Reclusorio Oriente es la cárcel con más hacinamiento: la sobrepoblación es de 215 por ciento. Aloja a 11 mil 584 reos aunque su capacidad es de 5 mil 376 personas.

En la denuncia penal, los internos también responsabilizan al director Fernández Lima –quien depende de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal– de la fuga de Luis Castro Flores, supuesto lugarteniente del narcotraficante Ismael Zambada, alias el Mayo, ocurrida en el Reclusorio Oriente el 19 de julio de 2008 y aún no esclarecida.

Los internos dicen temer por su seguridad y la de sus familias, pues ya habrían recibido amenazadas de que, en breve, serán trasladados al centro de reclusión de Almoloya de Juárez.

La denuncia está firmada por: Jaime Eduardo Ross Castillo, Adán Javier Medrano Rodríguez, Juan José Quintero Payán, Juan José Álvarez Tostado, Roberto Orozco Fernández, Fernando Revuelta Gutiérrez, Leonardo Beltrán Santana, Ángel Orozco Zavala, Pedro Alfonso Alatorre Damy, Alejandro Treviño Rivera, Chin Hee Lee, Juan Gabriel González Hernández, Álvaro Muñoz C., Amador Cordero Vázquez, Jaime Avilés Rivera, Porfirio Bueger Santana, Roberto Luna Lerma, Reynaldo Duarte Inda, Gustavo Romero Aguirre, Ricardo Tamez Alanís, Jefferson Adán García, Neil Lifeson López, Piedad Martínez Rodríguez, Arredón Argüello, Ricardo Santos, Carlos Alberto Arango Vergara, Álvaro Santana Durán, Arturo Martínez González, Luis Roberto Velázquez, Edmundo Zamudio Mayer, Roberto Vegafitch, Santiago Luques Dávila, Francisco Javier Camberos Rivera y Jorge Amezcua Sánchez.